Jose Arturo Yanez Espinosa
Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Arturo Yanez Espinosa
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se desprende que la Superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el impedimento legal planteado por la suscrita juzgadora, el cual fue registrado con el expediente 4/2021; asimismo, se advierte que se calificó de legal dicho impedimento para conocer de la demanda que dio origen al juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que, por resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, calificó de legal el impedimento planteado para conocer de la demanda que dio origen al juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; éste es susceptible de destrucción, al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído, sin que obren en el citado expediente documentos susceptibles de devolución. Además, dicha destrucción deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por José Arturo Yáñez Espinosa, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con tres copias que acompaña; que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 220/2021-ll. Ahora bien, en primer término, es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, que dio origen a la jurisprudencia 36/2002, consultable en la página 105, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.", sostuvo que todo proceso que se someta a la consideración del juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten, de tal suerte que el juzgador debe manifestar la existencia de los impedimentos a que alude el artículo 51 de la ley de la materia para, consiguientemente, dejar de conocer del asunto que lo motiva. De los citados numerales se advierte que uno de los supuestos legales que dan origen a un impedimento, es la amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes y, por tanto, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el aludido precepto legal, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. En el caso concreto, se estima que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, en atención a que de la lectura de la demanda constitucional se advierte que, entre otros, Cinthya Piña Miranda, tiene el carácter de autorizada de la parte quejosa, con quien mi hija Laura Elena García Coria mantiene una estrecha amistad, así como con la suscrita. Por las consideraciones precedentes, esta juzgadora considera que en la especie podría verse afectada la imparcialidad con la que debe actuar todo juzgador, al emitir la resolución correspondiente en este juicio, lo que me obliga a declararme impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con el propósito de no incurrir en una posible causa de responsabilidad, debido a que a juicio de la suscrita se configura la hipótesis normativa prevista por la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, es pertinente hacer manifiesto lo anterior y declarar mi impedimento para conocer del presente asunto. Asimismo, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que similares impedimentos han sido resueltos y calificados de legales por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en sus impedimentos 3/2017, 50/2019 y 1/2018, respectivamente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para lo cual deberá remitirse el presente expediente para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento legal citado conforme a las razones descritas, sin que con ello pueda considerarse que la suscrita pretendo apartarme del conocimiento de una demanda de amparo sin causa justificada. Únicamente para efectos de este acuerdo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica en el proemio de la demanda. Como este juicio se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea en los términos mencionados, con copia autorizada de las constancias necesarias que integran este expediente, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 220/2021-ll, promovido por José Arturo Yáñez Espinosa, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, se forma el presente cuaderno con motivo del impedimento legal por parte de este juzgado, y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por José Arturo Yáñez Espinosa, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con tres copias que acompaña; que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 220/2021-ll. Ahora bien, en primer término, es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, que dio origen a la jurisprudencia 36/2002, consultable en la página 105, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.", sostuvo que todo proceso que se someta a la consideración del juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten, de tal suerte que el juzgador debe manifestar la existencia de los impedimentos a que alude el artículo 51 de la ley de la materia para, consiguientemente, dejar de conocer del asunto que lo motiva. De los citados numerales se advierte que uno de los supuestos legales que dan origen a un impedimento, es la amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes y, por tanto, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el aludido precepto legal, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. En el caso concreto, se estima que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, en atención a que de la lectura de la demanda constitucional se advierte que, entre otros, Cinthya Piña Miranda, tiene el carácter de autorizada de la parte quejosa, con quien mi hija Laura Elena García Coria mantiene una estrecha amistad, así como con la suscrita. Por las consideraciones precedentes, esta juzgadora considera que en la especie podría verse afectada la imparcialidad con la que debe actuar todo juzgador, al emitir la resolución correspondiente en este juicio, lo que me obliga a declararme impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con el propósito de no incurrir en una posible causa de responsabilidad, debido a que a juicio de la suscrita se configura la hipótesis normativa prevista por la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, es pertinente hacer manifiesto lo anterior y declarar mi impedimento para conocer del presente asunto. Asimismo, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que similares impedimentos han sido resueltos y calificados de legales por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en sus impedimentos 3/2017, 50/2019 y 1/2018, respectivamente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para lo cual deberá remitirse el presente expediente para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento legal citado conforme a las razones descritas, sin que con ello pueda considerarse que la suscrita pretendo apartarme del conocimiento de una demanda de amparo sin causa justificada. Únicamente para efectos de este acuerdo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica en el proemio de la demanda. Como este juicio se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea en los términos mencionados, con copia autorizada de las constancias necesarias que integran este expediente, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente.
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