José Antonio Orozco Nieves
Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Orozco Nieves
- Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintitrés. 1. LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta las copias certificadas de los autos del juicio de amparo 1020/2022, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de febrero del año en curso, dentro de la queja civil 193/2023, de la que se advierte en su punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por José Antonio Orozco Nieves, -por propio derecho-, contra el auto dictado por Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1020/2022". 1.1. ACUSE DE RECIBO. Como lo solicita la Superioridad, acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 1.3. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este asunto, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.4. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, intégrese a los autos el escrito presentado por el quejoso José Antonio Orozco Nieves; y, atento a su contenido, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario "licjantonioorozco" que proporciona. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase al quejoso José Antonio Orozco Nieves, interponiendo recurso de queja, en contra del auto de desechamiento de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, envíese el original y copia del escrito de interposición del recurso de mérito, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad; para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de mérito. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José Antonio Orozco Nieves, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil I-241/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo dictado en cinco de mayo de dos mil veintidós, en el que el Juez Octavo en Materia Civil de Morelia, Michoacán, tuvo al licenciado Guillermo Salmerón Ramírez, por cumpliendo con el requerimiento del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, haciendo las aclaraciones respecto de la cuenta de administración y, en consecuencia, rindiendo cuentas mensuales de administración correspondientes al periodo que indica, dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil I-241/2022, formado con motivo del recuro de apelación interpuesto en contra del acuerdo dictado el cinco de mayo de dos mil veintidós, en el que el Juez Octavo en Materia Civil de Morelia, Michoacán, tuvo al licenciado Guillermo Salmerón Ramírez, cumpliendo con el requerimiento del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, haciendo las aclaraciones respecto de la cuenta de administración y, en consecuencia, rindiendo cuentas mensuales de administración dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015. En esa tesitura, la resolución reclamada dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, porque si bien el Magistrado responsable confirmó la determinación del Juez Octavo Civil en que tuvo al licenciado Guillermo Salmerón Ramírez, cumpliendo con el requerimiento del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, haciendo las aclaraciones respecto de la cuenta de administración y, en consecuencia, rindiendo cuentas mensuales de administración dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015; sin embargo, los efectos del acto apelado no trascienden en forma directa y actual en los derechos sustantivos del referido quejoso, dentro del juicio del que emana. Así, del contenido de la resolución de apelación que aquí se combate, se desprende que no se ha emitido la interlocutoria que resuelva la tercera sección, tal como lo manifestó expresamente el quejoso en su escrito aclaratorio de demanda. Ello es así, atendiendo al procedimiento del juicio sucesorio que prevén los artículos 1010, 1012, 1013, 1014, 1015 y 1016 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, de los cuales se advierte que se divide en cuatro etapas, cada una de ellas con un objeto delimitado en función de la materia correspondiente, que pueden iniciarse simultáneamente cuando no haya impedimento de hecho; cada sección concluye con su propia resolución, la cual, una vez dictada puede ser combatida a través del amparo indirecto previo el agotamiento del recurso previsto por el Código de la materia. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de voz y contenido siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Por lo cual, la determinación de la Sala Civil no afecta de forma material o directa derechos fundamentales, ya que no se resolvió en definitiva la tercera sección, por lo cual, no tiene efectos irreparables en los derechos de la sucesión. De ahí que la determinación que se reclama en este juicio no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto intermedio, no definitivo, dentro del juicio sucesorio. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." 3.2. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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