José Antonio Rangel Hernández
Expediente 1013/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Antonio Rangel Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional se sobreseyó en sentencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la Secretaria de acuerdos, Lizeth Ortiz Segura, procede a celebrar la audiencia constitucional de este juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo promovida por José Antonio Rangel Hernández; (ii) auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, donde se admitió a trámite la demanda de amparo, (iii) informes justificados rendidos por el Director de la Hemeroteca Pública de Oaxaca y por el jefe de la unidad jurídica de la Secretaría de la Culturas y Artes de Oaxaca, y, (iv) auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, "CPS-Oaxaca", informando el egresó del quejoso de dicho centro de reclusión. Acto seguido, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y toda vez que no existen actuaciones pendientes de desahogar, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase la Secretaria hace constar la documental ofrecida por la parte quejosa que anexa a su demanda de amparo y la ofrecida por las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados. Asimismo, la Secretaria certifica: que por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se reservó acordar la prueba de inspección ocular ofrecida por el Jefe de la unidad jurídica de la Secretaría de la Culturas y Artes de Oaxaca. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas, con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, vista la certificación secretarial de la que se advierte se encuentra pendiente de desahogar la prueba de inspección ocular, en términos de lo dispuesto por los artículos 119 de la Ley de Amparo, en relación el con diverso 79 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2º, toda vez que carece de idoneidad para acreditar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado se desecha. Lo anterior, porque de las constancias procesales que integran el sumario se advierte que esencialmente el acto reclamado consiste en la negativa de conceder al quejoso la información pública de forma impresa y gratuita de todas las notas policiacas de los periodos dos mil catorce a dos mil veintidós de los periódicos "El imparcial" y "Noticias", comunicada a través de la resolución de solicitud de información 201181922000019 de siete de junio de este año, realizada por el Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Por lo que, es evidente que dicha probanza no es idónea para acreditar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, para lo cual únicamente se considerarán los argumentos y fundamentos que en la resolución 201181922000019 la autoridad emisora vertió. En otro punto, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1013/2022, promovido por José Antonio Rangel Hernández. ANTECEDENTES La parte quejosa al narrar los antecedentes del acto reclamado manifiesta que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, presentó un escrito mediante el cual solicitó al Titular de la Hemeroteca del Estado de Oaxaca la información pública de forma impresa y gratuita consistente en todas las notas policiacas de los periodos dos mil catorce a dos mil veintidós de los periódicos "El imparcial" y "Noticias"; lo anterior, considerando su condición de vulnerabilidad al encontrarse interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Recayendo a su escrito la resolución de solicitud de información 201181922000019 de siete de junio de este año, realizada por el Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, en la cual se le informa que dicha información no es posible remitírsele de forma impresa; sin embargo, que la misma se deja a su disposición para su consulta en las oficinas de la Hemeroteca del Estado de Oaxaca. Así el quejoso estimó que al encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, "CPS-Oaxaca", y que las autoridades responsables no le dieran las copias relativas a la información solicitada y en su lugar le fueran puestas a su disposición a manera de consulta en la Hemeroteca del Estado de Oaxaca, se le estaba negando el acceso a la información, motivo por el cual es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO A través del Sistema Postal Mexicano el quejoso José Antonio Rangel Hernández remitió un escrito, el cual fue recibido el uno de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al titular de la Hemeroteca del Estado de Oaxaca y otra autoridad. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 6°, 8° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el uno de septiembre de este año, y por auto de dos de septiembre siguiente, este órgano jurisdiccional radicó la demanda y la registró bajo el expediente 1013/2022, admitiendo a trámite la misma, solicitando los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa y las autoridades responsables tienen su residencia en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se tiene como acto reclamado: La resolución de solicitud de información 201181922000019 de siete de junio de este año, realizada por el Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca en la cual se da contestación al escrito petitorio suscrito por el quejoso de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, en virtud que refieren que la resolución combatida no transgrede los derechos de la parte quejosa. No obstante lo anterior, en razón que es evidente la existencia de la resolución de solicitud de información 201181922000019 de siete de junio de este año, lo correspondiente es desvirtuar la negativa de las autoridades responsables pues la misma es encaminada a justificar como constitucional la resolución combatida; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Certeza que además, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado donde se advierte la cédula de notificación electrónica; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". La causa de improcedencia prevista en el reproducido dispositivo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, correspondiente al mes de Agosto del 2000, página 357, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual modo, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo VII, abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, en el caso a estudio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud que la parte quejosa en su escrito de demanda aducía que la resolución de solicitud de información 201181922000019 de siete de junio de este año, en relación a su petición de diecinueve de mayo del año en curso le causaba perjuicio porque la autoridad emisora había puesto a su disposición en las oficinas de la Hemeroteca del Estado de Oaxaca, la información que solicitó, lo cual le resultaba imposible debido a que el mismo se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, "CPS-Oaxaca". En tal sentido, por auto de veinticinco de octubre pasado se tuvo al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, "CPS-Oaxaca", informando el egreso del quejoso José Antonio Rangel Hernández, en virtud de haber alcanzado el beneficio de libertad anticipada, anexando al efecto copias certificadas del acta administrativa de libertad número 240/2022, egreso definitivo de José Antonio Rangel Hernández, así como de la boleta de libertad 26338/2022 de la cual se advierte la firma del referido quejoso, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Entonces, si la parte quejosa egreso del centro de internamiento en el que se encontraba y por ende en la actualidad goza de libertad deambulatoria, se encuentra en posibilidad de consultar de forma personal las documentales que solicitó y las cuales le fueron puestas a disposición por en resolución de solicitud de información 201181922000019 de siete de junio de este año, realizada por el Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, lo cual constituía el motivo de su inconformidad, pues el quejoso alegaba que la resolución mencionaba era violatoria a sus garantías dado que al encontrarse compurgando una pena restrictiva de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece, "CPS-Oaxaca", se le impedía el acceso a la información por la imposibilidad de consultar las notas rojas. En efecto, en el presente asunto dejó de existir el objeto material de los actos reclamados con motivo de la obtención de libertad del disidente; por lo cual, ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una acto que no podrá materializarse, ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto controvertido, mismo que no dejó huella en la esfera del peticionario de amparo susceptible de reparación en virtud que con la libertad con la que goza el quejoso este se encuentra en aptitud de imponerse del contenido de la información pública de su interés la cual no le fue remitida de forma impresa en el centro donde se encontraba recluido. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VII. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VI de este fallo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Rangel Hernández, por las consideraciones expuestas en el considerando VI de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, "CPS-Oaxaca", cumple con el requerimiento formulado en auto de siete de octubre pasado, informando al efecto que el quejoso José Antonio Rangel Hernández egresó del centro de reclusión en comento en virtud de haber obtenido el beneficio de libertad anticipada, anexando para corroborar su dicho diversas constancias. En consecuencia, tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- José Antonio Rangel Hernández69/2019
- José Antonio Rangel Hernández175/2019
- Jose Antonio Rangel Hernández643/2018
- José Antonio Rangel Hernández635/2019
- Jose Antonio Rangel Hernández780/2021
- José Antonio Rangel Hernández1012/2022
- José Antonio Rangel Hernández661/2022
- José Antonio Rangel Hernández543/2018
- José Antonio Rangel Hernández593/2022
- José Antonio Rangel Hernández176/2019
- Jose Antonio Rangel Hernandez658/2021
- José Antonio Rangel Hernández148/2019