José Antonio Paredes Pérez
Expediente 940/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Paredes Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control en turno de la Tercera Región de Oralidad Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 940/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver sobre el fondo de la controversia. Además, la improcedencia es de orden público y debe declararse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; esto es, que no afecten derechos sustantivos. En el entendido de que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida respecto del acto reclamado, conviene establecer lo siguiente: Que el quejoso comparece a esta instancia constitucional reclamando la determinación emitida el seis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 1P0420-89, por el Juez de Control de Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, que resolvió el recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diversa emitida el veintinueve de noviembre de la misma anualidad, en la que dicha autoridad se negó a designar un perito tercero en discordia en materia de psicología forense, y consecuentemente, ampliar el plazo para el cierre de investigación complementaria, lo que implicó, tener por cerrada la investigación para continuar con la secuela procesal respectiva. Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que no afecta algún derecho sustantivo previsto en la Constitución a su favor, ni mucho menos altera su esfera jurídica, toda vez que la determinación antes mencionada, en la causa penal de origen, que resolvió el recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diversa emitida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal en la se negó a designar un perito tercero en discordia en materia de psicología forense, y, consecuentemente, ampliar el plazo para el cierre de investigación complementaria, lo que implicó, tener por cerrada la investigación para continuar con la secuela procesal respectiva, no es un auto de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos. Así se considera, ya que se insiste, con dicha determinación no se afecta ningún derecho sustantivo, ni mucho menos genera alguna afectación a su ámbito legal, toda vez que ésta no ocasiona materialmente un perjuicio en alguno de aquellos derechos sustantivos previstos en la Constitución; sin que ello le provoque un estado de indefensión porque llegada la etapa intermedia o de preparación, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, es que tendrá la oportunidad de ofrecer ante el Juez de la causa, aquellos que estime pertinentes y será precisamente en dicha etapa procesal al decretarse el auto de apertura al juicio de referencia, en el que serán impugnables en amparo indirecto, todas aquéllas violaciones cometidas en la referida etapa. Tiene aplicación a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificada con el número XXIV. 1º.3 P (10ª), del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva." Así, la resolución que se reclama en esta instancia constitucional, el único efecto que conlleva, se traduce en confirmar una determinación en la que la responsable se negó a designar un perito tercero en discordia en materia de psicología forense, y consecuentemente, ampliar el plazo para el cierre de investigación complementaria, lo que implicó, tener por cerrada la investigación para continuar con la secuela procesal respectiva. De ahí que, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de la actuación de tribunales judiciales, es necesario que sus determinaciones afecten derechos sustantivos, lo cual se itera, no acontece en el presente asunto, ya que se trata de una actuación de índole procesal y no en una afectación directa o inmediata de algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacob Alejandro Rodríguez Amate y Marenna Desyree Chávez Arroyo; el primero por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y la segunda, por así haberlo señalado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control en turno de la Tercera Región de Oralidad Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 940/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver sobre el fondo de la controversia. Además, la improcedencia es de orden público y debe declararse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; esto es, que no afecten derechos sustantivos. En el entendido de que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho humano de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida respecto del acto reclamado, conviene establecer lo siguiente: Que el quejoso comparece a esta instancia constitucional reclamando la determinación emitida el seis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 1P0420-89, por el Juez de Control de Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, que resolvió el recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diversa emitida el veintinueve de noviembre de la misma anualidad, en la que dicha autoridad se negó a designar un perito tercero en discordia en materia de psicología forense, y consecuentemente, ampliar el plazo para el cierre de investigación complementaria, lo que implicó, tener por cerrada la investigación para continuar con la secuela procesal respectiva. Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que no afecta algún derecho sustantivo previsto en la Constitución a su favor, ni mucho menos altera su esfera jurídica, toda vez que la determinación antes mencionada, en la causa penal de origen, que resolvió el recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diversa emitida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal en la se negó a designar un perito tercero en discordia en materia de psicología forense, y, consecuentemente, ampliar el plazo para el cierre de investigación complementaria, lo que implicó, tener por cerrada la investigación para continuar con la secuela procesal respectiva, no es un auto de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos. Así se considera, ya que se insiste, con dicha determinación no se afecta ningún derecho sustantivo, ni mucho menos genera alguna afectación a su ámbito legal, toda vez que ésta no ocasiona materialmente un perjuicio en alguno de aquellos derechos sustantivos previstos en la Constitución; sin que ello le provoque un estado de indefensión porque llegada la etapa intermedia o de preparación, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, es que tendrá la oportunidad de ofrecer ante el Juez de la causa, aquellos que estime pertinentes y será precisamente en dicha etapa procesal al decretarse el auto de apertura al juicio de referencia, en el que serán impugnables en amparo indirecto, todas aquéllas violaciones cometidas en la referida etapa. Tiene aplicación a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, identificada con el número XXIV. 1º.3 P (10ª), del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva." Así, la resolución que se reclama en esta instancia constitucional, el único efecto que conlleva, se traduce en confirmar una determinación en la que la responsable se negó a designar un perito tercero en discordia en materia de psicología forense, y consecuentemente, ampliar el plazo para el cierre de investigación complementaria, lo que implicó, tener por cerrada la investigación para continuar con la secuela procesal respectiva. De ahí que, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de la actuación de tribunales judiciales, es necesario que sus determinaciones afecten derechos sustantivos, lo cual se itera, no acontece en el presente asunto, ya que se trata de una actuación de índole procesal y no en una afectación directa o inmediata de algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacob Alejandro Rodríguez Amate y Marenna Desyree Chávez Arroyo; el primero por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y la segunda, por así haberlo señalado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- José Antonio Palomar Pérez422/2019
- José Antonio Palomar Pérez799/2023
- José Antonio Palomar Pérez y Otros.806/2023
- José Antonio Paredes Pérez14/2017
- José Antonio Paredes Pérez988/2021
- José Antonio Paredes Pérez640/2020
- José Antonio Paredes Pérez965/2021
- José Antonio Patiño Pescador1336/2008
- José Antonio Ramírez moreno164/2017
- José antonio Rayas Prieto948/2016
- José Antonio Rodríguez Maldonado845/2019
- José antonio Rodríguez Maldonado1007/2019