Jose Antonio Sánchez Martínez

Expediente 401/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
401/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
01/07/2019

Partes del expediente

  • Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial en Xalapa
  • Jose Antonio Sánchez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de junio de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó el presente asunto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído el presente juicio de amparo, mientras que el original del incidente de suspensión relativo al presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración de los mismos; en el entendido de que se procederá con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    [...] se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo número 401/2019, promovido por *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos el considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en auto de quince de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial de entregar los oficios de notificación 11824/2019-IIB, 11801/2019-IIB, 11802/2019-IIB, 11803/019-IIB, 11804/2019-IIB, 11805/2019-IIB, 11806/2019-IIB, 11807/2019-IIB, 11808/2019-IIB, 11809/2019-IIB, 11810/2019-IIB, 11811/2019-IIB, 11812/2019-IIB, 11813/2019-IIB, 11814/2019-IIB, 11815/2019-IIB, 11816/2019-IIB, 11817/2019-IIB, 11818/2019-IIB, 11819/2019-IIB, 11820/2019-IIB, 11821/2019-IIB, 11822/2019-IIB y 11823/2019-IIB, dirigidos a las autoridades denominadas: "Coordinador Regional de la Agencia Veracruzana de Investigaciones Zona Centro Xalapa dependiente de la Fiscalía General del Estado, Fiscales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Decimo, Decimoprimero, Decimosegundo, Decimotercero, Decimocuarto, Decimonoveno, Vigésimo, Vigésimo, Vigesimoprimero, Vigesimosegundo, Vigesimotercero, Vigesimocuarto y Vigesimoquinto, todos en Delitos Diversos y dependientes de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, todas con supuesta residencia en esta ciudad", en virtud de que no existen. En tales condiciones, al no haber realizado ninguna manifestación dentro del plazo concedido para ello, en el proveído en cuestión, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en dicho auto, por lo cual ténganse como inexistentes y suspéndase la comunicación procesal con las mismas, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial, se advierte que mediante oficio SEADS/599/2019, de ocho de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Samuel René Cruz Torres, a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis del mes y año antes citados; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, estos últimos de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Por otro lado, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de diez de mayo del presente año, remitiendo al efecto las documentales con las que acredita su dicho; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que las autoridades responsables denominadas Tesorero e Inspector, Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito al departamento de Ejecución Fiscal Dependiente de la Tesorería, ambos del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, no han rendido sus respectivos informes justificados, y que en proveído de dieciséis de abril del presente año, se tuvo por recibido un telegrama, mediante el cual informaron el seis de marzo del mismo año, remitieron los aludidos informes; por tanto, en atención a que al día de hoy no se han recibido en este órgano jurisdiccional los mencionados informes justificados, además de que en materia de amparo es obligación del suscrito allegarse de las constancias necesarias para resolver el presente controvertido, con fundamento en el artículo 75 de le Ley de Amparo, requiérase a la aludidas autoridades responsables, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que sea notificada del presente proveído remita las constancias relativas al acto que se les reclama. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá una multa a cada una, equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa, por lo que refiere al acto reclamado consistente en la ejecución de la multa de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ordenada en el expediente PFC.VER.B.3/002973-2011, mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil catorce, emitida por la Delegación Estatal en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Veracruz, se acuerda lo siguiente. En primer lugar, resulta conveniente precisar que conforme al artículo 111 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo podrá ampliarse cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b) Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. El supuesto indicado en el inciso b), se encuentra condicionado a que dentro de los plazos referidos no se haya celebrado la audiencia constitucional, o bien, presentado una nueva demanda. Es pertinente indicar que la impetrante de amparo puede ampliar la demanda en relación a los aspectos siguientes: a) autoridades responsables; b) actos reclamados; y, c) conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, condicionando tal ampliación a las circunstancias de que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el informe justificado, de él se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Asimismo, se cita la jurisprudencia VI.2º.C J/240, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos. En este sentido, si en el escrito inicial de demanda la parte quejosa destacó como acto reclamado la multa impuesta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), más gastos de ejecución por la suma de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) y al narrar los antecedentes del acto reclamado expuso que dicha multa deriva del expediente PFC.VER.B.3/002973-2011, del índice de la Delegación Estatal en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Veracruz; entonces, resulta evidente que los actos por los que pretende ampliar su demanda relacionados con la ejecución de la multa (haber acatado la orden de la Procuraduría Federal del Consumidor para hacer efectiva la multa referida), no son distintos de aquellos que dieron origen al presente juicio de amparo indirecto. Por las consideraciones expuestas, al tratarse de actos de ejecución de la multa que ya fueron reclamados desde la demanda inicial de amparo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se desecha la presente ampliación de demanda, por lo que a dichos actos respecta. En otro sentido, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la notificación de la multa de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), ordenada en el expediente PFC.VER.B.3/002973-2011, mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil catorce, emitida por la Delegación Estatal en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Veracruz, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, téngase por ampliada la demanda y córrase traslado a las autoridades responsables copia simple del escrito de ampliación. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se les imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) Comuniquen el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remitan copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables sean inexistentes, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional.

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