Jose Antonio Ledezma Garcia

Expediente 609/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Isela Hadassa Ledezma
  • Jose Antonio Ledezma Garcia
  • JOSE ANTONIO LEDEZMA GARCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el seis de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir catorce de mayo de dos mil veinticuatro. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo décimo octavo del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, debiéndose conservar únicamente la resolución en la que se concedió la suspensión provisional. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, por lo que se señala como fecha para tal efecto el catorce de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. notifiquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar a la tercero interesada María Félix Rivas García, el proveído de seis de abril del año en curso, por las razones que en ella expone. En consecuencia, y vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la tercero interesada antes mencionada, el presente proveído, el auto de seis de abril del año en curso y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Notifíquese y por lista a la tercero interesada

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio remitido por la autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, de la ciudad de Tecate, Baja California, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado el dieciocho de marzo del año en curso, remite fotocopia certificada de la determinación de revocación de acta de entrega de menor de dieciocho de febrero del año en curso, dictada en el expediente IM/TEC/001/18/2020, de su índice. Ahora, de las constancias remitidas por la citada responsable, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que el quejoso señaló como acto reclamado la negativa para entregarle la custodia de sus menores hijos de iniciales J. A. M. R. e I. H. L.; así como la privación y/o obstrucción del derecho de los menores a convivir con su padre, dentro del expediente IM/TEC/001/18/2020 por la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, con sede en Tecate, Baja California. Como ya se precisó, del contenido de las constancias remitidas, se advierte que mediante diligencia de revocación de acta de entrega de menor llevada a cabo el dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, en el expediente IM/TEC/001/18/2020, de su índice, dejó sin efectos la custodia provisional otorgada a María Félix Rivas García, abuela materna de los menores de iniciales J. A. M. R. e I. H. L., y determinó su reintegración a lado de su padre José Antonio Ledezma García, -aquí quejoso-, quien compareció en la diligencia referida y firmó al calce correspondiente; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (siete de octubre de dos mil veinte). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo, el acto reclamado ha cesado en sus efectos y por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la partes y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que obran en autos, específicamente las documentales remitidas por la responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, de la ciudad de Tecate, Baja California, en apoyo a su informe justificado, se advierte que los menores J.A.M.R. e I.H.L.M., fueron entregados para su cuidado a la tercero interesada María Félix Rivas García, en su calidad de abuela materna, quien a su vez los entregó de forma voluntaria a su progenitor, -aquí quejoso-; asimismo, se advierte que la responsable ha dado seguimiento a esta reintegración, sin embargo, no se desprende pronunciamiento alguno a fin de determinar si esta ha sido de forma provisional o definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, informe si a la fecha obra constancia en la que se advierta de qué forma han sido reintegrados, y en caso afirmativo remita fotocopia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien manifieste la imposibilidad que le asiste. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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