Jose Antonio Rodriguez Hernandez
Expediente 575/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Antonio Rodriguez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito suscrito por el quejoso José Antonio Rodríguez Hernández mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente juicio de amparo. De acuerdo a lo anterior, dígasele que en auto de siete de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, mismo que le fue notificado en diligencia de nueve del mismo mes y año. Ahora bien, considerando que el quejoso José Antonio Rodríguez Hernández se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que notifique personalmente el presente auto al quejoso en cita y hágasele entrega de copia certificada del auto y notificación a que hace referencia en el escrito de cuenta, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el quejoso, para proceder a su plena identificación; por consiguiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Segundo de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, con residencia en Durango, mediante el cual informa que se dictó fallo dentro de la carpeta de ejecución 1174/2016-J2; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos y a la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada el diecinueve de julio del año en curso, con relación al oficio y documentales remitidas por la Jueza Segunda de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, con sede en la ciudad de ese nombre, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional, aun cuando dicha determinación se le notificó el veintiséis de julio de dos mil dieciocho; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó con relación a ciertos actos reclamados y se concedió la protección constitucional al quejoso José Antonio Rodríguez Hernández respecto a otros; la citada resolución causó ejecutoria el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, al no ser impugnada por alguna de las partes. En el fallo protector se consideró el acto reclamado y la etapa en que éste se ubica en la carpeta de ejecución 1174/2016, la concesión del amparo se otorgó para efectos de que la Jueza Segunda de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, realizara los actos necesarios a fin de resolver si el quejoso es apto para obtener el beneficio de libertad anticipada o alguno otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2001, visible a página 142, Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Materia Penal, Registro 189683, cuyo contenido es: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución.". Para ello debía realizar todo cuanto estaba a su alcance para requerir a las autoridades involucradas en el pronunciamiento de la solicitud que le hizo el quejoso y éstas, a su vez, estaban obligadas a actuar, en consecuencia -remitir la puesta de disposición por parte del juez de la causal y las sentencias de primera y segunda instancia para salvaguardar el derecho humano a la administración de justicia pronta, expedita, imparcial y gratuito-. En la inteligencia de que la vinculación a otras autoridades distintas a las señaladas como responsables está sustentado en diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprenden de la jurisprudencia de la Primera Sala, de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO", así, como la jurisprudencia de la Segunda Sala, la cual se comparte en este aspecto, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR". En ese contexto, la Jueza Segunda de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, con sede en la ciudad de ese nombre, a través del oficio 2085/2018-J2 comunicó el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, en el cual se tuvo por recibida la copia certificada de la puesta a disposición al Ejecutivo y de las sentencias de primera instancia dictadas contra el quejoso José Antonio Rodríguez Hernández. Asimismo, en dicho auto se determinó que fueron remitidas las constancias relativas al expediente del justiciable; por tal motivo, se ordenó la apertura del incidente de ejecución de sentencia referente a la solicitud de beneficio de libertad anticipada, así como la notificación al quejoso a través de exhorto y el requerimiento a la Directora General de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Supervisión de Medidas Cautelares de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de Durango, a fin de que enviara diversas constancias para la debida integración de la incidencia de mérito. Con el oficio reseñado, se otorgó vista personal a la parte quejosa en el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el cual se le notificó el veintiséis del mismo mes y año, sin que realizara alguna manifestación, como se precisó. En consecuencia, si el amparo se concedió para efecto de que la Jueza Segunda de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, con sede en la ciudad de ese nombre, realizara los actos necesarios a fin de resolver si el quejoso es apto para obtener el beneficio de libertad anticipada o alguno otro y, por su parte, la jueza responsable ordenó la apertura del incidente respectivo y la obtención de las constancias para la debida integración de éste; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el telegrama de cuenta remitido por la Jueza Segunda de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, con sede en la ciudad de ese nombre, mediante el cual informa los trámites realizados a efecto de cumplir la ejecutoria de amparo. Pues bien, considerando que el quejoso José Antonio Rodríguez Hernández se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que notifique personalmente el presente auto al quejoso en cita, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificarlo plenamente y, en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario donde se encuentra interno el quejoso, para proceder a su plena identificación; por consiguiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. Por último, para conocimiento de las autoridades responsables, envíeseles mediante oficio copia del acuerdo dictado el diecinueve de julio del año en curso.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley de la materia, en contra de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Asimismo, se da cuenta al Juez con el oficio suscrito por Juez Segundo de Ejecución de Sentencias del Estado de Durango, con residencia en Durango, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por tanto, dése vista con el oficio de cuenta, a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Ahora bien, considerando que el quejoso José Antonio Rodríguez Hernández, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo, a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el encausado de mérito, para que proceda a la plena identificación de los citados quejosos; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
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