José Antonio Pérez Cabrera

Expediente 892/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
892/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
20/04/2016

Partes del expediente

  • José Antonio Pérez Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En veinte de abril de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número 7750 y anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el catorce de abril de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión penal número 399/2015, los autos del juicio de amparo indirecto 892/2015-2, acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la resolución dictada por este Juzgado en la que se negó el amparo y protección solicitados. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y en lo relativo al incidente solo se conservarán las constancias relativas a la resolución interlocutoria, tomando en consideración en el primero se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados y en el segundo concedió la suspensión de los actos reclamados. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. cecy*

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto el licenciado Benigno Beltrán Telles en su carácter de defensor particular del quejoso, en contra de la sentencia de veintidós de octubre de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Distrito, en el amparo indirecto 892/2015, quedando registrado como amparo en revisión penal 399/2015-3 NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a tres de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el licenciado Benigno Beltrán Telles, defensor particular del quejoso José Antonio Pérez Cabrera, por el que interponen recurso de revisión en contra de la resolución de fecha veintidós de octubre del año en curso, en la que negó el amparo y protección solicitados. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 892/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Antonio Pérez Cabrera, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado El auto de vinculación a proceso de veintidós de mayo de dos mil quince dictado en la causa penal 145/2015 en contra de José Antonio Pérez Cabrera. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular, mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 892/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó al tercero interesado y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la Jurisprudencia P./J.40/2000, y la diversa P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El auto de vinculación a proceso emitido el veintidós de mayo de dos mil quince dentro de la causa penal número 145/2015, que se instruye en contra de José Antonio Pérez Cabrera por el delito de Lesiones por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital del Estado, el cual considera no reúne los requisitos del artículo 19 Constitucional y los previstos en el Código de Procedimientos Penales aplicable. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia de los actos que se le atribuyen, precisados en este considerando punto II.1. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de dichos actos se corrobora con la copia del audio y video que contienen la grabación de la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, remitida por el Juez de Garantías y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, en apoyo a su informe justificado, así como la transcripción de la resolución de vinculación a proceso; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal. Resulta aplicable en relación al disco óptico referido lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIÓN. CONSTITUYE UNA INSPECCIÓN OCULAR Y NO UNA DOCUMENTAL. La reproducción de las imágenes contenidas en un video constituye una inspección porque, para su desahogo, es necesaria la observación sensorial respecto de alguien o algo, así como la descripción que se haga de lo observado en tales videos con el objeto de constatarlo y describirlo en el acta que servirá para establecer en el juicio, la verdad que corresponda a los planteamientos jurídicos del quejoso en el juicio de garantías. Bajo esa perspectiva, el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, define que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, además, tal numeral prescribe que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso prevengan las leyes, de tal suerte que tales filmaciones no corresponden con lo que se entiende por documento, sino que, conforme a lo expuesto, se trata de una inspección ocular". En cuanto a la aludida transcripción, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En el capítulo de antecedentes de la demanda, se expresaron los conceptos de violación, que en su parte substancial sostienen lo siguiente: a) Que le causa perjuicio la resolución reclamada, toda vez que contrariamente a lo señalado por la responsable no se encuentran acreditados los requisitos establecidos por el artículo 19 Constitucional y 319 del Código Procesal Penal de Zacatecas. b) Que no está acreditado el delito de lesiones, toda vez que el quejoso trató de evitar la confrontación con la víctima, pero fue ésta última quien provocó que hubiera jaloneos entre ellos y ella misma se ocasionó la lesión. c) Que el Ministerio Público dejaba en estado de indefensión al quejoso porque los hechos ocurrieron un año antes de la audiencia de imputación y no podía defenderse adecuadamente, porque todo vestigio relacionado con los hechos habría desaparecido. Los anteriores conceptos de violación resultan INFUNDADOS, por los motivos que a continuación se exponen: Primeramente cabe destacar que el artículo 19 constitucional establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De igual forma, el numeral 319 del Código Procesal del Estado de Zacatecas, señala: "Artículo 319.- El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo de no hacerlo; III. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y IV. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Se entenderá que existe un hecho que la ley señale como delito, cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal, así como los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los requiera. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, de manera indefectible, como elementos de forma y fondo, los siguientes: a) Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado en declaración preparatoria al imputado (o que éste haya manifestado su deseo de no declarar). b) Precisión del delito que se imputa. c) Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (requisitos de fondo). Expuesto lo anterior, de la reproducción del disco óptico, debidamente certificado, se advierte que en la causa penal de origen, se cumplieron con los requisitos formales a que aluden los artículos anteriormente citados, ya que el veintidós de mayo de dos mil quince, el Ministerio Público formuló imputación en contra del hoy quejoso, por el delito de lesiones dolosas, lo anterior por hechos suscitados el cuatro de mayo de dos mil catorce, en que el imputado José Antonio Pérez Cabrera, aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos se reunió con su novia Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández, subieron a bordo de una camioneta e iniciaron una discusión y una serie de agresiones verbales de tal forma que cuando transitaban a la altura del periférico, ella orilló el vehículo porque el quejoso se quería bajar; exaltada, ella le dio una bofetada, él la estrujó y la empujó hacia el vehículo; luego ella va tras de él en la camioneta y en las inmediaciones de la calle Balcón se suscita otro altercado, ella le reclama su teléfono celular; entonces él la empuja hacia el cofre de la camioneta, le coloca el brazo derecho en el cuello, la toma de los brazos, la empuja hacia la banqueta, ella cae al piso y él se abalanza sobre ella, momento en que ella escucha que su tobillo se rompe. Hechos que el Ministerio Público señaló que ocurrieron en la calle Balcón de la colonia Caminera de esta ciudad y se le atribuyó su participación en calidad de autor material, se precisó el nombre de su acusador, y que el testigo que depuso en su contra fue Francisco Suárez del Real; de lo expuesto por los antes mencionados se advierte que se precisó la fecha, lugar y modo de comisión del delito que le imputa, así como su grado de intervención en él; se constató que conociera los derechos que establecen en su favor los artículos 20 apartado B, de la Constitución Federal, en tanto que en ese acto se tuvo como su defensor al licenciado Benigno Beltrán Téllez, le dieron a conocer los hechos que se le imputaron, asimismo, se le dio oportunidad de rendir declaración preparatoria y se reservó su derecho a hacerlo; además se le informó el derecho a que se resolviera su situación jurídica en la referida audiencia, dentro del término constitucional de setenta y dos horas, y que el Código Procesal Penal del Estado amplía esa garantía contempla la posibilidad de duplicar el término manifestado, a lo que señaló que solicitaba se resolviera en la misma audiencia; misma en la que el juez natural dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso José Antonio Pérez Cabrera. Por otro lado, en el caso, el suscrito juez de amparo, insiste en que no advierte motivo para suplir la deficiencia de la queja, dado que analizados los razonamientos expuestos por el Juez de Control y lo por el resuelto, se concluye que correctamente en el acto impugnado, se estimó la existencia de datos de investigación que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, consistente en lesiones dolosas, en perjuicio de Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández, previsto y sancionado, por el artículo 285 y 286, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas que establecen. "Art. 285. La lesión consiste en todo daño en el cuerpo de alguien o en cualquiera alteración de la salud, producida por una causa externa imputable a una persona. Cuando las lesiones se infieran a un menor de doce años las sanciones aplicables se podrán duplicar. Art. 286. Al responsable del delito de lesiones que no pongan en peligro la vida, se le sancionará: [.] II. Con prisión de seis meses a dos años y multa de cinco a diez cuotas cuando tarden en sanar más de quince días; [.] El delito de lesiones previsto en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, sólo se perseguirá por querella. Luego, en la audiencia de vinculación a proceso de veintidós de mayo de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público señaló que en la carpeta de investigación de que se trata, obran los siguientes datos de investigación: La denuncia presentada por Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández contra José Antonio Pérez Cabrera. El testimonio de Francisco Suárez del Real. El dictamen a cargo del médico legista Ricardo Meléndres García, quien describió las lesiones presentadas en el cuerpo de la víctima Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández. Así pues, de los anteriores antecedentes de investigación se desprenden datos que demuestran la comisión de un hecho que la ley señala como delito de lesiones dolosas, a que se refiere el artículo 285, del Código Penal del Estado de Zacatecas, pues los diversos testimonios reseñados revelan que el cuatro de mayo de dos mil catorce, alguien ocasionó daño en el cuerpo de otra persona, pues de acuerdo con lo manifestado por la querellante, así como de las declaraciones vertidas por el testigo Francisco Suárez del Real, se colige que alguien ocasionó alteraciones en la salud de una persona luego de una agresión física que se hicieron consistir en una equimosis en la cara anterior de los tres tercios del cuello, sobre la línea media; otra equimosis en la cara externa de los tres tercios del brazo derecho; otra equimosis en la cara superior del hombro izquierdo; otra equimosis en la cara anterior tercio medio del brazo izquierdo, una equimosis en todas las caras del tercio distal del antebrazo izquierdo y una equimosis en la cara externa y anterior del tobillo derecho, rodeada por un edema postraumático, así como fractura de peroné derecho a nivel del tobillo y esguince cervical leve. Lesiones que clasificó como de aquellas que tardan en sanar más de quince días, pero no ponen en peligro la vida. Por otro lado, tocante a la probabilidad de que el imputado José Antonio Pérez Cabrera (aquí quejoso) cometió el hecho delictivo de que se trata o participó en su comisión, la responsable lo tuvo por acreditado con el testimonio a cargo de Francisco Suárez del Real y Leticia Adriana Ramírez Hernández, pues al citado en primer término le consta de manera directa la conducta positiva ejercitada por el ahora quejoso en la corporeidad de la víctima y, en cuanto a la fémina, se presentó en el lugar a donde su hermana le indicó se encontraba y del cual fue llevada a recibir atención médica a la Cruz Roja. Cabe reiterar que analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y lo resuelto por el Juez de control responsable, se colige que sí existen datos para tener por demostrada la probable participación del aquí quejoso en la comisión del hecho delictivo que se le imputa, pues al efecto se destacan como antecedentes de investigación, la imputación directa que realiza en ese sentido la ofendida Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández, quien señaló a José Antonio Pérez Cabrera, como la persona que el cuatro de mayo de dos mil catorce, luego de una discusión y forcejeo, la empujó cayendo sobre ella, ocasionándole diversas lesiones. Los señalamientos que en su contra realizó el testigo Francisco Suárez del Real, quien señaló: Que se encontraba regando su jardín en la calle Balcón número doscientos veinte de la colonia Caminera de esta ciudad, se percató de la discusión entre un hombre y una mujer respecto de un celular y una cartera, luego se retiraron hacia una camioneta y se percató que el sujeto agredía a la mujer, la cual gritaba y después él se retiró. En vía de ampliación de su testimonio señaló que el sujeto empujó a la mujer con mucha fuerza y ella cayó en un escalón. Entonces, los anteriores datos son suficientes hasta este momento procesal, para establecer la probabilidad de que el aquí quejoso participó o cometió el hecho considerado como delictuoso que se analiza, como correctamente lo determinó el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento responsable, esto es, en su carácter de autor material, por conocer la ilicitud del acto cuyo resultado típico quiere y acepta. Ello porque de los antecedentes de investigación, se concluye de manera razonable que existe la probabilidad que el ahora quejoso José Antonio Pérez Cabrera, cometió los hechos delictivos anteriormente descritos, al ser identificado como la persona que el cuatro de mayo de dos mil catorce, realizó los movimientos físicos necesarios para alterar la salud de la víctima Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández, entre ellos una fractura de peroné, bien jurídico que tenía obligación de respetar. Ahora, precisado lo anterior, procede el estudio de los conceptos de violación expuestos por el quejoso. El primero de sus motivos de disenso resulta infundado, ya que como ha quedado precisado, el Juez de Control responsable, satisfizo los requisitos que el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le impone, pues verificó su observancia de manera estricta, al igual que los lineamientos a que le constriñe el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas. En relación al segundo de sus conceptos de violación también resulta infundado, pues alega el quejoso no se encuentra demostrado el delito de lesiones cuya comisión se imputa a José Antonio Perez Cabrera, ya que como de manera acertada lo precisó el Juez responsable, obra en la carpeta de investigación el dictamen pericial de lesiones a cargo de Ricardo Meléndres García, quien luego de examinar a la víctima, de manera específica detalló las alteraciones que ésta presentó en su corporeidad los cuales detalló como ya ha quedado establecido en líneas precedentes, y se hicieron consistir en una equimosis en la cara anterior de los tres tercios del cuello, sobre la línea media; otra equimosis en la cara externa de los tres tercios del brazo derecho; otra equimosis en la cara superior del hombro izquierdo; otra equimosis en la externa del hombro izquierdo, otra equimosis en la cara anterior tercio medio del brazo izquierdo, una equimosis en todas las caras del tercio distal del antebrazo izquierdo y una equimosis en la cara externa y anterior del tobillo derecho, rodeada por un edema postraumático, así como fractura de peroné derecho a novel del tobillo y esguince cervical leve. Por otra parte, si bien es cierto, el motivo del conflicto lo fue una discusión entre víctima y victimario (hombre y mujer), de ninguna manera se justifica que el quejoso José Antonio Pérez Cabrera hiciera uso de violencia física en contra de Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández, dada la evidente superioridad en fuerza física y corpulencia, la cual utilizó para derribarla y posarse sobre su cuerpo con el resultado lesivo ya reseñado. En esa tesitura, fue correcto el actuar tanto de la autoridad investigadora de los delitos como el Juez de control, ante el panorama procesal que tuvieron a la vista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. CLXIV/2015 (10a.) con registro 2009082, de la Primera Sala del máximo Tribunal del País, visible a foja 423 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, correspondiente a mayo de dos mil quince, que literalmente dice: "DELITOS CONTRA LAS MUJERES. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN ESTÁN LLAMADAS A ACTUAR CON DETERMINACIÓN Y EFICACIA A FIN DE EVITAR LA IMPUNIDAD DE QUIENES LOS COMETEN. La impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia. Además, la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. En sentido similar, la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la sociedad, la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia, ni merece la atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad. Es por ello que es particularmente importante que las autoridades encargadas de las investigaciones de actos de violencia contra las mujeres las lleven a cabo con determinación y eficacia, tomando en cuenta el deber de la sociedad de rechazar dicha violencia y las obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar confianza a las víctimas de la misma en las instituciones estatales para su protección". Finalmente, respecto del tercer motivo de disenso del quejoso, en el que refiere la autoridad investigadora de los delitos dejó en estado de indefensión a José Antonio Pérez Cabrera, en razón a que los hechos considerados como delito se suscitaron un año antes de la audiencia de imputación, por lo que no podía defenderse de manera adecuada, ya que todo vestigio relacionado con los hechos había desparecido, tal expresión resulta infundada ya que como señaló el Juez responsable, los datos de prueba con los cuales se fundó para dictar el auto de vinculación del que ahora se duele el quejoso, fueron los testimonios vertidos tanto por la víctima Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández como por el testigo Francisco Suárez del Real, que adminiculados al dictamen de lesiones presentadas por la citada víctima, hacen prueba suficiente para tener por cierto en grado de probabilidad, que el ahora quejoso, sin que mediara una riña -como pretende- infirió las lesiones relatadas en la corporeidad de la citada víctima, por lo que no puede asegurarse como intenta el quejoso, encontrarse impedido para defenderse de la acusación sustentada por la representación social, pues su derecho se encuentra a salvo y de manera alguno le ha sido restringido. Lo que permite concluir que es infundado lo señalado por el quejoso, toda vez que, como ha quedado precisado en párrafos que anteceden, sí se cumplió con los requisitos formales a que se refiere el artículo antes citado, ya que el veintidós de mayo de dos mil quince, el Ministerio Público formuló imputación en contra del hoy quejoso, por el delito de lesiones dolosas, lo anterior por hechos suscitados el cuatro de mayo de dos mil catorce, en que el imputado José Antonio Pérez Cabrera, por sí, en la vía pública ocasionó diversas lesiones a la víctima; hechos que el Ministerio Público señaló ocurrieron en las inmediaciones de la calle Balcón de la colonia Caminera de esta ciudad de Zacatecas, por el periódico El Sol de Zacatecas y se le atribuyó su participación en calidad de autor material, se precisó el nombre de su acusador, y que los testigos que depusieron en su contra fueron Francisco Suárez del Real, Leticia Adriana Ramírez Hernández e Ysuri Norma Alejandra Ramírez Hernández. Se precisó la fecha, lugar y modo de comisión del delito que le imputa, así como su grado de intervención en él; se constató que conociera los derechos que establecen en su favor los artículos 20 apartado B, de la Constitución Federal, en tanto que en ese acto se tuvo como su defensor al licenciado Benigno Beltrán Téllez, le dieron a conocer los hechos que se le imputaron, asimismo, se le dio oportunidad de rendir declaración preparatoria; además se le informó el derecho a que se resolviera su situación jurídica dentro del término constitucional de setenta y dos horas, y que el Código Procesal Penal del Estado amplía esa garantía, una de ellas en que se le resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia, solicitó se resolviera en la misma audiencia. Una vez que tuvo verificativo la audiencia mencionada el juez natural dictó auto de vinculación a proceso. En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio de garantías el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional, ni advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso José Antonio Pérez Cabrera el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto, fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a José Antonio Pérez Cabrera contra los actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, por los motivos expuestos en el considerando V de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretario que autoriza, licenciado Faustino Rodríguez Flores, el día de hoy veintidós de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE. L´FRF

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