José Ariel González Medrano
Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Ariel González Medrano
- Juez Calificador de de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, en turno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 929/2023 promovido por ****, en contra del acto reclamado y las autoridades responsables que más adelante se precisarán. ANTECEDENTES. El quince de septiembre de dos mil veintitrés, la Policía Vial del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, puso a disposición del Juez Calificador en Turno de esa localidad, a *** , porque incurrió en una falta administrativa al conducir un vehículo en estado de ebriedad; por tanto, en esa misma fecha la segunda autoridad ordenó su arresto y dispuso su privación de libertad en los separos preventivos de la policía municipal. En esa misma fecha, el Juez Calificador en turno de Santa Lucía del Camino, en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que fue concedida al quejoso en el expediente en que se actúa, ordenó ponerlo en inmediata libertad. El justiciable señala que la actuación impugnada vulnera sus derechos fundamentales reconocido por los artículos 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veintitrés, ante la secretaria de acuerdos de guardia adscrita a este Juzgado Federal, ****, promovió juicio de amparo indirecto favor de ***, en contra del acto reclamado y de las autoridades responsables que se indicarán más adelante. Por acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal a quien por razón de guardia correspondió conocer del presente asunto, lo registró bajo el expediente 929/2023, proveyó sobre la suspensión de oficio y de plano, requirió al directo agravado para que manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida a su favor y solicitó a las autoridades responsables sus informes respecto del cumplimiento a la medida cautelar concedida. Una vez ratificada la demanda, mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Autoridad ordenadora Juez Calificador del Primer Turno de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. La privación de su libertad derivada del operativo alcoholímetro. Autoridades ejecutoras Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. Director de la Policía del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. La ejecución material de la orden privativa de libertad. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado, el Juez Calificador del Primer Turno, el Director de Seguridad Pública y Vialidad y el Director de la Policía Vial, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, debido al momento de la presentación de la demanda de amparo, la privación de libertad reclamada subsistía, lo cual se corrobora con las copias certificadas de la boleta de libertad de quince de septiembre de dos mil veintitrés, anexo al cumplimiento de la suspensión de plano y al informe justificado. Documental a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con los actos reclamados al Juez Calificador del Primer Turno, al Director de Seguridad Pública y Vialidad y al Director de la Policía Vial, todos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, consistente en la privación de la libertad del quejoso, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa privación de libertad, porque el Juez responsable ordenó la libertad del quejoso ********************, como se advierte de la boleta de libertad de quince de septiembre de dos mil veintitrés. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, de las documentales aportadas al expediente, se advierte que el Juez Calificador Municipal Segundo Turno, de Santa Lucía del Camino, mediante resolución de quince de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ***/***, determinó que el quejoso es responsable de la conducta consistente en conducir en estado de ebriedad en tercer período, conducir sin tarjeta de circulación o vencida y circular sin ambas placas; por lo cual le impuso como sanción tres multas, consistentes en: a) La primera, por la cantidad de $*** (***** centavos 00/100 moneda nacional), por circular sin ambas placas. b) La segunda, por la cantidad $*** (**** con *** 00/100 moneda nacional) por conducir sin tarjeta de circulación o esta vencida y licencia de conducir vencida. c) La tercera, por la cantidad de $**** (**** pesos con *** centavos 00/100 moneda nacional) y el pago de $*** (**** pesos 00/100 moneda nacional) por concepto del corralón. Además, la autoridad responsable, le hizo del conocimiento al quejoso que las multas impuestas podían ser conmutadas por servicio comunitario o por arresto de treinta y seis horas. Entonces, con lo antes reseñado, queda evidenciado que con motivo de la falta administrativa consistente en conducir en estado de ebriedad, se impusieron como sanción al quejoso, las multas antes relacionadas; motivo por el cual, la orden privativa de libertad cesó en sus efectos con el dictado de la resolución de quince de septiembre pasado, en el expediente administrativo ***/***. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Entonces, si el pasado quince de septiembre, se dejó en libertad al quejoso, como se advierte de la boleta de libertad correspondiente y al resolverse el expediente administrativo ***/*** del índice de la responsable, únicamente se impusieron multas como sanción al quejoso, haciéndole saber que podría conmutarlas con servicio comunitario o con un arresto de treinta y seis horas, es indudable que cesó en sus efectos la orden privativa de libertad reclamada. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto de los actos impugnados a las autoridades responsables. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que el justiciable reclamó al Juez Calificador del Primer Turno, del Director de la Policía Vial y del Director de Seguridad Pública y Vialidad, todos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado que antecede. NOTIFÍQUESE."
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUENO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONA, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las once horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las once horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, a la fecha transcurre el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes impongan del informe justificado rendido por la responsable. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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