José Aurelio Florentino Rojas Zepeda
Expediente 778/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Aurelio Florentino Rojas Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 124 a 127), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de octubre al siete de noviembre de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, como ya no es necesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en copia certificada del toca de apelación 821/2017 de su índice y el original de la causa penal 176/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con las que se formaron los anexos I y II, se ordena devolver dichas constancias a la Sala Penal citada; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo toda vez que la autoridad mencionada se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en los acuses de recibo de dichas misivas, se haga constar la entrega de los documentos descritos.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA A TGRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 120), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 61 a 77), se concedió el amparo y protección a José Aurelio Florentino Rojas Zepeda para el efecto de que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dada las irregularidades advertidas en la resolución reclamada; en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Aurelio Florentino Rojas Zepeda, para el efecto de que la Sala responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente en el toca 821/2017 de su índice: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el dos de abril de dos mil dieciocho; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el agraviado, en los términos precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales. En consecuencia, debido a que la resolución reclamada, es violatoria de derechos fundamentales por deficiencias de carácter formal, esta autoridad Federal legalmente se encuentra impedida para analizar el fondo del asunto, ya que de hacerlo lejos de analizar la constitucionalidad o legalidad de ese acto, supliría las deficiencias del mismo; por ello, es la autoridad responsable quien debe subsanar dichas omisiones, además de que es la competente primigenia en términos del artículo 16 constitucional." En acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 99 a 101), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 5080 de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 113), la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en esa data en el toca de apelación 821/2017 de su índice (fojas 114 a 119). Documental a la que se le valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de dos de abril de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 821/2017 de su índice (foja 115). 2. El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, la dictó otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que confirmó la resolución incidental de trece de octubre de dos mil diecisiete, materia de la alzada, en la que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, negó la modificación de la medida cautelar impuesta a José Aurelio Florentino Rojas Zepeda, en el proceso 176/2016 del índice de ese juzgado, pero atendió integralmente los agravios esgrimidos por el peticionario de amparo en dicho recurso de apelación. En principio es necesario reiterar que los agravios que José Aurelio Florentino Rojas Zepeda hizo valer ante la Sala responsable pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1. No existe prueba que demuestre que el quejoso puede sustraerse a la acción de la justicia, pues hasta antes de su detención contaba con arraigo suficiente en la ciudad de Puebla -trabajo estable, domicilio con una familia a quien mantener-, aunado a que el Ministerio Público conforme a las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no recabó pruebas que demostrara la referida situación. 2. Es procedente resolver el incidente no especificado a favor del peticionario del juicio de garantías, toda vez que se realizó antes de dictada sentencia definitiva. 3. El juez de la causa negó el beneficio de la sustitución de la prisión preventiva por diversas medidas cautelares, ello atendiendo a que el proceso 176/2016 inició con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el que el proceso deberá concluirse bajo la legislación local aplicable al momento de su inicio -Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social-, sin embargo, la ley secundaria contiene dispositivos legales que permiten la aplicación del artículo quinto transitorio del Código Nacional en cita. 4. Se violaron los derechos del procesado, en específico el artículo 14 constitucional, toda vez que no se permitió la aplicación de una ley posterior en su beneficio. 5. Que es su pretensión garantizar el pago de la reparación del daño a la parte ofendida. a) Por cuanto hace al agravio destacado con el numeral uno (1), la autoridad responsable expresó que consideró acertado que el Juez de primera instancia no cambiara la prisión preventiva por una diversa medida cautelar de menor gravedad o bien, que no haya optado por terminarla, ya que consideró correcta la valoración que otorgó a la evaluación de riesgo que aportó el Ministerio Público como prueba y en la que se determinó que existe posibilidad de riesgo de sustracción de la justicia por parte del encausado, y al no advertir prueba alguna que demuestre lo contrario, apoyó la postura adoptada por el juez natural (foja 117 vuelta). También consideró correcto que el juez haya tomado en consideración la penalidad contemplada para el delito que se imputa al apelante, ya que en caso de resultar responsable en su comisión (condena) no podría acceder al beneficio de conmutación de la pena, en virtud de que la sanción prevista para ese injusto penal sobrepasa los cinco años de prisión que prevé el artículo 100 del Código sustantivo penal para la conmutación de la pena, lo que consideró suficiente para considerar que el peticionario de amparo pudiera evadir la acción de la justicia (foja 118). b) En relación con el argumento identificado con el arábigo dos (2), la Sala responsable señaló que el juzgador natural, con base en los artículos 1, 7 y 13 del Código adjetivo penal; 1 y 4 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, fracción II, 3, apartado I, 10, 41, segmento III y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, se declaró competente para conocer del incidente de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, señaló que el juez precisó la procedencia del incidente con base en el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, al estimar que la causa penal de origen se encontraba pendiente de resolución firme, es decir, aún era objeto de prisión preventiva en ese asunto dentro de la vigencia del sistema de enjuiciamiento penal mixto, por lo que entró a su estudio conforme los lineamientos marcados en los artículos 153 a 171 del citado ordenamiento procesal penal nacional y al no encontrar satisfechos los requisitos legales, lo resolvió, por lo que consideró infundado ese agravio (fojas 116 y 116 vuelta). c) Relativo a los argumentos señalados con los números tres y cuatro (3 y 4), la Sala estableció que el juez de origen admitió por cuerda separada el incidente de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, ordenó notificar dicha determinación al representante social y a la parte ofendida para que intervinieran conforme al artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 116 vuelta). Señaló que el hecho de que el a quo declarara improcedente ese incidente no implica que haya transgredido la aplicación retroactiva de la ley a favor del peticionario de amparo, ni que se encuentre apartado del citado artículo Quinto transitorio, ya que el juez natural sí dio vista a las partes para que el Ministerio Público investigara y acreditara lo conducente y, una vez efectuado, el juez tomó en cuenta la evaluación de riesgo aportada por el representante social y resolvió negando la variación de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada (fojas 116 vuelta y 117). También apuntó que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal del Sexto Circuito, al tener por cumplido el fallo protector emitido en el juicio de amparo indirecto 264/2017-VI de su índice, estableció que el juez penal de origen observó las reglas contenidas en la disposición legal transitoria aludida, por lo que señaló que es infundado que el juzgador de primera instancia inobservó la aplicación retroactiva de la norma y que no siguió las pautas del nuevo procedimiento (fojas 117 y 117 vuelta). d) Finalmente, por cuando hace al argumento identificado con el número cinco (5) la Sala Penal responsable estableció que no trasciende en beneficio del peticionario de amparo que haya tenido la intención de garantizar la reparación del daño a la parte ofendida, debido a que ello no implica que efectivamente cumpla con sus obligaciones procesales, como lo es la comparecencia ante el juzgado de origen tantas veces como le sea requerido, debido a las razones que expuso anteriormente (fojas 118 y 118 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 120), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 61 a 77), se concedió el amparo y protección a José Aurelio Florentino Rojas Zepeda para el efecto de que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dada las irregularidades advertidas en la resolución reclamada; en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Aurelio Florentino Rojas Zepeda, para el efecto de que la Sala responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente en el toca 821/2017 de su índice: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el dos de abril de dos mil dieciocho; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el agraviado, en los términos precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales. En consecuencia, debido a que la resolución reclamada, es violatoria de derechos fundamentales por deficiencias de carácter formal, esta autoridad Federal legalmente se encuentra impedida para analizar el fondo del asunto, ya que de hacerlo lejos de analizar la constitucionalidad o legalidad de ese acto, supliría las deficiencias del mismo; por ello, es la autoridad responsable quien debe subsanar dichas omisiones, además de que es la competente primigenia en términos del artículo 16 constitucional." En acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 99 a 101), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 5080 de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 113), la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en esa data en el toca de apelación 821/2017 de su índice (fojas 114 a 119). Documental a la que se le valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de dos de abril de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 821/2017 de su índice (foja 115). 2. El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, la dictó otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que confirmó la resolución incidental de trece de octubre de dos mil diecisiete, materia de la alzada, en la que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, negó la modificación de la medida cautelar impuesta a José Aurelio Florentino Rojas Zepeda, en el proceso 176/2016 del índice de ese juzgado, pero atendió integralmente los agravios esgrimidos por el peticionario de amparo en dicho recurso de apelación. En principio es necesario reiterar que los agravios que José Aurelio Florentino Rojas Zepeda hizo valer ante la Sala responsable pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1. No existe prueba que demuestre que el quejoso puede sustraerse a la acción de la justicia, pues hasta antes de su detención contaba con arraigo suficiente en la ciudad de Puebla -trabajo estable, domicilio con una familia a quien mantener-, aunado a que el Ministerio Público conforme a las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no recabó pruebas que demostrara la referida situación. 2. Es procedente resolver el incidente no especificado a favor del peticionario del juicio de garantías, toda vez que se realizó antes de dictada sentencia definitiva. 3. El juez de la causa negó el beneficio de la sustitución de la prisión preventiva por diversas medidas cautelares, ello atendiendo a que el proceso 176/2016 inició con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el que el proceso deberá concluirse bajo la legislación local aplicable al momento de su inicio -Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social-, sin embargo, la ley secundaria contiene dispositivos legales que permiten la aplicación del artículo quinto transitorio del Código Nacional en cita. 4. Se violaron los derechos del procesado, en específico el artículo 14 constitucional, toda vez que no se permitió la aplicación de una ley posterior en su beneficio. 5. Que es su pretensión garantizar el pago de la reparación del daño a la parte ofendida. a) Por cuanto hace al agravio destacado con el numeral uno (1), la autoridad responsable expresó que consideró acertado que el Juez de primera instancia no cambiara la prisión preventiva por una diversa medida cautelar de menor gravedad o bien, que no haya optado por terminarla, ya que consideró correcta la valoración que otorgó a la evaluación de riesgo que aportó el Ministerio Público como prueba y en la que se determinó que existe posibilidad de riesgo de sustracción de la justicia por parte del encausado, y al no advertir prueba alguna que demuestre lo contrario, apoyó la postura adoptada por el juez natural (foja 117 vuelta). También consideró correcto que el juez haya tomado en consideración la penalidad contemplada para el delito que se imputa al apelante, ya que en caso de resultar responsable en su comisión (condena) no podría acceder al beneficio de conmutación de la pena, en virtud de que la sanción prevista para ese injusto penal sobrepasa los cinco años de prisión que prevé el artículo 100 del Código sustantivo penal para la conmutación de la pena, lo que consideró suficiente para considerar que el peticionario de amparo pudiera evadir la acción de la justicia (foja 118). b) En relación con el argumento identificado con el arábigo dos (2), la Sala responsable señaló que el juzgador natural, con base en los artículos 1, 7 y 13 del Código adjetivo penal; 1 y 4 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, fracción II, 3, apartado I, 10, 41, segmento III y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, se declaró competente para conocer del incidente de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, señaló que el juez precisó la procedencia del incidente con base en el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, al estimar que la causa penal de origen se encontraba pendiente de resolución firme, es decir, aún era objeto de prisión preventiva en ese asunto dentro de la vigencia del sistema de enjuiciamiento penal mixto, por lo que entró a su estudio conforme los lineamientos marcados en los artículos 153 a 171 del citado ordenamiento procesal penal nacional y al no encontrar satisfechos los requisitos legales, lo resolvió, por lo que consideró infundado ese agravio (fojas 116 y 116 vuelta). c) Relativo a los argumentos señalados con los números tres y cuatro (3 y 4), la Sala estableció que el juez de origen admitió por cuerda separada el incidente de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, ordenó notificar dicha determinación al representante social y a la parte ofendida para que intervinieran conforme al artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 116 vuelta). Señaló que el hecho de que el a quo declarara improcedente ese incidente no implica que haya transgredido la aplicación retroactiva de la ley a favor del peticionario de amparo, ni que se encuentre apartado del citado artículo Quinto transitorio, ya que el juez natural sí dio vista a las partes para que el Ministerio Público investigara y acreditara lo conducente y, una vez efectuado, el juez tomó en cuenta la evaluación de riesgo aportada por el representante social y resolvió negando la variación de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada (fojas 116 vuelta y 117). También apuntó que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal del Sexto Circuito, al tener por cumplido el fallo protector emitido en el juicio de amparo indirecto 264/2017-VI de su índice, estableció que el juez penal de origen observó las reglas contenidas en la disposición legal transitoria aludida, por lo que señaló que es infundado que el juzgador de primera instancia inobservó la aplicación retroactiva de la norma y que no siguió las pautas del nuevo procedimiento (fojas 117 y 117 vuelta). d) Finalmente, por cuando hace al argumento identificado con el número cinco (5) la Sala Penal responsable estableció que no trasciende en beneficio del peticionario de amparo que haya tenido la intención de garantizar la reparación del daño a la parte ofendida, debido a que ello no implica que efectivamente cumpla con sus obligaciones procesales, como lo es la comparecencia ante el juzgado de origen tantas veces como le sea requerido, debido a las razones que expuso anteriormente (fojas 118 y 118 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Jose Arturo Santander Zaragoza653/2017
- Jose Arturo Santander Zaragoza806/2017
- Jose Arturo Santander Zaragoza73/2017
- Jose Arturo Trinidad Gonzalez1158/2019
- Jose Asencion Guerra Perez571/2017
- Jose Aureliano Perez Perez626/2020
- Jose Austreberto Isidro Ortega Tellez611/2019
- JOSE BAÑOS LABASTIDA (DEFENSOR) y Otros.1184/2017
- Jose Barquin Cruz569/2019
- Jose Barrientos Gonzalez251/2022
- Jose Benjamin Perez Castillo1171/2018
- Jose Bernardino Zarate Morales1172/2017