Jose Bedolla Villagómez

Expediente 1221/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1221/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Jose Bedolla Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. HA CAUSADO ESTADO EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa José Bedolla Villagómez, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno, formado con motivo de haberse desechado la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con este asunto; aunado a que el presente cuaderno de desechada no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Mgm

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por José Bedolla Villagómez, de la que se desprende que el promovente señala como acto reclamado: ".La sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable ordenadora en el toca de apelación número I-348/2019, tramitado con motivo del recurso de apelación que se hizo valer en contra del auto de fecha 11 once de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil número 134/2017, promovido en contra del señor Jesús Durán Pérez, sobre prescripción positiva. De la autoridad señaladas como responsable ejecutora, reclamo el cumplimiento que pretende darle a la resolución emitida por la autoridad ordenadora.". Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados, narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se obtiene lo siguiente: ".se ofreció entre otras la prueba de confesión a cargo del demandado Jesús Durán Pérez, habiéndosele citado a dicha prueba por medio de edictos, realizándose la publicación correspondiente, y toda vez que al momento de ser publicado el edicto ya había pasado la fecha señalada para la confesional, se solicitó que se señalara nueva fecha y hora para su desahogo, recayendo el auto de fecha 11 once de septiembre de la presente anualidad, que negó el pedimento solicitado.". Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De una interpretación sistemática de los artículos y porciones normativas transcritas, se obtiene que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertir la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos ventilados durante el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra Constitución Federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan; es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, donde el tiempo del que se le privó no será posible restituírsele. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Es aplicable la Jurisprudencia de la otrora Tercera Sala SCJN, de rubro y texto siguiente: Época: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: José Juan Trejo Orduña. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión de veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente decano Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas.". Ahora, de lo narrado en la demanda promovida por José Bedolla Villagómez, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, se desprende que les reclama la sentencia dictada en el toca de apelación 348/2019, que se hizo valer en contra del acuerdo de once de septiembre del año en curso, dictado por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el cual esencialmente se le negó señalar una nueva fecha para el desahogo de una prueba confesional, ello dentro del juicio ordinario civil 134/2017. En ese sentido, del análisis integral de la demanda y artículos invocados, se considera que el libelo generador del expediente en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 171, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, se considera de esa forma si se tiene en cuenta que en la especie, el acto reclamado que se hace consistir en la sentencia dictada en el toca de apelación 348/2019, que confirmó el acuerdo dictado el once de septiembre del año en curso, en el juicio ordinario civil 134/2017, por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, -a través del cual se le negó señalar una nueva fecha para el desahogo de una prueba confesional-, no es de aquellos que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio de origen, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus intereses la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el contradictorio mercantil de origen, como se dijo, la parte aquí amparista podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga contra dicho fallo. En efecto, el acto reclamado no es susceptible de combatirse mediante este juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una actuación que, en opinión de quien esto provee, será impugnable en el momento en que se dicte sentencia que se adversa a los intereses de la parte aquí quejosa. Lo anterior es así ya que de considerar la procedencia del juicio biinstancial en contra violaciones procesales como la que ahora se hace valer, daría lugar a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por contener razonamientos afines, se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: Época: Octava Época Registro: 216267 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 65, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/258 Página: 53 "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 6/88. Augusto Beltrán Ramírez. 26 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 247/89. Nancy J. Muñoz Castañeda. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 296/89. Ruth Juárez Díaz. 19 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 88/91. Angel Lira Reyes, por sí y en representación de Alquiladora San Marcos. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 105/93. Socorro Romero Zempoalteca y otro. 26 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.". También resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla. El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D. F., a 20 de agosto de 1992. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164.". Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por la apoderada de José Bedolla Villagómez, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Roberto Melgarejo Ortiz, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo acredita como Licenciado en Derecho; mientras que las personas restantes únicamente se les tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, sin las facultades de referencia, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultados para ejercer la profesión de mérito. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por José Bedolla Villagómez, de la que se desprende que el promovente señala como acto reclamado: ".La sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable ordenadora en el toca de apelación número I-348/2019, tramitado con motivo del recurso de apelación que se hizo valer en contra del auto de fecha 11 once de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil número 134/2017, promovido en contra del señor Jesús Durán Pérez, sobre prescripción positiva. De la autoridad señaladas como responsable ejecutora, reclamo el cumplimiento que pretende darle a la resolución emitida por la autoridad ordenadora.". Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados, narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se obtiene lo siguiente: ".se ofreció entre otras la prueba de confesión a cargo del demandado Jesús Durán Pérez, habiéndosele citado a dicha prueba por medio de edictos, realizándose la publicación correspondiente, y toda vez que al momento de ser publicado el edicto ya había pasado la fecha señalada para la confesional, se solicitó que se señalara nueva fecha y hora para su desahogo, recayendo el auto de fecha 11 once de septiembre de la presente anualidad, que negó el pedimento solicitado.". Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De una interpretación sistemática de los artículos y porciones normativas transcritas, se obtiene que el estudio de las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertir la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos ventilados durante el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra Constitución Federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan; es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, donde el tiempo del que se le privó no será posible restituírsele. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Es aplicable la Jurisprudencia de la otrora Tercera Sala SCJN, de rubro y texto siguiente: Época: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: José Juan Trejo Orduña. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión de veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente decano Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas.". Ahora, de lo narrado en la demanda promovida por José Bedolla Villagómez, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, se desprende que les reclama la sentencia dictada en el toca de apelación 348/2019, que se hizo valer en contra del acuerdo de once de septiembre del año en curso, dictado por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el cual esencialmente se le negó señalar una nueva fecha para el desahogo de una prueba confesional, ello dentro del juicio ordinario civil 134/2017. En ese sentido, del análisis integral de la demanda y artículos invocados, se considera que el libelo generador del expediente en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu y 171, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, se considera de esa forma si se tiene en cuenta que en la especie, el acto reclamado que se hace consistir en la sentencia dictada en el toca de apelación 348/2019, que confirmó el acuerdo dictado el once de septiembre del año en curso, en el juicio ordinario civil 134/2017, por el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, -a través del cual se le negó señalar una nueva fecha para el desahogo de una prueba confesional-, no es de aquellos que tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio de origen, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Ahora en el último de los casos, de ser contrario a sus intereses la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el contradictorio mercantil de origen, como se dijo, la parte aquí amparista podrá impugnar las violaciones que ahora aduce en su libelo, a través del juicio de amparo directo que interponga contra dicho fallo. En efecto, el acto reclamado no es susceptible de combatirse mediante este juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una actuación que, en opinión de quien esto provee, será impugnable en el momento en que se dicte sentencia que se adversa a los intereses de la parte aquí quejosa. Lo anterior es así ya que de considerar la procedencia del juicio biinstancial en contra violaciones procesales como la que ahora se hace valer, daría lugar a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por contener razonamientos afines, se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: Época: Octava Época Registro: 216267 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 65, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/258 Página: 53 "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 6/88. Augusto Beltrán Ramírez. 26 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Amparo en revisión 247/89. Nancy J. Muñoz Castañeda. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 296/89. Ruth Juárez Díaz. 19 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 88/91. Angel Lira Reyes, por sí y en representación de Alquiladora San Marcos. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 105/93. Socorro Romero Zempoalteca y otro. 26 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.". También resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla. El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D. F., a 20 de agosto de 1992. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164.". Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por la apoderada de José Bedolla Villagómez, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Roberto Melgarejo Ortiz, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo acredita como Licenciado en Derecho; mientras que las personas restantes únicamente se les tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, sin las facultades de referencia, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultados para ejercer la profesión de mérito. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.

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