José Bibiano Cabrera Cabrera

Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
641/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • José Bibiano Cabrera Cabrera
  • Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Once

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con once minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, informes justificados de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto admisorio, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualizaba alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera que no existe tercero interesado en el asunto. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por el director general y presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA" al rendir su informe justificado por sí y en representación del citado comité y las diversas allegadas al sumario mediante oficio No. SSPC7PRS7CGCF7CFRS117DS700015464/2023 por la citada autoridad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la probanza aludida. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, las que serán atendidas en el momento procesal oportuno y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** A-II; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el ********************, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional el mismo día, Jessica Patricia Méndez Beltrán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ********************, en contra de los actos atribuidos al director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA" y otras autoridades. Radicación y ratificación de demanda. El mismo día, se concedió la suspensión de plano a favor del directo agraviado y se ordenó su notificación a las autoridades responsables, así como al directo quejoso para que en dicho acto expresara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su nombre, lo que aconteció a las veintitrés horas con cuarenta y nueve minutos de dicha data, momento en el que el fedatario adscrito corroboró la integridad y buen estado físico del quejoso, quien ratificó el escrito de demanda promovido a su favor previa notificación del auto de radicación. Admisión. Por auto de ********************, se tuvo por recibida la constancia actuarial respectiva; en consecuencia, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se concedió la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia Constitucional, misma que previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados tiene ejecución en el lugar de reclusión del quejoso, el cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este resolutor ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Incomunicación. Resolución de ********************, dictada por el Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA", que determinó imponer una sanción disciplinaria al quejoso. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto precisado en el inciso a) del apartado que antecede reclamado a las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA", toda vez que al rendir sus informes lo negaron, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por tanto, al no existir medio probatorio en contrario, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Para un mejor estudio del asunto, es procedente analizar la naturaleza del acto en examen. Incomunicación. La constituye uno de los actos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y en determinados supuestos, puede ser una prisión preventiva o pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la Carta Magna. Resulta necesario precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Integridad Personal y Privación de Libertad, ha señalado que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana. Como lo estableció en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que reconocen el derecho a la integridad personal. Para el presente asunto, es pertinente señalar que tal figura, prohibida expresamente en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte quejosa la hace derivar de la imposición de una medida disciplinaria por parte de las autoridades penitenciarias con motivo de su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA". En tal virtud, tal acto se encuentra vinculado con la resolución de ********************, dictada por el Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA", que determinó imponer una sanción disciplinaria al quejoso, la que se verificaría en el mencionado centro de reclusión. Circunstancia que se acredita con las documentales que obra en autos, a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Aunado a lo anterior, es importante precisar que los correctivos disciplinarios relativos a la restricción de movilidad; suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima, por un periodo determinado de tiempo, no les corresponde la connotación de una sanción administrativa trascendental, pues se imponen en un centro de reclusión, como consecuencia de la infracción a las reglas de la normatividad interna, cometida por el interno o por sus visitas, que tienen como finalidad mantener el orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión. Si bien en dicho caso, los efectos de esa determinación, podrían ser resentidos por terceras personas; familiares o visitas del interno, esa afectación o daño, realmente no derivaba de una sanción que se les hubiera impuesto jurídica y directamente a ellos y por ende, no constituye una sanción administrativa trascendental, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Apoya lo anterior por identidad de razón, lo sostenido por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 63/2020 (10a.), que dice: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS IMPUESTOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. POR REGLA GENERAL, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA TRASCENDENTAL O UN ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. Hechos: Dos de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron que el correctivo disciplinario consistente en la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado, que se impuso en un centro de reclusión, constituía una pena trascendental prohibida por el artículo 22 constitucional, por lo que se actualizaba la hipótesis de excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo y, por tanto, la demanda de amparo en su contra podía presentarse en cualquier tiempo; mientras que los restantes Tribunales Colegiados determinaron que no se trataba de una pena trascendental ni violaba el artículo 22 constitucional y, en consecuencia, el ejercicio de la acción constitucional debía ceñirse al plazo legal genérico de quince días. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los correctivos disciplinarios como la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima por un periodo determinado, impuestos en centros de reclusión, por regla general, no tienen la naturaleza jurídica de una sanción administrativa trascendental, ni constituyen alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por tanto, no les resulta aplicable el caso de excepción previsto en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional en su contra, fuera del plazo legal de quince días. Justificación: El correctivo disciplinario es una sanción impuesta por autoridades administrativas dentro de un procedimiento de esa naturaleza, por infracción a los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros de reclusión, cuya finalidad es mantener el orden, la disciplina y la seguridad interior. Forma parte del derecho administrativo sancionador y, por ello está acotada por lo dispuesto en el artículo 22 constitucional que prohíbe, entre otros actos, penas o sanciones trascendentales. Ahora bien, la pena trascendental implica que directa o indirectamente se imponga una sanción a sujetos que no son responsables del delito; sin embargo, la afectación indirecta que resiente la familia con motivo de la compurgación de la pena impuesta al sujeto activo del delito no encuadra propiamente en ese concepto. Bajo la misma lógica, la sanción administrativa trascendental es aquella que se impone jurídica y directamente a una persona, como consecuencia de la responsabilidad de otra. Así, la suspensión, restricción o negativa de la visita familiar e íntima, por un periodo determinado, no constituye una sanción administrativa trascendental, pues se impone en un centro de reclusión como consecuencia de la infracción a la normatividad interna, cometida por un interno o por sus visitas; y si bien los efectos de esa determinación pueden ser resentidos por familiares o visitas del interno, esa afectación o daño no deriva de una sanción que se les hubiera impuesto jurídica y directamente a aquéllos." Asimismo, es aplicable, por las razones que la sostienen, la tesis aislada II.2º.P.85 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia Penal, página 909, Novena Época, identificada con número de registro 183133, cuyo texto es: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, LA MEDIDA DE CONTAR EN LOS, CON ÁREAS ESPECIALES DE UBICACIÓN DE INTERNOS, NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ MISMA COMO DE SEGREGACIÓN O AISLAMIENTO. Si desde su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social el quejoso ha permanecido en el área de "tratamientos especiales", dicha estancia, lejos de considerarse una "decisión arbitraria y unilateral" de las autoridades de ese centro, obedece al resultado de los estudios en las diversas disciplinas y áreas que se precisan en el acta de designación de estancia reclamada, exámenes mediante los cuales se determina periódicamente la peligrosidad y avance readaptatorio del quejoso y, si en el caso, acorde con las motivaciones que sustentan tal acto, aquél ha revelado una capacidad de expansión criminógena, con conocimiento de los sistemas y procedimientos de seguridad que operaban en el centro penitenciario de su procedencia, esas características lo hacen un sujeto potencialmente de alto riesgo para la seguridad de la institución; por consiguiente, su permanencia en aquella sección atiende a la inconveniencia, por el momento, de que conviva con el resto de la comunidad del centro de reclusión de mérito." Máxime que de las constancias allegadas por el director general y presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA", se advierte que el quejoso realizó una llamada el ********************, asimismo que fue visitado por su cónyuge, hijo y diversa familiar el ********************. Además, porque de la constancia actuarial de ********************, se obtiene que el funcionario judicial adscrito, la realizó personalmente con el directo quejoso ********************, es decir, tuvo comunicación con el personal de actuación que dio fe de su integridad y buen estado de salud. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado y precisado en el inciso b) del considerando III, atribuido a las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA", pues así lo informaron al rendir su informe justificado; certeza que se corrobora con las constancias que remitió el director general y presidente del Comité Técnico del citado centro penitenciario, actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causas de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Pues si bien, en el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la Ley de Amparo, que establece a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos tipos de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En el caso concreto, el acto reclamado en estudio consiste en la resolución de ********************, dictada por el Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS-SONORA", que determinó imponer una sanción disciplinaria al quejoso. Luego, de las constancias que allegó al sumario la presidente del referido órgano responsable se advierte que han cesado los efectos por sustitución procesal de tales actos reclamados, dado que con motivo de la interposición del recurso de inconformidad por el impetrante, la autoridad penitenciaria responsable lo remitió a la Coordinación General de Centros Federales para su resolución, la cual mediante resolución emitida el ********************, ordenó la reposición del procedimiento disciplinario substanciado con motivo de la boleta de infracción folio ******************** al estimar que existía una violación procesal que trascendió al sentido de la resolución reclamada, ocasionando que la misma careciera de exhaustividad. Lo antes narrado pone de manifiesto que en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis de improcedencia delatada respecto de la resolución reclamada en estudio, ya que cesó los efectos de la misma, en razón de haber sido sustituida procesalmente por un nuevo acto de autoridad, esto es, por la resolución del recurso de inconformidad de ********************, por la que el coordinador General de Centros Federales ordenó reponer el procedimiento instaurado con motivo de la boleta de infracción folio ********************. De ahí que se considere, que los efectos del acto reclamado han cesado, toda vez que la aludida determinación de alzada que ordenó la reposición del procedimiento, sustituyó la determinación de ******************** -resolución que impuso una medida disciplinaria- en relación con el acto que la parte quejosa reclama. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Apoya las consideraciones antes expuestas, la tesis III.2o.C. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En el mismo sentido cobra aplicación la tesis aislada I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se deberá decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14). Decisión. En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el apartado III bajo el inciso a), procede sobreseer en el biinstancial, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio respecto del diverso acto reclamado precisado bajo inciso b). Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto precisado en el apartado III, por las razones expuestas en los diversos IV y VI de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Manifestaciones defensor público. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el defensor público federal del peticionario de amparo; téngase por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y tómense en consideración al momento de resolver la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos. Domicilio y correo electrónico. En cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el correo electrónico que señala como medio de contacto, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto a los mismos, toda vez que en auto de ********************, se proveyó al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente que transcurra el término previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que el peticionario de amparo se imponga del contenido de los autos de trece y veintisiete de julio de esta anualidad, así como la realización de la notificación personal ordenada en proveído del veintidós del presente mes y año. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las once horas con veintiún minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUJEOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 22/SEPTIEMBRE/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de los autos se advierte que el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que expresara lo conducente en cuanto a la inexistencia de la autoridad que señaló como responsable encargado, jefe y/o equis nueve de las compañías primera, segunda y tercera de seguridad y custodia, sin que hiciera manifestación en ese sentido, no obstante estar legalmente notificado para ello. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos; por lo tanto, se tiene como inexistente a la mencionada autoridad y se ordena suspender toda comunicación con ésta. Constancia de notificación. Por otro lado de la constancia de notificación realizada por el actuario de la adscripción el pasado veintiuno de septiembre, se observa que la parte quejosa asentó en dicha diligencia la leyenda "Solicito la presencia de mi defensor." En consecuencia, hágase del conocimiento de lo anterior a su defensor León Felipe Monter Hernández, en el domicilio ubicado en boulevard Luis Encinas Jhonson 253, esquina avenida Monteverde 4 piso, de la Colonia San Benito, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al defensor de la parte quejosa, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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