Jose Antonio Zamora Lopez
Expediente 584/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Antonio Zamora Lopez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Zamora López; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual manera, acorde a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que en el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Antonio Zamora López; por tanto, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido la parte quejosa, ni se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este juzgado federal el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, se precisa que una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO JOSE ANTONIO ZAMORA LOPEZ, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de cuenta firmado por José Antonio Zamora López mediante el cual otorga cumplimiento a la prevención realizada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Pues bien, en virtud de que la parte quejosa otorgó cumplimiento a la prevención realizada, se precisa que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido; por tal motivo, del estudio integral de la demanda y del escrito aclaratorio se advierte lo siguiente: El quejoso reclama la orden de cateo, los autos, decretos, resoluciones y orden de embargo, todos esos actos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 460/2016 promovido por Milca Esmeralda Escarrega Meza, en su carácter de endosataria en procuración de la parte actora, tendentes a desposeerlo de los bienes muebles que aduce son de su propiedad; controvertido en el cual ya se dictó sentencia. El impetrante se ostenta como tercero extraño a procedimiento; sin embargo, es parte procesal en el juicio ejecutivo mercantil de origen, pues le reviste el carácter de demandado aval, quien fue emplazado con dicho carácter el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en su domicilio, lugar donde además, se realizó el embargo de los bienes impetrados. Al efecto se cita la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Pues bien, el suscrito juzgador procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De los preceptos legales en cita, se colige que el juez de distrito se encuentra facultado para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61; por consiguiente, se procede a analizar tales aspectos. Sobre el tópico, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes durante la secuela procesal. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese orden de ideas, se reitera, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el reproche consiste en la orden de cateo, los autos, decretos, resoluciones y orden de embargo, todos esos actos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 460/2016 promovido por Milca Esmeralda Escarrega Meza, en su carácter de endosataria en procuración de la parte actora, tendentes a desposeerlo de los bienes muebles que aduce son de su propiedad; controvertido respecto del cual el impetrante se ostenta como tercero extraño a procedimiento; no obstante, es parte procesal en el juicio ejecutivo mercantil de origen, pues le reviste el carácter de demandado aval, quien fue emplazado con dicho carácter el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en su domicilio, lugar donde además, se realizó el embargo de los bienes impetrados. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, la última hipótesis normativa interpretada en sentido contrario, en razón de que los actos combatidos en esta vía de amparo no pueden ser materia de estudio constitucional, en tanto que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil de origen. Los numerales invocados son de la literalidad siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] ARTÍCULO 107. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a persona extraña. (.)". Es importante acotar ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer las actuaciones de dicho sumario. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 7/98 del Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página 56 del Tomo VII, enero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En relación con los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso garantizados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido los criterios siguientes: La jurisprudencia 47/95, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, diciembre de 1995, página 133, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". Así como la tesis de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 115-120, Primera Parte, página, que a la letra dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto.". Como se aprecia, el artículo 14 de la Constitución Federal fue interpretado por el Más Alto Tribunal del País en el sentido de que, el derecho de previa audiencia consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: a) Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; b) Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; c) Se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, d) La autoridad deberá dictar de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En la especie, el quejoso reclama la orden de cateo, los autos, decretos, resoluciones y orden de embargo, todos esos actos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 460/2016 promovido por Milca Esmeralda Escarrega Meza, en su carácter de endosataria en procuración de la parte actora, tendentes a desposeerlo de los bienes muebles que aduce son de su propiedad; controvertido en el cual ya se dictó sentencia. Asimismo, el impetrante se ostenta como tercero extraño a procedimiento; sin embargo, se advierte que es parte procesal en el juicio ejecutivo mercantil de origen, pues le reviste el carácter de demandado aval, quien fue emplazado con ese carácter el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en su domicilio, lugar donde además, se realizó el embargo de los bienes impetrados. Entonces, quien acude al juicio de amparo como tercero extraño a una contienda de carácter judicial, pretende desvincular los bienes ahí afectados, los cuales, afirma, le pertenecen o posee bajo determinado título; no obstante lo anterior, el propio impetrante en el escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad que en el juicio ejecutivo de origen fue emplazado en su domicilio particular como demandado aval al momento de la diligencia de embargo, es decir, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por lo que sí tenía acceso al expediente 460/2016 en su carácter de demandado aval; de ahí que, adverso a lo sostenido por el impetrante, no es tercero extraño a procedimiento. Máxime que el quejoso expresó en la demanda de amparo que al tener conocimiento de la orden de cateo combatida, compareció ante el juzgado responsable y revisó el juicio ejecutivo mercantil de origen para verificar la existencia de dicha resolución. Ante tales consideraciones, el aquí quejoso tiene pleno conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil de origen 460/2016, al cual fue emplazado como demandado aval el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Por consiguiente, si en el caso concreto el aquí quejoso comparece al presente juicio de amparo y se ostenta como tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil de origen, pues, aduce, fue emplazado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, con el carácter de demandado aval y no como demandado principal; amén de que el propio justiciable afirma que sí tenía acceso para la consulta del expediente; por tanto, es inconcuso que el quejoso al haber sido emplazado al juicio de origen y tenido acceso al expediente, estaba constreñido a agotar los recursos correspondientes -nulidad de notificación, apelación, revocación, etcétera-. En efecto, el aquí quejoso conoce el multicitado juicio ejecutivo mercantil, dado que fue emplazado como demandado aval y tenía acceso al mismo; por ende, carece del carácter de tercero extraño por equiparación, pues para ello, es menester que exista un desconocimiento total del juicio de origen, a modo de colocarlo en tal grado de indefensión que estuviera impedido para acudir a aquél en defensa de sus intereses, situación que, como se destacó, en el caso no acontece. En las condiciones apuntadas, si de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que el solicitante del amparo tuvo conocimiento del procedimiento natural es indudable que está en condiciones de hacer valer como parte de la relación jurídico procesal, los medios ordinarios de defensa que estime procedentes contra las actuaciones que la agravian. Circunstancia la anterior, que actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, y, por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que el aquí amparista José Antonio Zamora López no es tercero extraño al sumario natural. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio I.16o.A.11 K (10a.) sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2534, Libro 33, Agosto de 2016, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado.".
- Principal
se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso JOsé Antonio Zamora Lopez el proveído dictad por este juzgado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho que dice: Vista la demanda de amparo promovida por José Antonio Zamora López contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa y Actuarios Primero, Segundo y Tercero adscritos al citado órgano judicial; fórmese expediente tanto impreso como electrónico y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 584/2018-4A. Pues bien, previo acordar lo relativo a la admisión de la demanda, en términos de los artículos 112 y 114, fracciones I y IV, y penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al quejoso José Antonio Zamora López a efecto de que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad y con las copias respectivas para correr traslado a las partes, realice lo siguiente: Que puntualice el estado procesal en que se encuentra el juicio ejecutivo mercantil, esto es, si está en trámite o si ya se dictó sentencia, considerando que manifestó haber tenido acceso a él. Aclare si en el juicio natural es demandado como aval, pues si bien, refiere que hay un obligado principal, también señala que existe un auto de exequendo en su contra y que él es aval; lo anterior considerando que manifestó haber tenido acceso al expediente. Precise si al comparecer al juzgado fue emplazado como aval. Lo anterior en razón de que el quejoso manifiesta que los actos proceden de un juicio ejecutivo mercantil con número 460/2016 seguido ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa; refiere que acudió al juzgado y al tener a la vista el expediente pudo percatarse que se encontraba un auto de exequendo, orden de cateo y demás actos; agrega que el juicio es contra Edgar Fabricio Campos Rivera como obligado principal; no obstante, señala que él es aval. Siendo necesario que aclare la demanda de amparo a fin de fijar la Litis y la relación jurídica procesal en el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis XX.57 K, visible en la página 871 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Además, es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia 495, publicada en la página 433 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo.". En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". En la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención realizada en el plazo y términos precisados, así como con las copias respectivas del escrito aclaratorio para correr traslado de las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En diverso orden de ideas, conforme al artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de así indicarse en la demanda de amparo. De igual forma, téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Evelio Leonel Tapia Moreno, mientras que como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Alberto Navarro Acosta, toda vez que no tiene registrada su autorización para ejercer abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de registro cédulas de abogados que para tal efecto se lleva en este juzgado federal. Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria judicial de la adscripción para la práctica de cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.
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