Jose Benjamin Perez Castillo

Expediente 1171/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1171/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Jose Benjamin Perez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de siete de enero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 07 DE enero DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos, la comparecencia llevada a cabo con el quejoso José Benjamín Pérez Castillo, mediante la cual, ratifica la firma y el contenido del escrito registrado con el folio 25004, por lo que se provee, lo siguiente: Téngase al quejoso dando cumplimiento a lo ordenado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ya que precisó que comparece ante esta instancia constitucional en su carácter de víctima, dentro de la carpeta administrativa judicial o causa penal 1241/2018/PUEBLA, además, narró bajo protesta de decir verdad, cuáles son los antecedentes de los actos reclamados y precisó el mismo, siendo el siguiente: La falta de notificación al quejoso (en su carácter de víctima) o a su asesor jurídico de las audiencias de formulación de imputación, vinculación a proceso y cierre de investigación complementaria, llevadas a cabo dentro de la carpeta administrativa judicial o causa penal 1241/2018/PUEBLA, para acudir a defender sus derechos como víctima y por ende la nulidad de dichas audiencias. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, el suscrito juzgador Federal advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar a la autoridad responsable Jefe de Causa de la Casa de Justicia (Abraham Pérez Ramírez), con sede en la ciudad de Puebla, la falta de notificación al quejoso (en su carácter de víctima) o a su asesor jurídico de las audiencias de formulación de imputación, vinculación a proceso y cierre de investigación complementaria, llevadas a cabo dentro de la carpeta administrativa judicial o causa penal 1241/2018/PUEBLA, para acudir a defender sus derechos como víctima y por ende la nulidad de dichas audiencias; por tanto, es evidente que tales actos son susceptibles de ser impugnados a través del incidente innominado de nulidad de actos procedimentales, conforme a lo estipulado en los artículos 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente Capítulo. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición." Del contenido de los citados preceptos, se advierte que la parte que estime que un acto se haya realizado con violación a derechos humanos podrá acudir al Juez de Control a solicitar la declaración de nulidad, petición que deberá formularse por escrito dentro de los dos días siguientes a que se tenga conocimiento de la actuación cuya nulidad se reclama, y si se dio en una audiencia, dentro de ella se deberá pedir esa declaración. De ahí que la parte quejosa debió combatir los actos reclamados consistentes en la falta de notificación de las audiencias de formulación de imputación, vinculación a proceso y cierre de investigación complementaria, llevadas a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa o causa penal de origen y por consecuencia su nulidad, a través del incidente innominado de nulidad de actos procedimentales, y que traería como consecuencia declarar la nulidad de dichas audiencias; debiendo señalar el Juez de Control respectivo en su resolución los efectos de la declaratoria la nulidad, especificando los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado, según lo previsto en el artículo 101 del Código antes indicado, como a continuación se expone: "Artículo 101. Declaración de nulidad Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la norma, sino que se requiere, además, que: I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los intereses del sujeto afectado." En el caso, el quejoso puede promover el incidente innominado en estudio, pues el artículo 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo; y en el caso a la víctima u ofendido le asiste el derecho a intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico, y a ser restituido en sus derechos cuando éstos estén acreditados, de conformidad a lo establecido en el artículo 109, fracciones XV y XXIII, del citado código, por lo que está legitimado para interponer el incidente innominado de nulidad de actos dentro de un procedimiento. Por tanto, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo indirecto estaba obligada a agotar el incidente innominado de nulidad de actos procedimentales, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la nulificación de las audiencias de formulación de imputación, vinculación a proceso y cierre de investigación por su falta de notificación a las mismas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie, respecto del actos reclamado, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito al parecer signado por el quejoso José Benjamín Pérez Castillo, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito aclaratorio de cuenta, a simple vista difiere notoriamente con la signatura que calza la demanda de amparo, entonces, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese de acordar lo conducente a su contenido y, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta (con credencial oficial y vigente). Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito; hágase del conocimiento del promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el caso que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DOS DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito al parecer signado por el quejoso José Benjamín Pérez Castillo, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito aclaratorio de cuenta, a simple vista difiere notoriamente con la signatura que calza la demanda de amparo, entonces, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese de acordar lo conducente a su contenido y, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta (con credencial oficial y vigente). Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito; hágase del conocimiento del promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el caso que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."

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