José Bermúdez Rocha
Expediente 665/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Bermúdez Rocha
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda, presentado por ..., por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía, Juzgados Familiares, Lic. Susana Castañeda Pérez, Agencia Investigadora 75, Unidad de Investigación 1 Sin Detenido, (carpeta de investigación ...); regístrese en el libro de gobierno con el número 665/2021-V. DESECHAMIENTO De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ".La omisión en los actos de investigación en que incurrió el emitir el oficio por el cual la Ministerio Público responsable remite la carpeta de investigación mencionada al área de judicialización respectiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en fecha cinco de julio de dos mil veintiuno". Al respecto, este Juzgador considera que la acción constitucional intentada resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ordinales últimos de los que se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses legítimos o jurídicos de la parte quejosa y que únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien perjudique la norma general o el acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama el oficio por el cual la Ministerio Público responsable remite la carpeta de investigación ... al área de judicialización respectiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante, que a la fecha no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 681/2021 y la reserva ordenada el once de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, se estima, que dicho acto no supone una afectación cierta e irreparable a los derechos sustantivos del inconforme, pues los citados actos son tendentes a la integración de la citada carpeta de investigación Lo anterior es así, pues en términos del artículo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva de los órganos investigadores, quienes en ejercicio de esa atribución, practican diversas diligencias dentro de la carpeta de investigación respectiva, a fin de probar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues las mismas son de orden público; desde luego, siempre y cuando, con ellas no se ordene o se prive de la libertad, posesiones o derechos del gobernado. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la representación social y la determinación que se emitiera al respecto es la que podría afectar tales derechos, porque el Ministerio Público, al consignar o pedir la orden de captura o solicitar audiencias para la formulación de imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste, se itera, en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. De manera que la remisión de la carpeta de investigación por el Ministerio Público, área de judicialización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y persecución de los delitos que es obligación del órgano técnico de investigación y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas del impetrante. Luego, si no existe perjuicio al citado interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo es improcedente. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." A más de lo anterior, no se ocasiona un daño irreparable a sus derechos fundamentales, en caso de que la carpeta de investigación se judicialice, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza del derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitara a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas del delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño causado y que conozcan la verdad de la sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Así, el hecho de que el fiscal, en su caso, judicialice la carpeta de investigación, sin que previamente el investigado o su defensor conozcan los registros respectivos o hayan intervenido en alguna diligencia que quedó registrada en la misma, no implica per se que quede irreparablemente consumada la violación de derechos fundamentales del quejoso, pues cuando sea citado y comparezca como imputado a la audiencia inicial, podrá previa consulta de los registros de investigación, preparar su defensa. Ello, pues se insiste, en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, en el sentido de que, si existen méritos suficientes emitirá un auto de vinculación a fin de formalizar la investigación por medio de la intervención judicial, la que concluirá con el cierre de la misma. Luego, no existe razón que justifique que el oficio por el cual la Ministerio Público responsable remite la carpeta de investigación mencionada al área de judicialización respectiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda ocasionar que quede irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Sustenta lo anterior, la tesis II.2o.P.50 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2497, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE." Sin que se soslaye que en el juicio de amparo 681/2020 del índice de este juzgado, aún no se encuentre cumplida la sentencia de amparo; sin embargo, en dicho asunto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se negó la suspensión definitiva solicitada y si bien, la parte quejosa solicitó la suspensión para que no se judicialice la carpeta de investigación, se le indicó que no resultaba procedente conceder la mencionada medida cautelar para tales efectos, ya que de lo contrario implicaría paralizar el procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria, con lo que se vulnerarían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues no debe soslayarse que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar delitos no puede paralizarse, ya que la sociedad tiene interés en que los procesos judiciales avancen y concluyan en el menor tiempo posible, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico. Sustentando lo anterior, en la jurisprudencia PC.I.P.J/51P (10), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes quince de febrero de dos mil diecinueve, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Aunado a lo anterior, es válido afirmar que al judicializarse la carpeta de investigación, al agente del Ministerio Público, durante la fase de investigación formalizada -complementaria-, no puede atribuírsele el carácter de autoridad en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, por lo que a la autoridad señalada como responsable no es dable atribuirle tal carácter. Bajo esas condiciones, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. De la parte quejosa Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado, y como autorizados a las personas que cita, en los términos que precisa. Se tiene el teléfono y correo electrónico proporcionado, como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Intervención Ministerial Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; por tanto, se ordena la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de la lista de publicación de este juzgado de Distrito. Se le autoriza la consulta por vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio, el cual queda a la vista en el sistema implementado para tales fines, al que podrá ingresar con el usuario correspondiente. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización de Medios Digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Notificaciones Hágase saber a las partes que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
DOMICILIO Visto el escrito de demanda, presentado por ..., por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía, Juzgados Familiares, Lic. Susana Castañeda Pérez, Agencia Investigadora 75, Unidad de Investigación 1 Sin Detenido, (carpeta de investigación ...); regístrese en el libro de gobierno con el número 665/2021-V. DESECHAMIENTO De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ".La omisión en los actos de investigación en que incurrió el emitir el oficio por el cual la Ministerio Público responsable remite la carpeta de investigación mencionada al área de judicialización respectiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en fecha cinco de julio de dos mil veintiuno". Al respecto, este Juzgador considera que la acción constitucional intentada resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ordinales últimos de los que se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses legítimos o jurídicos de la parte quejosa y que únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien perjudique la norma general o el acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama el oficio por el cual la Ministerio Público responsable remite la carpeta de investigación ... al área de judicialización respectiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante, que a la fecha no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 681/2021 y la reserva ordenada el once de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, se estima, que dicho acto no supone una afectación cierta e irreparable a los derechos sustantivos del inconforme, pues los citados actos son tendentes a la integración de la citada carpeta de investigación Lo anterior es así, pues en términos del artículo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva de los órganos investigadores, quienes en ejercicio de esa atribución, practican diversas diligencias dentro de la carpeta de investigación respectiva, a fin de probar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues las mismas son de orden público; desde luego, siempre y cuando, con ellas no se ordene o se prive de la libertad, posesiones o derechos del gobernado. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la representación social y la determinación que se emitiera al respecto es la que podría afectar tales derechos, porque el Ministerio Público, al consignar o pedir la orden de captura o solicitar audiencias para la formulación de imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste, se itera, en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. De manera que la remisión de la carpeta de investigación por el Ministerio Público, área de judicialización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y persecución de los delitos que es obligación del órgano técnico de investigación y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas del impetrante. Luego, si no existe perjuicio al citado interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo es improcedente. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." A más de lo anterior, no se ocasiona un daño irreparable a sus derechos fundamentales, en caso de que la carpeta de investigación se judicialice, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza del derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitara a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas del delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño causado y que conozcan la verdad de la sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Así, el hecho de que el fiscal, en su caso, judicialice la carpeta de investigación, sin que previamente el investigado o su defensor conozcan los registros respectivos o hayan intervenido en alguna diligencia que quedó registrada en la misma, no implica per se que quede irreparablemente consumada la violación de derechos fundamentales del quejoso, pues cuando sea citado y comparezca como imputado a la audiencia inicial, podrá previa consulta de los registros de investigación, preparar su defensa. Ello, pues se insiste, en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, en el sentido de que, si existen méritos suficientes emitirá un auto de vinculación a fin de formalizar la investigación por medio de la intervención judicial, la que concluirá con el cierre de la misma. Luego, no existe razón que justifique que el oficio por el cual la Ministerio Público responsable remite la carpeta de investigación mencionada al área de judicialización respectiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda ocasionar que quede irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Sustenta lo anterior, la tesis II.2o.P.50 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2497, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE." Sin que se soslaye que en el juicio de amparo 681/2020 del índice de este juzgado, aún no se encuentre cumplida la sentencia de amparo; sin embargo, en dicho asunto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se negó la suspensión definitiva solicitada y si bien, la parte quejosa solicitó la suspensión para que no se judicialice la carpeta de investigación, se le indicó que no resultaba procedente conceder la mencionada medida cautelar para tales efectos, ya que de lo contrario implicaría paralizar el procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria, con lo que se vulnerarían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues no debe soslayarse que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar delitos no puede paralizarse, ya que la sociedad tiene interés en que los procesos judiciales avancen y concluyan en el menor tiempo posible, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico. Sustentando lo anterior, en la jurisprudencia PC.I.P.J/51P (10), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes quince de febrero de dos mil diecinueve, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Aunado a lo anterior, es válido afirmar que al judicializarse la carpeta de investigación, al agente del Ministerio Público, durante la fase de investigación formalizada -complementaria-, no puede atribuírsele el carácter de autoridad en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, por lo que a la autoridad señalada como responsable no es dable atribuirle tal carácter. Bajo esas condiciones, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. De la parte quejosa Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado, y como autorizados a las personas que cita, en los términos que precisa. Se tiene el teléfono y correo electrónico proporcionado, como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Intervención Ministerial Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; por tanto, se ordena la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de la lista de publicación de este juzgado de Distrito. Se le autoriza la consulta por vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio, el cual queda a la vista en el sistema implementado para tales fines, al que podrá ingresar con el usuario correspondiente. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" Se exhorta a las partes que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización de Medios Digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Notificaciones Hágase saber a las partes que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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