Jose Arturo Santander Zaragoza

Expediente 348/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
348/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Jose Arturo Santander Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que el quejoso y la autoridad tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 207 a 209), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de septiembre al quince de octubre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el anexo I que se formó con el duplicado del proceso penal 450/2016 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y autoridad tercero interesada mediante proveído de tres de septiembre de dos mi diecinueve (foja 201), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que desahogaran la vista concedida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión 157/2019 de su índice, revocó la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional y otorgó la protección federal al quejoso, para el efecto de que el 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: "A) Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve reclamada, dictada en el proceso 450/2016 de su índice, B) En su lugar, dentro del plazo que fija la ley, resuelva la situación jurídica de José Arturo Santander Zaragoza, para lo cual deberá: i) Limitarse al análisis de las circunstancias que se precisen en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializa el ejercicio de la acción penal; ii) Abstenerse de realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y la conducta atribuida al indiciado, que omitió precisar el órgano acusador; iii) Destacar la omisión en que incurrió el Ministerio Público y determine si ello impide constatar si se satisfacen o no los presupuestos jurídicos del cuerpo del delito y probable responsabilidad del inculpado, para estar en condiciones de decretar la formal prisión, conforme la jurisprudencia 66/2014 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; iv) A partir de lo anterior, decida la situación jurídica del inculpado aquí quejoso y, de ser el caso -si estima que no se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión- devuelva la indagatoria al Ministerio Público respectivo, proveyendo lo conducente, dado que el Ministerio Público puede subsanar las deficiencias que en su caso sean advertidas y solicitar la correspondiente orden de aprehensión al ser su atribución conforme el artículo 21 constitucional, porque en forma alguna se impide que con posterioridad el órgano acusador insista en el ejercicio de la acción penal. En el entendido de que la concesión del amparo se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, consistente en "la ejecución material que se pretende dar al auto de plazo constitucional. así como la expedición de la ficha de identificación administrativa y/o media filiación que se pretenda realizar" respecto del quejoso, virtud que se cuestiona a consecuencia del auto de formal prisión reclamado y no por vicios propios." (fojas 157 y 158). Por lo que, en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (fojas 160 a 162), se requirió su cumplimiento al juez penal responsable. Así, mediante oficios 3443 y 03491, el 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, comunicó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto, fotocopia certificada de la resolución pronunciada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 450/2016 de su índice; y, sus constancias de notificación a las partes Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de ésta, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 450/2016 de su índice; 2. En su lugar, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de José Arturo Santander Zaragoza, limitándose al análisis de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializó el ejercicio de la acción penal, destacando que el fiscal omitió señalar de manera correcta y concreta el hecho y conducta que estimaba actualizada con las pruebas obrantes en la indagatoria, así como las circunstancias concretas de comisión del mismo, pues de lo considerado por el fiscal en su consignación no se obtuvo cómo o de qué forma, en qué día y lugar se perpetraron los hechos materia de la averiguación previa (circunstancias de modo, tiempo, lugar), como tampoco la forma de participación del indiciado en su comisión, razón por la cual, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley a favor del aquí quejoso; Así lo asentó textualmente: "Ahora bien de lo transcrito y reseñado se advierte que el Ministerio Público investigador omitió precisar de manera correcta y concreta el hecho y conducta que estima se actualizaba con las pruebas que obran en la indagatoria, lo que implica que no se establecieron con precisión el hecho que se considera ilícito y que se le imputa al inculpado; ni las circunstancias concretas de la comisión del mismo, es decir, no se delimitan las circunstancias de comisión ni la atribución de responsabilidad probable al inculpado en su comisión, a fin de otorgar seguridad jurídica al inculpado, y pueda ejercer en forma efectiva el derecho adecuado de defensa. De lo considerado por el Agente del Ministerio Público investigador al determinar el ejercicio de la acción penal, no se obtiene cómo o de qué forma, en qué día y lugar se perpetraron los hechos materia de la averiguación previa (circunstancias de modo, tiempo, lugar), como tampoco de la forma de participación del indiciado en su comisión, al ser insuficiente, la cita de que es autor directo por ser quien ejecutó la misma, puesto que no se proporciona mayor referencia en torno a la conducta que se le atribuye desplegara. De modo que si en la resolución relativa al ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público es omiso en los términos aludidos, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de tonarse en revisor de la fiscalía ni con base en el análisis de las constancias de la indagatoria deducir y configurar los hechos y la conducta atribuida al hoy inculpado; el proceder contrario vulnera la esfera jurídica del inculpado, ya que no se da seguridad jurídica ante la omisión del órgano acusador sobre las causas por la que se pretende sea sujetado a proceso, y ello merma el ejercicio del derecho de adecuada defensa. De ahí que de las consideraciones apuntadas en la resolución de consignación aparecen insuficientes para tener por precisadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho delictivo que se atribuye al inculpado, esto es que la autoridad ministerial omite señalar cómo o de qué forma, en qué día, hora y lugar acontecieron los hechos materia de la investigación, aquello que constituye en forma clara y concreta el hecho que se actualiza el ilícito que se le imputa al inculpado. Así mismo el Ministerio Público consignador omite en torno a la probable responsabilidad que se atribuye al inculpable José Arturo Santander Zaragoza, porque el representante social omite expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión del hecho delictuoso y conducta imputada, no basta la mención del numeral relativo y que es autor directo por cuanto ha de exponer cuál es la conducta que desplegó (.)" (foja 182). 3. Lo que ordenó notificar al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; y, 4. Ordenó devolver el proceso al agente del Ministerio Público de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, a efecto de que continuara con el trámite correspondiente. Con esto, quedan subsanadas las deficiencias destacadas en la ejecutoria de amparo, porque el juez penal responsable ante la omisión en que incurrió el fiscal consignador tuvo por no acreditado el cuerpo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, sin que entrara al análisis de la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, porque al no existir delito no existe delincuente, devolviendo la indagatoria a éste para que continuara con su trámite. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2019, LA RESOLUCION DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y autoridad tercero interesada mediante proveído de tres de septiembre de dos mi diecinueve (foja 201), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que desahogaran la vista concedida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión 157/2019 de su índice, revocó la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional y otorgó la protección federal al quejoso, para el efecto de que el 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: "A) Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve reclamada, dictada en el proceso 450/2016 de su índice, B) En su lugar, dentro del plazo que fija la ley, resuelva la situación jurídica de José Arturo Santander Zaragoza, para lo cual deberá: i) Limitarse al análisis de las circunstancias que se precisen en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializa el ejercicio de la acción penal; ii) Abstenerse de realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y la conducta atribuida al indiciado, que omitió precisar el órgano acusador; iii) Destacar la omisión en que incurrió el Ministerio Público y determine si ello impide constatar si se satisfacen o no los presupuestos jurídicos del cuerpo del delito y probable responsabilidad del inculpado, para estar en condiciones de decretar la formal prisión, conforme la jurisprudencia 66/2014 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; iv) A partir de lo anterior, decida la situación jurídica del inculpado aquí quejoso y, de ser el caso -si estima que no se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión- devuelva la indagatoria al Ministerio Público respectivo, proveyendo lo conducente, dado que el Ministerio Público puede subsanar las deficiencias que en su caso sean advertidas y solicitar la correspondiente orden de aprehensión al ser su atribución conforme el artículo 21 constitucional, porque en forma alguna se impide que con posterioridad el órgano acusador insista en el ejercicio de la acción penal. En el entendido de que la concesión del amparo se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, consistente en "la ejecución material que se pretende dar al auto de plazo constitucional. así como la expedición de la ficha de identificación administrativa y/o media filiación que se pretenda realizar" respecto del quejoso, virtud que se cuestiona a consecuencia del auto de formal prisión reclamado y no por vicios propios." (fojas 157 y 158). Por lo que, en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (fojas 160 a 162), se requirió su cumplimiento al juez penal responsable. Así, mediante oficios 3443 y 03491, el 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, comunicó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto, fotocopia certificada de la resolución pronunciada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 450/2016 de su índice; y, sus constancias de notificación a las partes Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de ésta, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 450/2016 de su índice; 2. En su lugar, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, resolvió la situación jurídica de José Arturo Santander Zaragoza, limitándose al análisis de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializó el ejercicio de la acción penal, destacando que el fiscal omitió señalar de manera correcta y concreta el hecho y conducta que estimaba actualizada con las pruebas obrantes en la indagatoria, así como las circunstancias concretas de comisión del mismo, pues de lo considerado por el fiscal en su consignación no se obtuvo cómo o de qué forma, en qué día y lugar se perpetraron los hechos materia de la averiguación previa (circunstancias de modo, tiempo, lugar), como tampoco la forma de participación del indiciado en su comisión, razón por la cual, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley a favor del aquí quejoso; Así lo asentó textualmente: "Ahora bien de lo transcrito y reseñado se advierte que el Ministerio Público investigador omitió precisar de manera correcta y concreta el hecho y conducta que estima se actualizaba con las pruebas que obran en la indagatoria, lo que implica que no se establecieron con precisión el hecho que se considera ilícito y que se le imputa al inculpado; ni las circunstancias concretas de la comisión del mismo, es decir, no se delimitan las circunstancias de comisión ni la atribución de responsabilidad probable al inculpado en su comisión, a fin de otorgar seguridad jurídica al inculpado, y pueda ejercer en forma efectiva el derecho adecuado de defensa. De lo considerado por el Agente del Ministerio Público investigador al determinar el ejercicio de la acción penal, no se obtiene cómo o de qué forma, en qué día y lugar se perpetraron los hechos materia de la averiguación previa (circunstancias de modo, tiempo, lugar), como tampoco de la forma de participación del indiciado en su comisión, al ser insuficiente, la cita de que es autor directo por ser quien ejecutó la misma, puesto que no se proporciona mayor referencia en torno a la conducta que se le atribuye desplegara. De modo que si en la resolución relativa al ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público es omiso en los términos aludidos, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de tonarse en revisor de la fiscalía ni con base en el análisis de las constancias de la indagatoria deducir y configurar los hechos y la conducta atribuida al hoy inculpado; el proceder contrario vulnera la esfera jurídica del inculpado, ya que no se da seguridad jurídica ante la omisión del órgano acusador sobre las causas por la que se pretende sea sujetado a proceso, y ello merma el ejercicio del derecho de adecuada defensa. De ahí que de las consideraciones apuntadas en la resolución de consignación aparecen insuficientes para tener por precisadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho delictivo que se atribuye al inculpado, esto es que la autoridad ministerial omite señalar cómo o de qué forma, en qué día, hora y lugar acontecieron los hechos materia de la investigación, aquello que constituye en forma clara y concreta el hecho que se actualiza el ilícito que se le imputa al inculpado. Así mismo el Ministerio Público consignador omite en torno a la probable responsabilidad que se atribuye al inculpable José Arturo Santander Zaragoza, porque el representante social omite expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión del hecho delictuoso y conducta imputada, no basta la mención del numeral relativo y que es autor directo por cuanto ha de exponer cuál es la conducta que desplegó (.)" (foja 182). 3. Lo que ordenó notificar al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; y, 4. Ordenó devolver el proceso al agente del Ministerio Público de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, a efecto de que continuara con el trámite correspondiente. Con esto, quedan subsanadas las deficiencias destacadas en la ejecutoria de amparo, porque el juez penal responsable ante la omisión en que incurrió el fiscal consignador tuvo por no acreditado el cuerpo del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, sin que entrara al análisis de la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, porque al no existir delito no existe delincuente, devolviendo la indagatoria a éste para que continuara con su trámite. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos con el oficio 3491 signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y, visto su contenido, téngase a la citada autoridad responsable, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de agosto de esta anualidad en los autos del proceso penal 450/2016 de su estadística, así como de las constancias de notificación realizada a las partes de dicha resolución, por lo que téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento a los requerimientos efectuados el veintidós y veintinueve de agosto del presente año. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso 3443 y su anexo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.

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