José Antonio Orozco Sánchez

Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1045/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Juez Primero de Distrito En el Estado de Aguascalientes.
  • José Antonio Orozco Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 15923. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante el cual, refiere que acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Antonio Orozco Sánchez, por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  2. Principal

    8526 veinte de abril de dos mil veintidós 8323 dieciocho de abril de dos mil veintidós El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, Diana Jaimes Villanueva, secretaria del Juzgado da cuenta con lo siguiente: Con el oficio registrado con el folio 15315 y anexos que se adjuntan. Que Luis Fernando Aguilar Valdez y Elsa Lorenia Loreto Domínguez tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, del contenido del auto de once de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de referencia, se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó que no le corresponde conocer del juicio de amparo 649/2022-VI, promovido por José Antonio Orozco Sánchez, en razón de que el aludido quejoso, señaló como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito del estado de Aguascalientes, de quienes reclama una orden de aprehensión y su ejecución. Sin embargo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, carece de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, promovido por por José Antonio Orozco Sánchez, contra actos reclamados a las autoridades responsables supracitadas. Para sostener lo anterior, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio constitucional. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo, a la letra señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia, las cuales a saber son las siguientes: a) Será competente el Juez de Distrito en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y c) Si el acto no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito que tenga jurisdicción donde se presente la demanda. En el caso, se estima que se actualiza la primera hipótesis a que se contrae el numeral transcrito, y por tanto la competencia para conocer del presente juicio constitucional debe considerarse en relación a la jurisdicción en donde tenga ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, en atención a que por ejecución, debe entenderse la materialización de los efectos del acto reclamado; por lo que, si el artículo previamente transcrito fija los criterios de competencia de los jueces de distrito, en el caso de que el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan tales efectos. Todo lo cual permite confirmar que en el caso concreto, el juez de distrito competente para conocer del presente juicio constitucional, lo es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se materializa el acto reclamado y donde residen las autoridades responsables que lo emitieron; lo anterior, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente y por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento." En ese sentido, conviene destacar que al resolver el Conflicto competencial 11/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el hecho de que corresponda a un órgano jurisdiccional conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente, pues destacó los siguientes puntos importantes: 1. La circunstancia aludida, es decir, que la autoridad de amparo sea señalada como responsable, no conlleva que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; 2. El órgano jurisdiccional al que es turnada la demanda está obligado al momento de proveer sobre ella, a realizar un análisis integral de ésta, en el entendido que si de la revisión se obtiene que en realidad no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; 3. Si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto. 4. Si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el impetrante persigue al señalar como responsable a la autoridad de amparo, es plantear el impedimento para conocer del asunto; entonces, deberá prevenir al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta. En el entendido que desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos referidos en el numeral 2, es decir, precisando que al no existir el acto que se le reclama, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. Tales razonamientos derivaron en la tesis 1a. LXXIX/2019 (10a.), cuyo tenor es el siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." Es importante destacar que cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no es factible que se declare incompetente si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado. Por ende, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias, y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitirla a trámite o, en su defecto, aceptar la competencia y avocarse al conocimiento del asunto. En el entendido que, solo si de esa revisión existen dudas del porqué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no puede conocer de la demanda, debe plantear un impedimento para conocer del juicio. En este sentido y de conformidad con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía; se estima que es competente para conocer del presente juicio de amparo, cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Aguascalientes, pues aunque fueron señalados como autoridades responsables, no se advierte que hicieran ese ejercicio de verificación para determinar que no tuvieron participación en los actos que se les imputan, de ahí que se estima factible que, en primer término realicen ese análisis, y para el caso que no les asiste el carácter de autoridades responsables, asuman el conocimiento del asunto por razón de competencia por territorio. En suma, el hecho que un juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes sea señalado como autoridad responsable ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional porque, en todo caso, debe analizar primero la demanda y verificar si realmente intervino en el acto que se le atribuye, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto. Orienta a lo expuesto, por los motivos que en ella se exponen, la tesis I.5o.A.1 K (11a.), aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la reubicación de dormitorio en un centro penitenciario, el cual fue turnado a un Juzgado en Materia Administrativa, cuyo titular declinó la competencia por razón de materia a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, en virtud de que el acto reclamado dejó de ser de naturaleza administrativa al haberse judicializado, para ser penal, razones que fueron compartidas por el Juez señalado en segundo término; sin embargo, no aceptó la competencia, al considerar como un obstáculo para proveer sobre la demanda, haber sido señalado como autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no se actualiza el conflicto competencial si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado; por ende, al proveer sobre la demanda, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitir la demanda; pero si de esa revisión existen dudas del porqué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no pueda conocer de la demanda, procede plantear un impedimento para conocer del juicio. Justificación: Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el que se dispuso que es insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; de ahí que si, en el caso, la negativa del Juez de Distrito en Materia Penal radicó en la existencia de un motivo de impedimento para conocer de la demanda al ser señalado como autoridad responsable, ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto." Asimismo, a similares conclusiones arribó el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 3/2022; así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 5/2022, en el sentido que es insuficiente la sola cita del juez de distrito como autoridad responsable, para que esta se declare impedida para conocer del asunto, en razón a que ésta tiene que hacer el ejercicio de verificación correspondiente sobre si le asiste dicho carácter, por haber emitido y/o participado en los actos que se le atribuyen. Por lo anterior, debe entonces establecerse que la competencia para conocer de este juicio de amparo no corresponde a este juzgado, ya que será dentro de diversa jurisdicción territorial, donde se materializan los actos reclamados y donde residen las autoridades que los emitieron, es decir en el Estado de Aguascalientes, y no en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Por ello, y con apoyo en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, asimismo, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, y 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara no ser legalmente competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por José Antonio Orozco Sánchez. DEVOLUCIÓN DE LOS AUTOS. En consecuencia y, por las razones jurídicas que anteceden, devuélvanse los autos juicio de amparo 649/2022-VI al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a efecto que provea lo conducente. En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo. Con motivo de lo antes expuesto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Aparo a Luis Fernando Aguilar Valdez y Elsa Lorenia Loreto Domínguez toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. En términos del párrafo que antecede y como lo solicita la parte promovente, se acuerda que no serán publicados sus datos personales en los autos y resoluciones que se emitan dentro del presente juicio de derecho, así como en las listas de acuerdos publicadas diariamente. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    NO SE ACEPTA COPETRENCIA.

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