José Antonio Prado Carranza

Expediente 1111/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1111/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Prado Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Matera Civil del Segundo Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución de diez de febrero del año en curso, dictada en el recurso de queja 274/2021. Acúsese recibo. La resolución emitida por la superioridad en su único punto resolutivo señala lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. " En tales condiciones, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, rindo informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar los recursos en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese la vinculación de las constancias a fin de que la Alzada pueda realizar la consulta en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes para la resolución de los recursos de mérito. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que en coordinación con el Actuario de la Adscripción, realicen las gestiones necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por José Antonio Prado Carranza, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1111/2021-VII que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contario sensu que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De lo anterior, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, y que como actos en juicio de imposible reparación, se estiman a aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, criterios que deben aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el numeral 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V del diverso 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), registro 2006338, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página mil quinientos treinta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, Décima Época, materia común, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." De lo que se colige que para que el juicio biinstancial sea procedente en contra de autos dictados dentro del juicio, éstos deben tener una ejecución que sea de imposible reparación; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.37/2014, estableció que los actos reclamados para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasaría lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. El criterio jurisprudencial referido, es el sostenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), registro 2006589, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de cuatro de octubre dos mil veintiuno, por la que el Juez Décimo de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, confirmó el auto de quince de septiembre del presente año en el incidente de pago de alimentos vencidos y no pagados, derivado del expediente 305/2011, en el que se inadmitieron sus excepciones y defensas, a saber, en el citado acuerdo en lo que aquí interesa apuntó la responsable: "En cuanto a la acumulación del presente incidente al expediente 282/2020, relativo a la controversia familiar en la cual se reclama la modificación del convenio celebrado entre las partes en este expediente y la reducción de pago de pensión alimenticia y la cancelación de la misma, tomando en consideración que no se actualiza el supuesto a que refiere el artículo 5.15 del Código de Procedimientos Civiles, no hay lugar a proveer de conformidad su petición, pues el presente juicio se encuentra concluido y lo que nos ocupa en el presente incidente es la ejecución del convenio aprobado y homologado a sentencia ejecutoriada. Por lo que hace a las excepciones planteadas se inadmiten dado que se parte de un incidente de ejecución d convenio en donde se debe acreditar hechos vinculados al cumplimiento del." Por lo tanto con la emisión de la resolución de la revocación, al margen de que se dictara ilegalmente, esas violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían transgresiones procesales, pues únicamente otorga derechos adjetivos a las partes, como lo hace evidente el criterio jurisprudencial citado respecto a la excepción de falta de personalidad, pues a guisa de ejemplo, el impetrante recurrió la determinación primigenia en la que se atendió lo relativo a la excepción de conexidad atento a que ésta estriba en la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio -diverso de aquél pero conexo- con el objeto de que ambos sean resueltos en una sola sentencia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 205464, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 13, Octava Época de rubro y texto siguientes: "CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad, es decir, de la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. La conclusión precedente no significa que, por exclusión, sea procedente el amparo directo contra tal violación procedimental, pues tanto el amparo directo como el indirecto tienen sus propias reglas de procedencia, de manera tal que la improcedencia de una vía no puede determinar, por exclusión, la procedencia de la otra, máxime si se toma en consideración que no todas las violaciones procedimentales son impugnables en amparo, ya sea directo o indirecto, sino sólo aquellas que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que ejemplificativamente enumeran los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo (amparo directo), o bien que tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio (amparo indirecto)." Así, como se adelantó, la resolución reclamada, a consideración de este órgano de amparo, es una violación intraprocesal pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte, sino que en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la parte afectada obtiene sentencia favorable en la determinación que resuelva el incidente de pago de alimentos vencidos y no pagados y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En estas condiciones, sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una resolución definitiva favorable en la interlocutoria del incidente de mérito derivado del juicio de origen, es decir, el perjuicio formal que le hubiera podido originar, desaparecerá de obtener una resolución definitiva favorable; dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad. No se soslaya que el impetrante José Antonio Prado Carranza promovió diverso juicio de amparo en el que reclama un acto relacionado con el que ahora se combate (el proveído sujeto a revisión mediante el medio de impugnación), a saber, el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 305/2011 (Incidente de pago de alimentos vencidos y no pagados) del índice del Juzgado Décimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México; pues ello constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, dicho juicio de amparo en determinación de catorce de octubre de este año se desechó por las mismas causal de improcedencia, que aquí se estima se actualizan. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contario sensu, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA En términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "ISC57"; por así haberlo solicitado expresamente en su demanda de amparo. Téngase únicamente como medio de contacto el correo electrónico que proporciona y no así, para oír y recibir notificaciones, pues dicho medio no está contemplado por la ley de amparo para ese efecto. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "ISC57", la consulta del expediente electrónico, dígasele que se encuentra disponible en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. AUTORIZADOS Como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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