José Camilo Ayala Romero

Expediente 14/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
14/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • José Camilo Ayala Romero
  • José Camilo Ayala Romero y Otros.
  • Febel Llucibela Pimentel Rocha y Otros.
  • Febel Llucibela Pimentel Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Febel Llubicela Pimentel Rocha y José Camilo Ayala Romero; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DELISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 14/2020-II, promovido por Febel LLubicela Pimentel Rocha, por propio derecho y José Camilo Ayala Romero, este último a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Febel LLubicela Pimentel Rocha, por propio derecho y José Camilo Ayala Romero, este último a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez, promovieron demanda de amparo contra los siguientes actos: "IV. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de promoción de fecha 7 de noviembre del año 2019, señalados con los números romanos I, II y III, en las cuales el Presidente de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Rogelio Navarro Torres, indebidamente contraviniendo la ley laboral acuerda un escrito de la parte demandada dirigido a los integrantes de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, como se desprende del acuerdo señalado lo firma el presidente y su secretaria, no así los integrantes de la junta a quien se dirige la promoción, comisiona al actuario para que notifique, entere y aperciba a la depositaria decretando textualmente los siguiente: "como lo solicita el apoderado jurídico de la parte demandada, se requiere a la depositaria del bien embargado en autos C. Fabel Llubicela Pimentel Rocha, para que dentro del término legal de 3 días haga entrega de lo que es un Camión de Volteo, colo blanco, con placas de circulación MY-72-227 del Estado de Michoacán, marca Chevrolet con número de serie IGCEC14Z8NZ186837, doble eje con caja de volteo, con el apercibimiento legal de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido se emplearan en su contra medios de apremio establecidos en la Ley Federal del Trabajo." En ese ocurso, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevenciones. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de nueve de enero de dos mil veinte se registró la demanda de amparo y se previno a Jesús Quintana Martínez, en su calidad de apoderado legal de J. José Camilo Ayala Romero, entre cosas, para que acreditara la personalidad con la que se ostentó. Satisfecho lo anterior, en acuerdo de veintisiete de enero siguiente, nuevamente se previno a los solicitantes del amparo para que aclararan si también era su deseo señalar como acto reclamado la resolución de dieciocho de junio de dos mil dieciocho dictada en el juicio laboral 6/2012, en la que se resolvió el incidente sobre prescripción de la ejecución del laudo. En respuesta a dicho requerimiento, por acuerdo presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, Jesús Quintana Martínez, actuando como apoderado de J. José Camilo Ayala Romero, manifestó su voluntad de incluir dicha determinación como acto destacado en el presente medio de control constitucional. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En consecuencia, por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, se proveyó sobre la admisión de la demanda, proveído en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede por el Licenciado Leonel López Pérez, Secretario en Funciones de Juez de Distrito. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en el expediente JLP-06/2012, en la que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo condenatorio que resolvió dicho juicio, interpuesto por el demandado, aquí tercero interesado, Miguel Luna Ortiz. El acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad apuntada en el mismo expediente laboral, en el que se acordó favorable la solicitud del tercero interesado consistente en requerir la entrega a la depositaria del bien mueble, que en su momento fue embargado, con motivo de la ejecución del laudo condenatorio. Cabe precisar que el primero de los actos apuntados únicamente fue reclamado por el quejoso José Camilo Ayala Romero, toda vez que si bien se previno a ambos promoventes para que manifestaran si era su deseo introducir tal determinación a la litis constitucional, dicho requerimiento se desahogó exclusivamente por el citado solicitante a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez. De ahí que si en autos no se le reconoció la calidad de representante común de ambos quejosos, debe entenderse que la diversa quejosa Febel LLubicela Pimentel Rocha únicamente pretende combatir la inconstitucionalidad del diverso acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Máxime que compareció al presente juicio de amparo por propio derecho y no por conducto de J. Jesús Quintana Martínez. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas del expediente JLP-06/2012, que la junta responsable remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil doce, ante la Junta Local Permanente de Conciliación de la Piedad, Michoacán, perteneciente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el ahora quejoso José Camilo Ayala Romero, a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez, demandó del aquí tercero interesado Miguel Luna Ortiz -con quien refirió haber tenido una relación laboral-, el pago de indemnización con motivo del despido injustificado del que fue objeto. Por acuerdo de trece de febrero del mismo año, dicha autoridad admitió a trámite la demanda apuntada, registrándola con el número de expediente JLP-06/2012, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. No obstante haber sido legalmente emplazado, dicho demandado omitió presentarse en el desahogo de la audiencia trifásica, por lo que se declaró su rebeldía y se ordenó resolver el asunto. Por ende, el treinta de agosto de dos mil trece se emitió el laudo respectivo, en el que se declaró procedente la acción intentada por el solicitante del amparo y se condenó al demandado al pago de la indemnización constitucional reclamada, a quien se le requirió la entrega voluntaria del monto correspondiente. Ante la omisión del demandado de cumplir voluntariamente con la condena apuntada, en proveído de ocho de octubre del mismo año se ordenó la ejecución del laudo, para lo cual se instruyó al actuario adscrito a la junta laboral se constituyera en la fuente de trabajo propiedad del demandado, le requiriera el pago de la cantidad a la que se le condenó y, en caso de no obtenerlos se procediera al embargo de bienes suficientes para cubrir dicho monto. En cumplimiento a lo anterior, el once de octubre de dos mil trece el personal actuante de la junta laboral se constituyó en el domicilio apuntado, requirió la presencia del demandado y la entrega del monto relativo a la condena dictada en autos. Sin embargo, ante la falta de pago, procedió al embargo de bienes, en específico, del camión de volteo color blanco, con placas de circulación M4-72-227, marca Chevrolet, con número de serie 1GCEC1428NZ186837, doble eje con caja de volteo, designándose en ese momento como depositaria a Febel LLubicela Pimentel Rocha, quien aceptó el encargo que le fue conferido. Circunstancias que quedaron asentadas en la constancia actuarial respectiva. En auto de siete de enero de dos mil dieciséis, emitido por la diversa autoridad Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, se hizo constar la extinción de la Junta Local Permanente de Conciliación de la Piedad, Michoacán, por lo que se ordenó continuar la tramitación del juicio laboral de origen ante la primera de dichas autoridades. En la etapa de ejecución del juicio laboral, el quince de noviembre y trece de diciembre de dos mil dieciséis, se celebraron las audiencias de remate del bien mueble embargado en primera y segunda almoneda respectivamente, sin que compareciera postor alguno. Por otro lado, en acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se suspendió dicha etapa de remate con motivo de la tercería excluyente de dominio promovida por Luis Martínez Meléndez. Posteriormente mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil diecisiete, el demandado, aquí tercero interesado, Miguel Luna Ortiz, interpuso incidente de prescripción respecto a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral, por lo que en acuerdo del día doce siguiente se admitió a trámite y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental. Una vez desahogada dicha audiencia, mediante sentencia interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho la junta laboral responsable resolvió la incidencia planteada en el sentido de considerarla procedente, por lo que declaró prescrita la acción del trabajador, aquí quejoso, José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo que resolvió el juicio natural y, finalmente, ordenó el archivo del asunto; toda vez que transcurrieron más de dos años entre los actos realizados por el ahora solicitante del amparo para lograr el remate del bien mueble embargado en autos, en términos del artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. (Determinación que constituye el primero de los actos reclamados en el presente juicio de amparo). Es importante destacar que del contenido del expediente natural se obtiene que el ahora quejoso José Camilo Ayala Romero, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución interlocutoria apuntada, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual según refirió la propia autoridad responsable, fue desechado por haberse presentado de manera extemporánea. Lo anterior se corrobora con el contenido del acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve dictado en el juicio de amparo directo 314/2019, del índice el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual constituye un hecho notorio para quien resuelve en la medida en que la determinación apuntada obra almacenada y capturada dentro del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Finalmente, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve la junta responsable acordó de conformidad la petición planteada por el demandado, aquí tercero interesado, consistente en ordenar la entrega del bien mueble embargado en autos con motivo de la ejecución del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral, por lo que le requirió a su depositaria Febel LLucibela Pimentel Rocha, para que en el plazo de tres días entregara el camión de volteo color blanco, con placas de circulación M4-72-227, marca Chevrolet, con número de serie 1GCEC1428NZ186837, doble eje con caja de volteo, para lo cual se comisionó al actuario adscrito se constituyera en su domicilio y le requiriera la entrega de dicho bien mueble; lo cual hasta este momento no ha acontecido. (Auto que constituye el segundo de los actos reclamados en el presente juicio de amparo). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por los quejosos, dado que este juzgador -de oficio- advierte, que debe sobreseerse en el juicio de amparo por actualizarse las siguientes causas de improcedencia: Primera casual de improcedencia. En principio, debe decretarse el sobreseimiento respecto del primero de los actos reclamados, consistente en la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que se declaró prescrita la acción del quejoso José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio natural, toda vez que el referido promovente consintió tácitamente dicha determinación al presentar la demanda después de concluir el plazo de quince días con que contaba para ello, lo que configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de la materia , en cuyo caso se entenderá que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados. Además, se obtiene que por regla general, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días hábiles, el cual podrá comenzar a computarse a partir de tres diversos momentos, tal como lo indica el numeral 18 de la legislación en cita. En principio, podrá contarse a partir del día siguiente al que surtió efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, atendiendo a las reglas que rijan dicha actuación. Por otro lado, también es factible que transcurra desde al día siguiente en que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de los actos impugnados o de su ejecución y finalmente, al día siguiente en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Cabe señalar, que el supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación respectiva, es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercer regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia Registro digital: 165582 "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Además, es importante precisar que si bien el primer párrafo del ordinal 17 referido, precisa como regla general que el juicio de amparo, debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que haya acontecido alguno de los tres supuestos apuntados; por su parte, las fracciones I, II, III y IV prevén diversos supuestos en los que se actualiza una excepción a dicha regla, a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Una vez reseñado lo anterior, conviene reiterar que el acto reclamado que se analiza en este apartado consiste en la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que se declaró prescrita la acción del quejoso José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio natural, por lo cual es dable concluir que no encuentra en ninguno de los supuestos de excepción invocados. De ahí, que para verificar si la presentación de la demanda de amparo promovida en su contra fue oportuna debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, que su impugnación en sede constitucional debió realizarse dentro del plazo de quince días hábiles. Ahora, de las constancias procesales que integran el juicio laboral JLP-06/2012, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en específico de la constancia actuarial visible a foja 108, se obtiene que la resolución interlocutoria tildada de inconstitucional se notificó personalmente al ahora quejoso el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, notificación que surtió efectos ese mismo día, en términos de lo establecido en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo vigente en aquél momento. Por ende, en el caso se actualiza el primero de los supuestos a los que se refiere el artículo 18 de la ley de la materia, consistente en que el plazo de quince días para la presentación del juicio de amparo debe comenzar a computarse a partir del día siguiente en que surtió efectos dicha notificación. De lo anterior, se obtiene que el plazo para interponer el juicio de amparo transcurrió del veintiséis de junio al dieciséis de julio de dos mil dieciocho, sin contar los días treinta de junio, uno, siete, ocho, catorce y quince de julio, por haber sido sábados y domingos, y por ende, inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el ahora quejoso José Camilo Ayala Romero, no reclamó la inconstitucionalidad de la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación apuntada, sino hasta el ocho de enero de dos mil veinte, fecha en que presentó la demanda de amparo que nos ocupa, es evidente que la misma se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia y, por ende, debe inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que ve a la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en el expediente JLP-06/2012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la legislación invocada. No pasa inadvertido para este Juzgador que el aquí quejoso pretendió combatir la resolución interlocutoria reclamada a través del juicio de amparo directo, el cual se radicó ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito bajo el número de expediente 314/2019, y se desechó por extemporáneo en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Datos que si bien no se advierten de las constancias procesales que integran el juicio laboral, constituye un hecho notorio para quien resuelve en la medida en que la determinación apuntada obra almacenada y capturada dentro del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia que enseguida se invoca: Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sin embargo tal circunstancia no incide en la conclusión alcanzada por este Juzgador, toda vez que si bien el ahora quejoso reclamó en un principio la resolución interlocutoria refutada de inconstitucional a través de una vía distinta a la que ahora nos ocupa y aquélla se declaró extemporánea; ello no impide que el citado promovente pueda combatirla esta vez por conducto del amparo indirecto, toda vez que en principio, el Tribunal Colegiado únicamente examinó la presentación oportuna de la demanda que en su momento le fue turnada sin que se haya pronunciado respecto a cuál de las dos vías establecidas en la Ley de Amparo era la procedente para reclamar la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Además de que en este caso, al no tratarse de la vía correcta para combatirla, la improcedencia del amparo no genera cosa juzgada. De ahí que aun cuando en aquél medio de control constitucional y en el presente juicio de amparo se llegó a la misma conclusión con respecto a la presentación oportuna de la demanda, tales decisiones corresponden a juicios de amparo distintos, máxime que quien resuelve considera que es competente para conocer de la presente demanda. Segunda causal de improcedencia. Por lo que ve al segundo de los actos reclamados, consistente en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se acordó favorable la solicitud del tercero interesado de requerir la entrega a la depositaria del bien mueble embargado con motivo de la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio natural -reclamado por ambos quejosos Febel LLubicela Pimentel Rocha y José Camilo Ayala Romero-, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Ello en atención a que dicho proveído es consecuencia de un acto consentido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la ley de la materia que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitrios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Luego, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el siguiente criterio: "Instancia: Pleno Quinta Época Materia(s): Común Tesis: 17 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 12 Tipo: Jurisprudencia Registro digital: 393973 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De tales premisas normativas, se obtiene que por disposición jurisprudencial obligatoria, el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de aquéllos actos emitidos en consecuencia de actuaciones diversas que deban considerarse como actos consentidos en términos de lo establecido en la Ley de Amparo, es decir, contra aquéllos que no se hubieren reclamado por ese medio dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. Por otro lado, conviene recapitular que el acto de autoridad materia de análisis consiste en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó a la depositaria la entrega del bien mueble embargado en autos, con motivo de la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio laboral de origen. Además, es menester destacar que con anterioridad al dictado de dicho proveído, se emitió la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que la misma junta laboral declaró prescrita la acción del trabajador, aquí quejoso, José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo y ordenó el archivo del asunto. Con esas bases, es dable afirmar que el proveído materia de análisis en el presente apartado guarda una estrecha relación con la referida resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, pues la orden de entrega del bien mueble embargado en la etapa de ejecución del laudo, en esencia obedeció a que en la interlocutoria apuntada se declaró precisamente la prescripción de los derechos para ejecutar dicha resolución definitiva. De manera que la consecuencia lógica, forzosa y necesaria de este último pronunciamiento fue dejar sin efecto la garantía de pago del laudo cuya exigibilidad prescribió, ordenando la entrega del bien embargado con motivo del ejercicio de tales derechos de ejecución. Lo que implica que en el caso existe una estrecha relación de causa y efecto entre ambos actos, al grado que el acuerdo reclamado constituye una simple consecuencia de la decisión primigenia de declarar la prescripción de los derechos del quejoso para ejecutar el laudo condenatorio dictado en autos Ahora bien, conviene recordar que como ya se explicó en el primer apartado del presente considerando, la resolución interlocutoria apuntada tiene la calidad de un acto consentido tácitamente al no haberse impugnado oportunamente. De ahí que si el acuerdo reclamado de siete de noviembre de dos mil diecinueve constituye una consecuencia directa de una diversa determinación que implícitamente fue consentida por los quejosos, no es válido que estos pretendan combatir aquéllos requerimientos encaminados a materializar las consecuencias jurídicas de una actuación respecto a la cual previamente ya manifestaron su plena conformidad. De manera que si los ahora quejosos estiman que fue incorrecta y violatoria de sus derechos fundamentales lo ordenado en el sentido de requerir la entrega del bien mueble embargado en autos, entonces debió de combatir oportunamente a través del juicio de amparo la decisión primigenia de declarar la prescripción de los derechos de ejecución sobre el laudo que resolvió el juicio natural, pues lógicamente una consecuencia jurídica de esta decisión es ordenar la entrega del bien inmueble embargado con motivo del ejercicio de tales derechos de ejecución. De ahí que si los promoventes del amparo no reclamaron en tiempo la decisión de prescribir sus derechos para ejecutar el laudo reclamado, los actos posteriores que se traduzcan en la materialización de las consecuencias jurídicas de dicha determinación deben considerarse derivados de uno consentido, como en el caso lo constituye el aquí reclamado. Es aplicable la tesis la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXI, Tercera Parte, página 11 Tipo: Aislada Registro digital: 265101 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." En consecuencia, si el acto reclamado deriva de otro consentido, es razonable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 217 de la Ley de Amparo; razón por la cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en el expediente JLP-06/2012. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que, al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Febel LLubicela Pimentel Rocha y José Camilo Ayala Romero, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 14/2020-II, promovido por Febel LLubicela Pimentel Rocha, por propio derecho y José Camilo Ayala Romero, este último a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Febel LLubicela Pimentel Rocha, por propio derecho y José Camilo Ayala Romero, este último a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez, promovieron demanda de amparo contra los siguientes actos: "IV. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de promoción de fecha 7 de noviembre del año 2019, señalados con los números romanos I, II y III, en las cuales el Presidente de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Rogelio Navarro Torres, indebidamente contraviniendo la ley laboral acuerda un escrito de la parte demandada dirigido a los integrantes de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, como se desprende del acuerdo señalado lo firma el presidente y su secretaria, no así los integrantes de la junta a quien se dirige la promoción, comisiona al actuario para que notifique, entere y aperciba a la depositaria decretando textualmente los siguiente: "como lo solicita el apoderado jurídico de la parte demandada, se requiere a la depositaria del bien embargado en autos C. Fabel Llubicela Pimentel Rocha, para que dentro del término legal de 3 días haga entrega de lo que es un Camión de Volteo, colo blanco, con placas de circulación MY-72-227 del Estado de Michoacán, marca Chevrolet con número de serie IGCEC14Z8NZ186837, doble eje con caja de volteo, con el apercibimiento legal de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido se emplearan en su contra medios de apremio establecidos en la Ley Federal del Trabajo." En ese ocurso, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevenciones. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de nueve de enero de dos mil veinte se registró la demanda de amparo y se previno a Jesús Quintana Martínez, en su calidad de apoderado legal de J. José Camilo Ayala Romero, entre cosas, para que acreditara la personalidad con la que se ostentó. Satisfecho lo anterior, en acuerdo de veintisiete de enero siguiente, nuevamente se previno a los solicitantes del amparo para que aclararan si también era su deseo señalar como acto reclamado la resolución de dieciocho de junio de dos mil dieciocho dictada en el juicio laboral 6/2012, en la que se resolvió el incidente sobre prescripción de la ejecución del laudo. En respuesta a dicho requerimiento, por acuerdo presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, Jesús Quintana Martínez, actuando como apoderado de J. José Camilo Ayala Romero, manifestó su voluntad de incluir dicha determinación como acto destacado en el presente medio de control constitucional. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En consecuencia, por auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, se proveyó sobre la admisión de la demanda, proveído en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede por el Licenciado Leonel López Pérez, Secretario en Funciones de Juez de Distrito. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en el expediente JLP-06/2012, en la que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo condenatorio que resolvió dicho juicio, interpuesto por el demandado, aquí tercero interesado, Miguel Luna Ortiz. El acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad apuntada en el mismo expediente laboral, en el que se acordó favorable la solicitud del tercero interesado consistente en requerir la entrega a la depositaria del bien mueble, que en su momento fue embargado, con motivo de la ejecución del laudo condenatorio. Cabe precisar que el primero de los actos apuntados únicamente fue reclamado por el quejoso José Camilo Ayala Romero, toda vez que si bien se previno a ambos promoventes para que manifestaran si era su deseo introducir tal determinación a la litis constitucional, dicho requerimiento se desahogó exclusivamente por el citado solicitante a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez. De ahí que si en autos no se le reconoció la calidad de representante común de ambos quejosos, debe entenderse que la diversa quejosa Febel LLubicela Pimentel Rocha únicamente pretende combatir la inconstitucionalidad del diverso acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Máxime que compareció al presente juicio de amparo por propio derecho y no por conducto de J. Jesús Quintana Martínez. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas del expediente JLP-06/2012, que la junta responsable remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil doce, ante la Junta Local Permanente de Conciliación de la Piedad, Michoacán, perteneciente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el ahora quejoso José Camilo Ayala Romero, a través de su apoderado J. Jesús Quintana Martínez, demandó del aquí tercero interesado Miguel Luna Ortiz -con quien refirió haber tenido una relación laboral-, el pago de indemnización con motivo del despido injustificado del que fue objeto. Por acuerdo de trece de febrero del mismo año, dicha autoridad admitió a trámite la demanda apuntada, registrándola con el número de expediente JLP-06/2012, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. No obstante haber sido legalmente emplazado, dicho demandado omitió presentarse en el desahogo de la audiencia trifásica, por lo que se declaró su rebeldía y se ordenó resolver el asunto. Por ende, el treinta de agosto de dos mil trece se emitió el laudo respectivo, en el que se declaró procedente la acción intentada por el solicitante del amparo y se condenó al demandado al pago de la indemnización constitucional reclamada, a quien se le requirió la entrega voluntaria del monto correspondiente. Ante la omisión del demandado de cumplir voluntariamente con la condena apuntada, en proveído de ocho de octubre del mismo año se ordenó la ejecución del laudo, para lo cual se instruyó al actuario adscrito a la junta laboral se constituyera en la fuente de trabajo propiedad del demandado, le requiriera el pago de la cantidad a la que se le condenó y, en caso de no obtenerlos se procediera al embargo de bienes suficientes para cubrir dicho monto. En cumplimiento a lo anterior, el once de octubre de dos mil trece el personal actuante de la junta laboral se constituyó en el domicilio apuntado, requirió la presencia del demandado y la entrega del monto relativo a la condena dictada en autos. Sin embargo, ante la falta de pago, procedió al embargo de bienes, en específico, del camión de volteo color blanco, con placas de circulación M4-72-227, marca Chevrolet, con número de serie 1GCEC1428NZ186837, doble eje con caja de volteo, designándose en ese momento como depositaria a Febel LLubicela Pimentel Rocha, quien aceptó el encargo que le fue conferido. Circunstancias que quedaron asentadas en la constancia actuarial respectiva. En auto de siete de enero de dos mil dieciséis, emitido por la diversa autoridad Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, se hizo constar la extinción de la Junta Local Permanente de Conciliación de la Piedad, Michoacán, por lo que se ordenó continuar la tramitación del juicio laboral de origen ante la primera de dichas autoridades. En la etapa de ejecución del juicio laboral, el quince de noviembre y trece de diciembre de dos mil dieciséis, se celebraron las audiencias de remate del bien mueble embargado en primera y segunda almoneda respectivamente, sin que compareciera postor alguno. Por otro lado, en acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se suspendió dicha etapa de remate con motivo de la tercería excluyente de dominio promovida por Luis Martínez Meléndez. Posteriormente mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil diecisiete, el demandado, aquí tercero interesado, Miguel Luna Ortiz, interpuso incidente de prescripción respecto a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral, por lo que en acuerdo del día doce siguiente se admitió a trámite y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental. Una vez desahogada dicha audiencia, mediante sentencia interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho la junta laboral responsable resolvió la incidencia planteada en el sentido de considerarla procedente, por lo que declaró prescrita la acción del trabajador, aquí quejoso, José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo que resolvió el juicio natural y, finalmente, ordenó el archivo del asunto; toda vez que transcurrieron más de dos años entre los actos realizados por el ahora solicitante del amparo para lograr el remate del bien mueble embargado en autos, en términos del artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. (Determinación que constituye el primero de los actos reclamados en el presente juicio de amparo). Es importante destacar que del contenido del expediente natural se obtiene que el ahora quejoso José Camilo Ayala Romero, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución interlocutoria apuntada, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual según refirió la propia autoridad responsable, fue desechado por haberse presentado de manera extemporánea. Lo anterior se corrobora con el contenido del acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve dictado en el juicio de amparo directo 314/2019, del índice el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual constituye un hecho notorio para quien resuelve en la medida en que la determinación apuntada obra almacenada y capturada dentro del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Finalmente, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve la junta responsable acordó de conformidad la petición planteada por el demandado, aquí tercero interesado, consistente en ordenar la entrega del bien mueble embargado en autos con motivo de la ejecución del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral, por lo que le requirió a su depositaria Febel LLucibela Pimentel Rocha, para que en el plazo de tres días entregara el camión de volteo color blanco, con placas de circulación M4-72-227, marca Chevrolet, con número de serie 1GCEC1428NZ186837, doble eje con caja de volteo, para lo cual se comisionó al actuario adscrito se constituyera en su domicilio y le requiriera la entrega de dicho bien mueble; lo cual hasta este momento no ha acontecido. (Auto que constituye el segundo de los actos reclamados en el presente juicio de amparo). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por los quejosos, dado que este juzgador -de oficio- advierte, que debe sobreseerse en el juicio de amparo por actualizarse las siguientes causas de improcedencia: Primera casual de improcedencia. En principio, debe decretarse el sobreseimiento respecto del primero de los actos reclamados, consistente en la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que se declaró prescrita la acción del quejoso José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio natural, toda vez que el referido promovente consintió tácitamente dicha determinación al presentar la demanda después de concluir el plazo de quince días con que contaba para ello, lo que configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de la materia , en cuyo caso se entenderá que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados. Además, se obtiene que por regla general, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días hábiles, el cual podrá comenzar a computarse a partir de tres diversos momentos, tal como lo indica el numeral 18 de la legislación en cita. En principio, podrá contarse a partir del día siguiente al que surtió efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, atendiendo a las reglas que rijan dicha actuación. Por otro lado, también es factible que transcurra desde al día siguiente en que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de los actos impugnados o de su ejecución y finalmente, al día siguiente en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Cabe señalar, que el supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación respectiva, es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las partes involucradas. En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercer regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia Registro digital: 165582 "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Además, es importante precisar que si bien el primer párrafo del ordinal 17 referido, precisa como regla general que el juicio de amparo, debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que haya acontecido alguno de los tres supuestos apuntados; por su parte, las fracciones I, II, III y IV prevén diversos supuestos en los que se actualiza una excepción a dicha regla, a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Una vez reseñado lo anterior, conviene reiterar que el acto reclamado que se analiza en este apartado consiste en la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que se declaró prescrita la acción del quejoso José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio natural, por lo cual es dable concluir que no encuentra en ninguno de los supuestos de excepción invocados. De ahí, que para verificar si la presentación de la demanda de amparo promovida en su contra fue oportuna debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, que su impugnación en sede constitucional debió realizarse dentro del plazo de quince días hábiles. Ahora, de las constancias procesales que integran el juicio laboral JLP-06/2012, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en específico de la constancia actuarial visible a foja 108, se obtiene que la resolución interlocutoria tildada de inconstitucional se notificó personalmente al ahora quejoso el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, notificación que surtió efectos ese mismo día, en términos de lo establecido en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo vigente en aquél momento. Por ende, en el caso se actualiza el primero de los supuestos a los que se refiere el artículo 18 de la ley de la materia, consistente en que el plazo de quince días para la presentación del juicio de amparo debe comenzar a computarse a partir del día siguiente en que surtió efectos dicha notificación. De lo anterior, se obtiene que el plazo para interponer el juicio de amparo transcurrió del veintiséis de junio al dieciséis de julio de dos mil dieciocho, sin contar los días treinta de junio, uno, siete, ocho, catorce y quince de julio, por haber sido sábados y domingos, y por ende, inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el ahora quejoso José Camilo Ayala Romero, no reclamó la inconstitucionalidad de la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación apuntada, sino hasta el ocho de enero de dos mil veinte, fecha en que presentó la demanda de amparo que nos ocupa, es evidente que la misma se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia y, por ende, debe inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que ve a la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en el expediente JLP-06/2012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la legislación invocada. No pasa inadvertido para este Juzgador que el aquí quejoso pretendió combatir la resolución interlocutoria reclamada a través del juicio de amparo directo, el cual se radicó ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito bajo el número de expediente 314/2019, y se desechó por extemporáneo en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Datos que si bien no se advierten de las constancias procesales que integran el juicio laboral, constituye un hecho notorio para quien resuelve en la medida en que la determinación apuntada obra almacenada y capturada dentro del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia que enseguida se invoca: Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sin embargo tal circunstancia no incide en la conclusión alcanzada por este Juzgador, toda vez que si bien el ahora quejoso reclamó en un principio la resolución interlocutoria refutada de inconstitucional a través de una vía distinta a la que ahora nos ocupa y aquélla se declaró extemporánea; ello no impide que el citado promovente pueda combatirla esta vez por conducto del amparo indirecto, toda vez que en principio, el Tribunal Colegiado únicamente examinó la presentación oportuna de la demanda que en su momento le fue turnada sin que se haya pronunciado respecto a cuál de las dos vías establecidas en la Ley de Amparo era la procedente para reclamar la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Además de que en este caso, al no tratarse de la vía correcta para combatirla, la improcedencia del amparo no genera cosa juzgada. De ahí que aun cuando en aquél medio de control constitucional y en el presente juicio de amparo se llegó a la misma conclusión con respecto a la presentación oportuna de la demanda, tales decisiones corresponden a juicios de amparo distintos, máxime que quien resuelve considera que es competente para conocer de la presente demanda. Segunda causal de improcedencia. Por lo que ve al segundo de los actos reclamados, consistente en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se acordó favorable la solicitud del tercero interesado de requerir la entrega a la depositaria del bien mueble embargado con motivo de la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio natural -reclamado por ambos quejosos Febel LLubicela Pimentel Rocha y José Camilo Ayala Romero-, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Ello en atención a que dicho proveído es consecuencia de un acto consentido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la ley de la materia que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitrios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Luego, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el siguiente criterio: "Instancia: Pleno Quinta Época Materia(s): Común Tesis: 17 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 12 Tipo: Jurisprudencia Registro digital: 393973 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De tales premisas normativas, se obtiene que por disposición jurisprudencial obligatoria, el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de aquéllos actos emitidos en consecuencia de actuaciones diversas que deban considerarse como actos consentidos en términos de lo establecido en la Ley de Amparo, es decir, contra aquéllos que no se hubieren reclamado por ese medio dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. Por otro lado, conviene recapitular que el acto de autoridad materia de análisis consiste en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó a la depositaria la entrega del bien mueble embargado en autos, con motivo de la ejecución del laudo condenatorio que resolvió el juicio laboral de origen. Además, es menester destacar que con anterioridad al dictado de dicho proveído, se emitió la resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que la misma junta laboral declaró prescrita la acción del trabajador, aquí quejoso, José Camilo Ayala Romero para solicitar la ejecución del laudo y ordenó el archivo del asunto. Con esas bases, es dable afirmar que el proveído materia de análisis en el presente apartado guarda una estrecha relación con la referida resolución interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, pues la orden de entrega del bien mueble embargado en la etapa de ejecución del laudo, en esencia obedeció a que en la interlocutoria apuntada se declaró precisamente la prescripción de los derechos para ejecutar dicha resolución definitiva. De manera que la consecuencia lógica, forzosa y necesaria de este último pronunciamiento fue dejar sin efecto la garantía de pago del laudo cuya exigibilidad prescribió, ordenando la entrega del bien embargado con motivo del ejercicio de tales derechos de ejecución. Lo que implica que en el caso existe una estrecha relación de causa y efecto entre ambos actos, al grado que el acuerdo reclamado constituye una simple consecuencia de la decisión primigenia de declarar la prescripción de los derechos del quejoso para ejecutar el laudo condenatorio dictado en autos Ahora bien, conviene recordar que como ya se explicó en el primer apartado del presente considerando, la resolución interlocutoria apuntada tiene la calidad de un acto consentido tácitamente al no haberse impugnado oportunamente. De ahí que si el acuerdo reclamado de siete de noviembre de dos mil diecinueve constituye una consecuencia directa de una diversa determinación que implícitamente fue consentida por los quejosos, no es válido que estos pretendan combatir aquéllos requerimientos encaminados a materializar las consecuencias jurídicas de una actuación respecto a la cual previamente ya manifestaron su plena conformidad. De manera que si los ahora quejosos estiman que fue incorrecta y violatoria de sus derechos fundamentales lo ordenado en el sentido de requerir la entrega del bien mueble embargado en autos, entonces debió de combatir oportunamente a través del juicio de amparo la decisión primigenia de declarar la prescripción de los derechos de ejecución sobre el laudo que resolvió el juicio natural, pues lógicamente una consecuencia jurídica de esta decisión es ordenar la entrega del bien inmueble embargado con motivo del ejercicio de tales derechos de ejecución. De ahí que si los promoventes del amparo no reclamaron en tiempo la decisión de prescribir sus derechos para ejecutar el laudo reclamado, los actos posteriores que se traduzcan en la materialización de las consecuencias jurídicas de dicha determinación deben considerarse derivados de uno consentido, como en el caso lo constituye el aquí reclamado. Es aplicable la tesis la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXI, Tercera Parte, página 11 Tipo: Aislada Registro digital: 265101 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." En consecuencia, si el acto reclamado deriva de otro consentido, es razonable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 217 de la Ley de Amparo; razón por la cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, en el expediente JLP-06/2012. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que, al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Febel LLubicela Pimentel Rocha y José Camilo Ayala Romero, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil veintiuno. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación levantada por la secretaria de la adscripción de los que se desprende que el cuatro de octubre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, misma que fue celebrada por el licenciado Leonel López Pérez, quien hasta el treinta de noviembre de la presente anualidad, desempeñaba funciones de Juez de Distrito a cargo de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Así como que a la fecha no se ha emitido el fallo relativo. Sin embargo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Circunstancia anterior que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes y previa formación del cuadernillo correspondiente, en estricta observancia al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 119/2020, que en lo conducente dice: "(.) Por lo tanto, a juicio de esta Segunda Sala sí se debe notificar a las partes del cambio de titular del órgano jurisdiccional que dictará el fallo respectivo. Razonar en otro sentido implica hacer, por un lado, caso omiso a lo señalado por el artículo 70, en el sentido de que las partes pueden formular el impedimento correspondiente y, por el otro, implica hacer nugatorio el derecho de las partes a formular un impedimento respecto de un Juez determinado pues, de no notificarles el cambio de titular, las partes sólo conocerán quién dictó la sentencia o resolución, una vez que conozcan su contenido, y esté firmada por el nuevo titular y autorizada por el secretario, llevándose la incorrecta creencia, por la falta de la notificación correspondiente del cambio de titular, pues ellos estimarán que es el mismo que dictó los acuerdos previos a la sentencia o resolución. (.)" Anterior criterio que dio lugar a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 119/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, actualmente Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 23 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Tesis de jurisprudencia 104/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez." Misma que al no ser adversa al texto actual de la Ley de Amparo vigente, resulta de observancia obligatoria para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 217 y SEXTO transitorio de dicho ordenamiento. DICTADO DE LA RESOLUCIÓN. Por lo expuesto, una vez notificadas las partes del contenido del presente acuerdo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese por lista a la parte quejosa y de ser el caso a la tercero interesada y, por oficio a la autoridad responsable de conformidad con el artículo 26, fracciones II y III de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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