José Antonio Ortiz Luján

Expediente 859/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
859/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2017

Partes del expediente

  • José Antonio Ortiz Luján

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El siete de noviembre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiséis de octubre pasado al seis de noviembre del año en curso, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de octubre, uno, dos, tres, cuatro y cinco de noviembre de la presente anualidad por ser inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de octubre pasado, por el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97 de esa propia legislación, contra el auto de dieciocho de octubre pasado, en el que se desechó la demanda promovida por José Antonio Ortiz Luján, contra actos del Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  2. Principal

    El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos, el escrito registrado con el folio 13818 y la constancia que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito firmado por José Antonio Ortiz Luján, por el que se desiste de la demanda promovida y solicita se dé por concluido el presente juicio y la constancia por la que el citado promovente compareció a ratificar el contenido y firma de dicho ocurso; en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, el artículo 107, fracción I, Constitucional, 6° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto, es un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En el caso, el promovente José Antonio Ruiz Luján, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado traducido en el oficio 152.2.1/002213, emitido por el Delegado Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Estado, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se le requiere para que devuelva los incentivos del componente PROAGRO productivo cobrados en los ciclos agrícolas primavera-verano 2016 y primavera-verano 2017, en un plazo de diez días hábiles y remitir las fichas de depósito que acrediten dicha devolución a la aludida secretaría. Asimismo, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la demanda promovida, se ordenó su registro y se requirió al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de su legal notificación manifestara si era su deseo que se tramitara incidente de suspensión y se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto se proveeria lo conducente respecto a la admisión de la demanda sin decretar la apertura del citado incidente. Ahora, mediante el escrito presentado en esta propia fecha el promovente José Antonio Ruiz Luján se desistió de la demanda de amparo y solicitó se tuviera por concluido el presente juicio, ocurso que fue ratificado ante en esta propia fecha, como se desprende de la constancia que antecede. Lo anterior revela la ausencia de voluntad del quejoso para continuar con el juicio de amparo en que se actúa, por lo que no se encuentra satisfecho lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, esto es, la intención del peticionario para promover un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. De ahí que se estima satisfecha la intención de la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, agosto 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. En conclusión, el presente amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por José Antonio Ortiz Luján, en términos del artículo 113 de dicha legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos, el escrito registrado con el folio 13818 y la constancia que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito firmado por José Antonio Ortiz Luján, por el que se desiste de la demanda promovida y solicita se dé por concluido el presente juicio y la constancia por la que el citado promovente compareció a ratificar el contenido y firma de dicho ocurso; en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, el artículo 107, fracción I, Constitucional, 6° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto, es un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En el caso, el promovente José Antonio Ruiz Luján, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado traducido en el oficio 152.2.1/002213, emitido por el Delegado Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Estado, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se le requiere para que devuelva los incentivos del componente PROAGRO productivo cobrados en los ciclos agrícolas primavera-verano 2016 y primavera-verano 2017, en un plazo de diez días hábiles y remitir las fichas de depósito que acrediten dicha devolución a la aludida secretaría. Asimismo, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la demanda promovida, se ordenó su registro y se requirió al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de su legal notificación manifestara si era su deseo que se tramitara incidente de suspensión y se le apercibió que de no hacer manifestación al respecto se proveeria lo conducente respecto a la admisión de la demanda sin decretar la apertura del citado incidente. Ahora, mediante el escrito presentado en esta propia fecha el promovente José Antonio Ruiz Luján se desistió de la demanda de amparo y solicitó se tuviera por concluido el presente juicio, ocurso que fue ratificado ante en esta propia fecha, como se desprende de la constancia que antecede. Lo anterior revela la ausencia de voluntad del quejoso para continuar con el juicio de amparo en que se actúa, por lo que no se encuentra satisfecho lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, esto es, la intención del peticionario para promover un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. De ahí que se estima satisfecha la intención de la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, agosto 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. En conclusión, el presente amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por José Antonio Ortiz Luján, en términos del artículo 113 de dicha legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy"

  4. Principal

    CUENTA. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José Antonio Ortiz Luján, registrada con el folio 13227 con anexos y cinco copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado Humberto Adán Ortiz Luján, cuenta con cédula profesional 4828131, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Antonio Ortiz Luján, contra actos del Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 859/2017 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] I. Hubiere una irregularidad en el escrito de demanda;" Del precepto transcrito se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Tomando en consideración que del contenido integral de la demanda de garantías no se advierte capítulo de suspensión y en el punto petitorio "Cuarto" de dicho libelo, el promovente manifiesta "Concederme la suspensión DEFINITIVA de los efectos del acto reclamado"; por tanto, se le requiere precise sí es su deseo que se tramite incidente de suspensión, pues no es patente que lo solicite expresamente. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir cinco copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, a saber: una para la autoridad responsable, otra para ordenar el emplazamiento de la autoridad tercero interesada, dos más para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión (en el caso de solicitar la suspensión del acto reclamado) y la última para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, que también es parte en el presente juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al ocursante que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se admitirá la demanda de derechos sin tramitar incidente de suspensión, hasta en tanto lo solicite expresamente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Humberto Adán Sánchez Montes, toda vez que cuenta con cédula profesional 4828131, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Segunda de la Constitución de 1917 número ciento uno, interior once (Plaza Kristal), de la colonia Lomas de la Soledad, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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