José Bermúdez Rocha

Expediente 251/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
251/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • José Bermúdez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en la Q.P. 50/2021 de su índice, interpuesta por el quejoso ..., contra el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el acuerdo recurrido. SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso." En virtud de lo anterior, acúsese recibo a la superioridad; dése el aviso correspondiente a las partes de la resolución de cuenta y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. El presente juicio de derechos fundamentales no es de relevancia documental y no contiene valores ni documentos originales exhibidos por las partes; en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y, en relación con el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de siete de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda de amparo presentado por .por propio derecho, contra la determinación de ocho de marzo de dos mil veintiuno dictada en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/UI- 1S/D/13065/11-2019, que atribuye a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Juzgados Familiares, Agencia Investigadora 75 Unidad de Investigación 1 sin detenido; regístrese en el libro de gobierno con el número 251/2021. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda en los siguientes términos: Contexto De la demanda de amparo se obtiene que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, aduce que la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/UI-1S/D/13065/11- 2019 se sigue en su contra, a instancia de. por el delito de violencia familiar. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, por escrito, rindió su declaración en relación con los hechos imputados; y también, puso en conocimiento de la responsable que "el suscrito estuve privado de mi libertad al haberme encerrado bajo llave en su domicilio mi ex concubina ANA SOFÍA CUELLAR DE LA SERNA y haber formulado amenazas en mi contra." Sin embargo, dice, la autoridad responsable fue omisa en investigar los hechos delictuosos hechos de su conocimiento, por lo que por escrito de veintisiete de enero del año en curso, le solicitó se manifestara sobre el particular. En respuesta, por determinación de ocho de marzo de este año (acto reclamado), la autoridad responsable resolvió improcedente la petición del aquí quejoso de generar desglose por los mismos hechos que se investigan en la citada carpeta, calificados con apariencia del delito de violencia familiar, así como le requirió precise si ha sido canalizado a algún centro de atención en el que se recabara dictamen psicológico victimal a efecto de establecer si es ofendido en los hechos materia de investigación. En ese orden, es válido colegir que la parte promovente cuestiona la negativa de la autoridad responsable de investigar los hechos delictivos que refiere resintió en su esfera personal, específicamente privación de la libertad y amenazas en su contra, negándole además la posibilidad de obtener medidas de protección a su favor. Desechamiento Establecido lo anterior, el juicio de amparo promovido en contra de la determinación de ocho de marzo de dos mil veintiuno dictada en la carpeta de investigación CIFCH/ CUH-2/UI-1S/D/13065/11-2019, resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a la parte quejosa, por regla general, a agotar previamente a su promoción, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse (principio de definitividad). Lo anterior es así, toda vez que el acto del que en concreto se duele la parte quejosa, se reduce a la negativa de investigar los hechos delictivos que refiere resintió en su esfera personal, con lo que se le niega la posibilidad de obtener medidas de protección a su favor, lo que se traduce en una omisión por parte del órgano técnico investigador de iniciar y, en su caso, integrar y resolver la indagatoria correspondiente por delitos de privación de la libertad y amenazas derivado de hechos que dice resintió en su esfera personal, es decir, se asume con el carácter de víctima u ofendido de los hechos que hizo del conocimiento de la responsable y que pretende se investiguen. Conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; y, ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por ello, contra la determinación reclamada del Ministerio Público, en su acepción de institución titular del monopolio del ejercicio de la acción penal, que en el fondo paraliza y/o suspende la investigación de los hechos que el quejoso dice resintió en su esfera personal, es improcedente el juicio de amparo, pues acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es impugnable ante el Juez de Control, quien debe señalar una audiencia para resolver en definitiva, citando a la parte recurrente y, en su caso, al imputado. Medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la determinación aquí combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se sostienen, las jurisprudencias 1ª./J.28/2018(10a.) y 1ª./J.27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, página 943 y 945, de rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estas condiciones, si el aquí quejoso, que se asume víctima u ofendido de los hechos que dice resintió en su esfera personal y que denunció, no hizo valer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación reclamada, que se traduce en la omisión por parte del Ministerio Público de emprender su facultad investigadora respecto de aquéllos en los términos que pretende, previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad), la presente acción constitucional resulta notoriamente improcedente, en la medida que de interponerlo en los plazos que prevé la norma, el Juez de Control podría obligar a la agente ministerial para que, en su caso, realice las acciones tendentes a la investigación de la notitia criminis. No obsta que la parte quejosa refiera que la autoridad responsable le negó el carácter de victima u ofendido, por lo que no puede acudir ante el juez de control a hacer valer dicho medio de impugnación. Lo anterior es así, pues contrario a lo que refiere, la calidad de víctima y/u ofendido del delito, en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene de acuerdo con la posición que guarde el sujeto pasivo frente a la conducta delictiva y las consecuencias que ésta genere en su esfera personal y de derechos, no así con el reconocimiento o no que al respecto haga la autoridad investigadora. Por ende, si bajo protesta de decir verdad manifiesta que . lo mantuvo privado de su libertad y formuló amenazas en su contra, de ahí que lo hiciera del conocimiento de la autoridad responsable con el firme propósito que se investigaran; es inconcuso que se asume víctima y/u ofendido de los hechos que denunció, por lo que, para los efectos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ubica en los supuestos ahí contemplados. Sin importar que los hubiere denunciados o hechos del conocimiento en una diversa carpeta de investigación, en la que incluso de origen tiene un carácter procesal distinto, pues con independencia de lo anterior, se itera, la calidad de víctima y/u ofendido del delito se obtiene de acuerdo con la posición que guarde el sujeto pasivo frente a la conducta delictiva y las consecuencias que ésta genere en su esfera personal y de derechos, y en el caso, el aquí quejoso refiere que fue privado de su libertad y objeto de amenazas. Por todo lo anteriormente expuesto, y en vía de consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de esa misma Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. De la parte quejosa Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; el teléfono y correo electrónico proporcionado, únicamente como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Respecto de las personas que se enlistan en la demanda para fungir como autorizados en este asunto, únicamente quedan facultados en los términos que lo indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo, con la salvedad que, de acreditar que alguna de ellas se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se acordará lo conducente. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para los mismos efectos, se precisa el correo electrónico herbert.torres.coello@correo.cjf.gob.mx, así como los teléfonos 53221700 extensiones 1406 o 1523 o bien 55 38 55 63 63. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo presentado por .por propio derecho, contra la determinación de ocho de marzo de dos mil veintiuno dictada en la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/UI- 1S/D/13065/11-2019, que atribuye a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Juzgados Familiares, Agencia Investigadora 75 Unidad de Investigación 1 sin detenido; regístrese en el libro de gobierno con el número 251/2021. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda en los siguientes términos: Contexto De la demanda de amparo se obtiene que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, aduce que la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-2/UI-1S/D/13065/11- 2019 se sigue en su contra, a instancia de. por el delito de violencia familiar. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, por escrito, rindió su declaración en relación con los hechos imputados; y también, puso en conocimiento de la responsable que "el suscrito estuve privado de mi libertad al haberme encerrado bajo llave en su domicilio mi ex concubina ANA SOFÍA CUELLAR DE LA SERNA y haber formulado amenazas en mi contra." Sin embargo, dice, la autoridad responsable fue omisa en investigar los hechos delictuosos hechos de su conocimiento, por lo que por escrito de veintisiete de enero del año en curso, le solicitó se manifestara sobre el particular. En respuesta, por determinación de ocho de marzo de este año (acto reclamado), la autoridad responsable resolvió improcedente la petición del aquí quejoso de generar desglose por los mismos hechos que se investigan en la citada carpeta, calificados con apariencia del delito de violencia familiar, así como le requirió precise si ha sido canalizado a algún centro de atención en el que se recabara dictamen psicológico victimal a efecto de establecer si es ofendido en los hechos materia de investigación. En ese orden, es válido colegir que la parte promovente cuestiona la negativa de la autoridad responsable de investigar los hechos delictivos que refiere resintió en su esfera personal, específicamente privación de la libertad y amenazas en su contra, negándole además la posibilidad de obtener medidas de protección a su favor. Desechamiento Establecido lo anterior, el juicio de amparo promovido en contra de la determinación de ocho de marzo de dos mil veintiuno dictada en la carpeta de investigación CIFCH/ CUH-2/UI-1S/D/13065/11-2019, resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a la parte quejosa, por regla general, a agotar previamente a su promoción, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse (principio de definitividad). Lo anterior es así, toda vez que el acto del que en concreto se duele la parte quejosa, se reduce a la negativa de investigar los hechos delictivos que refiere resintió en su esfera personal, con lo que se le niega la posibilidad de obtener medidas de protección a su favor, lo que se traduce en una omisión por parte del órgano técnico investigador de iniciar y, en su caso, integrar y resolver la indagatoria correspondiente por delitos de privación de la libertad y amenazas derivado de hechos que dice resintió en su esfera personal, es decir, se asume con el carácter de víctima u ofendido de los hechos que hizo del conocimiento de la responsable y que pretende se investiguen. Conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; y, ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por ello, contra la determinación reclamada del Ministerio Público, en su acepción de institución titular del monopolio del ejercicio de la acción penal, que en el fondo paraliza y/o suspende la investigación de los hechos que el quejoso dice resintió en su esfera personal, es improcedente el juicio de amparo, pues acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es impugnable ante el Juez de Control, quien debe señalar una audiencia para resolver en definitiva, citando a la parte recurrente y, en su caso, al imputado. Medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la determinación aquí combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se sostienen, las jurisprudencias 1ª./J.28/2018(10a.) y 1ª./J.27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, página 943 y 945, de rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estas condiciones, si el aquí quejoso, que se asume víctima u ofendido de los hechos que dice resintió en su esfera personal y que denunció, no hizo valer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación reclamada, que se traduce en la omisión por parte del Ministerio Público de emprender su facultad investigadora respecto de aquéllos en los términos que pretende, previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad), la presente acción constitucional resulta notoriamente improcedente, en la medida que de interponerlo en los plazos que prevé la norma, el Juez de Control podría obligar a la agente ministerial para que, en su caso, realice las acciones tendentes a la investigación de la notitia criminis. No obsta que la parte quejosa refiera que la autoridad responsable le negó el carácter de victima u ofendido, por lo que no puede acudir ante el juez de control a hacer valer dicho medio de impugnación. Lo anterior es así, pues contrario a lo que refiere, la calidad de víctima y/u ofendido del delito, en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene de acuerdo con la posición que guarde el sujeto pasivo frente a la conducta delictiva y las consecuencias que ésta genere en su esfera personal y de derechos, no así con el reconocimiento o no que al respecto haga la autoridad investigadora. Por ende, si bajo protesta de decir verdad manifiesta que . lo mantuvo privado de su libertad y formuló amenazas en su contra, de ahí que lo hiciera del conocimiento de la autoridad responsable con el firme propósito que se investigaran; es inconcuso que se asume víctima y/u ofendido de los hechos que denunció, por lo que, para los efectos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ubica en los supuestos ahí contemplados. Sin importar que los hubiere denunciados o hechos del conocimiento en una diversa carpeta de investigación, en la que incluso de origen tiene un carácter procesal distinto, pues con independencia de lo anterior, se itera, la calidad de víctima y/u ofendido del delito se obtiene de acuerdo con la posición que guarde el sujeto pasivo frente a la conducta delictiva y las consecuencias que ésta genere en su esfera personal y de derechos, y en el caso, el aquí quejoso refiere que fue privado de su libertad y objeto de amenazas. Por todo lo anteriormente expuesto, y en vía de consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de esa misma Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. De la parte quejosa Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; el teléfono y correo electrónico proporcionado, únicamente como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Respecto de las personas que se enlistan en la demanda para fungir como autorizados en este asunto, únicamente quedan facultados en los términos que lo indica la parte final del arábigo 12 de la Ley de Amparo, con la salvedad que, de acreditar que alguna de ellas se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se acordará lo conducente. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para los mismos efectos, se precisa el correo electrónico herbert.torres.coello@correo.cjf.gob.mx, así como los teléfonos 53221700 extensiones 1406 o 1523 o bien 55 38 55 63 63. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

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