José Antonio Palomar Pérez y Otros.
Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Palomar Pérez y Otros.
Actuaciones
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una impresión de la demanda de amparo, se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 806/2023-VI, promovido por ***************, contra actos del Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbaseles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, del citado ordenamiento legal. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con quince minutos del cinco de octubre próximo, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia en el presente incidente de suspensión, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Ahora bien, a efecto de proveer lo referente a la suspensión, primeramente, es menester señalar que los quejosos acuden a esta instancia constitucional ostentándose como terceros extraños en sentido estricto y, señalando como actos reclamados la orden de requerimiento de embargo y desalojo, sobre el bien que aducen es de su propiedad, así como su ejecución. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa dispone: Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." (.) Del artículo anterior, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En relación con la primera de las exigencias, se estima que se encuentra satisfecha, pues la medida es solicitada por los quejosos en este juicio, quienes esgrimen se pretende practicar una diligencia de carácter judicial sobre un bien de su propiedad. En lo que atañe al segundo de los requisitos, se estima que se encuentra cubierto, dado que como el acto que reclama la parte quejosa es de carácter positivo, ya que se traduce en la decisión o ejecución de las autoridades; es decir, en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o no querer hacer, y que implica una acción, una privación o una molestia; se estima que el acto reclamado sí es susceptible de suspenderse. La tercera de las exigencias, acerca de que se compruebe la apariencia del buen derecho, también se estima colmada. Se afirma lo anterior, ya que como las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución para su protección, existen probabilidades de que en sentencia definitiva se le conceda la protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad de lo estimado en el presente incidente de suspensión. Respecto a la cuarta de las exigencias, atinente a que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida, se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues en todo caso a quien se pudiera llegar ocasionar un perjuicio con la suspensión es a la parte tercera interesada, en el supuesto de que la sentencia definitiva no fuera favorable a los intereses de la aquí quejosa, pero con el otorgamiento de garantía bastante se podrían reparar éstos, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 125 de la legislación en consulta. De ahí que con la concesión de la medida no se afecte al interés social. Bajo dichas directrices, se advierte que se encuentran colmadas las exigencias que prevé el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del mismo ordenamiento, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, en los siguientes términos: A) En caso de que la parte quejosa sea parte en el juicio natural, no se ejecuten las consecuencias jurídicas del acto reclamado, tales como la adjudicación y la posesión de bienes de su propiedad a favor de terceros, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. En términos de los numerales 132 y 136 de la ley reglamentaria, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si los quejosos no otorgan cada uno, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte que resulte tener el carácter de tercera interesada de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, suma que fija de manera discrecional, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo 132 de la Ley de Amparo. Garantía que deberán exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; en el entendido que si optan por garantizar en póliza de fianza, los documentos respectivos contendrán la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión provisional dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada cuando se tengan elementos de convicción sobre lo dispuesto en las tres fracciones del invocado artículo 168 de la citada ley. En el entendido de que con la sola expedición y exhibición de los certificados de depósito respectivos, implícitamente se tendrá a los depositantes aceptando los términos a que se refieren los artículos 883 y 899, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, que disponen: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 899. Los titulares de los órganos jurisdiccionales, que por cualquier motivo reciban una garantía en efectivo o en valores, además de lo que se establezca en las disposiciones respectivas y en las Reglas de Operación del Comité, observarán lo siguiente: I. Que los depósitos se constituyan ante la o las instituciones bancarias autorizadas por el Comité; II. Cuando las garantías se constituyan en certificados de depósito, éstas se emitan por separado, es decir, una por cada uno de los conceptos y montos que fijen; III. Que las garantías en dinero o en valores que reciban y que no hayan sido puestas a disposición de un órgano jurisdiccional les sean transferidas para estar en posibilidad de incorporarlas al Fondo de Apoyo; IV. Coordinarse con la secretaría técnica del Fondo, para que, con apoyo de la Dirección General de Estadística Judicial, y con independencia de otros controles, se lleve a cabo el registro y supervisión de la documentación que ampare los depósitos realizados; y V. Dejar constancia en los expedientes judiciales, de los documentos a través de los cuales se hayan efectuado, hecho efectivos o cancelado depósitos." B) En caso de que los quejosos no sean parte en el contradictorio de origen, la suspensión se concede para el efecto de que no se embarguen bienes siempre y cuando acrediten que son de su propiedad al momento de practicarse la diligencia respectiva, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Dado el sentido de lo acordado en este inciso, no se fija garantía para que continúe surtiendo efectos la medida, pues se estima que no se causarán daños o perjuicios a quienes pudieran tener el carácter de terceros interesados. En ambos casos, la medida cautelar concedida no surtirá ningún efecto si ya se llevó a cabo el embargo o desposeimiento del bien de los quejosos, toda vez que se estaría ante actos consumados y de concederse la suspensión se le darían efectos restitutorios, que son propios de las sentencias que conceden la protección constitucional. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno si el acto reclamado tiene por objeto el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídase a la parte quejosa a su costa copia certificada por triplicado de la presente determinación. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho contra actos del Juez Primero de Partido Civil de esta ciudad y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado con el número 806/2023-VI. Requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado, al que deberán adjuntar copia certificada legible de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieran para ello, apercíbaseles, que al que incumpla, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Pídase a las partes que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento legal. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este juzgado de distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos Unidades de Medida y Actualización. Se señalan las doce horas con treinta minutos del veintisiete de octubre próximo, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Por separado tramítese el incidente de suspensión por haberse solicitado, sin que resulte necesaria la formación del duplicado físico del mismo, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En razón de que el fiscal federal adscrito solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario **************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se reserva el emplazamiento y reconocimiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obre en autos las constancias del juicio de origen. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarios para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. A fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Téngase a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con cédula profesional ********** registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, en términos del último párrafo del citado numeral a las demás personas que indica, al no encontrarse en ese supuesto. En términos del numeral 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de los medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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