José Arturo Garduño Gaspar
Expediente 964/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Arturo Garduño Gaspar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil dieciocho. DEVOLUCIÓN DE DISCO COMPACTO. Visto el estado de autos, de los que se desprende que obra un disco compacto que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en su carácter de Juez de Control, adjuntó como sustento de su informe justificado, del cual ya no es necesaria su retención por haberse concluido el presente juicio; en consecuencia, hágase la devolución de dicho disco a la autoridad de mérito, para los efectos legales procedentes. CUENTA CON AUTOS. Por otra parte, visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de quince de junio de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por José Arturo Garduño Gaspar; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 964/2017-III, promovido por José Arturo Garduño Gaspar, por propio derecho y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, en cuanto defensor particular, contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito; José Arturo Garduño Gaspar, por propio derecho y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, en cuanto defensor particular del primero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán, y otra autoridad, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la negativa por parte de la autoridad señalada como responsable de proceder a un acuerdo reparatorio, dentro de la Causa Penal 261/2017 de quien tuvo conocimiento el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en diligencia oral formal ante el Juez de control se nos hizo del conocimiento el día 26 de Septiembre de 2017, en lo medular el representante Legal de la paraestatal reitera su negativa a llegar a un acuerdo reparatorio, sin dar un sustento y menos fundamentación para llegar a tal caprichosa negativa.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el progresivo 964/2017-III, y en el mismo proveído previno a la parte promovente para que precisara el acto señalado como reclamado, lo cual satisfizo en su escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el veintisiete del mismo mes y año. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de treinta y uno de octubre del año mencionado, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien sí formuló pedimento. Asimismo, en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en Uruapan de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La negativa de la parte ofendida a celebrar un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 261/2017 que se instruye en contra del aquí quejoso, en el Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. La omisión del Juez de Control de implementar un acuerdo reparatorio como medida alternativa para solucionar conflictos y controversias, dentro de la citada causa penal. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, toda vez que al rendir su informe con justificación así lo manifestó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". La autoridad señalada como responsable, PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, rindió su informe justificado y señaló que no son ciertos los actos que se le reclaman; sin embargo, esa negativa se encuentra desvirtuada con lo manifestado por el juez responsable, en el sentido de que el asesor jurídico de la moral en cita, como parte ofendida dentro del proceso penal, se negó a aceptar la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, consistente en un acuerdo reparatorio propuesto por el imputado. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 628/92. Camilo Abrajan Moreno. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con el registro de audio y video que en disco óptico remitió el juez responsable, que contiene las videograbaciones de las audiencias de veintiséis de septiembre y dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece.". Además, el referido disco versátil digital no fue objetado por las partes en el presente juicio ni se ofreció prueba alguna que tuviera como propósito desvirtuar su contenido. Cabe destacar que de conformidad con el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de Amparo y, de acuerdo al proceso penal acusatorio, el disco óptico ha sido reproducido en su integridad a efecto de corroborar su contenido y apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Atento a lo anterior, en la especie, en cuanto al acto reclamado a PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, se aprecia la existencia de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos aludidos son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:[...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De la interpretación sistemática de los preceptos en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, contra actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 519.". La referida tesis, establece que en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o no, como autoridad responsable para efectos del amparo, porque con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano del Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce de manera unilateral facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha precisado que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: -La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; -Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, -Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); sino que alude a cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. También la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. No todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En el caso, este juzgador estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, pues el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, lo constituye en su negativa a celebrar un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 261/2017 que se instruye en contra del aquí quejoso, en el Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. Por tanto, si se tiene en cuenta que dicha entidad tiene reconocido el carácter de víctima dentro de la causa penal 261/2017 referida, y de ella reclama su negativa a celebrar un acuerdo reparatorio, es incuestionable que tal acto no puede reputarse como de autoridad, ya que en realidad se trata de un acto procesal dentro de la causa penal que se instruye en contra del aquí quejoso, donde tanto él y como la autoridad que ahora señala como responsable, son partes y, por tanto, sus actuaciones se guían bajo el principio de igualdad procesal que de ninguna manera puede reputarse como un acto de autoridad con las características que previamente quedaron descritas. De ahí que el acto reclamado a PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, no aconteció con el carácter de autoridad al gobernado (relación de supra a subordinación), sino que deriva de una actuación se guía por la igualdad procesal dentro de la causa penal de origen, máxime que la omisión reclamada, en cuanto a su contenido, se refiere a la libre voluntad que tienen las partes para que previo al dictado de la sentencia, celebren un acuerdo reparatorio, lo cual de ninguna manera debe ser entendido como un acto de autoridad o una obligación de las partes para someterse a un convenio. Luego entonces, los actos que provengan de dicho ente, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación e igualdad procesal, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, supuesto en el cual las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado. De lo anterior, se pone de manifiesto que lo que el quejoso señala como acto reclamado no tiene dicha naturaleza para efectos del juicio de amparo, y, consecuentemente, no son susceptibles de reclamarse a través del juicio constitucional; por ello, puede establecerse que también las autoridades señalada como autoridad responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, dado que la relación que dio origen al acto que se reclama, es meramente de coordinación, esto es, los sujetos se encuentran en un plano de igualdad procesal, resulta que el amparo es improcedente, en términos de la causal analizada. Por las mismas razones que se apuntan, se señala que el acto reclamado que se menciona no es equivalente a los de autoridad, en términos de la fracción II, artículo 5, de la Ley de Amparo, pues para que ello sea así debe contener los siguientes elementos: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, o en su caso lo omita; b) Que ese acto sea equivalente al de una autoridad, es decir, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, o que la omisión de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; c) Que con dicho acto u omisión afecte derechos en los términos señalados en el punto que antecede, y, d) Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005986 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.13 K (10a.) Página: 1887 "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 351/2013. Hermelinda Casales Bañuelos. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En ese orden de ideas, se advierte que, en este caso, el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas; ya que los actos reclamados, no acontecen en la calidad de autoridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley en cita. Por otra parte, en cuanto a la omisión que el aquí quejoso reclama al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Tiene aplicación la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 199808 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Página: 219 "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Neófito López Ramos.". En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, los cuales que derivan del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación. El acto que por esta vía se reclama consiste la omisión del Juez de Control de implementar un acuerdo reparatorio como medida alternativa para solucionar conflictos y controversias, dentro de la causa penal 261/2017 que se instruye en contra del aquí quejoso. Al respecto, tal como lo refirió el juez responsable, el imputado aquí quejoso optó por el procedimiento abreviado, cuya premisa es la voluntad de aquél y la aceptación de responsabilidad respecto del delito por el cual se le acusó. Lo anterior se corrobora con el registro de audio y video remitido en el disco versátil digital adjunto al informe justificado, en específico, en la videograbación que corresponde a la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, así como de la versión escrita de la sentencia que se pronunció en dicha audiencia, dentro de la causa penal 261/2017 del índice de la responsable; medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, en la videograbación de la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se advierte que el juez de control explicó al imputado las consecuencias legales que recaerían al proceso penal, así como lo atinente al juicio de amparo que ahora se resuelve, en relación al inicio del procedimiento abreviado (16:44-16:46). Por ello, el imputado reconoció estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, renunció al juicio oral y consintió la aplicación del procedimiento abreviado, por lo que aceptó ser sentenciado con base en los medios de convicción expuestos por la fiscalía en la acusación (17:28-17:31). Así las cosas, en la propia audiencia oral, el juez responsable procedió al dictado de la sentencia en contra del aquí quejoso, José Arturo Garduño Gaspar, respecto al delito por el cual se le decretó su vinculación a proceso, en la cual se impuso una pena de seis años, ocho meses de prisión y seis mil seiscientos sesenta y siete días multa. Con base en lo anterior, es incuestionable que lo resuelto produce un cambio de situación jurídica, en razón de que al haberse dictado sentencia condenatoria en su contra, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento, en específico, en cuanto a la omisión del Juez de Control de implementar un acuerdo reparatorio como medida alternativa para solucionar conflictos y controversias, dentro de la causa penal 261/2017. Es de aplicación exacta la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 161919 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Junio de 2011 Materia(s): Común Tesis: II.4o.P.10 P Página: 1188 "AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde deriva el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, bajo el principio proteccionista que rige el juicio de garantías, el análisis de la reclamación de tales actos debe regirse por el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, mientras no sea ajustado en su contenido respecto de dicho procedimiento; de ahí que el cambio de una etapa a otra en el juicio oral acusatorio adversarial en la entidad no actualiza un cambio de situación jurídica para efectos de la improcedencia del amparo, ya que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 188/2010. 18 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Olga María Josefina Ojeda Arellano. Secretaria: Guillermina Matías Garduño.". En virtud de lo anterior, es imposible decidir sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica (sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 261/2017), por lo que las violaciones atribuidas deben considerarse consumadas de un modo irreparable. En suma, al haber cambiado la situación jurídica, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En esa medida, la improcedencia aquí decretada impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que se transcribe: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 214, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Arturo Garduño Gaspar, por propio derecho y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, en cuanto defensor particular del primero, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisadas, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 964/2017-III, promovido por José Arturo Garduño Gaspar, por propio derecho y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, en cuanto defensor particular, contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O:PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito; José Arturo Garduño Gaspar, por propio derecho y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, en cuanto defensor particular del primero, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán, y otra autoridad, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la negativa por parte de la autoridad señalada como responsable de proceder a un acuerdo reparatorio, dentro de la Causa Penal 261/2017 de quien tuvo conocimiento el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en diligencia oral formal ante el Juez de control se nos hizo del conocimiento el día 26 de Septiembre de 2017, en lo medular el representante Legal de la paraestatal reitera su negativa a llegar a un acuerdo reparatorio, sin dar un sustento y menos fundamentación para llegar a tal caprichosa negativa.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el progresivo 964/2017-III, y en el mismo proveído previno a la parte promovente para que precisara el acto señalado como reclamado, lo cual satisfizo en su escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el veintisiete del mismo mes y año. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de treinta y uno de octubre del año mencionado, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien sí formuló pedimento. Asimismo, en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en Uruapan de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La negativa de la parte ofendida a celebrar un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 261/2017 que se instruye en contra del aquí quejoso, en el Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. La omisión del Juez de Control de implementar un acuerdo reparatorio como medida alternativa para solucionar conflictos y controversias, dentro de la citada causa penal. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, toda vez que al rendir su informe con justificación así lo manifestó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". La autoridad señalada como responsable, PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, rindió su informe justificado y señaló que no son ciertos los actos que se le reclaman; sin embargo, esa negativa se encuentra desvirtuada con lo manifestado por el juez responsable, en el sentido de que el asesor jurídico de la moral en cita, como parte ofendida dentro del proceso penal, se negó a aceptar la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, consistente en un acuerdo reparatorio propuesto por el imputado. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 628/92. Camilo Abrajan Moreno. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con el registro de audio y video que en disco óptico remitió el juez responsable, que contiene las videograbaciones de las audiencias de veintiséis de septiembre y dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece.". Además, el referido disco versátil digital no fue objetado por las partes en el presente juicio ni se ofreció prueba alguna que tuviera como propósito desvirtuar su contenido. Cabe destacar que de conformidad con el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de Amparo y, de acuerdo al proceso penal acusatorio, el disco óptico ha sido reproducido en su integridad a efecto de corroborar su contenido y apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Atento a lo anterior, en la especie, en cuanto al acto reclamado a PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, se aprecia la existencia de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos aludidos son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:[...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De la interpretación sistemática de los preceptos en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, contra actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Amparo en revisión 1195/92. Julio Oscar Trasviña Aguilar. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 519.". La referida tesis, establece que en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o no, como autoridad responsable para efectos del amparo, porque con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano del Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce de manera unilateral facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha precisado que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: -La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; -Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; -Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, -Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); sino que alude a cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. También la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. No todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En el caso, este juzgador estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, pues el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, lo constituye en su negativa a celebrar un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 261/2017 que se instruye en contra del aquí quejoso, en el Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán. Por tanto, si se tiene en cuenta que dicha entidad tiene reconocido el carácter de víctima dentro de la causa penal 261/2017 referida, y de ella reclama su negativa a celebrar un acuerdo reparatorio, es incuestionable que tal acto no puede reputarse como de autoridad, ya que en realidad se trata de un acto procesal dentro de la causa penal que se instruye en contra del aquí quejoso, donde tanto él y como la autoridad que ahora señala como responsable, son partes y, por tanto, sus actuaciones se guían bajo el principio de igualdad procesal que de ninguna manera puede reputarse como un acto de autoridad con las características que previamente quedaron descritas. De ahí que el acto reclamado a PEMEX LOGÍSTICA, Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, no aconteció con el carácter de autoridad al gobernado (relación de supra a subordinación), sino que deriva de una actuación se guía por la igualdad procesal dentro de la causa penal de origen, máxime que la omisión reclamada, en cuanto a su contenido, se refiere a la libre voluntad que tienen las partes para que previo al dictado de la sentencia, celebren un acuerdo reparatorio, lo cual de ninguna manera debe ser entendido como un acto de autoridad o una obligación de las partes para someterse a un convenio. Luego entonces, los actos que provengan de dicho ente, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación e igualdad procesal, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, supuesto en el cual las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado. De lo anterior, se pone de manifiesto que lo que el quejoso señala como acto reclamado no tiene dicha naturaleza para efectos del juicio de amparo, y, consecuentemente, no son susceptibles de reclamarse a través del juicio constitucional; por ello, puede establecerse que también las autoridades señalada como autoridad responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, dado que la relación que dio origen al acto que se reclama, es meramente de coordinación, esto es, los sujetos se encuentran en un plano de igualdad procesal, resulta que el amparo es improcedente, en términos de la causal analizada. Por las mismas razones que se apuntan, se señala que el acto reclamado que se menciona no es equivalente a los de autoridad, en términos de la fracción II, artículo 5, de la Ley de Amparo, pues para que ello sea así debe contener los siguientes elementos: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, o en su caso lo omita; b) Que ese acto sea equivalente al de una autoridad, es decir, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, o que la omisión de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; c) Que con dicho acto u omisión afecte derechos en los términos señalados en el punto que antecede, y, d) Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: Época: Décima Época Registro: 2005986 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.13 K (10a.) Página: 1887 "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 351/2013. Hermelinda Casales Bañuelos. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En ese orden de ideas, se advierte que, en este caso, el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas; ya que los actos reclamados, no acontecen en la calidad de autoridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley en cita. Por otra parte, en cuanto a la omisión que el aquí quejoso reclama al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Tiene aplicación la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 199808 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Página: 219 "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Neófito López Ramos.". En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, los cuales que derivan del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación. El acto que por esta vía se reclama consiste la omisión del Juez de Control de implementar un acuerdo reparatorio como medida alternativa para solucionar conflictos y controversias, dentro de la causa penal 261/2017 que se instruye en contra del aquí quejoso. Al respecto, tal como lo refirió el juez responsable, el imputado aquí quejoso optó por el procedimiento abreviado, cuya premisa es la voluntad de aquél y la aceptación de responsabilidad respecto del delito por el cual se le acusó. Lo anterior se corrobora con el registro de audio y video remitido en el disco versátil digital adjunto al informe justificado, en específico, en la videograbación que corresponde a la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, así como de la versión escrita de la sentencia que se pronunció en dicha audiencia, dentro de la causa penal 261/2017 del índice de la responsable; medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, en la videograbación de la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se advierte que el juez de control explicó al imputado las consecuencias legales que recaerían al proceso penal, así como lo atinente al juicio de amparo que ahora se resuelve, en relación al inicio del procedimiento abreviado (16:44-16:46). Por ello, el imputado reconoció estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, renunció al juicio oral y consintió la aplicación del procedimiento abreviado, por lo que aceptó ser sentenciado con base en los medios de convicción expuestos por la fiscalía en la acusación (17:28-17:31). Así las cosas, en la propia audiencia oral, el juez responsable procedió al dictado de la sentencia en contra del aquí quejoso, José Arturo Garduño Gaspar, respecto al delito por el cual se le decretó su vinculación a proceso, en la cual se impuso una pena de seis años, ocho meses de prisión y seis mil seiscientos sesenta y siete días multa. Con base en lo anterior, es incuestionable que lo resuelto produce un cambio de situación jurídica, en razón de que al haberse dictado sentencia condenatoria en su contra, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento, en específico, en cuanto a la omisión del Juez de Control de implementar un acuerdo reparatorio como medida alternativa para solucionar conflictos y controversias, dentro de la causa penal 261/2017. Es de aplicación exacta la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 161919 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Junio de 2011 Materia(s): Común Tesis: II.4o.P.10 P Página: 1188 "AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde deriva el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, bajo el principio proteccionista que rige el juicio de garantías, el análisis de la reclamación de tales actos debe regirse por el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, mientras no sea ajustado en su contenido respecto de dicho procedimiento; de ahí que el cambio de una etapa a otra en el juicio oral acusatorio adversarial en la entidad no actualiza un cambio de situación jurídica para efectos de la improcedencia del amparo, ya que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 188/2010. 18 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Olga María Josefina Ojeda Arellano. Secretaria: Guillermina Matías Garduño.". En virtud de lo anterior, es imposible decidir sobre la constitucionalidad de la omisión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica (sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 261/2017), por lo que las violaciones atribuidas deben considerarse consumadas de un modo irreparable. En suma, al haber cambiado la situación jurídica, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En esa medida, la improcedencia aquí decretada impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que se transcribe: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 214, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Arturo Garduño Gaspar, por propio derecho y Hugo Alejandro del Río Rodríguez, en cuanto defensor particular del primero, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisadas, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese.
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Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil dieciocho. SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOLICITADA. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló mediante diverso 7899, de veintiocho de mayo del año en curso, informa que la sentencia emitida el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete en el procedimiento abreviado decretado dentro de la carpeta administrativa 261/2017, seguida al aquí quejoso ********************, quedó firme desde el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes; lo anterior, sin perjuicio de no haberse emitido proveído por escrito que así lo declarara. De lo anterior este tribunal toma conocimiento, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. SE DA CUENTA CON EL ESTADO DE LOS AUTOS Y SE REQUIEREN CONSTANCIAS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se tuvo a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en su carácter de Juez de Control, rindiendo informe justificado en torno al acto que le fue reclamado por la parte quejosa. Ahora bien, entre las constancias que remitió la autoridad en cita como complemento de su informe justificado, obra la versión escrita de la sentencia condenatoria pronunciada dentro del procedimiento abreviado decretado dentro de la causa penal 261/2017 de su índice. Consecuentemente, para lograr la debida integración del juicio de amparo en que se actúa, y estar en condiciones para resolverlo conforme a derecho, solicítese al aludido Juez Especializado, de no tener inconveniente, se sirva informar a la brevedad, si la sentencia emitida dentro de la aludida causa penal causó ejecutoria, y de ser el caso, remita las constancias que así lo acrediten, o bien, informe el estado que actualmente guarda la misma. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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