José Antonio Rangel Solís

Expediente 1177/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1177/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
31/08/2018

Partes del expediente

  • José Antonio Rangel Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el siete de agosto de dos mil dieciocho, en la que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y, en otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hiciera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara que ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y, en otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hiciera y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero, del acuerdo general en consulta, háganse constar en la carátula los datos precisados con antelación. Toda vez que del sumario se aprecia que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Primera del Sistema Inquisitivo-Mixto, con residencia en Morelia, Michoacán, envió en apoyo al informe justificado copia certificada de las constancias de donde emanaron los actos reclamados, con las cuales se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Ahora, dado que no se adjuntaron documentos originales y no se aperturó el incidente de suspensión respectivo, no ha lugar a hacer pronunciamiento respecto a su devolución. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-1177/2017; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y recibido ese día en este juzgado, José Antonio Rangel Solís, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la autoridad siguiente: Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Primera del Sistema Procesal Penal Inquisitivo. Los cuales hizo consistir en: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; a.- La falta de respuesta a las solicitudes de fechas 08 de junio de 2017 y el escrito de fecha 27 de junio de 2017 dentro de la averiguación previa penal número 488/2013-III, los primeros designando defensores particulares, la segunda solicitando la devolución de la cantidad de $238,760.00 y el tercer documento exhibiendo documentos para acreditar la posibilidad de la devolución del numerario citado. b.- La determinación de tener por abandonado en favor de la Federación del numerario por la cantidad de $238,760.00 y que pertenece al hoy quejoso dentro de la averiguación previa penal número AP/PGR/MICH/M-II/535/2013 sin mediar notificación alguna al suscrito". Actos que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículo 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías otorgadas para su protección; asimismo, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que en proveído de cinco de diciembre del año inmediato anterior, se registró en el libro de gobierno con el número 1177/2017, se previno al promovente para que proporcionara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la determinación de tener por abandonado en favor de la federación el numerario por la cantidad de $238,760.00 dentro de la averiguación previa penal número AP/PGR/MICH/M-III/535/2013, al haber sido omiso en ese aspecto. En escrito presentado el catorce de diciembre de la anualidad pasada, cumplió con el requerimiento enunciado en los términos siguientes: ".tuve conocimiento de dicha actividad el día 30 de noviembre del año 2017". Luego, en auto de quince siguiente, fue admitida; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló alegatos mediante pedimento 002/2018; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En autos de tres de enero y dieciséis de febrero, ambos del año en curso (foja 42 y 61-62), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, manifestara si era su voluntad ampliar la demanda respecto de los actos de la autoridad ahí precisados; asimismo, se le apercibió que de no hacerlo, se seguiría el juicio en los términos planteados en su escrito inicial de demanda. Del presente sumario, se desprende que en audiencia constitucional, se levantó certificación respecto a la preclusión del plazo para que el quejoso ampliara su demanda, y se hicieron efectivos los apercibimientos decretados en acuerdos de tres de enero y dieciséis de febrero, pasados, por lo que el estudio en el presente juicio se hará únicamente por la autoridad y los actos reclamados que refirió el solicitante de derechos en su demanda de amparo. Finalmente, una vez agotado el procedimiento de amparo en todas sus etapas, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, por tratarse de actos reclamados a una autoridad ministerial que tiene su residencia donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo y aclaración, se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso, lo que resulta especialmente importante en casos como el que nos ocupa, en que, la exposición de la demanda resulta ambigua en varios aspectos. Se afirma lo anterior porque atendiendo a la literalidad del apartado IV de la demanda (foja 3), se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: La omisión de dar respuesta a las solicitudes de ocho y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa penal número 488/2013-III, en los que designó defensores particulares, solicitó la devolución de la cantidad de $238,760.00 y exhibió documentos para acreditar la posibilidad de la devolución del numerario citado. La determinación de tener por abandonado en favor de la Federación el numerario por la cantidad de $238,760.00, que dice, es de su propiedad, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGR/MICH/M-III/535/2013. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Agencia Primera Investigadora en Morelia del Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto de la Procuraduría General de la República, pues así lo adujo dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 17-19), el que además complementó mediante oficio de dos de enero del presente año (foja 24). Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo que se demuestra con las constancias certificadas siguientes: Diligencia de uno de junio de dos mil trece practicada al quejoso. Acuerdos de recepción de oficios que obran dentro de la averiguación previa número AP/PGR/MICH/M-III/535/2013, mediante los cuales se solicitó la devolución del numerario que fuera asegurado dentro de la indagatoria AP/PGR/MICH/M-III/488/2013. Oficios mediante los cuales se realizó la solicitud de devolución del numerario asegurado dentro de la indagatoria AP/PGR/MICH/M-III/488/2013. Constancia ministerial de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, suscrita por la licenciada Rosa Flores Aguirre, agente del Ministerio Público de la Federación. Acuerdo por el que se decreta el abandono de numerario afecto, de veintitrés de septiembre de dos mil quince, suscrito por la licenciada Rosa Flores Aguirre, Agente del Ministerio Público de la Federación. Escritos de solicitudes de ocho y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en los que José Antonio Rangel Solís designó defensores particulares, solicitó la devolución de la cantidad de $238,760.00 y exhibió documentos para acreditar la posibilidad de la devolución del numerario citado, acuerdo de recepción de los mismos de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete. Constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo de acuerdo a su precepto 2o., dado que éstas revisten la calidad de documentales públicas al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así la Ley de Amparo en su artículo 63, fracción V, al surtirse en el proceso alguna de las hipótesis normativas descritas en el artículo 61 de la propia ley de cita, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano de control constitucional, previamente estudiará las causas de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia. Así, en este sumario constitucional se surte la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, respecto del acto siguiente: La omisión de dar respuesta a las solicitudes de ocho y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa penal número 488/2013-III, en los que designó defensores particulares, solicitó la devolución de la cantidad de $238,760.00 y exhibió documentos para acreditar la posibilidad de la devolución del numerario citado. Expuesto lo anterior, se impone destacar que el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En el presente juicio, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia citada con antelación, la cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como el publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, de rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, conforme a la fracción II del artículo citado, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En ese contexto, se impone destacar que, tal y como se precisó con anterioridad, el acto reclamado por esta vía consiste en la omisión de dar respuesta a las solicitudes de ocho y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa penal número 488/2013-III, en los que designó defensores particulares, solicitó la devolución de la cantidad de $238,760.00 y exhibió documentos para acreditar la posibilidad de la devolución del numerario citado. De los referidos escritos presentados el ocho y veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 37-39), cuya omisión de acordar constituye el acto reclamado, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "AP/PGR/MICH/M-III/488/2013 - - - ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS - - - - - En la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, el día 30 de junio del año 2017 dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto por los arábigos, 8; 16; 17; 20; Apartado C, fracción II, 21 y 102 apartado "A" d Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 2, fracción VII 34, 141, fracción XII y XIII, 168 180, 206, 280, 281, 285 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2°, 4°, fracción I, inciso A), subinciso r), 11 inciso d), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la y República, 3°, 103, fracción VIII, de su reglamento; y, 127 de la Ley General de Victimas, consistente: - - - - - - - - - - - -- - - En la promoción a la fecha de su sello, suscrito por el C. José Antonio Rangel Solis, en término de lo señalado en el artículo 17, 109 y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos, señalando domicilio para oír recibir notificaciones y demás el ubicado Paquinhuata número 276 de la colonia Félix Ireta en esta ciudad. - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, esta Representación de la Federación, en relación a la petición, no ha lugar, acordar favorable su petición en razón de que los Arábigos que invoca no son aplicables al Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto, aunado a ello, no exhibe copia certificada como lo señala en su escrito. No Acompañando dicha documentación con la que acredita su personalidad. - - - - - - - - Asimismo respecto al segundo escrito, a la fecha de su sello, en la que solicita, se ordene la devolución de la cantidad de $238,760.00 (doscientos treinta y ochos mil setecientos sesenta pesos 00/100 n. m), con billetes de diversas denominaciones y dos billetes de un dólar Americano que fueron asegurados dentro de la indagatoria de mérito el 31 de mayo de 2013, y que consta en el oficio número PF/CFF/CCRAI/2BRAI/17UAUAOC/2ª. CIA/980/2013, de fecha 01 de de junio de 2013, dentro de la averiguación previa penal y que tuvo cocimiento el agente Tercero del Ministerio Publico Investigador en su momento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, esta Representación de la Federación, en relación a la petición, no es posible acordar favorable su petición en razón de que en el expediente se elaboró constancia ministerial de fecha 18 de septiembre de 2015, en el que se le notificó al señor José Antonio Rangel Solis, que no puede enajenar, grabar los bienes antes descritos en el caso de que no manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de 90 día naturales siguientes a la notificación, el vehículo, objetos y numerario causarán abandono a favor del Gobierno Federal o bien se determinará lo que a derecho proceda; Ahora bien como del expediente se desprende dentro de los siguientes 90 días de la notificación no compareció a deducir sus interés, consecuentemente con fecha 23 de septiembre del 2015, se decretó el abandono del numerario a favor de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO. Agréguese los oficios antes descritos a los autos del presente expediente, para que surta sus efectos legales conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- No ha lugar, acordar favorable su petición en razón de que los Arábigos que invoca no son aplicables al Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto, aunado a ello, no exhibe copia certificada como lo señala en su escrito. No acompañando dicha documentación con la que acredita su personalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- no es posible acordar favorable su petición en razón de que en el expediente se elaboró constancia ministerial de fecha 18 de septiembre de 2015, en el que se le notificó al señor José Antonio Rangel Solis, que no puede enajenar, grabar los bienes antes descritos en el caso de que no manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de 90 día naturales siguientes a la notificación, el vehículo, objetos y numerario causaran abandono a favor del Gobierno Federal o bien se determinara lo que a derecho proceda; Ahora bien como del expediente se desprende dentro de los siguientes 90 días de la notificación no compareció a deducir sus interés, consecuentemente con fecha 23 de septiembre del 2015, se decretó el abandono del numerario a favor de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - Documental anterior que obra en copia certificada en el presente juicio de amparo (fojas 40-41), la que previamente fue valorada en epígrafes precedentes. Asimismo, mediante proveído de tres de enero del año en curso (foja 42), de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda respecto del auto -treinta de junio de dos mil diecisiete-que dio contestación a sus solicitudes, auto que se le notificó el nueve siguiente (foja 45), sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el natural 61, fracción XXI, de la ley en la materia, porque el acto reclamado que se estudia en el presente considerando consisten en la omisión de dar respuesta a las solicitudes de ocho y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa penal número 488/2013-III, en los que designó defensores particulares, solicitó la devolución de la cantidad de $238,760.00 y exhibió documentos para acreditar la posibilidad de la devolución del numerario citado, presentados el ocho y veintisiete de junio del año próximo pasado -según manifestación del quejoso-, ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Primera del Sistema Procesal Penal Inquisitivo, dentro de la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/488/2013, ha cesado en sus efectos, pues mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, se acordaron los referidos escritos; por lo tanto, todos sus efectos ha desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis número I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, cuyo rubro establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En virtud de las consideraciones expuestas, se imponer sobreseer en el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de amparo. QUINTO. Ahora en relación con el acto citado en segundo término del considerando segundo de esta resolución, reclamado de la autoridad responsable denominada agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Agencia Primera Investigadora en Morelia del Sistema Procesal Penal Inquisitivo-Mixto de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, consistente en: La determinación de tener por abandonado en favor de la Federación el numerario por la cantidad de $238,760.00, que dice, es de su propiedad, dentro de la averiguación previa penal número AP/PGR/MICH/M-III/535/2013. Resulta infundado el motivo de inconformidad que a manera de concepto de violación hizo valer el peticionario de amparo. De los documentos exhibidos en este asunto, los que fueron valorados en párrafos precedentes, es menester señalar que de los antecedentes que informan, destacan para efectos de esta resolución los siguientes: 1. El uno de junio de dos mil trece, la agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo de la Agencia Tercera investigadora, dentro de la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/488/2013, notificó al quejoso José Antonio Rangel Solís, el acuerdo de aseguramiento de bienes, entre ellos, del numerario consistente en $238,760.00 [doscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta pesos m.n.]. 2. En dicha diligencia, de conformidad con el numeral 182 A del Código de Procedimientos Penales, se apercibió al solicitante del amparo para que no enajenara o gravara los bienes, y para el caso de que no manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de noventa días naturales, siguientes a la notificación, entre otros, el numerario causaría abandono a favor del gobierno federal, o se determinaría lo que conforme a derecho procediera (fojas 25-27). 3. Posteriormente, el dieciocho de septiembre de dos mil quince, la citada fiscal hizo constar que el quejoso fue debidamente notificado del acuerdo de aseguramiento del numerario afecto a la indagatoria de origen, y apercibido conforme al artículo 182 A del Código de Procedimientos Penales, observándose que de tal diligencia el peculio relacionado con la indagatoria de origen, causó abandono a favor del Gobierno Federal (foja 35). 4. Después, al haber transcurrido en exceso el plazo de noventa días naturales, sin que José Antonio Rangel Solís realizara manifestaciones respecto de dicho aseguramiento, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil quince, la representación social decretó su abandono en favor del Gobierno Federal, de conformidad con el numeral 182 A del Código de Procedimientos Penales (foja 36). En razón de lo anterior, el solicitante de derechos pretende que se le otorgue la protección de la justicia federal, para que se revoque la determinación combatida y le pueda ser devuelto el dinero afecto a la indagatoria de origen, al argumentar que se le afecta en su patrimonio al negársele la devolución del numerario del cual se decretó su abandono a favor del Gobierno Federal, por no estar relacionado con ilícito alguno. Conformada así la controversia constitucional, se reitera que los argumentos vertidos a manera de concepto de violación resultan infundados, toda vez que en el caso justiciable se advierte que por acuerdo de uno de junio de dos mil trece, la agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo de la Agencia Tercera investigadora, decretó el aseguramiento, entre otras cosas, del numerario en cuestión. Auto anterior que con fundamento en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, en relación con los numerales 181, 182 a 182-R, del Código Federal de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos, se notificó personalmente al quejoso en el lugar en que éste se hallaba interno, y además se le apercibió que en caso de no manifestar lo que a su derecho correspondiera, el capital causaría abandono a favor del Gobierno Federal, lo que demuestra que se hizo de su conocimiento tal determinación; de la cual desde ese momento estuvo enterado del apercibimiento ahí decretado, tan es así que firmó dicha diligencia al calce, como se puede advertir a foja veintisiete. Con motivo de ello, la citada fiscal el dieciocho de septiembre de dos mil quince hizo constar que al haber sido debidamente notificado el quejoso del acuerdo de aseguramiento del numerario afecto a la indagatoria de origen, y apercibido conforme al artículo 182 A del Código de Procedimientos Penales, el peculio relacionado con la indagatoria de origen, causó abandono a favor del Gobierno Federal. Sin que este último acto fuera combatido por el quejoso, no obstante que se le requirió para tal efecto mediante acuerdo de dieciséis de febrero de la presente anualidad, y que además quedó enterado de dicha determinación, con efectos de notificación personal; cuya conducta, además, denota conformidad con la referida sanción, consistente en el abandono del numerario afecto a la averiguación previa natural, a favor del Gobierno Federal. Incluso, no existe en las constancias de autos, inconformidad alguna en contra del auto de uno de junio de dos mil trece, por el que se le concedió al quejoso un término de noventa días naturales para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al citado peculio. Por consiguiente, si a través de esta vía, el solicitante de derechos se duele de que la determinación tomada por el fiscal responsable de decretar el abandono del peculio relativo a la indagatoria AP/PGR/MICH/M-III/535/2013, a favor del Gobierno Federal, afecta su patrimonio, pero no impugnó el auto de aseguramiento del dinero afecto a la indagatoria en el que, además, lo apercibe con declarar tal abandono, y si tampoco obra constancia aportada por el quejoso que revele que sí realizó manifestación alguna en el término de noventas días, en relación con el numerario asegurado, es inconcuso que la determinación de abdicación de tal capital constituye una determinación ajustada a derecho. No es óbice que el auto de uno de junio de dos mil trece, se haya decretado en la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/488/2013, y que el diverso auto de dieciocho de septiembre de dos mil quince tuviera lugar en la investigación AP/PGR/MICH/M-III/535/2013, toda vez que la autoridad responsable en el informe con justificación manifestó que la segunda de las indagatorias se inició y se le asignó número con motivo de la recepción de las copias certificadas de la primera. Por otra parte, resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la representación social de la adscripción (fojas 48-56), pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 42, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del Tomo VI, Parte SCJN, página 27, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no asistirle la razón a la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Rangel Solís, contra los que reclamó a la autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuesto en el diverso cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Antonio Rangel Solís, contra la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por el acto y las razones expuestas en el disímil quinto.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ ANTONIO RANGEL SOLÍS. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Rangel Solís, contra los que reclamó a la autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuesto en el diverso cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Antonio Rangel Solís, contra la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por el acto y las razones expuestas en el disímil quinto.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de los que se obtiene que se encuentra trascurriendo el plazo de quince días con que cuenta el quejoso para ampliar la demanda de amparo respecto de los actos mencionados en el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho; en esas condiciones, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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