José Antonio Rodríguez Villa
Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Rodríguez Villa
- Comisariado Ejidal del Ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, integrado por José Manuel Villegas García, Juan Carlos Ortiz García, Francisco Martínez Cortez, en cuanto Presidente, Secretario y Tesorero
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Margarita Salinas Serrato, por propio derecho y en representación del niño S.Z.M.S., contra el acto que atribuye a Jueza Segundo Oral Familiar de Primera Instancia del distrito judicial de Morelia, Michoacán, para los efectos indicados en la parte final de la consideración final de esta sentencia
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTITIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Son las que se toman a continuación: 1.1. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, promovida por José Antonio Rodríguez Villa, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Comisariado Ejidal del Ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 589/2022. 1.2. Precisión del acto reclamado. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: La orden y expedición de constancias en favor de terceros para que se constituyeran en sus tierras ubicada en el ejido de Santiago Undameo, municipio de Morelia, Michoacán; a realizar actos de desalojo, perturbación, alteración del orden e intentar despojarlo de la superficie que conforman las 45-00-00 hectáreas que corresponden a su derecho; actos que ocurrieron y se llevaron a cabo sin hacerlo de su conocimiento y sin orden alguna. 1.3. Actualización de causa de improcedencia. En principio, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 5, ya que no puede ser considerado un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII y 5º, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". Del análisis conjunto de dichos preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por su parte, el artículo 21 de la Ley Agraria, prevé que el comisariado ejidal, entre otros, es un órgano del ejido; por tanto, no puede reputarse como un órgano del Estado. De ahí que no puede considerarse como autoridad; máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con la asamblea) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 33, en relación con el 23 de la Ley Agraria, se advierte que: 1. El presidente del comisariado no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; 2. Su relación con los sujetos del ejido, por ejemplo, la asamblea o avecindados, es de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) Aun cuando su artículo 27 establezca que las resoluciones de las asambleas por ellos convocadas, son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar del Comisariado Ejidal de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, la orden de desposesión del predio ubicado en el ejido de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, perteneciente a ese núcleo ejidal. Acto que conforme con lo expuesto, no constituye un equivalente a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que el Comisariado en su relación con los sujetos del ejido, no involucran la actuación o abstención de un órgano del Estado, frente a un gobernado en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son además de la unilateralidad, también la imperatividad y coercibilidad; sino que derivan de un controversia entre particulares que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Volumen 205-216, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de título y contenido: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional". Así como en la Jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2184 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Décima Época, Materia Común, la cual resulta aplicable por analogía, la cual es de título y contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo". Así también, la tesis VI.3º.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA". Por lo tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no pude ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo. Circunstancia que desde luego no implica que las personas promoventes vean coartado su derecho de acceso a la justicia, toda vez que esta resolución no prejuzga sobre sus prerrogativas para acudir a los Tribunales Agrarios a hacer valer lo que a su interés convenga en términos de lo establecido en la propia Ley Agraria. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. 1.7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizando para tales efectos a las personas que refiere; y, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Moisés Acosta Orozco, en razón de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, se encuentra registrada la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. 1.8. Asimismo, como lo solicita la parte promovente, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- José Antonio Macouzet Guerrero633/2022
- José Antonio Macouzet Guerrero299/2018
- José Antonio Martínez Hernández515/2020
- José Antonio Orozco Nieves1244/2019
- José Antonio Ramírez Villalva875/2021
- José Antonio Rangel Solís1177/2017
- José Antonio Soto Galán493/2018
- José Antonio Valerio Salguero461/2020
- José Armando Farías Pimentel798/2019
- José Armando González González1234/2021
- José Armando Martínez Lemus852/2013
- José Armando Mora Aguilar1121/2019