José Armando Herrera Gress
Expediente 1649/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1649/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Armando Herrera Gress
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en el que resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por..., por su propio derecho, en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez en el Juicio de Amparo indirecto 1649/2018-VI-A". En consecuencia acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDO POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1649/2018-VI-A, PROMOVIDO POR JOSÉ ARMANDO HERRERA GRESS, QUE EN LO CONDUCENTE TRATA:... ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por ... regístrese bajo el número 1649/2018-VI-A. ACTO RECLAMADO El auto dictado con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de Mario García Gasca, seguido ante el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, bajo el número 62/2009. DESECHAMIENTO Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda, se advierte que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( ...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia ordinaria, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto a la determinación de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 62/2009 a bienes de Mario García Gasca, donde el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, proveyó respecto de la solicitud del quejoso -adjudicatario en ese procedimiento- José Armando Herrera Gress, determinó no poner en posesión material y jurídica el bien inmueble rematado hasta que otorgará la escritura pública. Luego entonces la parte quejosa podía obtener su revocación, modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de revocación a que aluden los artículos 1.360, fracción I y 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ahora bien, los preceptos jurídicos de mérito disponen: "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación." "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Del análisis sistemático de los preceptos legales transcritos se advierte que están previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, los casos en que procede el recurso de revocación de autos y decretos. En las relatadas condiciones el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, establece las hipótesis en que procede el recurso de revocación contra autos que no fueren apelables y los decretos estableciendo por exclusión, mismo que puede tener como efecto la modificación, revocación o nulificación de la determinación impugnada en esta vía. De ahí que, la parte quejosa, en contra del acuerdo reclamado estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación respectivo. Sin que además se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b), c) y d) del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. (.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación o revocación acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.2o.C.9 C (10a.), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 2067, libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, la cual indica: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LOS AUTOS DICTADOS DURANTE SU TRAMITACIÓN, POR NO CONSTITUIR PROPIAMENTE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SINO PREVIOS A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte interesada presentará su liquidación de la que se dará vista por tres días a la parte condenada, en el entendido de que si ésta no se opone el Juez decidirá; empero, si expresara su inconformidad, se dará vista a la otra parte por igual plazo, y dentro de los tres días siguientes el Juez resolverá. Esto significa que a través del incidente de liquidación de sentencia se determina la cantidad a la que asciende la condena a que se refiere la sentencia de fondo pues ese es su principal objetivo. En tal sentido, el incidente de liquidación de sentencia se torna un procedimiento previo a la ejecución de la sentencia, en el cual, al cuantificarse la condena, queda debidamente preparada esa ejecución, lo cual implica que no sea posible considerar a dicho incidente como un procedimiento directo de ejecución de sentencia, pues para que ésta pueda ser ejecutada, requiere haberse liquidado. En tales circunstancias, se concluye que los autos dictados en el referido incidente no quedan comprendidos en la hipótesis de irrecurribilidad de los actos de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 2.184 del Código de Procedimientos Civiles en cita, sino en la normativa de sus numerales 2.164 y 1.362, en orden con el principio de impugnabilidad de las resoluciones que se dicten en el procedimiento, en cuanto a que los autos que no son apelables y los decretos son revocables por el Juez que los dictó." También la tesis de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, con el número 2a. CXXII/96, página 227, que dice: "REMATE. EL POSTOR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA DE UN BIEN, NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El postor en un remate no puede considerarse como persona extraña a ese procedimiento, pues aun cuando no formó parte de la relación procesal en el juicio principal, su intervención voluntaria en la etapa ejecutiva, a consecuencia de la convocatoria que se realiza para la subasta de un bien, cambia su carácter de extraño pues ya se incorporó a la relación procesal. Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que los ordenamientos procesales establecen un verdadero procedimiento regulado por disposiciones jurídicas expresas, que deben observarse para llevar a cabo actos concatenados bajo la dirección del Juez, en los cuales se contempla a los postores como partes advenidas al mismo, por lo que al estar en aptitud de intervenir en las actuaciones, interponer recursos y, en fin, ser oído en derecho, su situación para efectos del amparo no se rige por la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo." No es obstáculo a lo anterior que el acto que se reclama pueda tener efectos de imposible reparación. Pues la irreparabilidad del acto reclamado no tiene como elemento fundamental decidir cuándo es el caso de exentar al quejoso de interponer el recurso ordinario prescrito en la ley. Esto porque la regla de la definitividad está referida, fundamentalmente, al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. De ahí que no se puede concluir en que no era necesario agotar el recurso ordinario previsto en la ley, para conseguir que el acto de autoridad impugnado fuera revocado modificado y nulificado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, la cual indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL....." Tampoco es obstáculo los casos de excepción para que en la etapa de ejecución proceda el amparo, cuando se afecten derechos sustantivos ajenos a los que pueda perturbar la ejecución de la sentencia, pues en la especie, el acto reclamado no paraliza el procedimiento relativo, por lo que este continúa hasta que deba emitirse la última dentro de esa etapa. Por tanto, como anticipadamente se mencionó, y atento a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XVIII en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Ahora bien, en cuanto a la petición que formula de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario "gloria0814" para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea, lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja hecho valer; asimismo, informa que lo admitió y lo registró bajo el número 246/2018.
- Principal
Agréguese el oficio enviado por el Presidente Municipal de Ciudad Jiménez, Estado de Chihuahua, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado por auto de quince de los corrientes, en el sentido que informa las acciones y remite las constancias tendentes a cumplir la ejecutoria de amparo, únicamente respecto de su competencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez que las diversas autoridades responsables, den cumplimiento a la totalidad de los efectos del fallo protector, este juzgado procederá a dictar lo que en derecho corresponda en relación al cumplimiento de la sentencia. Por otro lado, téngase por recibido el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento formulado informa y remite las constancias con las cuales acredita que el apoderado legal la moral quejosa acudió ante sus oficinas a recoger el título de crédito número..., de la Institución financiera BANORTE, sociedad anónima, a nombre de la quejosa ..., por la cantidad de ... En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, ambos de Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Michoacán, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste y en su caso acredite ante este Juzgado de Distrito sobre el debido cobro de la cantidad, que importa el cheque que refiere recibido, es decir para que remita el documento (consulta de movimientos históricos de la cuenta o estado de cuenta de la que se expidió el título de crédito), del cual se advierta que el cheque que le fue entregado a la quejosa, fue debidamente cobrado o pagado, lo anterior para el efecto de que este Juzgado de Distrito este en aptitud de acordar lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Reiterándosele a la citada autoridad que para el caso de no dar cumplimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos, consistente en una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, por medio del cual manifiesta que exhibió ante este juzgado de Distrito el título de crédito cheque número..., por lo cual solicita se tenga por cumplida la sentencia de amparo por lo que a ella respecta. Sin embargo, dígase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, que por auto dictado el veinticuatro de octubre del presente año, este Juzgado Federal dejó a su disposición el citado título de crédito el cual se encuentra en la caja de valores de este órgano, toda vez que no lo emitió perfectamente requisitado, en el sentido que lo emitió favor de..., y no así de ..., como le fue requerido por autos de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y de quince de octubre del presente año. Por tanto, este Órgano de Control Constitucional requiere nuevamente a la autoridad responsable a efecto que comparezca a la brevedad a este órgano jurisdiccional cualquiera de sus delegados a recoger el citado título de crédito, y para el dentro del término de veinticuatro horas al que sea notificada del presente acuerdo se sirva a realizar el depósito o transferencia a la cuenta bancaria designada por la parte impetrante del amparo. Cuestión que tendrá que acreditar con las constancias fehacientes ante este órgano jurisdiccional dentro del término indicado. Reiterándosele a la citada autoridad que para el caso de no dar cumplimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos, consistente en una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Ahora bien, téngase por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita a este Juzgado de Distrito se haga del conocimiento del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, las referencia bancarias que señala a efecto que deposite la cantidad requerida por concepto de pago de Derecho de Alumbrado Público. En ese sentido, se proporciona a la citada responsable, las referencias bancarias proporcionadas por la parte quejosa AT&T Comercialización Móvil, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable", para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo por esa vía... Por otro lado, téngase por recibido el oficio enviado vía electrónica por el Tesorero Municipal en el Ayuntamiento de Polotitlán, Estado de México, por medio del cual solicita a este juzgado se dicté el acuerdo por el cual se tenga por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio por lo que a ella corresponde. En ese sentido, dígase a la citada autoridad que este órgano jurisdiccional dictará el acuerdo relativo al cumplimiento una vez que las diversas autoridades responsables, den cumplimiento a la totalidad de los efectos del fallo protector. Finalmente, téngase por recibió el oficio enviado vía electrónica por el Responsable de Asuntos Jurídico, Suministrador de Servicios Básicos, de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual en atención al requerimiento formulado solicita se conceda prórroga con la finalidad de estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado. Al respecto, y en atención a las manifestaciones vertidas en su oficio de cuenta, se concede por única ocasión la prórroga solicitada; por tanto, se requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, desahogue el requerimiento formulado. Con el apercibimiento de no hacerlo así se hará efectivo el apercibimiento decretado por auto de veinticuatro de octubre del presente año.
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