José Bermúdez Rocha y Otros.
Expediente 492/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fátima Bermúdez Cuellar
- José Bermúdez Rocha y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda presentado por José Bermúdez Rocha, en representación de su menor hija .., por medio del Port...al de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Juzgados Familiares, licenciada Susana Castañeda Pérez, Agencia Investigadora 75, Unidad de Investigación 1 Sin Detenido; regístrese en el libro de gobierno con el número 492/2022. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda en los siguientes términos: Contexto De la demanda de amparo se obtiene que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, aduce que en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/UI-1 S/D/13065/11-2019, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno le fue reconocido el carácter de víctima de violencia familiar. El veintidós de marzo de la presente anualidad, se celebró audiencia de control judicial, en la que le fueron concedidas al quejoso, medidas de protección previstas en las fracciones I y II del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenándose a la ministerio público hoy responsable tomara todas las precauciones necesarias, ya que la imputada Ana Sofía Cuellar de la Serna se encontraba impedida, a partir de dicha audiencia de control, a acercarse al impetrante, a su domicilio o al lugar en donde se encontrara. Sin embargo, el veintisiete de marzo y tres de abril de dos mil veintidós, la imputada Ana Sofía Cuellar de la Serna, impidió de manera dolosa las convivencias entre el quejoso y su menor hija, no la llevó al Centro de Convivencia del Tribunal Superior de Justicia durante siete domingos consecutivos, con lo considera incurrió en actos de violencia en contra de su menor hija e incumplimiento a las medidas concedidas, lo que hizo de conocimiento a través de los escritos de treinta uno de marzo y ocho de abril último presentados ante la autoridad responsable, en los cuales solicitó se le tuviera ampliando su denuncia y se reconociera a la menor el carácter de victima por el delito de violencia familiar (acto reclamado) y haciendo de conocimiento respecto de las medidas de protección concedidas, un nuevo "acto de violencia". En ese orden, es válido colegir que la parte promovente cuestiona omisiones de la responsable de realizar actos de investigación y reconocerle el carácter de víctima a su menor hija, por el delito violencia familiar, lo que conlleva a la autoridad responsable de investigar los hechos delictivos que refiere resintió la menor en su esfera personal. Desechamiento Establecido lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a la parte quejosa, por regla general, a agotar previamente a su promoción, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse (principio de definitividad). Lo anterior es así, toda vez que el acto del que en concreto se duele la parte quejosa, se reduce a la negativa de investigar los hechos delictivos que refiere resintió la menor en su esfera personal, así como el incumplimiento a las medidas de protección otorgadas, lo que se traduce en una omisión por parte del órgano técnico investigador de iniciar y, en su caso, integrar y resolver la indagatoria correspondiente, es decir, se asume con el carácter de víctima u ofendido de los hechos que hizo del conocimiento de la responsable y que pretende se investiguen. Conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; y, ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por ello, contra la determinación reclamada del Ministerio Público, en su acepción de institución titular del monopolio del ejercicio de la acción penal, que en el fondo paraliza y/o suspende la investigación de los hechos que el quejoso dice resintió su menor hija en su esfera personal, es improcedente el juicio de amparo, pues acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es impugnable ante el Juez de Control, quien debe señalar una audiencia para resolver en definitiva, citando a la parte recurrente y, en su caso, al imputado. Medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la determinación aquí combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se sostienen, las jurisprudencias 1ª./J.28/2018(10a.) y 1ª./J.27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, página 943 y 945, de rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estas condiciones, si el aquí quejoso, que asume que su menor hija es víctima u ofendido de los hechos que dice resintió en su esfera personal y que denunció, no hizo valer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación reclamada, que se traduce en la omisión por parte del Ministerio Público de emprender su facultad investigadora respecto de aquéllos en los términos que pretende, previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad), la presente acción constitucional resulta notoriamente improcedente, en la medida que de interponerlo en los plazos que prevé la norma, el Juez de Control podría obligar a la agente ministerial para que, en su caso, realice las acciones tendentes a la investigación de la notitia criminis. Máxime que al considerar que Ana Sofía Cuellar de la Serna, impidió de manera dolosa la convivencias entre el quejoso y su menor hija, el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, desacatando lo ordenado por el juez de control relativo a las medidas de protección que se le brindaron, podía en su caso, acudir ante su potestad. Por todo lo anteriormente expuesto, y en vía de consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de esa misma Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA:f Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado, así como proporcionando el número telefónico y el correo electrónico, para, en su caso, entablar comunicaciones no procesales. Ahora, en torno a las personas que refiere para fungir como autorizados en términos amplios en este asunto, requiérase a la parte quejosa para que acredite a esta potestad que éstos se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; ya sea que lo hagan por medio del documento idóneo o bien, con el objeto de evitar homonimias, proporcionen el número de folio correspondiente a su registro en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en caso de no hacerlo, únicamente quedarán facultados en los términos que indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo (esto debido a que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el mencionado artículo de la ley de la materia). EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por José Bermúdez Rocha, en representación de su menor hija .., por medio del Port...al de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Juzgados Familiares, licenciada Susana Castañeda Pérez, Agencia Investigadora 75, Unidad de Investigación 1 Sin Detenido; regístrese en el libro de gobierno con el número 492/2022. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda en los siguientes términos: Contexto De la demanda de amparo se obtiene que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, aduce que en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/UI-1 S/D/13065/11-2019, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno le fue reconocido el carácter de víctima de violencia familiar. El veintidós de marzo de la presente anualidad, se celebró audiencia de control judicial, en la que le fueron concedidas al quejoso, medidas de protección previstas en las fracciones I y II del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenándose a la ministerio público hoy responsable tomara todas las precauciones necesarias, ya que la imputada Ana Sofía Cuellar de la Serna se encontraba impedida, a partir de dicha audiencia de control, a acercarse al impetrante, a su domicilio o al lugar en donde se encontrara. Sin embargo, el veintisiete de marzo y tres de abril de dos mil veintidós, la imputada Ana Sofía Cuellar de la Serna, impidió de manera dolosa las convivencias entre el quejoso y su menor hija, no la llevó al Centro de Convivencia del Tribunal Superior de Justicia durante siete domingos consecutivos, con lo considera incurrió en actos de violencia en contra de su menor hija e incumplimiento a las medidas concedidas, lo que hizo de conocimiento a través de los escritos de treinta uno de marzo y ocho de abril último presentados ante la autoridad responsable, en los cuales solicitó se le tuviera ampliando su denuncia y se reconociera a la menor el carácter de victima por el delito de violencia familiar (acto reclamado) y haciendo de conocimiento respecto de las medidas de protección concedidas, un nuevo "acto de violencia". En ese orden, es válido colegir que la parte promovente cuestiona omisiones de la responsable de realizar actos de investigación y reconocerle el carácter de víctima a su menor hija, por el delito violencia familiar, lo que conlleva a la autoridad responsable de investigar los hechos delictivos que refiere resintió la menor en su esfera personal. Desechamiento Establecido lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a la parte quejosa, por regla general, a agotar previamente a su promoción, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse (principio de definitividad). Lo anterior es así, toda vez que el acto del que en concreto se duele la parte quejosa, se reduce a la negativa de investigar los hechos delictivos que refiere resintió la menor en su esfera personal, así como el incumplimiento a las medidas de protección otorgadas, lo que se traduce en una omisión por parte del órgano técnico investigador de iniciar y, en su caso, integrar y resolver la indagatoria correspondiente, es decir, se asume con el carácter de víctima u ofendido de los hechos que hizo del conocimiento de la responsable y que pretende se investiguen. Conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; y, ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por ello, contra la determinación reclamada del Ministerio Público, en su acepción de institución titular del monopolio del ejercicio de la acción penal, que en el fondo paraliza y/o suspende la investigación de los hechos que el quejoso dice resintió su menor hija en su esfera personal, es improcedente el juicio de amparo, pues acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es impugnable ante el Juez de Control, quien debe señalar una audiencia para resolver en definitiva, citando a la parte recurrente y, en su caso, al imputado. Medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la determinación aquí combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se sostienen, las jurisprudencias 1ª./J.28/2018(10a.) y 1ª./J.27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, página 943 y 945, de rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estas condiciones, si el aquí quejoso, que asume que su menor hija es víctima u ofendido de los hechos que dice resintió en su esfera personal y que denunció, no hizo valer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación reclamada, que se traduce en la omisión por parte del Ministerio Público de emprender su facultad investigadora respecto de aquéllos en los términos que pretende, previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad), la presente acción constitucional resulta notoriamente improcedente, en la medida que de interponerlo en los plazos que prevé la norma, el Juez de Control podría obligar a la agente ministerial para que, en su caso, realice las acciones tendentes a la investigación de la notitia criminis. Máxime que al considerar que Ana Sofía Cuellar de la Serna, impidió de manera dolosa la convivencias entre el quejoso y su menor hija, el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, desacatando lo ordenado por el juez de control relativo a las medidas de protección que se le brindaron, podía en su caso, acudir ante su potestad. Por todo lo anteriormente expuesto, y en vía de consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de esa misma Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA:f Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado, así como proporcionando el número telefónico y el correo electrónico, para, en su caso, entablar comunicaciones no procesales. Ahora, en torno a las personas que refiere para fungir como autorizados en términos amplios en este asunto, requiérase a la parte quejosa para que acredite a esta potestad que éstos se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; ya sea que lo hagan por medio del documento idóneo o bien, con el objeto de evitar homonimias, proporcionen el número de folio correspondiente a su registro en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en caso de no hacerlo, únicamente quedarán facultados en los términos que indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo (esto debido a que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el mencionado artículo de la ley de la materia). EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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