Jose Arturo Santander Zaragoza

Expediente 806/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
806/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
09/10/2018

Partes del expediente

  • Jose Arturo Santander Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por José Sergio Anzures Ramos, apoderado general para pleitos y cobranzas de la tercera interesada Ada Hernández Castelán; y, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado de las constancias que indica en su escrito de cuenta, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintitrés de febrero al quince de marzo de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele la copia certificada de la causa penal 451/2016 (anexo I), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 42 a 115), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de ********************, para que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en la que decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, en los autos de la causa penal ********************, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 200, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos. b. Precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad que se imputa al procesado, aquí quejoso. c. Explicar con base en las pruebas que obran en el proceso penal, cómo se acreditó que el inculpado tuvo conocimiento completo y fehaciente del mandato de autoridad que se estimó incumplido, esto es, si los requerimientos se hicieron en el domicilio correcto, para que pudiera tener pleno conocimiento de lo requerido (que como elemento integrador del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad se requiere, conforme al contenido del artículo 200 de Código Penal para el Estado de Puebla). d. Respetar la congruencia interna que en toda resolución debe de observarse, para lo cual deberá constatar que en esa nueva resolución no existan consideraciones contradictorias. En el entendido de que, las incongruencias destacadas en esta sentencia, tuvieron como fin ilustrar el vicio de forma que dio lugar a la concesión del amparo, pero ello no implica que sean las únicas, por lo que, al dictar la resolución con la que dé cumplimiento, el juez de origen deberá ocuparse de subsanarlas todas; esto es, para acatar el fallo protector de garantías, la nueva resolución no deberá presentar consideraciones contradictorias. Cabe indicar, que para cumplimentar el fallo protector, la autoridad responsable queda constreñida a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al demandante constitucional, sino, únicamente que la responsable con libertad de jurisdicción, subsane las deficiencias formales destacadas. (.) Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla (incluyendo la identificación administrativa reclamada), en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios." Resolución contra la cual el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, encargado de los procesos nones interpuso recurso revisión (foja 137), el cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-285/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 246 a 292). Atento lo anterior, en auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables (fojas 293 a 295). Así por oficio 243/2018 de veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 308), se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, informando a esta autoridad que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario del quejoso ********************. Por otra parte, por oficio 242 de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 309 a 326), se tuvo al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitiendo copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 311). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a resolver la situación jurídica del quejoso ********************, decretándole auto de formal prisión por el delito de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por el artículo 200, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la administración de justicia. Determinación en la cual, el juez de la causa estableció los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicó las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos (fojas 311y 312). Igualmente, precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad que se imputa al procesado, aquí quejoso (fojas 321 vuelta y 322). Explicó, con base en las pruebas que obran en el proceso penal, cómo se acreditó que el inculpado tuvo conocimiento completo y fehaciente del mandato de autoridad que se estimó incumplido (fojas 319 vuelta y 320). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 15 DE febrero DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 42 a 115), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de ********************, para que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en la que decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, en los autos de la causa penal ********************, como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 200, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración de justicia; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos. b. Precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad que se imputa al procesado, aquí quejoso. c. Explicar con base en las pruebas que obran en el proceso penal, cómo se acreditó que el inculpado tuvo conocimiento completo y fehaciente del mandato de autoridad que se estimó incumplido, esto es, si los requerimientos se hicieron en el domicilio correcto, para que pudiera tener pleno conocimiento de lo requerido (que como elemento integrador del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad se requiere, conforme al contenido del artículo 200 de Código Penal para el Estado de Puebla). d. Respetar la congruencia interna que en toda resolución debe de observarse, para lo cual deberá constatar que en esa nueva resolución no existan consideraciones contradictorias. En el entendido de que, las incongruencias destacadas en esta sentencia, tuvieron como fin ilustrar el vicio de forma que dio lugar a la concesión del amparo, pero ello no implica que sean las únicas, por lo que, al dictar la resolución con la que dé cumplimiento, el juez de origen deberá ocuparse de subsanarlas todas; esto es, para acatar el fallo protector de garantías, la nueva resolución no deberá presentar consideraciones contradictorias. Cabe indicar, que para cumplimentar el fallo protector, la autoridad responsable queda constreñida a atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al demandante constitucional, sino, únicamente que la responsable con libertad de jurisdicción, subsane las deficiencias formales destacadas. (.) Por último, debe decirse que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla (incluyendo la identificación administrativa reclamada), en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios." Resolución contra la cual el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, encargado de los procesos nones interpuso recurso revisión (foja 137), el cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-285/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 246 a 292). Atento lo anterior, en auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables (fojas 293 a 295). Así por oficio 243/2018 de veintidós de enero de dos mil dieciocho (foja 308), se tuvo al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, informando a esta autoridad que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario del quejoso ********************. Por otra parte, por oficio 242 de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 309 a 326), se tuvo al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitiendo copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 311). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a resolver la situación jurídica del quejoso ********************, decretándole auto de formal prisión por el delito de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO LEGÍTIMO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por el artículo 200, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la administración de justicia. Determinación en la cual, el juez de la causa estableció los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicó las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos (fojas 311y 312). Igualmente, precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad que se imputa al procesado, aquí quejoso (fojas 321 vuelta y 322). Explicó, con base en las pruebas que obran en el proceso penal, cómo se acreditó que el inculpado tuvo conocimiento completo y fehaciente del mandato de autoridad que se estimó incumplido (fojas 319 vuelta y 320). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."

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