Jose Bibiano Cabrera Cabrera
Expediente 1367/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jose Bibiano Cabrera Cabrera
Actuaciones
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con siete minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables y autoridad tercera interesada, tercera interesada, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, así como los informes justificados rendidos por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residentes en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por el juzgado responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la representación social. El juez acuerda: Se tienen por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho a las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra los actos atribuidos al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y a la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residentes en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente, por razón de turno, al Juzgado Decimoprimero de Distrito en la Entidad, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a esas autoridades. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veinticuatro de julio siguiente, dicho juzgado admitió la demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio a la representación social adscrita la intervención que legalmente le compete, quien formuló pedimento y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Returno. Seguido el juicio, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declinó competencia por razón de turno para conocer del presente juicio y lo remitió a este juzgado de Distrito, a virtud que el acto reclamado en esta vía, y el reclamado en el diverso 591/2021, del índice de este órgano judicial, derivan de la causa penal 1406/2021, del epígrafe del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora. Se acepta returno y se admite demanda. Por acuerdo de seis de septiembre de la presente anualidad, este juzgado tuvo por recibida la demanda, aceptó el returno planteado y se avocó al conocimiento del presente juicio de derechos, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, y se estimó innecesario solicitar informe justificado, pues ya obraba en autos, por lo que únicamente se les hizo del conocimiento que este órgano judicial seguiría conociendo del juicio. Terceros interesados. En esa misma data, se reconoció el carácter de terceros interesados a Verónica Figueroa Ríos -madre de la víctima Miguel Quevedo Figueroa-, y al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Caborca, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además, la prisión preventiva se está ejecutando en el centro federal de reinserción social ubicado en esta ciudad. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La audiencia de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 1406/2021, en la que se impuso al quejoso ******************** la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en términos de la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, La ejecución de la citada medida cautelar. III. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera, resulta cierto el acto de ejecución atribuido a la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residente en esta ciudad, pues si bien no lo aceptó ni negó, lo cierto es que en ese centro penitenciario se está ejecutando la medida cautelar reclamada. Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicho juzgado a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 1406/2021, de su índice, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional que alberga el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, parte del principio que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, pues al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción en cuanto a que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de tales normas o actos. Por otra parte, de los numerales el artículo 17 y 18 de la ley de la materia se evidencia que la improcedencia del juicio de amparo se materializa cuando la demanda de amparo no se promueva dentro de los quince días siguientes: Al día en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame; Al en que se haya tenido conocimiento de dicho acto o resolución o su ejecución; y, Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; Asimismo, que se exceptúan del plazo genérico de quince días para promover la demanda: Cuando se reclame una norma como autoaplicativa o se trate del procedimiento de extradición, cuyo plazo será de treinta días; Cuando se reclame una sentencia definitiva que imponga una pena de prisión, en cuyo caso la demanda se promoverá dentro de los ocho años siguientes, Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados, y Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, caso en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Hipótesis de excepción a la regla general dentro de las cuales el control de detención, auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no encuadran; de ahí que, para su presentación deba atenderse al plazo genérico de quince días. En efecto, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones serán personales en audiencia; asimismo, el último párrafo del numeral en comento, establece que las notificaciones realizadas en los aludidos términos, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. En ese tenor, en la audiencia de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno,, desahogada en la causa penal 1406/2021, el juez de control tuvo a la fiscalía formulando imputación contra ********************, por su probable participación en la comisión en los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, y sedición, en concurso real de delitos; previstos y sancionados, el primero, en los artículos 252, 258, 259, primer párrafo, 260, 262 Bis, fracciones II y III y 262 Ter; y, el segundo, en los numerales 128 y 130, todos en relación con los numerales 15 y 70, del Código Penal para el Estado de Sonora; cometido en perjuicio de la vida de Miguel Quevedo Figueroa y en agravio de la sociedad; asimismo, en la propia audiencia, petición de la fiscalía, con fundamento en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se impuso al imputado -aquí quejoso- la medida cautelar de prisión preventiva. Además, según se advierte del registro de audio y video relativo a dicha audiencia, el solicitante del amparo y su defensa se encontraban presentes al momento que el juez responsable impuso la medida cautelar reclamada; por tanto, dicha resolución les fue notificada en esa propia fecha. Con base en lo anterior, si la notificación de la medida cautelar de prisión preventiva se practicó -al imputado y su defensa- en audiencia de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, la notificación surtió efectos el veintiséis siguiente -dado que el veinticinco de ese mes y año resultó ser domingo-. Por tanto, el plazo de quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda inició el veintisiete de abril de ese año; entonces, si la demanda de derechos fue presentada el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, es evidente que su presentación fue notoriamente extemporánea. Es aplicable a las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo contra el acto atribuido a la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residente en esta ciudad, de esta ciudad, pues no fue impugnado por vicios propios, sino con motivo del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora. Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la representación social, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de derechos ********************, promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada, vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de exhorto. Glósese a los autos el oficio que remite el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 204/2023, orden 244/2023, del índice de este juzgado, en el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés. Baja de comunicación oficial enviada. Finalmente, dese de baja la comunicación oficial enviada, -Orden 244/2023, Exhorto 204/2023- y háganse las anotaciones correspondientes. Emplazamiento autoridad tercera interesada. Ahora bien del exhorto se advierte que el homólogo federal exhortado omitió emplazar a juicio a la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Caborca, mismo que fue solicitado mediante auto de seis de septiembre pasado. Ahora bien, a fin de no dilatar el presente juicio de amparo, se ordena reexpedir el oficio 22214/2023 vía paquetería acelerada "Estafeta", a la autoridad tercera interesada en cita, para efecto de que esté debidamente emplazada al presente juicio de derechos, en los mismos términos del proveído de seis de septiembre del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.JavierD.
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