José Armando López Arellanes
Expediente 1141/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Armando López Arellanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y testimonio del fallo, con el cuaderno principal 1141/2021 del índice de este Juzgado, señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca del recurso de revisión ********************, así como de los autos originales del juicio constitucional 1141/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del contenido de esa resolución constitucional se advierte que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada en este asunto, por la cual se negó este juicio de amparo, en consecuencia, se provee lo siguiente: En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se negó el amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación citado. Finalmente, dado que resulta innecesaria la retención del disco versátil digital que contiene copia certificada de los registros de audio y video de la audiencia celebrada en la causa penal ********************del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por tanto, devuélvanse ese disco versátil digital para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se provee: Se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, acusando recibo de la remisión del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este asunto, el cual admitió a trámite y quedó registrado con el progresivo ******************** de su estadística. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta; en relación a su contenido, se provee: Se tiene al defensor público federal de la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone recurso de revisión contra el fallo emitido en este juicio de amparo y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios, el cuaderno principal y el medio de convicción aportado por la autoridad responsable al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese; personalmente al agente del ministerio público adscrito.
- Principal
" . . .S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1141/2021, promovido por ***, por conducto de su defensor público federal***, en contra de un acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez responsable, para emitir la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial *** en la se vinculó a proceso a ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley. I. ANTECEDENTES 1. De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se radicó la carpeta judicial ****, instruida en contra de *** por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley. 2. En audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, se calificó de legal la detención del imputado y la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. En atención a dicha solicitud y a petición de la defensa para que se resolviera en esa misma audiencia la situación jurídica de ***, el juez de origen determinó vincularlo a proceso por su probable participación en dichos ilícitos. (Determinación que constituye el acto reclamado) 3. En ese mismo acto la fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión justificada; empero, el juzgador federal disintió de dicha petición e impuso al imputado las diversas previstas en las fracciones I y II del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (presentación periódica quincenal y exhibición de garantía económica). II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 4. ***, por conducto de su defensor público federal ***, presentaron un escrito el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. 6. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 7. La demanda de amparo se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 1141/2021. Así, por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 11. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 12. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec: ? La determinación adoptada en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial *** en la que vinculó a proceso a ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley. V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 13. La existencia del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado, en el que reconoció la existencia del acto que se le atribuye. 14. Esa confesión se estiman suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 15. Lo que se corroboró con el disco versátil digital relativo a la carpeta judicial **** que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 16. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN 17. ***, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación en estudio los obliga a seguir su proceso bajo las medidas cautelares impuestas, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD 19. El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 20. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintiocho de septiembre y concluyó el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días dos, tres, nueve y diez de octubre de dos mil veintiuno, por ser sábados, domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. 21. En ese orden, al presentarse la demanda de manera electrónica el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno-como se aprecia de la evidencia criptográfica anexa, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA 22. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 23. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. 24. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." X. ESTUDIO DEL ASUNTO 25. En principio, cabe precisar que en esta sentencia no se ocupará del análisis constitucional del control de detención, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2017, señaló que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, toda vez que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, lo cierto es que se tratan de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad que rige el nuevo sistema de justicia penal. 26. Por ende, determinó que ante la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al Juez de amparo a examinar la calificación de la detención efectuada por el Juez de Control, pues para ello es necesario que también se reclame en la demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si, los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado, supuesto que no acontece en la especie, pues los impetrantes únicamente combatieron el auto de vinculación a proceso y la resolución que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de que sus conceptos de violación no están encaminados a controvertir la determinación en que se calificó de legal su detención. 27. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 76/2018 (10a.), que se originó con motivo de la referida contradicción de tesis, la cual a continuación se transcribe: "CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Esta Primera Sala tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención, indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el quejoso haya señalado como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilita al juez de amparo para que examine la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, será necesario que también la reclame en su demanda, a fin de que esté en aptitud de analizarla y determinar si los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esa tesitura, cuando el quejoso únicamente haya reclamado el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación exprese argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo deberá prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señale como acto reclamado el aludido control de la detención." 28. Bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere lo siguiente: i) La resolución deviene de una inadecuada fundamentación y motivación. ii) El informe policial homologado aportado por la fiscalía, por si solo es insuficiente para acreditar de manera probable el hecho que la ley señala como el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley. iii) Los datos de pruebas ofertados por la fiscalía no son aptos ni suficientes para tener por acreditado el hecho delictivo. iv) Toda vez que el vehículo donde se encontraba el inculpado no estaba en movimiento, no se encuentra acreditado el "desplazamiento" y por ende la transportación de los indocumentados. v) La fiscalía con los datos de prueba no acreditó el dolo en la comisión del hecho delictivo por parte del imputado. 29. Para determinar si existe vulneración de derechos humanos en contra de los aquí quejosos, debemos puntualizar que el acto controvertido en estudio es el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial de origen. 23. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 24. De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: 25. Requisitos de forma. Constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 26. Requisitos de fondo. Esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. 27. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. 28. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 29. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 30. Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." 31. El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. 32. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. 33. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil digital certificado que remitió la autoridad responsables, relativo a la carpeta judicial ***, se advierte lo siguiente: Audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno (minutos de grabación en el disco versátil digital) ? 01:04 - El Juez de control declara abierta la audiencia y se presentan las partes. ? 05:02 - La fiscalía solicita se califique de legal la detención. ? 18:18 - Se concede el uso de la voz a la defensa. ? 18:55 - El Juez califica de legal la detención. ? 21:12 - La fiscalía comienza con la formulación de la imputación. ? 25:40 - Una vez comentado con su defensor, el imputado se reserva el derecho a declarar. ? 25:50 - La fiscalía solicita se le vincule a proceso. ? 54:10 - El Juzgador cuestiona al imputado y su defensa, si es su deseo que se resuelva su situación jurídica en ese momento o desea solicitar la ampliación del término Constitucional. ? 54:40 - La defensa del imputado renuncia a la ampliación del término constitucional y desea que se resuelva su situación jurídica en ese momento. Seguidamente la defensa formula argumentos. ? 00:01:26 - El juez determina vincular a proceso a ***, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley. 34. De lo acontecido en la audiencia antes referida que este juzgador analiza, se llega a la conclusión que los conceptos de violación que hace valer la ahora parte quejosa devienen jurídicamente ineficaces. 35. Se afirma lo anterior, ya que contrario a lo que aduce, se respetó a los aquí quejosos el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se les trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor público federal; estuvo asistido de un traductor; se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste; su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias; y, su derecho a una impartición de justicia pronta. 36. También, contrario a lo que exponen, se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales , ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. 37. Publicidad. Dicha audiencia fue pública, ya que así se parecía y se hizo constar de las videograbaciones que remitió el juez del proceso en apoyo a su informe justificado. 38. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. 39. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. 40. Continuidad y concentración. En razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. 41. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." 42. Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados. 43. Para lo cual deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que el imputado lo cometió. 44. En ese contexto, del análisis de las audiencia en la cual se emitió la determinación reclamada, se advierte que con acierto el juez responsable, estimó que los hechos materia de imputación se describen como el delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley. 45. Ilícitos previstos en la Ley de Migración, los cuales son del tenor siguiente: "CAPÍTULO ÚNICO DE LOS DELITOS Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien: I. [.] II. [.] III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria. "Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen: I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior; II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, o III. [.] 46. En efecto, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable . 47. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. 48. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. 49. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 50. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. 51. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. 52. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. 53. Bien, los datos de prueba que aportó la Fiscalía, los cuales son los siguientes: i) Informe Policial Homologado de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por los elementos de la Policía Estatal Ministerial. ii) Dictamen de tránsito terrestre - identificación vehicular de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por perito de la Fiscalía General de la Republica. iii) Informe de investigación criminal de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, realizado por el elemento de la Policía Federal Ministerial. En dicho informe comprende a) Inspección en el lugar de los hechos; b) Inspección de objeto asegurado (dinero en efectivo por la cantidad de $5,888.00 cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos, moneda nacional); y, c) Inspección al vehículo motor. iv) Dictamen criminalístico de campo de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por perito en criminalística. v) Oficio 740/2021 suscrito por el Jefe de Dependencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración. vi) Oficio 1971/2021 de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la autoridad migratoria. vii) Entrevistas realizadas a los extranjeros por conducto del titular de la oficina en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración. viii) Documentación provisional de visitante por razones humanitarias por un lapso de treinta días, expedida a favor de los menores extranjeros, suscrita por la titular Instituto Nacional de Migración. 54. La defensa de los imputados no aportó dato de prueba alguno. 55. Por consiguiente, el juez de origen indicó que con los datos de prueba se acreditan de manera probable los hechos siguientes: "Se vinculó a proceso a ***. por el hecho narrado e imputado en audiencia, consistente en que fue detenido por elementos de la Policía Estatal alrededor de la 3:35 horas del 24 de septiembre de 2021, sobre la carretera Federal Internacional 190, aproximadamente en el kilómetro 177+500 del tramo Telixtlahuaca, a la altura del paraje Escobar, cuando transportó en un vehículo marca Chevrolet, Suburban, color café y con placas de circulación *** del Estado de México, a 12 personas extranjeras entre ellas 4 menores de edad, de nacionalidad salvadoreña y guatemalteca; conducta que realizó con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria" 56. Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia de los hechos que la ley señala como delito de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley, se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía, a título de probabilidad. 57. Sobre esa base, el juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como delitos de violación a la Ley de Migración, en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la citada ley y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad, con excepción de las entrevistas realizadas por la autoridad migratoria, ya que el juez federal de origen no les otorgó valor probatorio alguno, al considerarlas desapegadas a derecho. 58. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 59. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que el aquí quejoso ***, participó en los hechos que la ley describe como el delito de que se le imputa, hasta ese momento como autor directo de dicha conducta. 60. En efecto, de la información obtenida precisa que ***, probablemente el día de los hechos, conducía un vehículo de motor marca Chevrolet, modelo Suburban, color café y con placas de circulación *** del Estado de México, en el cual se encontraron doce personas extranjeras, sin documentos de identificación que acreditaran su estancia legal en el país, con el objeto de evadir la revisión migratoria y obtener un lucro. 61. Es decir, *** transportaba a doce personas extranjeras con estatus migratorio irregular por el territorio Mexicano, evadiendo a la autoridad migratoria correspondiente, lo que como bien lo indicó el juez de control responsable, a manera de probabilidad se advierte su participación en los hechos que la ley señala como delito. 62. De igual forma se comparte la actualización de las agravantes a que refiere el numeral 160 fracciones I y II, de la Ley de Migración. 63. De las personas extranjeras se encontraban cuatro menores de edad; de ahí, evidentemente se acredita a manera de probabilidad la primera de las agravantes en cita, es decir el ahora quejoso se encontraba transportando a tres infantes y un adolecente menores de edad. 64. Respecto a la diversa agravante estipulada en la fracción II del numeral 160 de la ley citada, a consideración de quien aquí resuelve, es correcto la apreciación del Juez de Control, ya que las condiciones en que eran transportados los extranjeros, probablemente ponían en peligro su salud e integridad física. 65. Lo anterior bajo el correcto argumento y apreciación ya que el vehículo de motor marca Chevrolet, modelo Suburban, color café y con placas de circulación NSN8014 del Estado de México, conducido por el peticionario de amparo, tenía capacidad para transportar a ocho pasajeros con las medidas de seguridad que ofrece el vehículo (cinturones de seguridad); sin embargo, se encontraron a doce personas, lo cual bajo las máximas de la experiencia, en el supuesto de un percance automovilístico, evidentemente su integridad física corre peligro. 66. Además, con acierto el juez de control indicó que es un hecho notorio que en la actualidad se atraviesa por una pandemia ocasionada por el virus COVID 19; por ende, en las condiciones que se encontraron a los extranjeros, en un vehículo con espacio reducido, sobrecargado y con evidencia que probablemente ya llevaban tiempo viajando por el territorio mexicano, ponían en riesgo su salud, ante el inminente alto riesgo de contagio de la enfermedad ocasionada por el ya citado virus. 67. Así, adverso a la pretensión de la parte solicitante del amparo, dicho hecho se encuentra hasta este momento acreditado de manera probable, con el informe policial homologado de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por los elementos de la Policía Estatal Ministerial; quienes por un lado, dieron razón de la mecánica de la detención del quejoso, y a su vez, precisaron que al realizarle una revisión en el interior del vehículo motor se encontraron a doce personas extranjeras, entre ellas cuatro menores de edad, de nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, con botellas de agua vacías y basura en su interior, sin presentar dichas personas documento alguno que acreditara su estancia legal en el país. 68. Lo anterior se apoyó con el informe de investigación criminal de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, realizado por el elemento de la Policía Federal Ministerial, el cual comprende a) Inspección en el lugar de los hechos; b) Inspección de objeto asegurado (dinero en efectivo por la cantidad de $5,888.00 cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos, moneda nacional); e, c) Inspección al vehículo motor, lo cuales refuerza lo descrito el informe homologado antes señalado. 69. En el que los elementos policiacos informan de manera detallada que los objetos que tuvieron a la vista coinciden con los descritos en el informe policía homologado, así como dan credibilidad del lugar donde se suscitó la detención y las condiciones del vehículo de motor en el que viajaban los extranjeros y el ahora quejoso. 70. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), consultable en la página 693, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica entre los medios de convicción que para efectos de valoración judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público mediante informes suscritos por los servidores públicos que las practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o parte informativo constituye un documento público, como a los que se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad. Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor." 71. Asimismo, la jurisprudencia 529, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 485, Tomo III, Penal Primera Parte- SCJN Sección-Adjetivo, Apéndice de 2011 de la Séptima Época, del contenido siguiente: "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron." 72. De igual forma, robustece lo expuesto el dictamen de tránsito terrestre - identificación vehicular de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por perito de la Fiscalía General de la Republica; y, el dictamen criminalístico de campo de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por perito en criminalística. 73. De ese modo, atendiendo a que los dictámenes realizados tienen congruencia externa y son apoyados con los diversos datos de prueba, por lo tanto genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. 74. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." 75. Seguidamente, como bien lo indicó el Juez de Control Federal y acertadamente otorgó valor probatorio a los oficios 740/2021 suscrito por el Jefe de Dependencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración y 1971/2021 de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la autoridad migratoria, en la que expone la situación irregular de estancia de los aludidos extranjeros. 76. Finalmente, se estima correcto la valoración otorgada a la documental que allegó la fiscalía a la carpeta de investigación suscrita por la titular Instituto Nacional de Migración, de la que se advierte que se otorgó documentación provisional de visitante por razones humanitarias por un lapso de treinta días, expedida a favor de los menores extranjeros. 77. De ahí que los datos de prueba relatados por la Fiscalía sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, la conducta desplegada por el imputado; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. 78. Se explica. 79. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. 80. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso , y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 81. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Publico o Fiscalía y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. 82. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." 83. Bien, como se adelantó los conceptos de violación expuestos por el Defensor Público Federal del quejoso, devienen jurídicamente ineficaces para conceder el amparo solicitado. 84. Tocante al marcado en el inciso i), relativo a que la resolución emitida por el Juez de Control Federal de origen emitió una resolución carente de una adecuada fundamentación y motivación, deviene jurídicamente ineficaz. 85. Como bien se precisó a lo largo de la presente sentencia de amparo, el acto reclamado no transgrede en perjuicio del quejoso derechos fundamentales previstos en el contenido del artículo 16 Constitucional, como lo refieren la parte quejosa, pues se observa que la resolución en estudio cumplió con los requisitos formales establecidos en tal precepto, ya que se encuentra fundada y motivada, porque en ella, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca citó los preceptos legales que prevén y sancionan la conducta típica atribuida a *** 86. Además, se expresaron las causas y razones que se tomaron en cuenta para concluir por qué, en concepto de la Juez de Control responsable, la conducta del aquí quejoso se adecuó a las hipótesis normativas contenidas en el numeral 159, fracción III, de la Ley de Migración, con los agravantes a que se refiere el numeral 160 fracciones I y II del mismo ordenamiento por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, además de que se plasmaron las consideraciones que demuestran su probable participación en los sucesos, extremos que se desprendieron tras concatenar el contenido de los datos de prueba expuestos por la fiscalía. 87. De ello se concluye que, en su aspecto formal, el Juzgador responsable fundó y motivó su resolución en la que determinó vincular a proceso al ahora quejoso ***. 88. Por lo que respecta a los conceptos de violación marcados en los incisos ii) y iii) los cuales refieren que el informe policial homologado aportado por la fiscalía, por si solo es insuficiente para acreditar de manera probable el hecho que la ley señala como el delito que se imputa a su defendido y los datos de pruebas ofertados por la fiscalía no son aptos ni suficientes para tener por acreditado dicho hecho delictivo, de igual forma es ineficaz jurídicamente, ya que a lo largo de esta sentencia se demostró lo contrario, lo cual a efecto de transcripciones innecesarias, se tienen por reproducidos dichos argumentos. 89. El concepto de violación marcado en el inciso iv), detalla que el vehículo donde se encontraba el inculpado y los extranjeros no estaba en movimiento; de ahí, no se encuentra acreditado el "desplazamiento" y por ende la transportación de los indocumentados. 90. Dicho argumento de igual forma es jurídicamente ineficaz. Ese argumento ya fue expuesto por la defensa en la audiencia origen del acto reclamado y este Juzgador de Amparo, es de la línea de pensamiento del Juez de Control de origen, al indicar que en la etapa del procedimiento en que se encontraban, así como el alcance de los datos con los que las partes cuentan en la etapa de investigación de la que forma parte la audiencia inicial (en la que se emitió el auto de vinculación a proceso), es indispensable apuntar que para la emisión de un auto de esa naturaleza no se requiere la comprobación, ni el análisis individualizado de cada uno de los elementos que intervienen en la configuración del tipo penal de que se trate. 91. Pues se insiste basta que de las consideraciones de la autoridad judicial y con los datos de prueba en que se apoye, de manera generalizada, se establezca que se cometió el hecho que la ley señala como delito. Así, se comparte con la responsable que los requisitos que exige el artículo 19 de la Constitución Política Federal, como los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se justifican en función de los datos de prueba aportados en esa fase preliminar por la representación social, que valorados bajo las reglas de la máxima experiencia y la lógica en términos de los numerales 261 y 265 del referido ordenamiento, permiten establecer que la conducta típica es la antes precisada. 92. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2388, registro 2017728, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." 93. El concepto de violación marcado en el inciso v), refiere que la fiscalía con los datos de prueba no acreditó el dolo en la comisión del hecho delictivo por parte del imputado. 94. De igual forma deviene ineficaz dicho argumento, ya que se reitera a la parte promovente del amparo atendiendo a la etapa en la que se encuentra el proceso penal, dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. 95. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. En apoyo a lo anterior es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2168, registro 2013696, Décima Época, de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. XI. DECISIÓN 96. De acuerdo con las consideraciones expuestas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. 97. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en contra del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
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