José Antonio Velázquez Moreno

Expediente 1014/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1014/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Velázquez Moreno
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda promovida por ********** , no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes.Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, mismo que a letra dice: Celaya, Guanajuato, treinta de octubre de dos mil diecinueve. ? Registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo formulada por *********, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1014/2019-VII. ? Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ello en virtud de que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada . Bajo ese contexto, se advierte que el quejoso reclama, el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 2251/2019/L1/CB/IND de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, únicamente en lo relativo al apartado "QUINTO" en el que se admitió la prueba señalada como "[.] de AUDIO, contenida en el teléfono iPhone 8 plus, así como en USB Kingston [.]", así como la admisión del medio de perfeccionamiento consistente en el "RECONOCIMIENTO DE VOZ Y CONTENIDO a cargo de ********** a verificarse el ocho de octubre de dos mil diecinueve; así, después de analizar el acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional. Dichos preceptos respectivamente disponen: De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada [...]" De la interpretación armónica de dichos numerales se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. b) El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, de los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: I. Instancia de parte; y, II. Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará sólo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de derechos real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa. Lo anterior, en términos de la fracción XII del citado artículo 61, implica la existencia de un interés jurídico o legítimo del quejoso y su afectación. Lo que, a su vez, presupone la presencia de un derecho subjetivo público tutelado por el orden legal vigente en un lugar y época determinados (vida, libertad, propiedad, posesiones, etc.), susceptible de ser violado por el acto autoritario. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en la admisión de una prueba en la que el quejoso intervendrá (como sujeto auxiliar del proceso), lo cierto es que dicha admisión y citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del accionante del amparo, ello ya que por sí sola, no es un acto que afecte derecho sustantivo alguno, al tratarse de una admisión y comunicación para que se presente en calidad de órgano de prueba en relación con los hechos controvertidos en el juicio laboral de que se trata. No obsta a lo anterior el hecho de que en el citado auto se haya especificado que en caso de no comparecer, se haría acreedor a la imposición de la pena a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo , ya que ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y la autoridad señalada como responsable lo aplique. De ahí que contra dicho auto es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio que no afecta la libertad personal o algún otro derecho sustantivo del quejoso, con otras palabras, para que sea procedente el juicio de amparo, el acto reclamado debe trasgredir la esfera de derechos fundamentales del quejoso; ello en atención a que sus efectos y consecuencias únicamente se reflejarán en el juicio de origen, no así una intromisión o invasión a su individualidad, ni una afectación a su derecho sustantivo de la inviolabilidad del cuerpo y mente, tutelado en el artículo 16 Constitucional. Es aplicable a contrario sensu la tesis aislada XIX.2o.A.C.48 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2145, Tomo XXV, de Mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 172415, cuyo texto y rubro son: "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA. SU DESAHOGO ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. Cuando dentro del juicio se decreta la práctica de una prueba pericial en psicología a cargo de una de las partes, su desahogo, dada su especial naturaleza, constituye un acto de imposible reparación, en razón de que podría violar derechos fundamentales de la persona, desde la perspectiva de la invasión a su derecho a la intimidad e individualidad, de poner al descubierto cuestiones ajenas al objeto de esa prueba; por lo cual, en su contra procede el amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a efecto de someterlo a un inmediato análisis constitucional para que se determine su legalidad o ilegalidad." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, en sus fracciones XII y XXIII, de Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo; y 107, fracción I, constitucional, se desecha de plano la demanda presentada por**********, por ser notoriamente improcedente. ? Domicilio para recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en la calle*********, de esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional y de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Celaya, Guanajuato, treinta de octubre de dos mil diecinueve. ? Registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo formulada por *********, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1014/2019-VII. ? Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ello en virtud de que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada . Bajo ese contexto, se advierte que el quejoso reclama, el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 2251/2019/L1/CB/IND de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, únicamente en lo relativo al apartado "QUINTO" en el que se admitió la prueba señalada como "[.] de AUDIO, contenida en el teléfono iPhone 8 plus, así como en USB Kingston [.]", así como la admisión del medio de perfeccionamiento consistente en el "RECONOCIMIENTO DE VOZ Y CONTENIDO a cargo de ********** a verificarse el ocho de octubre de dos mil diecinueve; así, después de analizar el acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional. Dichos preceptos respectivamente disponen: De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada [...]" De la interpretación armónica de dichos numerales se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. b) El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, de los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: I. Instancia de parte; y, II. Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará sólo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de derechos real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa. Lo anterior, en términos de la fracción XII del citado artículo 61, implica la existencia de un interés jurídico o legítimo del quejoso y su afectación. Lo que, a su vez, presupone la presencia de un derecho subjetivo público tutelado por el orden legal vigente en un lugar y época determinados (vida, libertad, propiedad, posesiones, etc.), susceptible de ser violado por el acto autoritario. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en la admisión de una prueba en la que el quejoso intervendrá (como sujeto auxiliar del proceso), lo cierto es que dicha admisión y citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del accionante del amparo, ello ya que por sí sola, no es un acto que afecte derecho sustantivo alguno, al tratarse de una admisión y comunicación para que se presente en calidad de órgano de prueba en relación con los hechos controvertidos en el juicio laboral de que se trata. No obsta a lo anterior el hecho de que en el citado auto se haya especificado que en caso de no comparecer, se haría acreedor a la imposición de la pena a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo , ya que ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y la autoridad señalada como responsable lo aplique. De ahí que contra dicho auto es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio que no afecta la libertad personal o algún otro derecho sustantivo del quejoso, con otras palabras, para que sea procedente el juicio de amparo, el acto reclamado debe trasgredir la esfera de derechos fundamentales del quejoso; ello en atención a que sus efectos y consecuencias únicamente se reflejarán en el juicio de origen, no así una intromisión o invasión a su individualidad, ni una afectación a su derecho sustantivo de la inviolabilidad del cuerpo y mente, tutelado en el artículo 16 Constitucional. Es aplicable a contrario sensu la tesis aislada XIX.2o.A.C.48 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2145, Tomo XXV, de Mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 172415, cuyo texto y rubro son: "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA. SU DESAHOGO ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. Cuando dentro del juicio se decreta la práctica de una prueba pericial en psicología a cargo de una de las partes, su desahogo, dada su especial naturaleza, constituye un acto de imposible reparación, en razón de que podría violar derechos fundamentales de la persona, desde la perspectiva de la invasión a su derecho a la intimidad e individualidad, de poner al descubierto cuestiones ajenas al objeto de esa prueba; por lo cual, en su contra procede el amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a efecto de someterlo a un inmediato análisis constitucional para que se determine su legalidad o ilegalidad." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, en sus fracciones XII y XXIII, de Ley de Amparo, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo; y 107, fracción I, constitucional, se desecha de plano la demanda presentada por**********, por ser notoriamente improcedente. ? Domicilio para recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en la calle*********, de esta ciudad. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional y de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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