José Barajas Cruz
Expediente 1320/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1320/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Barajas Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. SE ORDENA AGREGAR Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, a través del cual rinde su informe previo, sin que proceda hacer pronunciamiento alguno al respecto, virtud a que en auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el mismo, aunado a que el veintidós de los actuales se dictó resolución interlocutoria dentro del presente cuaderno. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. SE ORDENA AGREGAR. Por otro lado, agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, a través del cual rinde el informe justificado en el presente asunto, sin que proceda hacer mayor pronunciamiento al respecto, virtud a que el auto de quince de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido proveyéndose lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1320/2023, promovido por José Barajas Cruz, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VII- 1320/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de octubre de la presente anualidad, JOSÉ BARAJAS CRUZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso reclama del Juez Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: ( El aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria de su propiedad de la Institución Bancaria BBVA, número de cuenta 0148093393, con número de cuenta CLABE 012533001480933934, aperturada en la sucursal 1239, con domicilio Guerrero 10, colonia Centro, Yurécuaro, Michoacán. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN, se advierte que negó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido acto a la autoridad citada, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a la referida autoridad, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN, se advierte la existencia del acto reclamado. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En ese sentido, se procede a verificar en los siguientes apartados que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por el juez responsable. (iii) Posibilidad se suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que se desbloquee la cuenta bancaria que refiere. Por su naturaleza, se trata de actos positivos, por lo que sí permite su paralización. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado que el bloqueo de la cuenta bancaria que precisa emana de un juicio dentro del cual no fue oído ni vencido; lo que ocasiona una afectación directa a su esfera jurídica. Esto es, se debe tener plena certeza de que el acto del que se duele la parte quejosa incide en su esfera jurídica; es decir, debe demostrar, por lo menos indiciariamente, que la cuentas por la que se duele se encuentra aperturada a su nombre en una institución bancaria que tiene su residencia en Yurécuaro, Michoacán; lo que acredita con la documental que anexó a su demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, en su conducente, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 956, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2011840, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el presente caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; y en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si se suspendiera el procedimiento de origen para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran y se ordenara el desbloqueo de la cuenta bancaria que por esta vía defiende, no parece, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de consumarse el acto reclamado, se vería afectada en su patrimonio y no podría disponer del recurso que alberga la cuenta bancaria que defiende para afrontar cualquier tipo de obligación pecuniaria, como lo son impuestos, derechos, etcétera. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia PC.I.A. J/ 10 C (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que expresa lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO O CONGELAMIENTO DE UNA CUENTA SI SE ACREDITA EN AUTOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LA RETRANSMITIÓ A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Ley de Amparo, que refieren el marco jurídico que actualmente rige y condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, a petición de parte, se aprecia que dicha medida cautelar se decretará siempre que la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; a su vez, su objeto se centra en los efectos que produce el acto reclamado, ya que son los que lesionan al solicitante de la medida, motivo por el cual, independientemente de que en la demanda de amparo se hubiese señalado como autoridad responsable a la autoridad ordenadora que emitió la orden de congelamiento de cuenta o a esta última como acto reclamado, si en autos está acreditada la existencia del acto por parte de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A", adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que retransmitió tal actuación, por estar dentro de sus facultades, procede decretar la medida cautelar, si se reúnen el resto de los requisitos establecidos por las normas aplicables." Entonces, por cumplirse con todos los requisitos analizados en los considerandos que preceden, y atendiendo a que con la constancia que hasta el momento consta en autos, no se advierte el motivo que generó el bloqueo de la cuenta a nombre del quejoso, ni lo resuelto en el controvertido de origen, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a José Barajas Cruz, la medida cautelar solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que actualmente se encuentran dentro del juicio de origen, y no se realicen actos que tiendan a la ejecución de la sentencia que en su caso se hubiese dictado. Asimismo, se descongelen o desbloqueen los recursos que excedan del monto de lo embargado o bloqueado y por lo necesario respecto de ello, siempre y cuando exista una orden de embargo líquida decretada en un asunto de naturaleza civil por las responsables. Sin embargo, no surtirá sus efectos para el caso de que se trate de un aseguramiento derivado de una orden emitida por autoridades penales; así como en exigencia del cobro de un crédito fiscal firme determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por organismos fiscales autónomos en ejercicio de sus facultades económico coactivas por el cobro de créditos fiscales. En la inteligencia de que la medida cautelar recae sobre la retención, bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria número 0148093393, con número de cuenta CLABE 012533001480933934, aperturada en la sucursal 1239, con sede en Yurécuaro, Michoacán a nombre de José Barajas Cruz. Siempre y cuando sea la orden proveniente estrictamente de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable. Apoya a lo anteriormente expuesto, la tesis siguiente: "Registro digital: 2022893 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: I.11o.C.126 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2841 Tipo: Aislada EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS. Cuando el acto reclamado lo constituye el embargo o aseguramiento de una cuenta bancaria por un monto específico, y no obstante ello se procede a congelar la totalidad de los recursos que existen en la cuenta respectiva, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, si la suspensión provisional fue solicitada por la quejosa, aunado a que con ésta no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, al no actualizase ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, pues no se paralizará el juicio de origen ni se impedirá la ejecución de la condena, pues la suspensión del acto reclamado sólo tendrá efecto por la cantidad decretada en autos. Ahora bien, permitir que la quejosa disponga de los fondos que excedan del monto por el que se decretó el embargo, no priva a la colectividad de un bien que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría, pues tal determinación sólo incide en los derechos de la quejosa, al permitirse, por virtud de la suspensión provisional, que prevalezca el aseguramiento de la cuenta sólo por la cantidad que se hubiere decretado en ejecución de la condena impuesta a la quejosa, y que el embargo se levante por el monto que exceda la cantidad por la que éste se ordenó, de tal forma que aquélla pueda disponer del monto excedente. Ello es así, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues no conceder la suspensión en los términos señalados, implica que la quejosa no pueda disponer de la totalidad de los recursos que existan en la cuenta sobre la que se decretó el embargo, no obstante que el aseguramiento se ordenó sólo por determinada cantidad. Lo anterior, sin que la concesión de la suspensión provisional implique vedar, en perjuicio de la tercero interesada, el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución General, pues la suspensión no tiene el efecto de que se levante el aseguramiento de la cantidad por la que se haya decretado el embargo, pues lo único que se está suspendiendo es el aseguramiento de la cuenta bancaria de la actora respecto del monto que exceda la cantidad por la que se haya decretado el embargo." Por otra parte, la suspensión de los actos reclamados no surtirá efectos si el bloqueo de la cuenta bancaria se emitió a partir del cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019978 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 87/2019 (10a.) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Para el caso de que los actos reclamados fueran emitidos con motivo de los supuestos establecidos en criterio jurisprudencial transcrito, las responsables tienen la carga procesal de exhibir la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva. Sin que la concesión de la medida cautelar impida a las autoridades correspondientes, la investigación y persecución de la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La suspensión que se concede surtirá sus efectos desde luego y estará vigente hasta en tanto se dicte auto que declare firme la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo principal. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Banco del Bienestar, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el propio quejoso, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la referida autoridad, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de la misma, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO." Determinación que habrá de notificarse al tercero interesado una vez que sea emplazado al juicio del que deriva el presente incidente de suspensión. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión DEFINITIVA, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a JOSÉ BARAJAS CRUZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando TERCERO de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a JOSÉ BARAJAS CRUZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando QUINTO de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1320/2023, promovido por José Barajas Cruz, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VII- 1320/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de octubre de la presente anualidad, JOSÉ BARAJAS CRUZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso reclama del Juez Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: ( El aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria de su propiedad de la Institución Bancaria BBVA, número de cuenta 0148093393, con número de cuenta CLABE 012533001480933934, aperturada en la sucursal 1239, con domicilio Guerrero 10, colonia Centro, Yurécuaro, Michoacán. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN, se advierte que negó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido acto a la autoridad citada, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a la referida autoridad, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICHOACÁN, se advierte la existencia del acto reclamado. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En ese sentido, se procede a verificar en los siguientes apartados que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por el juez responsable. (iii) Posibilidad se suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que se desbloquee la cuenta bancaria que refiere. Por su naturaleza, se trata de actos positivos, por lo que sí permite su paralización. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado que el bloqueo de la cuenta bancaria que precisa emana de un juicio dentro del cual no fue oído ni vencido; lo que ocasiona una afectación directa a su esfera jurídica. Esto es, se debe tener plena certeza de que el acto del que se duele la parte quejosa incide en su esfera jurídica; es decir, debe demostrar, por lo menos indiciariamente, que la cuentas por la que se duele se encuentra aperturada a su nombre en una institución bancaria que tiene su residencia en Yurécuaro, Michoacán; lo que acredita con la documental que anexó a su demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, en su conducente, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 956, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2011840, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el presente caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; y en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si se suspendiera el procedimiento de origen para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran y se ordenara el desbloqueo de la cuenta bancaria que por esta vía defiende, no parece, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de consumarse el acto reclamado, se vería afectada en su patrimonio y no podría disponer del recurso que alberga la cuenta bancaria que defiende para afrontar cualquier tipo de obligación pecuniaria, como lo son impuestos, derechos, etcétera. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia PC.I.A. J/ 10 C (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que expresa lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO O CONGELAMIENTO DE UNA CUENTA SI SE ACREDITA EN AUTOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LA RETRANSMITIÓ A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Ley de Amparo, que refieren el marco jurídico que actualmente rige y condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, a petición de parte, se aprecia que dicha medida cautelar se decretará siempre que la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; a su vez, su objeto se centra en los efectos que produce el acto reclamado, ya que son los que lesionan al solicitante de la medida, motivo por el cual, independientemente de que en la demanda de amparo se hubiese señalado como autoridad responsable a la autoridad ordenadora que emitió la orden de congelamiento de cuenta o a esta última como acto reclamado, si en autos está acreditada la existencia del acto por parte de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A", adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que retransmitió tal actuación, por estar dentro de sus facultades, procede decretar la medida cautelar, si se reúnen el resto de los requisitos establecidos por las normas aplicables." Entonces, por cumplirse con todos los requisitos analizados en los considerandos que preceden, y atendiendo a que con la constancia que hasta el momento consta en autos, no se advierte el motivo que generó el bloqueo de la cuenta a nombre del quejoso, ni lo resuelto en el controvertido de origen, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a José Barajas Cruz, la medida cautelar solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que actualmente se encuentran dentro del juicio de origen, y no se realicen actos que tiendan a la ejecución de la sentencia que en su caso se hubiese dictado. Asimismo, se descongelen o desbloqueen los recursos que excedan del monto de lo embargado o bloqueado y por lo necesario respecto de ello, siempre y cuando exista una orden de embargo líquida decretada en un asunto de naturaleza civil por las responsables. Sin embargo, no surtirá sus efectos para el caso de que se trate de un aseguramiento derivado de una orden emitida por autoridades penales; así como en exigencia del cobro de un crédito fiscal firme determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por organismos fiscales autónomos en ejercicio de sus facultades económico coactivas por el cobro de créditos fiscales. En la inteligencia de que la medida cautelar recae sobre la retención, bloqueo o congelamiento de la cuenta bancaria número 0148093393, con número de cuenta CLABE 012533001480933934, aperturada en la sucursal 1239, con sede en Yurécuaro, Michoacán a nombre de José Barajas Cruz. Siempre y cuando sea la orden proveniente estrictamente de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable. Apoya a lo anteriormente expuesto, la tesis siguiente: "Registro digital: 2022893 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: I.11o.C.126 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2841 Tipo: Aislada EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS. Cuando el acto reclamado lo constituye el embargo o aseguramiento de una cuenta bancaria por un monto específico, y no obstante ello se procede a congelar la totalidad de los recursos que existen en la cuenta respectiva, se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, si la suspensión provisional fue solicitada por la quejosa, aunado a que con ésta no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, al no actualizase ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, pues no se paralizará el juicio de origen ni se impedirá la ejecución de la condena, pues la suspensión del acto reclamado sólo tendrá efecto por la cantidad decretada en autos. Ahora bien, permitir que la quejosa disponga de los fondos que excedan del monto por el que se decretó el embargo, no priva a la colectividad de un bien que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría, pues tal determinación sólo incide en los derechos de la quejosa, al permitirse, por virtud de la suspensión provisional, que prevalezca el aseguramiento de la cuenta sólo por la cantidad que se hubiere decretado en ejecución de la condena impuesta a la quejosa, y que el embargo se levante por el monto que exceda la cantidad por la que éste se ordenó, de tal forma que aquélla pueda disponer del monto excedente. Ello es así, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues no conceder la suspensión en los términos señalados, implica que la quejosa no pueda disponer de la totalidad de los recursos que existan en la cuenta sobre la que se decretó el embargo, no obstante que el aseguramiento se ordenó sólo por determinada cantidad. Lo anterior, sin que la concesión de la suspensión provisional implique vedar, en perjuicio de la tercero interesada, el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución General, pues la suspensión no tiene el efecto de que se levante el aseguramiento de la cantidad por la que se haya decretado el embargo, pues lo único que se está suspendiendo es el aseguramiento de la cuenta bancaria de la actora respecto del monto que exceda la cantidad por la que se haya decretado el embargo." Por otra parte, la suspensión de los actos reclamados no surtirá efectos si el bloqueo de la cuenta bancaria se emitió a partir del cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019978 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 87/2019 (10a.) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Para el caso de que los actos reclamados fueran emitidos con motivo de los supuestos establecidos en criterio jurisprudencial transcrito, las responsables tienen la carga procesal de exhibir la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva. Sin que la concesión de la medida cautelar impida a las autoridades correspondientes, la investigación y persecución de la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La suspensión que se concede surtirá sus efectos desde luego y estará vigente hasta en tanto se dicte auto que declare firme la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo principal. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Banco del Bienestar, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el propio quejoso, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la referida autoridad, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de la misma, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO." Determinación que habrá de notificarse al tercero interesado una vez que sea emplazado al juicio del que deriva el presente incidente de suspensión. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión DEFINITIVA, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a JOSÉ BARAJAS CRUZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando TERCERO de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a JOSÉ BARAJAS CRUZ, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando QUINTO de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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