José Antonio Hernández Cerriteño
Expediente 725/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Hernández Cerriteño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 725/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintiuno, José Antonio Hernández Cerriteño solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENAUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 JOSÉ MARÍA GARCÍA SALAZAR, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN OMISA 2 COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CIUDAD NEGÓ ACTOS RECLAMADOS: La orden de citación, presentación, localización o retención girada en su contra y su cumplimiento. Actos que estimó violatorios de los artículos 14,16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridades, cuya ejecución tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Presunción de certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable JOSÉ MARÍA GARCÍA SALAZAR, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir el informe con justificación que le correspondía, no obstante haber sido debidamente notificado el seis de octubre de dos mil veintiuno, según se advierte de la constancia de confirmación de recibido del correo electrónico que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman; ello, en atención a que sí cuenta con facultades para dictar órdenes de citación, presentación, localización o retención. Ahora, ante la presunción de certeza de los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, dada su calidad de ejecutora, no obstante de haber negado expresamente el acto reclamado al rendir su informe justificado. TERCERO. Síntesis y estudio de los conceptos de violación y estudio. No es necesario ni obligatorio transcribir los motivos de disenso para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia, por lo que su análisis se realiza en el presente considerando de conformidad con lo siguiente: El quejoso esencialmente manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ". se presentaron dos personas quienes dijeron ser Policías Ministeriales, quienes fueron atendidos la personas que se encontraba en mi domicilio, a quienes le preguntaron si me encontraba en casa a lo que respondió señalando que en esos momento no me encontraba presente ya que estaba en la Ciudad Capital de Morelia, Michoacán. SEGUNDO.- Así, dichos Elementos de la Policía Ministerial, le manifestaron a la persona que los atendió que EXISTE UNA ORDEN DE Citación, localización, presentación, retención y citación girada en mi contra por el LICENCIADO JOSÉ MARÍA GARCÍA SALAZAR, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN." Luego, en sus concepto de violación esencialmente expone que le causan agravio dichos actos de molestia porque no ha realizado conducta que amerite que esas personas pregunten por su persona, refiere estar seguro de no haber cometido delito ni estar involucrado en alguna investigación, además, que dicha orden no reúne los requisitos legales y que por tanto se vulnera lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Los conceptos de violación son infundados. Es así, pues en el caso, los actos reclamados consistentes en las órdenes de citación, presentación, localización o retención, no es inconstitucional en sí misma por las razones que se exponen a continuación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Asimismo, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. En ese contexto, como el mismo quejoso lo señala en su demanda, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, acudieron a su domicilio al parecer elementos de la policía, esto es, tanto el representante social por quien se presumió cierto el acto reclamado, como los policías a su mando por quienes se desvirtuó su negativa y a que alude el quejoso, se encuentran facultados para realizar funciones de investigación; asimismo, como autoridades administrativas para aplicar el arresto hasta por treinta y seis horas, como sanción por alguna infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, actos respecto de los cuales, como se vio en el párrafo precedente se encuentran facultados constitucionalmente para indagar hechos ilícitos y aplicar ese tipo de sanciones. Además, de conformidad con lo previsto por los diversos numerales 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el Ministerio Público cuando sea citada, precisamente para la investigación de hechos ilícitos. En consecuencia, al no ser inconstitucional en sí mismos los actos aquí analizados, conforme al párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la ejecución reclamada correspondía al quejoso, lo que no hizo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aun y cuando las autoridades responsables no rindan su informe justificado, pues si bien es cierto la ley establece la presunción de la existencia de los actos, también es verdad que arroja en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. De ahí, que si el quejoso no logró demostrar que se vulnere en su perjuicio los derechos fundamentales que citó como infringidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Finalmente, en relación a la opinión ministerial formulada por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. CUARTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Antonio Hernández Cerriteño, por las autoridades, actos y razones dadas en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando cuarto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el sexto considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, con quien actúa y da fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento. Del estado que guardan los autos, específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término para que la autoridad responsable JOSÉ MARÍA GARCÍA SALAZAR, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, rinda su informe justificado. Por tanto, para dar oportunidad a que se reciba el informe de la autoridad responsable, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV2 (COVID-19). Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. ALEGATO MINISTERIO PÚBLICO. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. COPIAS SIMPLES. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la Agente, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele copias simples de la misma; previo recibo que se deje en autos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de dichas constancias, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para la obtención de las copias que requiere, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber a la Agente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Enviar nuevamente oficio. Téngase por recibida la pieza postal de cuenta, que contiene el oficio 18807/2021, de seis de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al JOSÉ MARÍA GARCÍA SALAZAR, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, de la que se advierte como motivo de devolución "REHUSADO". En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, SE COMISIONA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, a fin de que reenvíe el oficio 18807/2021, de seis de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al JOSÉ MARÍA GARCÍA SALAZAR, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LA UNIDAD DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, vía correo electrónico, para lo cual deberá confirmar su recepción y asentar razón en autos; y, en caso de que ello no sea posible, lo remita vía correspondencia acelerada "ESTAFETA". En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. Finalmente, extráigase copia certificada de la pieza postal de cuenta, para proveer lo conducente en el incidente de suspensión relativo al presente juicio. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
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