José Antonio Murrieta Cervantes
Expediente 487/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Antonio Murrieta Cervantes
- Juez Cuarto de Primera Instancia, Xalapa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de uno de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, con posterioridad VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió diversas constancias, de las que se formó un tomo por separado; sin embargo, por las razones expuestas en el presente acuerdo, resulta innecesaria la conservación de dichas constancias; en consecuencia, devuélvase a la autoridad de mérito; haciéndose la precisión al actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique, la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no estará obligada a realizar el acuse de recibo.
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, téngase como prueba de su parte las documentales anexas a dicho informe, por lo que dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en el Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional, relativo al registro de juicios de amparo, se encuentra inscrito el juicio número 1025/2018, promovido por el aquí quejoso José Antonio Murrieta Cervantes, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el cual se encuentra en la etapa de ejecución. En ese tenor, resulta un hecho notorio para quien esto provee, que en el diverso juicio de amparo 1025/2018, del índice de éste órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, el acto reclamado deriva del juicio 2635/2018/VI, del índice de la responsable, del que se advierte que: El acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios, crédito adicional calculado del treinta de septiembre del año dos mil al treinta de octubre de dos mil diecisiete, emitida en los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VI del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en los autos del juicio de amparo 1025/2018 del índice de este juzgado, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VII; b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios formales evidenciados en este considerando, esto es: 1. Deberá invocar el precepto o preceptos legales que den sustento a las consideraciones en las que se base para resolver el incidente de liquidación por los conceptos de suerte principal, intereses ordinarios vencidos y moratorios. 2. Precisar los fundamentos y motivos legales por los cuales considera que la promoción acordada en proveído de cinco de noviembre de dos mil catorce, es de las que impulsan el procedimiento e interrumpe la prescripción de la ejecución. 3. Establecerá los motivos y fundamentos legales por los cuales el estado de cuenta certificado se adecúa a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. 4. Expondrá los razonamientos lógico jurídicos que le sirvan de base para emitir la interlocutoria en el sentido que determine, esto es expresando los procedimientos u operaciones empleadas para concluir que las cantidades indicadas son las que se tienen que cubrir por cada uno de los conceptos señalados en la planilla de liquidación." Por lo que, en auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 1025/2018 del índice de este juzgado, solicitándose su debido cumplimiento. Derivado de lo anterior, en proveído de nueve de mayo pasado, dictado en los autos del juicio de amparo 1025/2018, se tuvo por recibida la resolución del siete de mayo del año en curso, dictada en los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VI, (acto reclamado en el presente juicio) en la que resolvió dejar insubsistente la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que este juzgado dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a sus intereses convinieran. Seguidamente, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, este juzgado resolvió no tener por cumplida a su totalidad la sentencia dictada en el juicio 1025/2018 de nuestro índice, por lo que requirió de nueva cuenta al juez responsable a fin de acatará la ejecutoria de amparo. Finalmente, la autoridad responsable, en cumplimiento a lo ordenado, dictó la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la que determinó lo siguiente: Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor que sigue: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en esta vía constitucional constituye: "La resolución interlocutoria emitida con fecha 7 de Mayo de este año dentro del Juicio Ordinario Mercantil número 2635/2018/VII, notificada a esta parte mediante Lista de Acuerdos de su propia fecha, que niega la aprobación de la Planilla de Liquidación de Intereses Moratorios, crédito adicional dispuesto y erogación neta mensual exhibida por la actual titular de los derechos de crédito, y deja a salvo los derechos de la parte ejecutante para que formule nueva liquidación." Por lo antes expuesto, como se advierte de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, mismas que obran en un tomo de pruebas y de las que obran en los autos del juicio de amparo 1025/2018, resulta inconcuso que la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 2635/2018/VII, del índice de la autoridad responsable, la cual es señalada como acto reclamado en el presente juicio, ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues fue declarada insubsistente y quedó sustituida procesalmente por la diversa resolución de veinticinco de junio del año en curso. En ese tenor, resulta necesario que el suscrito juzgador analice de oficio la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Asimismo, dicha causal se actualiza cuando de las constancias aparece que el acto impugnado deriva del cumplimiento de una sentencia protectora y aquél quedó insubsistente en virtud de la determinación del juzgado federal que otorgó la protección, en el sentido que aquel acto incumplió con el fallo de amparo. En esta tesitura, si el acto que se reclamaba por esta vía es la resolución de siete de mayo del año en curso, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VII, y es un hecho notorio que obra en autos del juicio de amparo 1025/2018, de este índice, copia certificada de la determinación tomada por la responsable el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, a través de la cual dejó insubsistente la diversa de siete de mayo del año en curso, resulta evidente que ha cesado en sus efectos, al haber sido sustituido procesalmente. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.T. J/81, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA EL LAUDO QUE SE DEJÓ INSUBSISTENTE POR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL SENTIDO DE QUE AQUÉL INCUMPLIÓ CON LA SENTENCIA DE AMPARO. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.", si el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la sentencia de amparo considera, en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo, que el nuevo laudo incumple con aquélla, la autoridad responsable, está constreñida a dejar insubsistente ese nuevo laudo y a emitir otro en el que cumpla con los efectos del fallo protector; en consecuencia, al haber cesado los efectos del laudo con el que se pretendió cumplir la ejecutoria de amparo, el juicio de garantías que en su contra se promueva debe ser sobreseído por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XVI, en relación con el numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 415, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, al haberse acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, el suscrito juzgador, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, determina sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el asunto como definitivamente concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción, inciso c), se notifica a la parte quejosa la siguiente determinación: Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de julio de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, téngase como prueba de su parte las documentales anexas a dicho informe, por lo que dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en el Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional, relativo al registro de juicios de amparo, se encuentra inscrito el juicio número 1025/2018, promovido por el aquí quejoso José Antonio Murrieta Cervantes, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el cual se encuentra en la etapa de ejecución. En ese tenor, resulta un hecho notorio para quien esto provee, que en el diverso juicio de amparo 1025/2018, del índice de éste órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, el acto reclamado deriva del juicio 2635/2018/VI, del índice de la responsable, del que se advierte que: ? El acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios, crédito adicional calculado del treinta de septiembre del año dos mil al treinta de octubre de dos mil diecisiete, emitida en los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VI del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. ? El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en los autos del juicio de amparo 1025/2018 del índice de este juzgado, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VII; b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios formales evidenciados en este considerando, esto es: 1. Deberá invocar el precepto o preceptos legales que den sustento a las consideraciones en las que se base para resolver el incidente de liquidación por los conceptos de suerte principal, intereses ordinarios vencidos y moratorios. 2. Precisar los fundamentos y motivos legales por los cuales considera que la promoción acordada en proveído de cinco de noviembre de dos mil catorce, es de las que impulsan el procedimiento e interrumpe la prescripción de la ejecución. 3. Establecerá los motivos y fundamentos legales por los cuales el estado de cuenta certificado se adecúa a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. 4. Expondrá los razonamientos lógico jurídicos que le sirvan de base para emitir la interlocutoria en el sentido que determine, esto es expresando los procedimientos u operaciones empleadas para concluir que las cantidades indicadas son las que se tienen que cubrir por cada uno de los conceptos señalados en la planilla de liquidación." ? Por lo que, en auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 1025/2018 del índice de este juzgado, solicitándose su debido cumplimiento. ? Derivado de lo anterior, en proveído de nueve de mayo pasado, dictado en los autos del juicio de amparo 1025/2018, se tuvo por recibida la resolución del siete de mayo del año en curso, dictada en los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VI, (acto reclamado en el presente juicio) en la que resolvió dejar insubsistente la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que este juzgado dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a sus intereses convinieran. ? Seguidamente, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, este juzgado resolvió no tener por cumplida a su totalidad la sentencia dictada en el juicio 1025/2018 de nuestro índice, por lo que requirió de nueva cuenta al juez responsable a fin de acatará la ejecutoria de amparo. ? Finalmente, la autoridad responsable, en cumplimiento a lo ordenado, dictó la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la que determinó lo siguiente: Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor que sigue: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en esta vía constitucional constituye: "La resolución interlocutoria emitida con fecha 7 de Mayo de este año dentro del Juicio Ordinario Mercantil número 2635/2018/VII, notificada a esta parte mediante Lista de Acuerdos de su propia fecha, que niega la aprobación de la Planilla de Liquidación de Intereses Moratorios, crédito adicional dispuesto y erogación neta mensual exhibida por la actual titular de los derechos de crédito, y deja a salvo los derechos de la parte ejecutante para que formule nueva liquidación." Por lo antes expuesto, como se advierte de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, mismas que obran en un tomo de pruebas y de las que obran en los autos del juicio de amparo 1025/2018, resulta inconcuso que la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 2635/2018/VII, del índice de la autoridad responsable, la cual es señalada como acto reclamado en el presente juicio, ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues fue declarada insubsistente y quedó sustituida procesalmente por la diversa resolución de veinticinco de junio del año en curso. En ese tenor, resulta necesario que el suscrito juzgador analice de oficio la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Asimismo, dicha causal se actualiza cuando de las constancias aparece que el acto impugnado deriva del cumplimiento de una sentencia protectora y aquél quedó insubsistente en virtud de la determinación del juzgado federal que otorgó la protección, en el sentido que aquel acto incumplió con el fallo de amparo. En esta tesitura, si el acto que se reclamaba por esta vía es la resolución de siete de mayo del año en curso, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del juicio ordinario mercantil 2635/2018/VII, y es un hecho notorio que obra en autos del juicio de amparo 1025/2018, de este índice, copia certificada de la determinación tomada por la responsable el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, a través de la cual dejó insubsistente la diversa de siete de mayo del año en curso, resulta evidente que ha cesado en sus efectos, al haber sido sustituido procesalmente. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.T. J/81, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE PROMUEVE JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA EL LAUDO QUE SE DEJÓ INSUBSISTENTE POR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL SENTIDO DE QUE AQUÉL INCUMPLIÓ CON LA SENTENCIA DE AMPARO. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.", si el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la sentencia de amparo considera, en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo, que el nuevo laudo incumple con aquélla, la autoridad responsable, está constreñida a dejar insubsistente ese nuevo laudo y a emitir otro en el que cumpla con los efectos del fallo protector; en consecuencia, al haber cesado los efectos del laudo con el que se pretendió cumplir la ejecutoria de amparo, el juicio de garantías que en su contra se promueva debe ser sobreseído por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XVI, en relación con el numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 415, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, al haberse acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, el suscrito juzgador, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, determina sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación, por lista de acuerdos al tercero interesado y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el término de tres días concedido a la persona moral tercera interesada denominada Recuperación de Comercio Interior, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Domínguez Coronado, en proveído de cinco de junio del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del catorce al dieciocho de junio de la presente anualidad, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, efectúense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto la nombrada tercera subsane dicha omisión.
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