Jose Armando Ibarra Ayala
Expediente 511/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Armando Ibarra Ayala
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por René Octavio Hernández Tirado, Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas del tercero perjudicado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública número 54,792 Volumen 1,782 de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, del protocolo a cargo del notario público licenciada Paloma Villalba Ortiz, con ejercicio y residencia en Naucalpan, Estado de México, mediante el cual solicita copia simple de diversas constancias que integran el presente juicio de amparo, así como la devolución de la Escritura Pública descrita con antelación. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo expídanse las copias solicitadas por el promovente y entréguense, previo recibo que se deje en autos. Asimismo, con apoyo en el numeral 280 del Código Procesal invocado, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, hágase devolución del documento que refiere, previa copia certificada que del mismo se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado el presente auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. De acuerdo la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito este asunto es susceptible de depuración dado que, por resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del Artículo Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Delegado Regional Zona Norte del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al oficio 348-1de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, comunica que se actualizó la base de datos de dicha dependencia, quedando a nombre del quejoso José Armando Ibarra Ayala, el inmueble con clave catastral 003-000-011-388-004-001, y como constancia, anexa copia certificada del avaluó catastral con fecha de emisión veintiséis de febrero de dos mil dieciocho; con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para su conocimiento.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Director de Ingresos del Municipio de Ahome, mediante el cual en atención al oficio 213-1 de uno de febrero del año en curso, solicita se gire oficio con los insertos necesarios a la diversa autoridad Delegado Regional de la Zona Norte número 5 del Instituto Catastral de Sinaloa, con domicilio en la planta baja de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado ubicada en calle Allende entre calle Marcial Ordoñez y Cuauhtémoc en esta ciudad, a fin de que dicha autoridad actualice su base de datos, lo cual tendrá como consecuencia que en la base de datos de la Dirección a su cargo, el inmueble con clave catastral 11-388-4 aparezca a nombre del quejoso José Armando Ibarra Ayala. En esa virtud, aun cuando el Delegado Regional de la Zona Norte número 5 del Instituto Catastral de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, no haya sido designado como autoridad responsable en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. La vinculación a otras autoridades distintas a las señaladas como responsables está sustentado en diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprenden de la jurisprudencia de la Primera Sala, de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO", así, como la jurisprudencia de la Segunda Sala, la cual se comparte en este aspecto, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR". Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo requiérase al Delegado Regional de la Zona Norte número 5 del Instituto Catastral de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, actualice la base de datos de la dirección a su cargo, a fin de que el inmueble con clave catastral 11-388-4, aparezca a nombre del quejoso José Armando Ibarra Ayala; o bien, los actos que haya realizado para esos efectos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia que establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. .". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". .Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.". Es aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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