José Antonio Palomar Pérez
Expediente 799/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Palomar Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 799/2023-II. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado, en el entendido que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Asimismo, requiérase al quejoso y a las autoridades responsables para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Se señalan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Por separado tramítese el incidente de suspensión por haberse solicitado, sin que resulte necesaria la formación del duplicado físico del mismo, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, en virtud de obrar sus cedulas profesionales números *************, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo citado a las demás personas que menciona, por no encontrarse en el citado supuesto. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, se da trámite en un solo tanto al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 799/2023-II, promovido por **************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbaseles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De ser cierto el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 del ordenamiento legal en cita, los informes que rindan las autoridades responsables, deberán contener los siguientes datos: naturaleza, modalidades y características del delito o delitos que se imputen a la parte quejosa, su situación económica y el mayor o menor interés que tenga de sustraerse a la acción de la justicia, a efecto de estar en posibilidad de fijar una garantía adecuada al resolver respecto de la suspensión definitiva. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con quince minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia en el presente incidente de suspensión, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. A efecto de proveer sobre la suspensión provisional, es pertinente puntualizar que el quejoso señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión, comparecencia, presentación o detención, giradas en su contra, así como su ejecución. Tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 166 de la Ley de Amparo, pues la naturaleza de los actos lo permiten, la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, se concede la suspensión provisional a ************, por su propio derecho, en los siguientes términos: I. Si los mandatos de captura que reclama se dictaron con motivo de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso, en el supuesto que sea detenido, no le sea aplicada de manera automática la referida medida cautelar -prisión preventiva oficiosa-, dado que ésta es contraria a lo previsto en los numerales 7.3 y 7.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de todas la personas a no ser sometidas a encarcelamientos arbitrarios y que la legalidad de su detención sea revisada sin demora por un Juez o un Tribunal competente. Por lo que, en su caso, deberá discutirse qué medida cautelar resulta aplicable, atendiendo a la petición del Ministerio Público, en la inteligencia que es factible que se imponga la prisión preventiva justificada, previo debate y análisis fundado y motivado de la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida. En este caso la suspensión surte efectos sin necesidad de que el quejoso exhiba garantía alguna. II. Si los mandatos de captura que reclama se dictaron con motivo de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido. Para estar en condiciones de fijar los requisitos de efectividad a fin de que continúe surtiendo efectos la presente medida cautelar, para el caso que se actualice el supuesto descrito en el punto II que antecede, resulta oportuno establecer que los artículos 166, fracción II y 168 de la Ley de Amparo, disponen que se debe exigir a la parte quejosa que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Para fijar el monto de garantía, se toman en cuenta los siguientes aspectos: En relación con "La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso", no se desprende de la demanda de amparo. En cuanto a las "características personales y situación económica del quejoso", del líbelo constitucional no se advierte. Respecto a valorar la "posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. Al tenor de las anteriores consideraciones, se estima suficiente fijar para garantizar a suspensión provisional de los actos reclamados la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100), la cual deberá exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo y, en el entendido que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión provisional dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada cuando se tengan elementos de convicción sobre lo dispuesto en las tres fracciones del invocado artículo 168 de la citada ley. En el entendido de que con la sola expedición y exhibición del certificado de depósito respectivo, implícitamente se tendrá al depositante aceptando los términos a que se refieren los artículos 883 y 899, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, que disponen: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 899. Los titulares de los órganos jurisdiccionales, que por cualquier motivo reciban una garantía en efectivo o en valores, además de lo que se establezca en las disposiciones respectivas y en las Reglas de Operación del Comité, observarán lo siguiente: I. Que los depósitos se constituyan ante la o las instituciones bancarias autorizadas por el Comité; II. Cuando las garantías se constituyan en certificados de depósito, éstas se emitan por separado, es decir, una por cada uno de los conceptos y montos que fijen; III. Que las garantías en dinero o en valores que reciban y que no hayan sido puestas a disposición de un órgano jurisdiccional les sean transferidas para estar en posibilidad de incorporarlas al Fondo de Apoyo; IV. Coordinarse con la secretaría técnica del Fondo, para que, con apoyo de la Dirección General de Estadística Judicial, y con independencia de otros controles, se lleve a cabo el registro y supervisión de la documentación que ampare los depósitos realizados; y V. Dejar constancia en los expedientes judiciales, de los documentos a través de los cuales se hayan efectuado, hecho efectivos o cancelado depósitos." Cabe destacar que de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar surte sus efectos desde luego; sin embargo, dejará de hacerlo si el promovente no exhibe dentro del término de cinco días legalmente computado, la garantía a que se hizo referencia en supralíneas. Sin que por el momento se requiera al quejoso para que comparezca ante la autoridad responsable ordenadora, en atención a la jurisprudencia 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". La medida cautelar otorgada no surtirá efecto alguno si se sorprende al quejoso en flagrancia delictiva, atento a la prevención que sobre el particular se contiene en el párrafo cuarto del magno precepto 16 constitucional. Finalmente, con fundamento en el arábigo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia certificada por triplicado de la presente determinación al quejoso, la que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, se autoriza para recibirla a las personas que menciona.
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