José Antonio Martínez Hernández

Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 49 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2020
Año
2020
Actuaciones
49
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, la sentencia que sobreseyó el presente juicio no fue impugnada en término legal, por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con quince minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, en el juicio de amparo IV-515/2020, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia, ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo, autos de prevención y reprevención, acuerdo admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, proveído de catorce de marzo del presente año, en el que se tuvo por recibida la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 65/2021, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, que revocó la sentencia emitida por este órgano de control constitucional el treinta de junio de dos mil veintiuno y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se recabaran copias certificadas de las actuaciones necesarias para resolver el presente asunto, en virtud de que las remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su oficio UEDIPF/3171/2020, son copias simples; asimismo, se verificara el estado procesal del procedimiento de extinción de dominio de donde emerge el acto reclamado. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, se declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales que anexaron la parte quejosa y las autoridades responsables a sus informes justificados; así como el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, en atención a los requerimientos formulados por este juzgado; sobre el particular el titular determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza las referidas probanzas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, se abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que se acuerda: ténganse haciendo la anterior relación de constancias y se cierra esta etapa. SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV- 515/2020, promovido por José Antonio Martínez Hernández1, por alegada violación del artículo 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa reclama lo siguiente:2 Del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado:  El oficio 000 de doce de agosto de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de investigación UEDIPF/002/2020, en el que se le negó la devolución del bien inmueble ubicado en calle de La carreta número 543, fraccionamiento Campestre Tarímbaro, municipio de Tarímbaro, Michoacán. 2. Agente del Ministerio Público Litigante de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado.  La omisión de comunicarle el aseguramiento del inmueble que el quejoso señala es de su propiedad, identificado en párrafos anteriores, así como el desglose de las copias de la carpeta de investigación MOR/053/34898/2019. Se considera necesario señalar que en proveído de catorce de marzo del presente año, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 65/2021, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, a través de la cual se revocó la sentencia emitida por este órgano de control constitucional el treinta de junio de dos mil veintiuno y se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se recabaran copias certificadas de las actuaciones necesarias para resolver el presente asunto, en virtud de que las remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su oficio UEDIPF/3171/2020, son copias simples; asimismo, para que se verificara el estado procesal del procedimiento de extinción de dominio de donde emerge el acto reclamado. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. TERCERA. Norma general, actos u omisiones cuya existencia quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados al (1) Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado y (2) al Agente del Ministerio Público Litigante de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo informaron al rendir sus informes de ley. Certeza que se advierte de las documentales que adjuntaron a dichos informes de ley y las remitidas en cumplimiento a los requerimientos realizados por este órgano jurisdiccional, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones3. CUARTA. Análisis de causas de improcedencia y sobreseimiento. 4.1. En la especie, respecto del acto reclamado consistente en oficio 000 de doce de agosto de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de investigación UEDIPF/002/2020, se estima actualizado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo que dispone: 3"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]". En efecto, los actos consumados se entienden -conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza se clasifican en: a) actos consumados de modo reparable y; b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que los efectos que producen la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, ya sea porque exista una imposibilidad física o jurídica. La primera se presenta cuando el bien jurídico tutelado en la norma ha dejado de existir, como el trascurso del tiempo; lo segundo se presenta cuando una situación jurídica haya quedado definida y no se puedan volver las cosas al estado al que se encontraban antes de cometida la violación, porque física o jurídicamente exista tal imposibilidad. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe de atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física, material o jurídica de los mismos, es decir, al hecho de que el quejoso pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados), salvo en los casos, que se trate de normas generales que estuvieron vigentes durante determinado período. Ahora, en el caso concreto el quejoso se duele del oficio 000 de doce de agosto de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de investigación UEDIPF/002/2020, en el que se le negó la devolución del bien inmueble ubicado en la calle de La carreta número 543, fraccionamiento Campestre Tarímbaro, municipio de Tarímbaro, Michoacán, a partir de que la autoridad responsable le indicó que se encontraba analizando las copias auténticas de la referida indagatoria para determinar si iniciaría o no la acción de extinción de dominio respecto a dicho inmueble. No obstante, aun cuando pudiera analizarse la constitucionalidad del acto reclamado y llegara a dictarse una sentencia concesoria de amparo, la realidad es que ésta no tendría ningún efecto práctico, ya que las constancias que obran en el sumario permiten advertir que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, a través de acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, determinó iniciar la preparación de la acción de extinción de dominio respecto del bien inmueble precisado en párrafos precedentes. Posteriormente, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, se realizó la entrega real y material de dicho inmueble, a personal de la Dirección de Registro y Control de Bienes Asegurados de la Fiscalía del Estado, con residencia en esta ciudad, según se advierte de la diligencia glosada de la foja 1026 a la 1027 del tomo III de pruebas y actualmente se están recabando pruebas que la fiscalía estima necesarias para establecer la procedencia y sustento de la acción de extinción de dominio, pues incluso, dicha fiscalía obtuvo autorización por parte del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, para la solicitud de información protegida por el secreto tributario en relación con el aquí quejoso José Antonio Martínez Hernández, con registro federal de contribuyentes MAHA-790326 S28, las cuales ya obran en autos. El acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se determinó iniciar la preparación de la acción de extinción de dominio respecto del bien inmueble precisado en párrafos precedentes, quedó notificado al peticionario del amparo y a su defensor particular, al día siguiente, esto es, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, quien al recibir la constancia respectiva asentó haber quedado enterado del inicio de la preparación de la acción de extinción de dominio, misma que firmó. En otras palabras, el hecho de que la autoridad ministerial responsable, determinara iniciar el procedimiento de preparación de la acción de extinción de dominio, implica la necesidad de que la parte quejosa deba apersonarse al procedimiento respectivo y, en su momento, exhiba las constancias con las cuales pretenda acreditar la propiedad que detenta, así como la procedencia lícita del bien inmueble, en términos del último párrafo del artículo 190 de la Ley de Extinción de Dominio4; se insiste, a pesar de que este órgano jurisdiccional, pudiera llegar a dictar un fallo concesorio de amparo, éste no tendría efectos prácticos para las pretensiones del quejoso, ya que éste intenta que le sea devuelto el bien inmueble multicitado, lo cual sólo podrá lograrse por el Juez competente a través de una resolución en la que declare que no se acreditó la acción de extinción e dominio y ordene el levantamiento de la medida cautelar y provisional, así como a la persona a quien deberá devolverse, conforme con el artículo 215 de la Ley de Extinción de Dominio5. Por lo expuesto, éste órgano de control constitucional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, en virtud de que, en el caso concreto el dictado de un fallo protector sería estéril, puesto que el inicio de la preparación de la acción de extinción de dominio ha dejado consumados irreparablemente los efectos del oficio 000 de doce de agosto de dos mil veinte. 4.2. Causa de sobreseimiento respecto del acto reclamado consistente la omisión de comunicarle el aseguramiento del inmueble que el quejoso señala que es de su propiedad6, así como el desglose de las copias de la carpeta de investigación MOR/053/34898/2019. Al respecto, este órgano jurisdiccional hace valer de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme al planteamiento que a continuación se expondrá. El numeral citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Así, del aludido precepto legal se colige que el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. 5Bajo ese contexto, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, si los actos reclamados en concreto resultan ser la omisión de comunicarle el aseguramiento del inmueble que el quejoso señala es de su propiedad7, así como el desglose de las copias de la carpeta de investigación MOR/053/34898/2019 y de acuerdo con las documentales que remitió a este juzgado el Agente del Ministerio Público Litigante de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, las cuales fueron valoradas en párrafos anteriores, se observa que, existe el auto de aseguramiento fechado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, así como el acuerdo de desglose de actuaciones de quince de mayo de dos mil veinte, constancias con las cuales se dio vista al quejoso en auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte; por tanto, la parte quejosa conoció dichas determinaciones al momento en que le fue notificado el auto por el cual se le dio vista con el informe justificado que rindió la referida responsable, así como los anexos que remitió anexos al mismo, tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior implica que los efectos de la falta de notificación han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada. Así pues, la conducta omisiva de la autoridad que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó en el momento en el que 3este juzgado le dio vista con el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por recibido el informe justificado del Agente del Ministerio Público Litigante de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, y las constancias que adjuntó, mismo que fue notificado por medio de lista de acuerdos al peticionario de amparo el veinte de octubre dos mil veinte. En consecuencia, resulta inconcuso que si la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar el veinticinco de agosto de dos mil veinte y, como ya se expuso, la autoridad responsable remitió como anexo a su informe justificado la determinación de la cual el quejoso se duele de su omisión de notificar, y éste tuvo conocimiento de tal determinación el veinte de octubre de dos mil veinte, en que se le notificó el acuerdo de diecinueve de ese mes y año; es decir, con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, es indudable que cesaron los efectos del indicado acto reclamado por el que se resuelve en este apartado8. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado que se analiza. En esta tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario de amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados que en esta vía se combaten9. Por lo antes expuesto y fundado; se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Martínez Hernández, en contra de los actos que reclamó a las autoridades responsables señaladas en la consideración primera de esta sentencia y por los motivos y fundamentos expuestos en cuarta.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se agrega como constancia. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mediante el cual adjunta las constancias solicitadas en proveído de veintiocho de marzo pasado 1.1. Pruebas. Por tanto, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad ordenadora las constancias que remite, la cuales dada su naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. 1.2. Tomo de pruebas. Se ordena formar tres tomos de pruebas, respetando, folio, rúbrica y entresellado, colocando únicamente la carátula correspondiente, para su debida identificación. 2. Se difiere la audiencia. En consecuencia, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dichas constancias, se difiere la audiencia constitucional anticipadamente, y se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe. UBB

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Oficio. Se tiene por recibido el comunicado del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento realizado en proveído de catorce de los corrientes y remite copias certificadas legibles de las constancias que hasta este momento -a su decir- resultan útiles para la preparación de la acción de extinción de dominio del inmueble que implícitamente se reconoció propiedad del quejoso directo; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe.

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