José Antonio Valdez

Expediente 54/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
54/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, al decretarse la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) de esa normatividad, aplicado por analogía, así como con lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado por las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como el diverso enviado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al cual adjunta el diverso signado por las autoridades responsables antes citadas; oficios a través de los cuales remiten diversas constancias en alcance a su informe justificado. Ahora bien, del análisis integral a la demanda de amparo y escrito de desahogo, se desprende que el impetrante reclama en el presente juicio esencialmente lo siguiente: La omisión de las responsables de proporcionarle atención médica a su padecimiento, a efecto de diagnosticarlo, realizarle los estudios correspondientes y proporcionarle el tratamiento pertinente. Sentando lo anterior, el suscrito advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de las omisiones de que se duele el impetrante. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales, o bien, la omisión queda reparada por el actuar positivo de la responsable. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto u omisión que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, por lo que esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso concreto, como se apuntó, la parte agraviada reprocha de las autoridades responsables, la omisión de proporcionarle atención médica a su padecimiento, a efecto de diagnosticarlo, realizarle los estudios correspondientes y proporcionarle el tratamiento pertinente. No obstante, las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitieron copia certificada de diversas constancias, de las que se desprende lo siguiente: El quejoso José Antonio Valdés, con clave issemym0808166-1, ingresó a la institución hospitalaria el doce de enero de dos mil veintitrés, con dolor abdominal, por lo que fue valorado físicamente y mediante estudios de laboratorio e imagen y fue diagnosticado con colecistitis agudizada y coledocolitiasis, por lo que se determinó que habría de realizarse el procedimiento denominado "CPRE" y debido a que no contaba con el servicio necesario en ese hospital, se solicitó el auxilio al Centro México con sede en Toluca, a afecto de llevarlo a cabo, lo cual se efectuó el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, procedimiento en el cual se logró resolver el cuadro de coledocolitiasis y se programó el procedimiento quirúrgico de colecistectomía laparoscópica para el treinta de enero de dos mil veintitrés, lo cual se realizó sin complicaciones; motivo por el cual egresó el dos de febrero del año en curso, de manera voluntaria, En ese sentido, le fue programada una consulta de revisión para el trece de febrero de esta anualidad, cita en la cual fue valorado y diagnosticado con evolución favorable, otorgándole el alta del servicio y entregándole el plan de recuperación correspondiente, así como la incapacidad médica para ausentarse a laborar. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Bajo esa óptica, si el solicitante del amparo se duele de la falta de atención médica y de que no se le ha proporcionado el tratamiento acorde a los padecimientos presentados, la circunstancia de que las autoridades responsables informaran y acreditaran haber proporcionado al amparista la atención médica, así como los estudios, procedimientos clínicos y medicamentos necesarios, revela que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos de los actos u omisiones que motivaron el amparo, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. De ahí que se le restituya en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. Finalmente, atendiendo a lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas del veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que aún no obra la constancia de la notificación practicada a las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de la determinación de veinticuatro de los cursantes, en la que se le concedió una prórroga por el término de veinticuatro horas, a efecto de remitir las constancias solicitadas en proveído de trece de los corrientes. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado vía electrónica por el Apoderado Legal de las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual solicita una prórroga para estar en posibilidad de remitir las constancias requeridas por auto de trece de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le concede por única ocasión una prórroga de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en dicho proveído. Notifíquese.

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