José Antonio Parra Bernal
Expediente 107/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/03/2022
Partes del expediente
- V. P. C.
- José Antonio Parra Bernal
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en Ciudad de México, en el cual anexa el testimonio certificado de la ejecutoria de veintinueve de marzo del año en curso, pronunciada en el conflicto competencial 12/2022, de su índice, en el que se advierte que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "Único. Se declara legalmente competente para conocer del asunto al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Acúsese de recibo vía interconexión al Tribunal Colegiado oficiante; hágase las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso k), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese en autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento el proveído dictado en diecisiete de marzo del año en curso, dentro del conflicto competencial 12/2022, en el que se advierte que se avocó del conocimiento del conflicto competencial planteado dentro del juicio de amparo 127/2022 del índice por el Juzgado Decimotercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante devuelve diligenciada la comunicación 23/2022, girado dentro del presente juicio de amparo, en tal virtud, como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese de recibo correspondiente y dese de baja de los libros de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en quince de febrero del año en curso, se recibió la incompetencia planteada por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 127/2022, de su índice, promovido por José Antonio Parra Bernal en representación de la menor V.P.C., en contra del Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Ciudad de México, sin embargo, por los motivos expuestos en dicho proveído no se aceptó la competencia declinada y mediante oficio 3031 de esa misma data, se devolvieron los autos originales a ese órgano jurisdiccional, solicitando el acuse de recibo correspondiente, sin que a la fecha obre respuesta del mismo. Que al realizar el rastreo correspondiente de dicho oficio en la página de internet de la mensajería acelerada denominada "estafeta", se desprende que el mismo fue recibido en veintiuno de febrero del presente año. Atento a lo anterior, solicítese comedidamente al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que, de no tener inconveniente alguno, informe a este órgano jurisdiccional cuál es el estado procesal que guarda juicio de amparo 127/2022, de su índice, promovido por José Antonio Parra Bernal en representación de la menor V.P.C., en contra del Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Ciudad de México, con motivo de la determinación de quince de febrero del año en curso, emitida por este órgano jurisdiccional, o bien informe la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de proveer respecto al archivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexó el original del juicio de amparo 127/2022, de su índice, originado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Antonio Parra Bernal en representación de la menor V.P.C., en contra del Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Ciudad de México, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con número 107/2022-D. En mérito de lo anterior, del oficio de cuenta y anexos que remite la autoridad declinante se obtiene que su argumento toral por el cual se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio en virtud de que la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Ciudad de México, en contra de la determinación de trece de mayo del año dos mil veintiuno, que dictó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, con sede en esta ciudad dentro del expediente CEDHBC/TIJ/Q/200/2020/3VG y por ende la ejecución material del acto reclamado sería en la Ciudad de Tijuana, Baja California, en la que este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: Ahora, del escrito de demanda se obtiene que el promovente refiere que ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Estado de Baja California, formuló queja en contra de la Escuela privada llamada "Colegio Reina Isabel", con residencia en esta ciudad, con motivo de la expulsión de la menor quejosa, la cual se radicó con el número de expediente CEDHBC/TIJ/Q/200/2020/3VG y el trece de mayo de dos mil veintiuno dicha comisión desechó por improcedente la referida queja. Contra dicha determinación interpuso recurso de inconformidad; sin embargo, en el mes de noviembre de dos mil veintiuno dentro del expediente CNDH/2/2021/473/RI que abrió a trámite la Segunda Visitaduría General de la Dirección General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, el Director General de dicha comisión desechó de plano el aludido recurso. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar la competencia entre Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el ato que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" [Énfasis añadido]. De ello puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en ese sentido, pueden desprenderse tres supuestos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito, mismos que son: Si el acto reclamado tiene ejecución material, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde va a tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el mismo, Si el acto reclamado tiene ejecución material y ésta pueda llevarse a cabo en uno o más distritos, o bien haya empezado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro (acto de tracto sucesivo), será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no tiene ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. En ese contexto, cabe señalar que, como quedó puntualizado, el promovente señaló como acto reclamado la determinación emitida por el Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, en la que desechó el recurso de inconformidad interpuesto en contra del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente CEDHBC/TIJ/Q/200/2020/3VG en el que se desechó la queja formulada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Estado de Baja California, formulada en contra de la Escuela privada llamada "Colegio Reina Isabel", con residencia en esta ciudad, con motivo de la expulsión de la menor quejosa. Asimismo, el promovente expuso que la demanda de amparo se planteó con la finalidad de que se admita la queja por "las comisiones antes mencionadas" y sea señalada como autoridad responsable (sic) el Colegio Reina Isabel número 153, ubicada en Real del Mar, Escuela incorporada al Estado de Baja California, con clave número 02PESO2091. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional disiente de lo estimado por la autoridad oficiante, pues se pone de manifiesto que el acto reclamado, traducido en la determinación emitida por el Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, en la que desechó el recurso de inconformidad interpuesto en contra del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente CEDHBC/TIJ/Q/200/2020/3VG en el que se desechó la queja formulada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Estado de Baja California, formulada en contra de la Escuela privada llamada "Colegio Reina Isabel", con residencia en esta ciudad, con motivo de la expulsión de la menor quejosa, indudablemente carece de ejecución material alguna y, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior es así puesto que el acto reclamado que se reclama en el escrito de demanda -como se anticipó-, consiste en la determinación emitida por el Director General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, en la que desechó el recurso de inconformidad interpuesto en contra del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente CEDHBC/TIJ/Q/200/2020/3VG en el que se desechó la queja formulada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Estado de Baja California, formulada en contra de la Escuela privada llamada "Colegio Reina Isabel", con residencia en esta ciudad, con motivo de la expulsión de la menor quejosa, indudablemente carece de ejecución material alguna; es decir, no se traduce en una ejecución material, ya que ninguna consecuencia inmediata y directa produce en el derecho sustantivo alegado, en el caso, -el derecho a la educación con motivo de la expulsión de la menor quejosa del referido colegio-, debido a que la expulsión de ésta, no es resultado de esa determinación, sino de la decisión tomada por el propio Colegio (el cual en el escrito de demanda no fue señalada como autoridad responsable). Luego, si la finalidad del recurso de inconformidad interpuesto por el promovente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, tiene como consecuencia que se analice la diversa determinación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Estado de Baja California, que desechó de plano la queja formulada en contra de la Escuela privada llamada "Colegio Reina Isabel", con residencia en esta ciudad, con motivo de la expulsión de la menor quejosa, es dable determinar que dicho acto sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso, pero no conlleva una ejecución material directa en relación con el derecho a la educación de la que se duele la menor quejosa con motivo de su expulsión en el referido colegio, pues dicho acto fue materia de la queja formulada ante dicha Comisión (al solicitar que se analizara el actuar del "Colegio Reina Isabel"), no así por el hecho de que su expulsión fue en esta ciudad, en la que este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción, y por "ende se materializará en tiempo y espacio la ejecución de su reclamo", como lo refirió el Juzgado declinante. En consecuencia, aquél desechamiento no puede reputarse como un hecho de ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Mayo de 2014, página 500, materia común, con número de registro 2006529, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Así también, sirve apoyo a lo anterior por analogía la tesis: II.2o.P.17 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de registro digital 2011033 de rubro y texto siguiente: En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por José Antonio Parra Bernal en representación de la menor quejosa de iniciales V.P.C en contra de los actos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante, el expediente de amparo 127/2022, de su índice, previa copia certificada que del mismo se deje en autos. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Señalamientos de autorizados y domicilio. Se tiene como autorizados a Alejandro Torres Estrada, María Cenobia Ruiz Valdespino y Aarón Díaz Robledo, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración de que el domicilio de la parte quejosa se encuentra ubicado en calle Insurgentes Sur, número 1605, en el piso 10-J, en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de esta órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio citado con antelación y notifique el presente proveído, a la parte quejosa, para lo cual glósese copia del acuerdo en comento. Asimismo, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, se faculta al órgano exhortado, para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa.
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