José Antonio Yepez Vázquez

Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
507/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Yepez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual remite el testimonio dictado en los autos del conflicto competencial 12/2022, de su índice, en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara que el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto 507/2022, promovido por José Antonio Yépez Vázquez, en contra de los actos y por las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por lo que remítasele testimonio y el expediente relativo para los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. Para su conocimiento y para los efectos legales procedentes, envíese testimonio de la presente ejecutoria a la Titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa." En consecuencia, acúsese recibo de estilo correspondiente; además, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al superior jerárquico.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado en autos, el cual fue registrado bajo el número 12/2022, de su índice; en consecuencia, estese en espera de que el superior jerárquico determine lo que en derecho corresponda, a efecto de proveer lo conducente. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por licencia de la Titular y con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 22786/2022, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 806/2022, de su índice, formado con motivo de la incompetencia plateada en el juicio de amparo 507/2022, del índice de este Juzgado, toda vez que dicho órgano jurisdiccional rechazó la competencia declinada por la suscrita, en virtud de las razones que expone; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes y acúsese de recibo correspondiente. Ahora bien, atento a los argumentos que este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, expuso en la determinación de once de mayo de la presente anualidad, se insiste en declinar la competencia para conocer el presente asunto, por las mismas razones que soportan la resolución mencionada. Por lo anterior, en atención a lo señalado en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través de su oficina de correspondencia común, para los efectos precisados en el dispositivo legal invocado, esto es, para que determine el órgano jurisdiccional que deba conocer de los actos reclamados. Comuníquese lo anterior al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. Consérvese el cuaderno de antecedentes formado con anterioridad con las constancias pertinentes. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y mediante oficio al órgano declinado y superior jerárquico.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de mayo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por José Antonio Yépez Vázquez contra el acto reclamado al Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, con sede en Ciudad de México, y otra autoridad responsable. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 507/2022-I-B. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, la parte quejosa, dentro de su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "De la autoridad mencionada en el inciso A.- reclamo la emisión y firma del oficio GN/UOEC/DGSCI/0948/2022, de fecha once de abril del año dos mil veintidós con la que se me pretende cambiar de adscripción y área, a otra asignación que no va de acuerdo con mi perfil de policía el cual ostento desde hace más de veinticinco años. De la autoridad mencionada en el inciso B.- Reclamo la ejecución material que se le pretende dar al oficio GN/UOEC/DGSCI/0948/2022, de fecha once de abril del año dos mil veintidós, con el que se me pretende cambiar de adscripción y de funciones." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Tomando en consideración lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso José Antonio Yépez Vázquez señala como acto reclamado: El oficio GN/UOEC/DGSCI/0948/2022, de once de abril de dos mil veintidós, signado por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual se le notifica el cambio de adscripción a la Dirección General de Desarrollo Profesional, dependiente de la Unidad para los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional, con sede en Ciudad de México, a partir del dieciséis de abril de la presente anualidad, y su ejecución. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que ha quedado precisado el acto que en esta vía constitucional reclama el quejoso, lo procedente es analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligada la Jueza de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones de la Jueza de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, la que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Lo subrayado es propio). En ese contexto, resulta pertinente destacar que el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: I.- La primera, refiere que será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. II.- La segunda, indica que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso es juez competente aquél ante el que se presente la demanda. III.- La tercera, gravita sobre la hipótesis de que el acto reclamado no requiera ejecución material, evento en el que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. La segunda hipótesis normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho mención en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el juez de distrito ante quien se presente la demanda de amparo será el competente para conocerla. En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien sea presentada la demanda de amparo. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto reclamado no requiere de ejecución material para que el juez ante quien se presente la demanda de amparo sea quien conozca y resuelva el juicio de garantías. Asimismo, debe atenderse a las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 7/2015, en la que interpretó el artículo 37 de la Ley de Amparo que prevé las reglas de competencia de los jueces de distrito por razón de territorio. En primer orden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcribió el artículo 107, fracción VIII, constitucional, que prevé la competencia territorial de los jueces de Distrito y establece que conocerá del juicio quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Indicó que la finalidad del mencionado precepto constitucional se traducía en facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó que el artículo 37 de la Ley de Amparo alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ello, refirió que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, refirió que la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En ese orden de ideas, la Segunda Sala destacó que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que lo que hace la diferencia entre aquéllas no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se ejecute o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En el mismo orden de ideas, sostuvo que la conclusión del servicio por separación de un servidor público no conlleva por sí misma una ejecución material que conduzca a fijar la competencia del juez de distrito del lugar en donde se llevó a cabo su emisión, porque esa situación únicamente es factible si tal determinación en sí misma tiene o puede tener alcances materiales en el mundo fáctico. Que lo expuesto partía de la premisa de que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en que se emiten. La Segunda Sala de la Suprema Corte también indicó que en esos supuestos no es útil el lugar en que se emitió dicha determinación para fijarle competencia a un juez de distrito si se ponderaba que solamente es un medio a partir del cual se genera la ejecución, pero no forma convicción de que ahí se actualizará, es decir, no puede advertirse con nitidez que por sí misma produzca un efecto material en el lugar donde se realizó, por lo que debe atenderse a la localidad en que debe cumplirse o materializarse el acto. Tales consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 2ª/J. 68/2015 (10ª) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 916, que establece. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que el acto que se reclama de manera destacada, lo constituye el oficio GN/UOEC/DGSCI/0948/2022, de once de abril de dos mil veintidós, signado por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual se le notifica el cambio de adscripción a la Dirección General de Desarrollo Profesional, dependiente de la Unidad para los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional, con sede en Ciudad de México, a partir del dieciséis de abril de la presente anualidad, y su ejecución, por lo cual, es inconcuso que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción, tiene ejecución en la Ciudad de México, toda vez que la autoridad responsable ordenadora giró el oficio GN/UOEC/DGSCI/0948/2022 a efecto de que el quejoso se presente a laborar en la Ciudad de México. En tal virtud, será competente el Juez Federal que tenga jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; esto es, el del lugar en el cual desempeña o realiza sus funciones la parte quejosa. En ese sentido, el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de México, lugar en el que el quejoso ha sido solicitado para presentarse a laborar, por lo que no se debe tener a su anterior adscripción como la actual, pues si bien de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que el quejoso manifestó que en las instalaciones de la Estación de la Guardia Nacional con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, le fue informado que debía presentarse en la Dirección General de Desarrollo Profesional, dependiente de la Unidad para los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional, con sede en Ciudad de México, ello no puede considerarse como acto de ejecución del oficio reclamado en el lugar de la anterior adscripción, por el contrario, evidencia que es en la Ciudad de México, en donde tendrá ejecución el acto reclamado consistente en la readscripción del quejoso. Por tanto, la suscrita considera que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente asunto, toda vez que el acto reclamado se ejecuta y/o se ejecutará materialmente en la Ciudad de México, lugar en donde este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz no ejerce jurisdicción. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que se atiende, por lo que se ordena remitir la misma con sus anexos, a través de la Oficina de Correspondencia Común al Juez de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto planteado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo y del presente proveído con firmas electrónicas. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Similares criterios al que se adopta en esta determinación, se sustentaron en los conflictos competenciales 22/2021 y 39/2021 ambos del índice del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los que se analizaron asuntos similares; los cuales, se invocan como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXI.3o.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Johana Espejel Sarmiento, quien cuenta con el registro 119022, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que, con las restricciones del citado precepto a Jorge Morales Carrazco, por así haberlo solicitado. NOTIFICACIÓN Y CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa y las notificaciones vía electrónica, atendiendo a que proporciona como usuario al identificado como "JESPEJELS", por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A" para que realice el registro del usuario antes referido en el sistema precitado, a fin de que la parte quejosa esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y sea notificada por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que el quejoso esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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