Jose Antonio Nervaes Anaya

Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Nervaes Anaya
  • Jose Alirio Narvaes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual en atención a lo solicitado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, informa la imposibilidad de autorizar la vinculación al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 633/2022 de su índice; no obstante lo anterior, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran dicho expediente. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de las copias certificadas del diverso juicio de amparo 663/2022, así como de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Para avalar la anterior postura, resulta necesario precisar el contenido de la fracción X artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 663/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad, se advierte lo siguiente: Que mediante escrito presentado a través del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, Jesús Antonio Narváez Anaya y José Alidio Narváez Anaya, por conducto de Roberto Méndez Torres, solicitaron amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad. Subdirector de Control y Verificación Migratoria adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Director, Jefe o Encargado de Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Jefe de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Los actos reclamados los hicieron consistir en la orden de deportación, expulsión o repatriación, restricción a la libertad de tránsito, arbitraria detención e incomunicación: Dicha demanda que fue recibida en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California el dieciocho de septiembre de dos mil veintidós; y registrada con el número 663/2022, en la cual entre otras cuestiones únicamente decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistente en la incomunicación, la orden de deportación, expulsión o repatriación. Dicha demanda fue ratificada por los directamente agraviados el dieciocho de septiembre de dos mil veintidós. Luego, en el escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que fue promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández a favor de Jesús Antonio Nervaes Anaya y José Alidio Narváes, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: "IV- ACTOS RECLAMADOS 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama la orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de los hoy quejosos de este país de Estados Unidos Mexicanos a su país de origen o a cualquier otro. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en mantener a los quejosos privados de su libertad personal, tenerlos de manera incomunicada, intimidándolos, realizándoles en su humanidad una posible tortura física y psicológica, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia. 3. De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en restringir la libertad de tránsito en este país a los hoy quejosos. 4.- De todas las autoridades señaladas como responsables, respectivamente en el ámbito de las funciones a su cargo, se reclama la orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país. En atención a lo expuesto, se puede concluir que las referidas demandas que dieron origen a los juicios 663/2022 y 742/2022, fueron promovidas a favor de Jesús Antonio Nervaes Anaya y José Alidio Narváes, contra los mismos actos, atribuidos autoridades del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por ende, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos reclamados en el juicio de amparo 663/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, así como los reclamados en la presente demanda, son los mismos. En este punto, es menester hacer mención de que se entiende por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva. Además, no se soslaya que no se trate de demandas idénticas, virtud que también puede actualizarse la causa de improcedencia invocada aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios, como ocurre en la especie, pues la totalidad de las autoridades responsables son dependientes del Instituto Nacional de Migración. Además otro aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta, como también acontece en este caso, dado que los actos reclamados se hicieron consistir en la privación de la libertad de los quejosos con motivo de la posible deportación y sus efectos y consecuencias. Por ende, es que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto, -porque como se anticipó-, dichos actos reclamados son materia del diverso juicio 663/2022 del índice del Juzgado Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo.. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente a los quejosos por conducto de su autorizado.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a los quejosos José Antonio Nervaes Anaya y José Alirio Narvaes, en virtud de que no se encontraban en dicha estación migratoria, ni se tiene registro alguno de que hayan ingresado a la misma. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California; Jefe de Asuntos Jurídicos; Jefe de Departamento de Control Migratorio; Jefe de Departamento de Verificación Migratoria; y Jefe de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computadas, informen a este órgano jurisdiccional si en su base de datos cuentan con algún domicilio dentro del territorio nacional donde pudieran ser localizados los quejosos José Antonio Nervaes Anaya y José Alirio Narvaes, así como para que remitan copia certificada de la boleta de salida de la estación migratoria de esta ciudad; lo anterior, por estimarse necesaria para resolver este juicio, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el numeral precitado y la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Se apercibe a las citadas autoridades que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveídos de veintidós, veintitrés y veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, así como a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, dieran cumplimiento a la suspensión de plano decretada e informaran lo siguiente: Qué calidad migratoria tienen los quejosos el José Antonio Nervaes Anaya y José Alirio Narvaes. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; y, - Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Sin que a la fecha hayan dado cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber sido notificadas del último requerimiento el veintisiete de septiembre del año en curso, como se corrobora del acuse de recibo correspondiente Ahora bien y toda vez que a la fecha no se ha tenido respuesta a los requerimientos realizados; requiérase nuevamente a las autoridades responsables que en el plazo de cuarenta y ocho horas, cumplan con el requerimiento señalado; en la inteligencia, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo anterior, se reitera a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Con independencia de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales y con el propósito de tener certeza de que en su caso no se ha realizado alguna actuación que pudiera desprender desacato a la suspensión de plano otorgada al directo quejoso, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad y tener a la vista el documento o en su caso el archivo que obre en el sistema del Instituto Nacional de Migración, del cual se pueda advertir: Qué calidad migratoria tienen los quejosos José Antonio Nervaes Anaya y José Alirio Narvaes. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados. En caso de que dichas personas hayan estado alojadas en esa estación migratoria pero ya no se encuentren ahí, indague el motivo de su egreso y en su caso recabe impresión fotográfica y copias de tales archivos y documentos. En consecuencia, se comisiona indistintamente a un actuario de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese y cúmplase

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveídos de veintidós y veintitrés, ambos de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que en el término de veinticuatro horas informaran el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo o bien la imposibilidad jurídica que tuvieran para ello. Sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber sido notificadas el veinticuatro de septiembre del año en curso a la una hora, como se corrobora del acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la recepción del oficio correspondiente, den cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor de José Antonio Nervaes Anaya y José Alirio Narvaes; respecto a los actos reclamados en esencia consistentes en la incomunicación, detención, retención, aseguramiento, alojamiento, privación de la libertad, deportación, expulsión, violación a la liberta de tránsito y traslado a cualquier otra ciudad o país; es decir, deberán informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos reclamados decretada o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas que de no acatar la presente determinación, se hará efectivo el apercibimiento decretado en esta misma fecha, es decir, se aplicará lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS.." Se autoriza a las autoridades para que rindan sus respectivos informes al correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realice mediante oficio que se envíe a este juzgado. Notifíquese.

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