José Asunción Hernández Cruz
Expediente 661/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Asunción Hernández Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, notifica la ejecutoria de diez de los corrientes dictada en el conflicto competencial 42/2023, en la que ese Tribunal Constitucional declaró legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por ******************** que dio origen al juicio de amparo 1004/2023 al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad de tal fallo y se toma conocimiento de la resolución dictada en el referido conflicto competencial. Por otro lado, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracción XXXVI, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, porque se ubica en la hipótesis establecida por su numeral 19, fracción I, inciso a), dado que se trata de un cuaderno de antecedentes en el que no se aceptó la competencia declinada; además, es un expediente que carece de relevancia documental al no actualizar alguno de los supuestos establecidos por el normativo 15 del Acuerdo General citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de seis meses contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, informa que se admitió a trámite el conflicto competencial 42/2023, planteado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito toma nota de lo anterior. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se tiene a la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informando que planteó ante el tribunal de alzada el conflicto competencial en relación a no haberse aceptado la competencia planteada por razón de territorio a favor de este juzgado. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional toma nota de lo anterior. No obsta a lo anterior, que del oficio de cuenta se advierta dirigido al juicio amparo indirecto ********************; pues, de su contenido, se desprende se dirige a este cuaderno de amparo ********************. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1ª /J 3/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página doscientos sesenta y cuatro, tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden". Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, al que se adjunta diversas constancias originales del juicio de amparo indirecto 1004/2023, en las que obra la demanda de amparo con firma autógrafa de José Asunción Hernández Cruz. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 661/2023. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta se advierte que el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que José Asunción Hernández Cruz, presentó, por las razones siguientes: Expuso diversos argumentos relacionados con las reglas de competencia previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo y argumentó lo siguiente: La ejecución de la resolución reclamada tendrá verificativo en Oaxaca, dado que es en ese lugar en el que se efectúa el pago de pensión al quejoso ********************. Lo que aduce se corrobora con el hecho de que a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Oaxaca, le reviste el carácter de demandada en el juicio de nulidad del que emana el acto reclamado, y es quien emitió la resolución con la que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio 3119/18-PC3-4, respecto de la cual el amparista promovió el recurso de queja al cual recayó la determinación que constituye el acto reclamado De ahí que el pago de la pensión con el incremento determinado a través de dicho juicio de nulidad tendrá ejecución en el domicilio del quejoso, el cual según se encuentra ubicado en calle Victoriano González numero quinientos cuarenta y nueve, colonia del Maestro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, según se aprecia en la documental que adjunta consistente en copia simple del oficio SP/DPSHT/JN/4470/2022 de cinco de octubre de dos mil veintidós, por el que el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Oaxaca, dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad del que emana el acto reclamado. Atendiendo a lo anterior, el órgano jurisdiccional referido, determinó que correspondía conocer del presente juicio a un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en cuya jurisdicción conlleva la ejecución del acto reclamado, ello de conformidad con los dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Al respecto, este Juzgador, respetuosamente, difiere de algunas de las consideraciones que sostuvo el diverso Juez Federal en el proveído inserto en el comunicado de cuenta, porque, se considera que en el caso no se actualiza las reglas de la competencia, por razón del territorio, establecidas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque hasta este momento no existen elementos objetivos que permitan afirmar esa situación, sino que en la especie cobra vigencia la distinta regla prevista por el último párrafo del citado precepto; por tanto, no acepta la competencia declinada a su favor en términos de lo estatuido por el ordinal 48, segundo párrafo, de la ley de la materia, dado que ese presupuesto procesal se surte a favor del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, que es el órgano jurisdiccional ante el cual se presentó la demanda de amparo, por las consideraciones siguientes: Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el justiciable ******************** combate los actos siguientes: De los Magistrados de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal de Justicia Administrativa, reclama: La expedición de la sentencia interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, del juicio contencioso administrativo 3119/18-PC3-4. Una vez establecido lo anterior, es pertinente decirse que la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el numeral 37 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)" VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme a lo anterior, la competencia por territorio del juez se fija a partir de tres supuestos: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, contrario a lo que afirma el juez exhortante, no se actualiza la primera de las hipótesis descritas, porque el acto reclamado en el juicio de amparo, no tiene ejecución. Para justificar lo anterior, en principio, debe calificarse el acto reclamado a fin de establecer si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. En otras palabras, es preciso advertir las consecuencias del acto reclamado a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por ende, ejecutables. El análisis de la ejecución se debe llevar a cabo vinculando los efectos de los actos reclamados con la garantía constitucional que se encuentre en juego, es decir, se deben ponderar las consecuencias directas que produce el acto, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. De lo anterior, se advierte que la ejecución o no, del acto impugnado juega un papel preponderante tomando en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. En este orden de ideas, del contenido integral de la demanda se aprecia que el reclamo del disidente se hace consistir en resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio contencioso administrativo 3119/18-PC3-4, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de origen; esto es, un acto que no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer; empero, es todo lo contrario, pues, se controvierte un rechazo de hacer lo solicitado por el quejoso consistente en, declarar de forma total el defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada a su favor, de ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no pueda considerarse como un acto positivo, sino como uno negativo, puesto que se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, sin modificar alguna situación o derecho existente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 68/2012 (10a.), emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2001260, del contenido literal siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material. Así como la diversa Jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), con número de registro digital 2021783, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Consecuentemente, la resolución que declara parcialmente infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, sólo constituye un acto negativo declarativo, porque no modifica ni altera el estado de cosas existentes, es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado, dada la negativa de la autoridad de declarar completamente fundado el defecto en el cumplimiento reclamado. Ahora bien, en el caso particular, el juez declinante parte de la consideración que la resolución reclamada eventualmente tendrá verificativo (ejecución) en Oaxaca, al ser éste el lugar donde se efectúa el pago de la pensión al quejoso, y donde tiene su residencia la parte demandada (subdelegación del ISSSTE); es decir, asimila la naturaleza del acto reclamado (resolución de 26 de abril de 2023) con el eventual perjuicio (pago de pensión) que puede ocasionarse al promovente del amparo, con lo cual considera que el acto reclamado tiene ejecución y que ésta tendrá verificativo en esta entidad federativa. Sin embargo, a consideración de este juzgador, contrario a lo que se afirma, la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emitida en el juicio contencioso administrativo 3119/18-PC3-4, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de origen, es un acto negativo que no tiene ejecución, lo cual es trascendente en razón que el eje principal del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en que apoyó su decisión el juez declinante es que el acto reclamado tiene ejecución. Por ello, a juicio de este juzgador, para fijar la competencia del conocimiento del asunto se debe de atender a la naturaleza misma del acto reclamado en el sentido de si se introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la ésta (omisivo), y no a si eventualmente causa o no perjuicio al particular. Por ello, a criterio de este juzgado, el acto reclamado es de carácter negativo carente de ejecución, y respecto de ese tipo de actos se actualizan la regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, de ahí que la competencia para conocer la determinación reclamada a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al no tener ejecución, corresponde Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien previno del asunto. En esos términos, con fundamento en lo establecido por los normativos 37, tercer párrafo, y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca no acepta la competencia declinada, dado que considera que ese presupuesto procesal se surte a favor del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que es el órgano jurisdiccional ante el cual se presentó la demanda de amparo originariamente. En consecuencia, se ordena devolver a ese Juzgado Federal las diversas constancias originales del juicio de amparo indirecto 1004/2023, en las que obra la demanda de amparo con firma autógrafa de ********************, para que determine si insiste o no en declinar su competencia; también se solicita el acuse de recibo respectivo y que comunique a este órgano jurisdiccional la decisión que adopte en términos de lo señalado por el dispositivo 48, segundo párrafo, de la ley de la materia. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con los instrumentos de cuenta y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a emitir un pronunciamiento en relación con los autorizados y el domicilio señalados por la parte quejosa, toda vez que no se aceptó la competencia declinada. Notifíquese.
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