José Antonio Rangel Hernández
Expediente 531/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Antonio Rangel Hernández
- JOSÉ ANTONIO RANGEL HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Secretario de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, solicita la devolución del toca penal **, de su índice, así como del expediente penal **, del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En su atención, como lo solicita, mediante oficio devuélvansele las citadas documentales, en virtud que en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo de este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede y visto el estado de autos se conoce que en este expediente mediante auto de once de septiembre de dos mil veinte, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el ocho de octubre siguiente, se negó la suspensión definitiva solicitada; además, que no obra documento alguno considerado como original, que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo al criterio de valoración a que alude de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. De manera semejante, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que se sobreseyó en el presente juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 531/2020, promovido por . . . El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto consiste en verificar la resolución dictada el veintiuno de febrero de este año, en el toca penal 226/2019, en la que se modificó el auto de formal prisión y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, el cual resulta violatoria de los artículos 1°, 14°, 16°, 19°, 20° 21°, y 23° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que el veintitrés de junio de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de3 lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dictó auto de formal prisión contra el quejoso, en la causa penal ***. Contra esa resolución de término constitucional, el inculpado y su defensor público interpusieron el recurso de apelación, que fue radicado en el toca penal ***, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Dicho Tribunal de Alzada emitió la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el sentido de revocar el auto de formal prisión y emitir auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservar de ley, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio de clorhidrato de cocaína. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El dos de septiembre de dos mil veinte, **, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la emisión de la resolución dictada el veintiuno de febrero de este año, en el toca penal **, en la que se revocó el auto de formal prisión y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. La demanda fue remitida al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca por razón de turno, donde quedó registrada con el número 477/2020, de su índice, misma que fue remitida a este órgano jurisdiccional mediante auto de cuatro de septiembre de este año, pues consideró declinar la competencia al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por haber tenido conocimiento previo. Ante dicha precisión por auto de once de septiembre de este año, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada a su favor y admitió la demanda a trámite registrándola con el número 531/2020. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama el acto de una autoridad judicial que tiene su sede dentro del territorio en donde este órgano constitucional ejerce su jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye, como se adelantó, la resolución dictada el veintiuno de febrero de este año, en el toca penal **, mediante el cual la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocó el auto de formal prisión de veintitrés de junio de dos mil diecinueve y en su lugar dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, por lo que hace al delito contra contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio de clorhidrato de cocaína, comúnmente conocida como cocaína, en su variante de venta, dentro de la causa ** del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, el cual fue recibido el cinco de octubre del año en curso, en este órgano jurisdiccional, y a través del cual dicha autoridad aceptó el resolución que se le atribuye. Lo anterior, se corrobora con las documentales que acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de constancias deducidas del toca penal **, del registro del citado órgano jurisdiccional. Tales medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, por tratarse de documentales públicas expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, que ostentan firmas y sellos que los distinguen. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA La existencia del acto reclamado a los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, el cual fue recibido el cinco de octubre del año en curso, en este órgano jurisdiccional. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, cuyo estudio es de orden público y preferente, en términos del numeral 62, todos de la Ley de Amparo. Los referidos artículos establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Es importante señalar, que la citada fracción XXIII a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, razón por la que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento Por su parte, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, de una interpretación en sentido contrario se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos por la constitución y los tratados internacionales. En este punto, conviene indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.-Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. [.]. De la ejecutoria se advierte, en lo que interesa, que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable al quejoso. Ahora bien, los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En el caso, el quejoso reclama la resolución dictada el veintiuno de febrero de este año, en el toca penal ***, en la que se revocó el auto de formal prisión y en su lugar se dictó a su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, por lo que hace al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio de clorhidrato de cocaína, comúnmente conocida como cocaína, en su variante de venta. Dicha terminación, no constituye para el quejoso un acto de imposible reparación, debido a que, no afecta materialmente los derechos sustantivos de éste. Se dice lo anterior, ya que la resolución aquí combatida revocó el auto de formal prisión dictado contra el inculpado aquí quejoso, y se limitó a decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, lo que de ninguna manera afecta o transgrede materialmente los derechos sustantivos del quejoso, pues la consecuencia principal de la referida resolución -auto de libertad- no impide en forma actual el ejercicio de un derecho de éste, mucho menos incide en el derecho a la libertad, toda vez que respecto al ilícito en comento, se ordenó emitir su boleta de libertad respectiva. Cabe señalar, que el efecto de la resolución que por esta vía se combate, no impide ni restringe al quejoso para que éste pueda ejercer su derecho de defensa ante los actos posteriores que deriven de una posible investigación, puesto que, el efecto principal de la citada determinación, como ya se dijo, fue dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar. Sin embargo, en este momento, tampoco ha lugar a tener como hechos inminentes, actos de investigación atribuibles al Agente del Ministerio Público o Fiscal investigador, toda vez que en este momento son actos futuros de realización incierta; máxime, que en el caso concreto, no se tuvieron por acreditados los elementos del cuerpo del delito, menos aún la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito multicitado. Luego, si la resolución reclamada no causa un perjuicio real y actual al aquí quejoso, ni le impide el ejercicio de algún derecho sustantivo, ya que ésta tiene como único efecto decretar el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, es inconcuso que se actualiza la cusa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. . . De ahí, que resulte innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número 1028, de contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.. . En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por . . , en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE.
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