José Bibiano Cabrera Cabrera
Expediente 818/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en Hermosillo, Sonora
- José Bibiano Cabrera Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Capturas. En esa virtud, háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de tomo de pruebas y copia certificada de audio y video. Por lo anterior, se hace innecesario conservar el expediente y documentos anexos de origen, los cuales se identificaron como Tomo I; el contenido de la videograbación incluida en el disco digital que remitió la responsable, en esa virtud, se ordena su devolución al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con sede en Hermosillo, Sonora. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración. Conservable el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se concedió la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable y tercera interesada, tercera interesada, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual forma, se da cuenta con el escrito presentado por la defensa del quejoso y registrado bajo folio 15786. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y en cuanto al escrito de alegatos presentado por la defensa del peticionario de amparo, próvease lo conducente en el apartado respecto de esta audiencia. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: Se tienen por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho a las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra el acto atribuido al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentando vía electrónica el cinco de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Jorge Alberto Suárez Camacho, en su carácter de defensor particular del directo quejoso ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad precisada en el proemio de esta sentencia y por el acto reclamado que más adelante se precisará. Trámite. Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, previo requerimiento de seis del citado mes y año, se admitió la citada demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El seis de julio del presente año, se recibió el informe justificado solicitado al juez responsable y se reconoció el carácter de terceros interesados a Verónica Figueroa Ríos -madre del occiso Miguel Quevedo Figueroa- y al agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Caborca, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que ocurrió el ocho y dieciocho de agosto siguientes, respectivamente. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra en la jurisdicción territorial de este órgano judicial. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución emitida en audiencia de diez de mayo de dos mil veintitrés y su continuación de veinticuatro siguiente, mediante la cual se declaró la admisión de las pruebas materia de acusación y concluye con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Debe precisarse que no pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que el solicitante del amparo reclama como actos reclamados destacados las omisiones del juez responsable de "requerir a la fiscalía de determinar los hechos materia de acusación", "pedirle a la representación social manifestara la idoneidad y pertinencia de las pruebas enunciadas -testimoniales y materiales-" y "de fijar medida cautelar al imputado"; sin embargo, no es dable tenerlos como tal, en virtud que dichas inconformidades las hace valer como violaciones cometidas en su contra; de ahí que no deban considerarse como tal, pues se tratan en realidad, de conceptos de agravio. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.A.J/26 (8a.), cuyo rubro dispone: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION." Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido al juez responsable, pues así lo manifestó en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicho juzgador a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 1406/2021 -tomo I-, de su índice, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 1406/2021, el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra ********************, por su posible participación en el hecho que la ley señala como los delitos de homicidio calificado (premeditación, ventaja y brutal ferocidad) y sedición, en concurso real de delitos, previstos y sancionados en los artículos 128, 130, 252, 258, 259, primer párrafo, 260, 262 Bis (fracciones I y III) y 262 Ter, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código penal para el Estado de Sonora, cometidos en perjuicio de Miguel Quevedo Figueroa y la sociedad, respectivamente. El veinticuatro de abril del citado año, se ejecutó la citada orden de captura, y se puso al imputado a disposición del juez de primer grado; asimismo, el veinticuatro siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que, a petición de aquél, se amplió el plazo constitucional, y el veintinueve posterior, se resolvió su situación jurídica y se le vinculó a proceso por su probable participación en la comisión de los citados delitos de homicidio calificado (premeditación, ventaja y brutal ferocidad) y sedición, en concurso real de delitos, previstos y sancionados, el primero, en los artículos 252, 258, 259, 260 y 262 Bis, fracciones I y III, 262 Ter; el segundo, en los diversos 128 y 130, en relación con los numerales 15 y 70, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometidos en perjuicio de Miguel Quevedo Figueroa y la sociedad, respectivamente; asimismo, en aquella audiencia, decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, acorde a lo señalado en el precepto 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguida la secuela procesal, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la representación formulando acusación contra ********************, por los hechos señalados con antelación; se corrió traslado a la parte ofendida, al imputado y a su defensa, y se reservó proveer fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia, a virtud de la substanciación del juicio de amparo 591/2021 del índice de este órgano judicial-. El quince de marzo del presente año, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia, la cual tuvo, previo diferimiento, tuvo lugar el diez de mayo de dos mil veintitrés, en la que se tuvo a la fiscalía formulando acusación en contra del directo quejoso y a la defensa del imputado contestado dicha acusación; el veinticuatro siguiente, se dictó auto de apertura a juicio oral, en la cual, entre otras cuestiones, se admitieron las pruebas ofrecidas por la fiscalía -testimoniales a cargo de Raúl Alejandro Núñez Vázquez, Isaac Ortiz Del Cid, Félix Francisco Montaño Ortiz, Verónica Figueroa Ríos, Silvia Verónica Quevedo Figueroa, Manuel Cota Pérez, Jesús Alfredo Velázquez Villa, Francisco Javier Martínez Ortega, Juan de Dios Quevedo Escobar, Abraham Coronado Lizárraga, Raymundo Montaño Lares, José Ernesto Caballero Espinoza, Luis Mateo Salgado Morales, José Juan Zazueta Córdova, Alfonso Bojórquez Arredondo,********************,********************, ********************,********************,********************, así como documentales y evidencia material-; testimoniales que la defensa del imputado hizo suyas. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, como se adelantó, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, conduce a concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquéllos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, debe considerarse que los actos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son aquéllos como la vida, libertad, integridad personal, propiedad, entre otros, ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho tutelado de que se trate. Resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 24/92, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida en audiencia de diez de mayo de dos mil veintitrés y su continuación de veinticuatro siguiente, mediante la cual se declaró la admisión de las pruebas materia de acusación y concluyó con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Sin embargo, ese acto no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues no constituye una violación de derechos sustantivos, en relación con la calidad de ofendido del aquí quejoso, en tanto que representa un acto de naturaleza eminentemente procesal y no sustantivo. Es así, toda vez que la admisión o exclusión de datos de prueba -parcial o total-, en la etapa de investigación y los medios de prueba para el caso de la audiencia intermedia, constituyen una preparación de lo que será valorado como prueba, por lo que conforme avanza el iter probatorio se construye el plexo probatorio que será materia del debate en la etapa de juicio; de ahí que ese conjunto de pruebas generado a partir de la admisión o exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos reparatorios y otros que excepcionalmente puedan ser introducidos serán la materia del juicio, lo cual será valorado por el juez junto con los argumentos (alegatos), conforme las reglas que la legislación adjetiva penal nacional establece. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), que reza: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." A mayor abundamiento, debe destacarse que en la contradicción de tesis 6/2021, que dio origen al criterio que precede, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en esencia, determinó: "[.] De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Otra métrica que coadyuva a este ejercicio hermenéutico para determinar la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de imposible reparación, en el contexto del proceso penal acusatorio, lo es la posible afectación a los principios de continuidad y concentración que lo rigen. Efectivamente, un proceso penal acusatorio tiene como tarea definitoria guardar el equilibrio entre el binomio dialéctico entre eficacia y garantismo. Equilibrio que si se comprende mal, y se nivela hacia un lado, por ejemplo, al extremo garantista, se vuelve un sistema torpe, ineficaz y aletargado, pues la excesiva protección impide que el proceso funcione de manera adecuada (ágilmente). Por el contrario, un sistema que se incline al lado eficaz deja en estado de incertidumbre la fuerza y veracidad del resultado del proceso penal, y desprotege sobremanera los derechos fundamentales de las personas. El principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. Por su parte, el principio de concentración o de economía procesal, ordena que el proceso se abrevie en el menor número de audiencias posibles, que esas audiencias no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva en días consecutivos. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es por regla general la exclusión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido. Por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio de prueba que puede ser empleado para probar el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso pudiendo ser este el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En ese escenario, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. [.]" Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la defensa de la parte quejosa, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de exhorto. Glósese a los autos el oficio con anexos remitido por la actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 161/2023, orden 192/2023, del índice de este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de julio de dos mil veintitrés. Baja de comunicación oficial enviada. En esa tesitura, dese de baja la comunicación oficial enviada, -Orden 192/2023, Exhorto 161/2023- y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, de las constancias remitidas por el referido juzgado se advierte que se llevó a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada siguiente: Verónica Figueroa Ríos; y, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Caborca, Sonora. L
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Jose Bernardo Bustamante Acosta1548/2017
- Jose Bernardo Bustamante Acosta1133/2017
- Jose Bernardo Bustamante Acosta736/2018
- Jose Bernardo Delgado Pacheco1339/2017
- José Bibiano Cabrera Cabrera591/2021
- José Bibiano Cabrera Cabrera641/2023
- Jose Bibiano Cabrera Cabrera1367/2023
- José Buenaventura López Lara1570/2023
- José Carlos Acosta Vázquez315/2022
- Jose Carlos Escalante Ruiz1580/2017
- Jose Carlos Escalante Ruiz1518/2017
- Jose Carlos Escalante Ruiz553/2017