Jose Antonio Rangel Hernández
Expediente 780/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Antonio Rangel Hernández
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense el escrito y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual Bernardino San Germán Luis defensor público adscrito al Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado, y con tal carácter de J************** exhibe el acta de visita carcelaria practicada a dicho quejoso, de la que se advierte que el disidente del amparo se encuentra de acuerdo con la designación recaída sobre dicho profesionista. En tales condiciones, se tiene al citado defensor remitiendo el acta de vista carcelaria practicada a su patrocinado y se toma nota de lo expuesto por el impetrante del amparo. Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ************, junto con el secretario de acuerdos, *********, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, donde se admite a trámite la demanda de amparo (iii) informe justificado. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 780/2021, promovido por ************, en contra el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por la juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, dentro del expediente 615/2016. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por la juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, dentro del expediente 615/2016, resulta o no inconstitucional. ANTECEDENTES En el expediente 615/2016, radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, entre otras cosas, la juez responsable accedió a la petición del quejoso en el sentido de autorizar la expedición de copias solicitadas; sin embargo, debía primeramente hacer el pago de derechos de certificación establecido en el acuerdo 8/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y una vez realizado éste, previa cita, le serían entregadas en dicho órgano jurisdiccional. Actuación que constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO El seis de julio de dos mil veintiuno, ************ presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, por el acto reclamado que más adelantes se precisará. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este juzgado en la misma fecha, quedó registrada con el número 780/2021, se admitió a trámite la misma, se solicitó el informe justificado y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se desahogó en términos del acta que antecede COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha reconocido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda. Bajo esa línea de pensamiento, tenemos que el quejoso reclama de la Juez Quinto de lo Familiar del Centro, la parte del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 615/2016, En la que autoriza la expedición de copias solicitadas previo pago de derechos de certificación y expedición, mismas que se dejaran a su disposición en citado órgano jurisdiccional, en lugar de que le sean enviadas al centro de reclusión en que se encuentra. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quedó acreditada a partir de su informe justificado. En este informe, la Juez responsable aceptó la existencia del mismo. LEGITIMACIÓN La quejosa está legitimada para promover el presente juicio de amparo indirecto, pues está probado que tiene el carácter de demandado en el juicio de origen 615/2016. PROCEDENCIA De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que el presente asunto no satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza, porque el acto reclamado lo constituye la parte del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que juez responsable autoriza la expedición de copias solicitadas previo pago de derechos de certificación y expedición, mismas que se dejaran a su disposición en citado órgano jurisdiccional, en lugar de que le sean enviadas al centro de reclusión en que se encuentra y contra ese acuerdo procede el recurso de revocación, en términos del artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece que Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En consecuencia, si en contra el auto acuerdo en el que autoriza la expedición de copias solicitadas previo pago de derechos de certificación y expedición, mismas que se dejaran a su disposición en citado órgano jurisdiccional, en lugar de que le sean enviadas al centro de reclusión en que se encuentra, procede el recurso de revocación. Entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el medio ordinario de impugnación está claramente establecido en la norma adjetiva de la materia, no requiere interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la tesis 2a-./J. 86/2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, visible a página 901, localizable con el registro 2017808, la cual expresa lo siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En síntesis, el aquí quejoso, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió haber interpuesto en contra de la determinación dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno en el expediente 615/2016 por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por el que ordena la expedición de copias solicitadas previo pago de derechos de certificación y expedición, mismas que se dejaran a su disposición en citado órgano jurisdiccional, en lugar de que le sean enviadas al centro de reclusión en que se encuentra, el recurso de reclamación, previsto el normativo 666 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; de ahí que mediante dicho recurso podría obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que por esta vía reclama. En consecuencia, si en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reclamación antes precisado, el promovente, como parte del juicio de origen está en posibilidad de interponerlo, previo a acudir en el juicio de amparo. Circunstancia esta última que se encuentra acreditada en autos, pues tal y como lo refirió en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, el quejoso forma parte del juicio de origen. DECISIÓN En esas condiciones, ante la inobservancia del principio de definitividad, este juzgador determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *************, en contra del acto reclamado a la juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio de familiar 615/2016. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual Bernardino San Germán Luis asesor jurídico del quejoso José Antonio Hernández Rangel, solicita se le conceda una prórroga para realizar visita carcelaria a su patrocinado la cual la tiene programada para el veintitrés de agosto del año en curso; lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, se le concede al citado defensor el plazo que solicita, y se le requiere para que una vez que realice la visita carcelaria a su patrocinado remita la constancia relativa. Notifíquese; personalmente al licenciado Bernardino San Germán Luis asesor jurídico del quejoso José Antonio Hernández Rangel.
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