José Antonio Rubín Parra
Expediente 258/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Rubín Parra
- H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 258/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 9), José Antonio Rubín Parra, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 31 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 258/2018 (fojas 16 a 20). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, y modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán: La orden de aplicación retroactiva de la Ley de Ingresos Municipal y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, ya que se le está privando sin garantía de audiencia de un derecho preexistente como lo ha sido el de causar cuota mínima en los pagos del impuesto predial. De la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán: El indebido y excesivo cobro del impuesto predial que se le está aplicando para este ejercicio fiscal dos mil dieciocho, contradiciendo lo equitativo y proporcional que establece el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se le está aplicando de manera retroactiva dicha medida fiscal y por ende, se le priva del pago de la cuota mínima en el pago del impuesto predial sin garantía de audiencia. Actos reclamados que se fijaron de esa manera, con la finalidad de determinar con exactitud la verdadera intención de la parte quejosa, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que conforman el escrito de demanda y las constancias que obran en autos, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar la sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el precitado artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán (foja 26); toda vez que al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyó y la parte quejosa no exhibió prueba idónea para desvirtuar esa negativa. Además, cabe decir que para que se actualice el presente acto reclamado (retroactividad de ley) debe existir previamente facultad legal de la autoridad responsable de aplicar determinada ley. En la especie, el artículo 55, fracción I de la Ley Orgánica Municipal, le confiere atribuciones a la Tesorería Municipal para la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y demás contribuciones municipales, así como las participaciones federal y estatal y los ingresos extraordinarios que se establecen a favor del municipio; de lo que se advierte que el Ayuntamiento no se encuentra obligado a actuar en el sentido establecido por el peticionario de amparo, ya que como lo manifiesta la citada autoridad responsable en su informe justificado, no le corresponde la aplicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, ni mucho menos la Ley de Hacienda Municipal del Estado. Por lo anterior, carece de facultades para consignar o no la cuota mínima del impuesto predial, pues el artículo 23 y 25 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, establece que se requiere previamente de un dictamen de la Tesorería Municipal a efecto de determinar la aplicación de dicha cuota; de ahí que el acto reclamado al Ayuntamiento de Morelia, deviene inexistente. Así, ante la ausencia de la obligación jurídica de actuar de la aludida autoridad responsable en la forma en que la parte quejosa indica, es que el acto debe calificarse de inexistentes en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la autoridad indicada en este considerando. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, a través del Director de dicha dependencia, aceptó parcialmente los actos que se le atribuyen (foja 31), sin embargo, dichos actos se tienen por ciertos, por las manifestaciones que hace más delante en su informe de ley. Lo anterior resulta de ese modo, dado que manifiesta que dicho adeudo fue generado por la omisión de quien promueve de cumplir con sus obligaciones fiscales, que en el caso en concreto, en lo referente al pago del impuesto predial no pago. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Causales de improcedencia desestimadas. Previo al estudio de los conceptos de violación, se analizan las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, sea que las partes las invoquen o este órgano de control constitucional las advierta de oficio y cuyo estudio es preferente por ser de orden público, conforme lo dispuesto en el párrafo último del artículo 62, de la Ley de Amparo. El Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, manifiesta que resulta improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que considera que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que establece el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no recurrir el acto de autoridad mediante el denominado juicio administrativo, tal como lo señala el Libro Quinto del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, cuya competencia es del Tribunal de Justicia Administrativa, como lo establece el artículo 154 del mismo ordenamiento legal. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que dicha autoridad no precisa cuál de las fracciones a que se refiere el artículo 154 de dicho ordenamiento se actualiza, aun cuando éste contiene varias, es decir, cuál acción estaba obligada a ejercer el aquí quejoso, a fin de cumplir con el principio de definitividad que refiere, pues de manera genérica señaló que el impetrante de garantías debió agotar algún recurso ordinario. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia número 263, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.". Además, atento a que de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de amparo, se desprende que esa disposición legal prevé la existencia de una excepción al principio de definitividad, cuando en su primero y segundo párrafos establece que: 1. No procede el juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, entre otros supuestos, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes sea factible se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 2. También establece que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, en los supuestos siguientes: ? Si el acto reclamado carece de fundamentación; ? Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, ? Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Aspectos que contrariamente a lo que pretende la autoridad responsable, resulta infundada la aludida causal de improcedencia, virtud a que en el caso se actualizó el primer supuesto, es decir, una excepción al principio de definitividad. En efecto, el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, establece: "Artículo 240. La suspensión del acto impugnado podrá concederse de oficio, en el mismo auto que admita la demanda cuando el acto o resolución impugnada, de llegar a consumarse, dificultara restituir al particular en el goce de su derecho; o, a petición de parte en cualquier momento del juicio. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Magistrado Instructor en la resolución que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento sin demora. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, orden público, o a terceros, si se contravienen normas o se deja sin materia el juicio". Por su parte, el artículo 223 de la misma legislación de Justicia Administrativa, establece que el acuerdo que admita o deseche la demanda (del juicio administrativo), deberá dictarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su promoción. Luego, del análisis sistemático de ambos dispositivos legales (223 y 248) se aprecia que la suspensión del acto impugnado se dictará en el mismo auto que admita la demanda o en la resolución que admita, lo cual, podrá ser hasta el tercer día de la presentación de la demanda. En tanto, que del análisis del artículo 112 de la Ley de Amparo, se obtiene que el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda en el término de veinticuatro horas, y por consecuencia, sobre la suspensión. De tal suerte que tal legislación administrativa que invoca la responsable establece un plazo mayor a la Ley de Amparo para proveer sobre la suspensión, y siendo ello así, se actualiza una excepción al principio de definitividad, por lo que se desestima la causal que nos ocupa. De igual forma, resulta infundada la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la autoridad responsable señale que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII y XXIII, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, porque a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, del decreto legislativo 402, que contiene la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece el cobro del impuesto predial, contaba con el término de treinta días para impugnar su contenido, tal como lo dispone el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Empero, de conformidad con los motivos por los cuales dicha responsable aduce se actualiza la aludida causal de improcedencia, claramente se evidencia que ese supuesto se encuentra realmente previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo vigente. Correcciones que se realizan con apoyo en la tesis aislada número 74, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto.". Lo infundado deviene por las siguientes razones: Primeramente, es de señalar que la parte quejosa no reclama la inconstitucionalidad de la norma en su carácter de autoaplicativa. En el particular, la quejosa exhibió la impresión del recibo de pago del impuesto predial, correspondiente al bien inmueble que señala es de su propiedad, en donde se advierte la cantidad que debe pagar por concepto de impuesto predial. Documental que al no haber sido objetada por la responsable, adquiere plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 133, 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apta para demostrar el perjuicio que resiente con la emisión del acto reclamado. Así, contrario a lo que sostiene la responsable, como el quejoso no reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda Municipal ni el tope del valor catastral que se ha establecido para que proceda el pago de la cuota mínima para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; no conlleva el consentimiento de la norma, pues de lo que se duele es del indebido y excesivo cobro del impuesto predial que se le está aplicando para este ejercicio fiscal dos mil dieciocho, contradiciendo lo equitativo y proporcional que establece el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aplicación retroactiva dicha medida fiscal, pues en años anteriores sí pago la cuota mínima y la privación del pago de la cuota mínima en el pago del impuesto predial sin garantía de audiencia. Por tanto, contaba el quejoso con el término genérico de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual empezó a contar a partir del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, fecha en la cual imprimió el recibo oficial del pago del impuesto predial, y con el cual demuestra que en esa data se enteró de los actos reclamados; de ahí que no se actualice la causal de improcedencia citada. En consecuencia, al no actualizarse las causas de improcedencia planteadas, sin que se advierta, de oficio, que se surta algún otro motivo que impida abordar la cuestión de fondo, procede analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados por lo siguiente: En principio, cabe decir que el artículo 76 de la Ley de Amparo, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de la Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2011406 en el Semanario Judicial de la Federación en línea (IUS), que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En efecto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la aplicación de la Ley de Ingresos Municipal de dos mil dieciocho y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de manera retroactiva y privarla de pagar la cuota mínima del impuesto predial; cuando el quejoso en años anteriores ha pagado la cuota mínima de dicho impuesto. Luego, conviene señalar que de la interpretación armónica del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el principio de irretroactividad de la ley, se colige que una norma transgrede éste cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una disposición anterior. Ante todo, resulta pertinente establecer que conforme lo dispone el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la naturaleza de una norma reglamentaria municipal [como en el caso la Ley de Ingresos Municipal de dos mil dieciocho y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán] tiene la característica de una disposición general, toda vez que contiene determinaciones creadoras de situaciones de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria. Así como dichas normas son cuerpos normativos que reglamentan sobre aspectos relacionados con el impuesto sobre el patrimonio de las personas (impuesto predial), cuya existencia obedece a la necesidad de regular tales actos en beneficio de la colectividad y para que se preserve el orden público. Tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. Para precisar la extensión normativa legítima de cada una de las fuentes normativas contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación de aspectos generales en las leyes estatales en materia municipal debe tener por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que requieran dicha uniformidad; 2. Debe tomarse en cuenta que la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza una facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo; 3. Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones específicas de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último, pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener, en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno, administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a cuestiones específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es, las encargadas de sentar "las bases generales de la administración pública municipal", comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado." Por su parte, los artículos 17, 20, 21 y 23 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 17. Es objeto del impuesto Predial: I. La propiedad o copropiedad de predios rústicos, urbanos y las construcciones adheridas a ellas, así como la propiedad de condominios; II. Los derechos sobre la propiedad o posesión de terrenos ejidales o comunales y de parcelamiento, así como la posesión de construcciones permanentes en zonas urbanas, ejidales o comunales; III. La posesión de predios rústicos o urbanos y las construcciones adheridas a ellos; IV. Cuando por cualquier título se tenga la concesión, uso o goce de predios rústicos o urbanos del dominio del Estado, Municipio o de la Federación; V. El usufructo; y, VI. La propiedad o concesión de plantas de beneficio y establecimientos mineros o metalúrgicos, en los términos de la Legislación Federal de la materia, comprendiendo: A) El terreno; y, B) Las construcciones y sus mejoras." "ARTÍCULO 20. La base del impuesto predial tanto de predios urbanos como rústicos será el valor catastral registrado. I. La base de este impuesto podrá modificarse por: A) El valor determinado mediante avalúo practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración o la Autoridad Municipal correspondiente en los términos de la Ley de Catastro y su Reglamento; y, B) El valor determinado para efectos del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, en los términos del artículo 53 de esta Ley. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los casos de adquisición por causa de muerte, de la nuda propiedad, del usufructo y de parte de los derechos de propiedad de un inmueble, no se tomarán en cuenta dichos valores, sino el de avalúo practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración. II. Cuando surjan nuevos predios con motivo de la constitución de condominios, conjuntos habitacionales, fraccionamientos o subdivisiones, la base de este impuesto se determinará por la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante avalúos que practique conforme a lo dispuesto por la Ley de Catastro, a partir de la autorización expedida por autoridad competente. Tratándose de condominios, los avalúos se practicarán a partir de la fecha en que se haya autorizado preventivamente la escritura de constitución correspondiente. Los valores que mediante avalúos determine la Secretaría de Finanzas y Administración o la Autoridad Municipal respectiva, surtirán efectos a partir del bimestre siguiente, a aquel en que se notifiquen los avalúos. El valor a que se refiere el inciso B) de la fracción I de este artículo, surtirá efectos a partir del bimestre siguiente, a partir de las fechas a que se refieren las fracciones I a III del artículo 57 de esta Ley. Ambos valores tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente, a partir de la fecha de notificación de los avalúos y de las fechas señaladas en dichas fracciones del artículo 57 de esta Ley. La base de este impuesto que se determine conforme al artículo 21 de esta Ley, tendrá vigencia de un año." "ARTÍCULO 21. Independientemente del valor que se considere como base de este impuesto en los términos del artículo anterior, ésta se incrementará cada año, sin que ello constituya revaluación de los predios en los términos de la Ley de Catastro, y sin necesidad de que estos nuevos valores sean notificados a los contribuyentes para que tengan plena validez, en la forma siguiente: A lo que resulte de multiplicar la base vigente en el año inmediato anterior, por el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de dicho año, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año precedente al inmediato anterior, que publique la autoridad federal correspondiente. El resultado de la operación anterior se ajustará a la unidad monetaria más próxima. Se exime de la actualización a que se refiere el presente artículo, a los predios cuyos propietarios se les haya notificado avalúo técnico o hayan sido objeto de transmisión de dominio durante el ejercicio inmediato anterior." "ARTÍCULO 23. El impuesto Predial se determinará y pagará aplicando a la base del impuesto las tasas que señalen las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo. Si como resultado de la determinación del impuesto se obtienen cantidades inferiores a las cuotas mínimas anuales que establezcan las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para predios urbanos y rústicos el impuesto a pagar será equivalente a dichas cuotas. Independientemente del supuesto a que se refiere el párrafo anterior, previo dictamen de la autoridad fiscal competente, se pagarán cuotas mínimas anuales, respecto de: I. Los predios de los planteles escolares públicos destinados al servicio de educación, cuya constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes que rigen el Sistema Educativo Nacional, siempre y cuando sea propio. No quedan comprendidos en este supuesto, los inmuebles de los planteles escolares donde se imparta enseñanza preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior que cobren colegiaturas; II. Los predios que perteneciendo a particulares, estén destinados a un servicio público gratuito autorizado por el Estado o por el Gobierno Municipal, siempre que por los mismos sus propietarios no perciban renta; III. Los predios propiedad de asociaciones, fundaciones e instituciones de beneficencia pública o privada y asociaciones deportivas o sociales que no tengan fines lucrativos, siempre que dichos inmuebles estén destinados directamente a los fines de las mismas; IV. Los predios que pertenezcan a: A) Veteranos de la Revolución o a su cónyuge; B) Personas incapacitadas físicamente para trabajar; y, C) Jubilados y pensionados o a su cónyuge, siempre y cuando no perciban ingresos por otros conceptos. Para los efectos de este inciso, el pago de la cuota mínima anual procederá siempre y cuando sólo posean un predio; V. Predios con restricciones de uso de suelo, por disposición oficial, siempre y cuando no se exploten con fines de lucro; y, VI. Los predios que se destinen totalmente en la instalación de nuevas industrias, ya sean micro, pequeñas, medianas y grandes, por el término de diez años a partir de la fecha de inicio de la construcción, y siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo. Cuando por cualquier causa se cambie el uso del predio a propósito distinto del señalado en el párrafo anterior, se dejará de causar la cuota mínima anual y se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo." Los preceptos transcritos prevén la obligatoriedad para la ciudadanía del Estado, para el pago del impuesto predial, el cual es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble y se sustenta en la idea de que todos aquellos que son propietarios de un bien inmueble, deben aportar una cuota anual al Estado en forma de tributo y dicho tributo lo fija Estado unilateralmente y con carácter obligatorio con el fin de contribuir a los gastos públicos, mismo que será actualizado anualmente, acorde a lo que prevén las aludidas normas y al valor catastral del inmueble. De igual forma, establecen que independientemente del impuesto que se fije, previo dictamen de la autoridad fiscal competente, se pagarán cuotas mínimas anuales, respecto de varios supuestos, entre los que se encuentra, cuando se trata de Jubilados y pensionados o a su cónyuge, siempre y cuando no perciban ingresos por otros conceptos, y cuando sólo posean un predio. Por tanto, como ya se dijo, la aplicación retroactiva de la ley, prohibida por el artículo 14 constitucional, emerge cuando una norma jurídica modifica o afecta situaciones jurídicas concretas o derechos de los gobernados, producidas las primeras o adquiridos los segundos, bajo la vigencia de una ley anterior. Así, cuando el particular reclama que le fue aplicada retroactivamente una ley, en contravención al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque alega que indebidamente se fijó el pago del impuesto predial, sin respetarle la cuota mínima que había pagado en años anteriores, debe justificarlo con un derecho o bien jurídico preexistente vulnerado por aquella legislación, pues para la procedencia del juicio de garantías se requiere la exteriorización objetiva de la voluntad administrativa de las actividades de su competencia. De ahí que la realización del acto, al margen de la declaración de voluntad de la autoridad administrativa, no puede ni debe ser objeto de tutela jurisdiccional por la inexistencia del acto administrativo implícito. Sentado todo lo anterior, contrario a lo que aduce la quejosa, el hecho de que anteriormente se le haya otorgado el beneficio del pago de la cuota mínima del impuesto predial, no se afectan derechos adquiridos; debido a que ésta no cuenta con una prerrogativa absoluta e indefinida; pues de las constancias que obran en autos no se aprecia que la parte quejosa haya obtenido un beneficio de manera indefinida; esto es, no se encuentra justificado que haya solicitado la autorización de dicha cuota mínima y que se haya emitido el dictamen por la autoridad fiscal competente, donde se autoriza dicho pago y que aun así no se le haya respetado dicha excepción. Pues únicamente exhibe el recibo oficial del pago que debe realizar del impuesto predial de este año, recibo oficial del pago que se le aplicó el año pasado del impuesto predial, así como su respectivo comprobante de pago, informe de pago como jubilado, e identificaciones tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto Nacional Electoral; sin que de ninguno de ellos se advierta dicha circunstancia. Luego, en la medida de no acreditar que la autoridad competente le haya otorgado dicha prerrogativa, aun cuando se encuentre en uno de los supuesto del pago de cuota mínima por ser jubilado, se encuentra sujeto al marco regulatorio local, así como a las disposiciones municipales relativas; entonces, no transgrede el derecho de no retroactividad como infundadamente lo plantea la inconforme. Asimismo, resulta inoperante el concepto de violación relativo a que el hecho de que se imponga como pago del impuesto predial la cantidad de $5,545.00 (cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), transgreda el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Lo anterior, se estima de esa manera, porque el quejoso se limita a referir de manera dogmática y genérica, que el acto reclamado infringe en su perjuicio, el principio de proporcionalidad y equidad tributaria prevista en el artículo 31 Constitucional; empero de la lectura de sus motivos de disenso, no se advierte que exprese un solo motivo que de hecho o de derecho, que venga a poner en evidencia su afirmación, luego, ante la ausencia de ello, esta órgano constitucional se encuentra imposibilitado para realizar un estudio de fondo de la cuestión planteada, pues sería tanto como realizar un estudio oficioso de la legalidad del acto, en un amparo en materia administrativa, donde por regla general impera el principio de estricto derecho. No se soslaya que el quejosos aduzca ser adulto mayor e incluso justifique su calidad de jubilado con un ingreso mensual de $2,679.87 (dos mil seiscientos setenta y nueve pesos 87/100 M.N.), pues a juicio de este órgano jurisdiccional, por ley, ello no lo coloca en un estado de vulnerabilidad, que conlleve a suplir la deficiencia de sus motivos de inconformidad dado que además de esos elementos, no se aprecia algún motivo adicional que evidencia especiales dificultades para ejercer sus derechos. En lo conducente, cabe invocar de manera ilustrativa las tesis 1a. XXXIII/2018 (10a.), 1a. CXXXIII/2016 (10a.) y 1a. CXXXIV/2016 (10a.); sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO NO LA PREVEA A FAVOR DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La suplencia de la queja deficiente es una institución que se justifica por la necesidad de equilibrar el proceso, especialmente cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente desaventajados. Dicha institución está prevista en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que dispone que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Por ende, corresponde al legislador democrático definir los supuestos y condiciones de aplicación de la suplencia de la queja en búsqueda de la igualdad procesal. Ahora bien, el hecho de que el artículo 79 de la Ley de Amparo no prevea de manera expresa la procedencia de la suplencia de la queja a favor de las mujeres adultas mayores no implica un tratamiento discriminatorio proscrito por el artículo 1o. de la Constitución Federal, máxime que su imprevisión no significa que tratándose de casos que las involucren no haya posibilidad de operar con dicha institución, siempre que concurran el resto de condiciones normativas y fácticas a que se refieren las diversas fracciones del precepto legal. A manera de ejemplo, la suplencia de la queja en las materias penal, agraria y laboral puede operar en favor de mujeres adultas mayores siempre que se actualicen los supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, previó para tales efectos, como puede ser que se trate de inculpadas, víctimas u ofendidas del delito, ejidatarias comuneras (fracciones III a V) o en cualquier materia cuando se advierta que ha habido en su contra una violación evidente de la ley que las haya dejado sin defensa por afectar sus derechos humanos (fracción IV), o cuando por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio (fracción VII). En suma, el artículo 79 de la Ley de Amparo no se torna inconstitucional por carecer de un supuesto específico a favor de las mujeres adultas mayores, debiéndose tomar en consideración que el legislador democrático previó la operatividad de la suplencia de la queja en su beneficio no como una categoría absoluta, sino a partir de las condiciones normativas y fácticas que justificarían la intervención judicial a fin de equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal de las partes." "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Finalmente, con relación a la afirmación del quejoso en el sentido de que no se respetó su garantía de audiencia, se destaca que el numeral 23 de la Ley de Hacienda Municipal, si bien establece la exención del pago de la cuota mínima del impuesto predial a los jubilados, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia tributaria no rige el principio de audiencia previa ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la audiencia que puede otorgarse a los causantes es siempre posterior a la aplicación del gravamen, que es cuando los interesados pueden impugnar ante las autoridades fiscales el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del tributo, una vez determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental en comento. Además, otorgar una audiencia al gobernado en el supuesto aludido no serviría a propósito alguno, pues si lo que pretende éste es tener la oportunidad de demostrar que su caso escapa del pago del impuesto predial de acuerdo al valor catastral, por ser jubilado, debe valorarse que la audiencia en todo caso hubiere correspondido desahogarla frente al juicio del legislador y la configuración normativa del parámetro, es decir, debe ubicarse en el proceso legislativo, lo cual resulta improcedente, dado que basta la realización del supuesto normativo -sin importar las causas que motiven tal circunstancia- para que se materialicen los efectos jurídicos de manera causal. Inclusive, tales circunstancias permiten apreciar que la audiencia previa resultaría imposible, pues la causalidad jurídica no evitaría la materialización de la consecuencia de derecho una vez realizada la hipótesis normativa. Cabe aplicar por analogía, la tesis 1a. XIX/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "RENTA. LA LIMITANTE A LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). El citado numeral establece la exención relativa a los ingresos derivados de la venta de acciones efectuada a través de bolsas de valores concesionadas legalmente, excluyendo a quienes directa o indirectamente tengan el 10% o más de las acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, cuando en un periodo de 24 meses se enajene dicho porcentaje o más de las acciones pagadas de la respectiva sociedad, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo las realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a éstas, o bien, si quienes ostentan el control de la emisora lo enajenan en el plazo y condiciones indicados. Ahora bien, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que en materia tributaria no rige el principio de audiencia previa ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la audiencia que puede otorgarse a los causantes es siempre posterior a la aplicación del gravamen, que es cuando los interesados pueden impugnar ante las autoridades fiscales el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del tributo, una vez determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental en comento. En ese tenor, se concluye que dicho criterio también es aplicable tratándose de la exención mencionada y, por tanto, el artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 2 de octubre de 2007 no viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Además, otorgar una audiencia al gobernado en el supuesto aludido no serviría a propósito alguno, pues si lo que pretende éste es tener la oportunidad de demostrar que su caso escapa de la forma en la que el legislador diseñó el concepto de "abuso" como factor excluyente de la exención, debe valorarse que la audiencia en todo caso hubiere correspondido desahogarla frente al juicio del legislador y la configuración normativa del parámetro, es decir, debe ubicarse en el proceso legislativo, lo cual resulta improcedente. En cambio, si lo que pretende es una audiencia para acreditar que, al actualizar los supuestos de exclusión de la exención, no estaría llevando a cabo prácticas abusivas, ello tampoco resulta procedente, dado que basta la realización del supuesto normativo -sin importar las causas que motiven tal circunstancia- para que se materialicen los efectos jurídicos de manera causal. Inclusive, tales circunstancias permiten apreciar que la audiencia previa resultaría imposible, pues la causalidad jurídica no evitaría la materialización de la consecuencia de derecho una vez realizada la hipótesis normativa." En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Solo como mayor abundamiento, se destaca que la presente determinación no impide al quejoso solicitar, bajo los procedimientos a la autoridad responsable, que se realice el estudio y se emita el dictamen que preveé el artículo 23 de la Ley de Hacienda Municipal de Morelia, a fin de que de darse el caso, se le aplique esa porción normativa y se aplique la cuota mínima anual, puesto que en el caso concreto no se justificó que contara con dicho dictamen y que al emitirse el acto reclamado se hubiera revocado. Se reitera, sin que pase desapercibido para este juzgador que el quejoso sea un adulto mayor, en razón de que esa circunstancia en su caso, no deja por sí a los gobernados en estado de vulnerabilidad, pues si bien genera menos oportunidades e incluso obstáculo para el desarrollo personal, económico, cultural y social, no es factor determinante de vulnerabilidad y menos para acceder a los tribunales en defensa de sus derechos; y es que admitirlo así, implicaría aceptar que la población en esas circunstancias son vulnerables. Sostiene lo anterior las tesis del tenor siguiente: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplía la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja". SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, respecto del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a José Antonio Rubín Parra, contra el acto reclamado a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCIA ARMAS, hasta el día de hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho, ante la secretaria Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe.
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SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMIACIÓ QUE DICE. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 258/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 9), José Antonio Rubín Parra, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 31 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 258/2018 (fojas 16 a 20). Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, y modificaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán: La orden de aplicación retroactiva de la Ley de Ingresos Municipal y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, ya que se le está privando sin garantía de audiencia de un derecho preexistente como lo ha sido el de causar cuota mínima en los pagos del impuesto predial. De la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán: El indebido y excesivo cobro del impuesto predial que se le está aplicando para este ejercicio fiscal dos mil dieciocho, contradiciendo lo equitativo y proporcional que establece el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se le está aplicando de manera retroactiva dicha medida fiscal y por ende, se le priva del pago de la cuota mínima en el pago del impuesto predial sin garantía de audiencia. Actos reclamados que se fijaron de esa manera, con la finalidad de determinar con exactitud la verdadera intención de la parte quejosa, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que conforman el escrito de demanda y las constancias que obran en autos, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar la sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el precitado artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán (foja 26); toda vez que al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyó y la parte quejosa no exhibió prueba idónea para desvirtuar esa negativa. Además, cabe decir que para que se actualice el presente acto reclamado (retroactividad de ley) debe existir previamente facultad legal de la autoridad responsable de aplicar determinada ley. En la especie, el artículo 55, fracción I de la Ley Orgánica Municipal, le confiere atribuciones a la Tesorería Municipal para la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y demás contribuciones municipales, así como las participaciones federal y estatal y los ingresos extraordinarios que se establecen a favor del municipio; de lo que se advierte que el Ayuntamiento no se encuentra obligado a actuar en el sentido establecido por el peticionario de amparo, ya que como lo manifiesta la citada autoridad responsable en su informe justificado, no le corresponde la aplicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, ni mucho menos la Ley de Hacienda Municipal del Estado. Por lo anterior, carece de facultades para consignar o no la cuota mínima del impuesto predial, pues el artículo 23 y 25 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, establece que se requiere previamente de un dictamen de la Tesorería Municipal a efecto de determinar la aplicación de dicha cuota; de ahí que el acto reclamado al Ayuntamiento de Morelia, deviene inexistente. Así, ante la ausencia de la obligación jurídica de actuar de la aludida autoridad responsable en la forma en que la parte quejosa indica, es que el acto debe calificarse de inexistentes en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la autoridad indicada en este considerando. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, a través del Director de dicha dependencia, aceptó parcialmente los actos que se le atribuyen (foja 31), sin embargo, dichos actos se tienen por ciertos, por las manifestaciones que hace más delante en su informe de ley. Lo anterior resulta de ese modo, dado que manifiesta que dicho adeudo fue generado por la omisión de quien promueve de cumplir con sus obligaciones fiscales, que en el caso en concreto, en lo referente al pago del impuesto predial no pago. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Causales de improcedencia desestimadas. Previo al estudio de los conceptos de violación, se analizan las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, sea que las partes las invoquen o este órgano de control constitucional las advierta de oficio y cuyo estudio es preferente por ser de orden público, conforme lo dispuesto en el párrafo último del artículo 62, de la Ley de Amparo. El Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, manifiesta que resulta improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que considera que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que establece el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no recurrir el acto de autoridad mediante el denominado juicio administrativo, tal como lo señala el Libro Quinto del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, cuya competencia es del Tribunal de Justicia Administrativa, como lo establece el artículo 154 del mismo ordenamiento legal. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que dicha autoridad no precisa cuál de las fracciones a que se refiere el artículo 154 de dicho ordenamiento se actualiza, aun cuando éste contiene varias, es decir, cuál acción estaba obligada a ejercer el aquí quejoso, a fin de cumplir con el principio de definitividad que refiere, pues de manera genérica señaló que el impetrante de garantías debió agotar algún recurso ordinario. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia número 263, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.". Además, atento a que de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de amparo, se desprende que esa disposición legal prevé la existencia de una excepción al principio de definitividad, cuando en su primero y segundo párrafos establece que: 1. No procede el juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, entre otros supuestos, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes sea factible se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 2. También establece que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, en los supuestos siguientes: ? Si el acto reclamado carece de fundamentación; ? Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, ? Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Aspectos que contrariamente a lo que pretende la autoridad responsable, resulta infundada la aludida causal de improcedencia, virtud a que en el caso se actualizó el primer supuesto, es decir, una excepción al principio de definitividad. En efecto, el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, establece: "Artículo 240. La suspensión del acto impugnado podrá concederse de oficio, en el mismo auto que admita la demanda cuando el acto o resolución impugnada, de llegar a consumarse, dificultara restituir al particular en el goce de su derecho; o, a petición de parte en cualquier momento del juicio. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Magistrado Instructor en la resolución que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento sin demora. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, orden público, o a terceros, si se contravienen normas o se deja sin materia el juicio". Por su parte, el artículo 223 de la misma legislación de Justicia Administrativa, establece que el acuerdo que admita o deseche la demanda (del juicio administrativo), deberá dictarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su promoción. Luego, del análisis sistemático de ambos dispositivos legales (223 y 248) se aprecia que la suspensión del acto impugnado se dictará en el mismo auto que admita la demanda o en la resolución que admita, lo cual, podrá ser hasta el tercer día de la presentación de la demanda. En tanto, que del análisis del artículo 112 de la Ley de Amparo, se obtiene que el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda en el término de veinticuatro horas, y por consecuencia, sobre la suspensión. De tal suerte que tal legislación administrativa que invoca la responsable establece un plazo mayor a la Ley de Amparo para proveer sobre la suspensión, y siendo ello así, se actualiza una excepción al principio de definitividad, por lo que se desestima la causal que nos ocupa. De igual forma, resulta infundada la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la autoridad responsable señale que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII y XXIII, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, porque a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, del decreto legislativo 402, que contiene la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece el cobro del impuesto predial, contaba con el término de treinta días para impugnar su contenido, tal como lo dispone el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Empero, de conformidad con los motivos por los cuales dicha responsable aduce se actualiza la aludida causal de improcedencia, claramente se evidencia que ese supuesto se encuentra realmente previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo vigente. Correcciones que se realizan con apoyo en la tesis aislada número 74, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto.". Lo infundado deviene por las siguientes razones: Primeramente, es de señalar que la parte quejosa no reclama la inconstitucionalidad de la norma en su carácter de autoaplicativa. En el particular, la quejosa exhibió la impresión del recibo de pago del impuesto predial, correspondiente al bien inmueble que señala es de su propiedad, en donde se advierte la cantidad que debe pagar por concepto de impuesto predial. Documental que al no haber sido objetada por la responsable, adquiere plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 133, 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apta para demostrar el perjuicio que resiente con la emisión del acto reclamado. Así, contrario a lo que sostiene la responsable, como el quejoso no reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda Municipal ni el tope del valor catastral que se ha establecido para que proceda el pago de la cuota mínima para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; no conlleva el consentimiento de la norma, pues de lo que se duele es del indebido y excesivo cobro del impuesto predial que se le está aplicando para este ejercicio fiscal dos mil dieciocho, contradiciendo lo equitativo y proporcional que establece el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aplicación retroactiva dicha medida fiscal, pues en años anteriores sí pago la cuota mínima y la privación del pago de la cuota mínima en el pago del impuesto predial sin garantía de audiencia. Por tanto, contaba el quejoso con el término genérico de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual empezó a contar a partir del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, fecha en la cual imprimió el recibo oficial del pago del impuesto predial, y con el cual demuestra que en esa data se enteró de los actos reclamados; de ahí que no se actualice la causal de improcedencia citada. En consecuencia, al no actualizarse las causas de improcedencia planteadas, sin que se advierta, de oficio, que se surta algún otro motivo que impida abordar la cuestión de fondo, procede analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados por lo siguiente: En principio, cabe decir que el artículo 76 de la Ley de Amparo, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de la Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2011406 en el Semanario Judicial de la Federación en línea (IUS), que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En efecto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la aplicación de la Ley de Ingresos Municipal de dos mil dieciocho y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de manera retroactiva y privarla de pagar la cuota mínima del impuesto predial; cuando el quejoso en años anteriores ha pagado la cuota mínima de dicho impuesto. Luego, conviene señalar que de la interpretación armónica del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el principio de irretroactividad de la ley, se colige que una norma transgrede éste cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una disposición anterior. Ante todo, resulta pertinente establecer que conforme lo dispone el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la naturaleza de una norma reglamentaria municipal [como en el caso la Ley de Ingresos Municipal de dos mil dieciocho y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán] tiene la característica de una disposición general, toda vez que contiene determinaciones creadoras de situaciones de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria. Así como dichas normas son cuerpos normativos que reglamentan sobre aspectos relacionados con el impuesto sobre el patrimonio de las personas (impuesto predial), cuya existencia obedece a la necesidad de regular tales actos en beneficio de la colectividad y para que se preserve el orden público. Tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. Para precisar la extensión normativa legítima de cada una de las fuentes normativas contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación de aspectos generales en las leyes estatales en materia municipal debe tener por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que requieran dicha uniformidad; 2. Debe tomarse en cuenta que la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza una facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo; 3. Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones específicas de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último, pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener, en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno, administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a cuestiones específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es, las encargadas de sentar "las bases generales de la administración pública municipal", comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado." Por su parte, los artículos 17, 20, 21 y 23 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 17. Es objeto del impuesto Predial: I. La propiedad o copropiedad de predios rústicos, urbanos y las construcciones adheridas a ellas, así como la propiedad de condominios; II. Los derechos sobre la propiedad o posesión de terrenos ejidales o comunales y de parcelamiento, así como la posesión de construcciones permanentes en zonas urbanas, ejidales o comunales; III. La posesión de predios rústicos o urbanos y las construcciones adheridas a ellos; IV. Cuando por cualquier título se tenga la concesión, uso o goce de predios rústicos o urbanos del dominio del Estado, Municipio o de la Federación; V. El usufructo; y, VI. La propiedad o concesión de plantas de beneficio y establecimientos mineros o metalúrgicos, en los términos de la Legislación Federal de la materia, comprendiendo: A) El terreno; y, B) Las construcciones y sus mejoras." "ARTÍCULO 20. La base del impuesto predial tanto de predios urbanos como rústicos será el valor catastral registrado. I. La base de este impuesto podrá modificarse por: A) El valor determinado mediante avalúo practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración o la Autoridad Municipal correspondiente en los términos de la Ley de Catastro y su Reglamento; y, B) El valor determinado para efectos del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, en los términos del artículo 53 de esta Ley. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los casos de adquisición por causa de muerte, de la nuda propiedad, del usufructo y de parte de los derechos de propiedad de un inmueble, no se tomarán en cuenta dichos valores, sino el de avalúo practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración. II. Cuando surjan nuevos predios con motivo de la constitución de condominios, conjuntos habitacionales, fraccionamientos o subdivisiones, la base de este impuesto se determinará por la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante avalúos que practique conforme a lo dispuesto por la Ley de Catastro, a partir de la autorización expedida por autoridad competente. Tratándose de condominios, los avalúos se practicarán a partir de la fecha en que se haya autorizado preventivamente la escritura de constitución correspondiente. Los valores que mediante avalúos determine la Secretaría de Finanzas y Administración o la Autoridad Municipal respectiva, surtirán efectos a partir del bimestre siguiente, a aquel en que se notifiquen los avalúos. El valor a que se refiere el inciso B) de la fracción I de este artículo, surtirá efectos a partir del bimestre siguiente, a partir de las fechas a que se refieren las fracciones I a III del artículo 57 de esta Ley. Ambos valores tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente, a partir de la fecha de notificación de los avalúos y de las fechas señaladas en dichas fracciones del artículo 57 de esta Ley. La base de este impuesto que se determine conforme al artículo 21 de esta Ley, tendrá vigencia de un año." "ARTÍCULO 21. Independientemente del valor que se considere como base de este impuesto en los términos del artículo anterior, ésta se incrementará cada año, sin que ello constituya revaluación de los predios en los términos de la Ley de Catastro, y sin necesidad de que estos nuevos valores sean notificados a los contribuyentes para que tengan plena validez, en la forma siguiente: A lo que resulte de multiplicar la base vigente en el año inmediato anterior, por el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de dicho año, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año precedente al inmediato anterior, que publique la autoridad federal correspondiente. El resultado de la operación anterior se ajustará a la unidad monetaria más próxima. Se exime de la actualización a que se refiere el presente artículo, a los predios cuyos propietarios se les haya notificado avalúo técnico o hayan sido objeto de transmisión de dominio durante el ejercicio inmediato anterior." "ARTÍCULO 23. El impuesto Predial se determinará y pagará aplicando a la base del impuesto las tasas que señalen las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo. Si como resultado de la determinación del impuesto se obtienen cantidades inferiores a las cuotas mínimas anuales que establezcan las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para predios urbanos y rústicos el impuesto a pagar será equivalente a dichas cuotas. Independientemente del supuesto a que se refiere el párrafo anterior, previo dictamen de la autoridad fiscal competente, se pagarán cuotas mínimas anuales, respecto de: I. Los predios de los planteles escolares públicos destinados al servicio de educación, cuya constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes que rigen el Sistema Educativo Nacional, siempre y cuando sea propio. No quedan comprendidos en este supuesto, los inmuebles de los planteles escolares donde se imparta enseñanza preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior que cobren colegiaturas; II. Los predios que perteneciendo a particulares, estén destinados a un servicio público gratuito autorizado por el Estado o por el Gobierno Municipal, siempre que por los mismos sus propietarios no perciban renta; III. Los predios propiedad de asociaciones, fundaciones e instituciones de beneficencia pública o privada y asociaciones deportivas o sociales que no tengan fines lucrativos, siempre que dichos inmuebles estén destinados directamente a los fines de las mismas; IV. Los predios que pertenezcan a: A) Veteranos de la Revolución o a su cónyuge; B) Personas incapacitadas físicamente para trabajar; y, C) Jubilados y pensionados o a su cónyuge, siempre y cuando no perciban ingresos por otros conceptos. Para los efectos de este inciso, el pago de la cuota mínima anual procederá siempre y cuando sólo posean un predio; V. Predios con restricciones de uso de suelo, por disposición oficial, siempre y cuando no se exploten con fines de lucro; y, VI. Los predios que se destinen totalmente en la instalación de nuevas industrias, ya sean micro, pequeñas, medianas y grandes, por el término de diez años a partir de la fecha de inicio de la construcción, y siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo. Cuando por cualquier causa se cambie el uso del predio a propósito distinto del señalado en el párrafo anterior, se dejará de causar la cuota mínima anual y se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo." Los preceptos transcritos prevén la obligatoriedad para la ciudadanía del Estado, para el pago del impuesto predial, el cual es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble y se sustenta en la idea de que todos aquellos que son propietarios de un bien inmueble, deben aportar una cuota anual al Estado en forma de tributo y dicho tributo lo fija Estado unilateralmente y con carácter obligatorio con el fin de contribuir a los gastos públicos, mismo que será actualizado anualmente, acorde a lo que prevén las aludidas normas y al valor catastral del inmueble. De igual forma, establecen que independientemente del impuesto que se fije, previo dictamen de la autoridad fiscal competente, se pagarán cuotas mínimas anuales, respecto de varios supuestos, entre los que se encuentra, cuando se trata de Jubilados y pensionados o a su cónyuge, siempre y cuando no perciban ingresos por otros conceptos, y cuando sólo posean un predio. Por tanto, como ya se dijo, la aplicación retroactiva de la ley, prohibida por el artículo 14 constitucional, emerge cuando una norma jurídica modifica o afecta situaciones jurídicas concretas o derechos de los gobernados, producidas las primeras o adquiridos los segundos, bajo la vigencia de una ley anterior. Así, cuando el particular reclama que le fue aplicada retroactivamente una ley, en contravención al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque alega que indebidamente se fijó el pago del impuesto predial, sin respetarle la cuota mínima que había pagado en años anteriores, debe justificarlo con un derecho o bien jurídico preexistente vulnerado por aquella legislación, pues para la procedencia del juicio de garantías se requiere la exteriorización objetiva de la voluntad administrativa de las actividades de su competencia. De ahí que la realización del acto, al margen de la declaración de voluntad de la autoridad administrativa, no puede ni debe ser objeto de tutela jurisdiccional por la inexistencia del acto administrativo implícito. Sentado todo lo anterior, contrario a lo que aduce la quejosa, el hecho de que anteriormente se le haya otorgado el beneficio del pago de la cuota mínima del impuesto predial, no se afectan derechos adquiridos; debido a que ésta no cuenta con una prerrogativa absoluta e indefinida; pues de las constancias que obran en autos no se aprecia que la parte quejosa haya obtenido un beneficio de manera indefinida; esto es, no se encuentra justificado que haya solicitado la autorización de dicha cuota mínima y que se haya emitido el dictamen por la autoridad fiscal competente, donde se autoriza dicho pago y que aun así no se le haya respetado dicha excepción. Pues únicamente exhibe el recibo oficial del pago que debe realizar del impuesto predial de este año, recibo oficial del pago que se le aplicó el año pasado del impuesto predial, así como su respectivo comprobante de pago, informe de pago como jubilado, e identificaciones tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto Nacional Electoral; sin que de ninguno de ellos se advierta dicha circunstancia. Luego, en la medida de no acreditar que la autoridad competente le haya otorgado dicha prerrogativa, aun cuando se encuentre en uno de los supuesto del pago de cuota mínima por ser jubilado, se encuentra sujeto al marco regulatorio local, así como a las disposiciones municipales relativas; entonces, no transgrede el derecho de no retroactividad como infundadamente lo plantea la inconforme. Asimismo, resulta inoperante el concepto de violación relativo a que el hecho de que se imponga como pago del impuesto predial la cantidad de $5,545.00 (cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), transgreda el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Lo anterior, se estima de esa manera, porque el quejoso se limita a referir de manera dogmática y genérica, que el acto reclamado infringe en su perjuicio, el principio de proporcionalidad y equidad tributaria prevista en el artículo 31 Constitucional; empero de la lectura de sus motivos de disenso, no se advierte que exprese un solo motivo que de hecho o de derecho, que venga a poner en evidencia su afirmación, luego, ante la ausencia de ello, esta órgano constitucional se encuentra imposibilitado para realizar un estudio de fondo de la cuestión planteada, pues sería tanto como realizar un estudio oficioso de la legalidad del acto, en un amparo en materia administrativa, donde por regla general impera el principio de estricto derecho. No se soslaya que el quejosos aduzca ser adulto mayor e incluso justifique su calidad de jubilado con un ingreso mensual de $2,679.87 (dos mil seiscientos setenta y nueve pesos 87/100 M.N.), pues a juicio de este órgano jurisdiccional, por ley, ello no lo coloca en un estado de vulnerabilidad, que conlleve a suplir la deficiencia de sus motivos de inconformidad dado que además de esos elementos, no se aprecia algún motivo adicional que evidencia especiales dificultades para ejercer sus derechos. En lo conducente, cabe invocar de manera ilustrativa las tesis 1a. XXXIII/2018 (10a.), 1a. CXXXIII/2016 (10a.) y 1a. CXXXIV/2016 (10a.); sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO NO LA PREVEA A FAVOR DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La suplencia de la queja deficiente es una institución que se justifica por la necesidad de equilibrar el proceso, especialmente cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente desaventajados. Dicha institución está prevista en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que dispone que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Por ende, corresponde al legislador democrático definir los supuestos y condiciones de aplicación de la suplencia de la queja en búsqueda de la igualdad procesal. Ahora bien, el hecho de que el artículo 79 de la Ley de Amparo no prevea de manera expresa la procedencia de la suplencia de la queja a favor de las mujeres adultas mayores no implica un tratamiento discriminatorio proscrito por el artículo 1o. de la Constitución Federal, máxime que su imprevisión no significa que tratándose de casos que las involucren no haya posibilidad de operar con dicha institución, siempre que concurran el resto de condiciones normativas y fácticas a que se refieren las diversas fracciones del precepto legal. A manera de ejemplo, la suplencia de la queja en las materias penal, agraria y laboral puede operar en favor de mujeres adultas mayores siempre que se actualicen los supuestos que el legislador, en ejercicio de su libertad configurativa, previó para tales efectos, como puede ser que se trate de inculpadas, víctimas u ofendidas del delito, ejidatarias comuneras (fracciones III a V) o en cualquier materia cuando se advierta que ha habido en su contra una violación evidente de la ley que las haya dejado sin defensa por afectar sus derechos humanos (fracción IV), o cuando por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio (fracción VII). En suma, el artículo 79 de la Ley de Amparo no se torna inconstitucional por carecer de un supuesto específico a favor de las mujeres adultas mayores, debiéndose tomar en consideración que el legislador democrático previó la operatividad de la suplencia de la queja en su beneficio no como una categoría absoluta, sino a partir de las condiciones normativas y fácticas que justificarían la intervención judicial a fin de equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal de las partes." "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Finalmente, con relación a la afirmación del quejoso en el sentido de que no se respetó su garantía de audiencia, se destaca que el numeral 23 de la Ley de Hacienda Municipal, si bien establece la exención del pago de la cuota mínima del impuesto predial a los jubilados, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia tributaria no rige el principio de audiencia previa ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la audiencia que puede otorgarse a los causantes es siempre posterior a la aplicación del gravamen, que es cuando los interesados pueden impugnar ante las autoridades fiscales el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del tributo, una vez determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental en comento. Además, otorgar una audiencia al gobernado en el supuesto aludido no serviría a propósito alguno, pues si lo que pretende éste es tener la oportunidad de demostrar que su caso escapa del pago del impuesto predial de acuerdo al valor catastral, por ser jubilado, debe valorarse que la audiencia en todo caso hubiere correspondido desahogarla frente al juicio del legislador y la configuración normativa del parámetro, es decir, debe ubicarse en el proceso legislativo, lo cual resulta improcedente, dado que basta la realización del supuesto normativo -sin importar las causas que motiven tal circunstancia- para que se materialicen los efectos jurídicos de manera causal. Inclusive, tales circunstancias permiten apreciar que la audiencia previa resultaría imposible, pues la causalidad jurídica no evitaría la materialización de la consecuencia de derecho una vez realizada la hipótesis normativa. Cabe aplicar por analogía, la tesis 1a. XIX/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "RENTA. LA LIMITANTE A LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). El citado numeral establece la exención relativa a los ingresos derivados de la venta de acciones efectuada a través de bolsas de valores concesionadas legalmente, excluyendo a quienes directa o indirectamente tengan el 10% o más de las acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, cuando en un periodo de 24 meses se enajene dicho porcentaje o más de las acciones pagadas de la respectiva sociedad, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo las realizadas a través de operaciones financieras derivadas o de naturaleza similar a éstas, o bien, si quienes ostentan el control de la emisora lo enajenan en el plazo y condiciones indicados. Ahora bien, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que en materia tributaria no rige el principio de audiencia previa ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la audiencia que puede otorgarse a los causantes es siempre posterior a la aplicación del gravamen, que es cuando los interesados pueden impugnar ante las autoridades fiscales el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del tributo, una vez determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental en comento. En ese tenor, se concluye que dicho criterio también es aplicable tratándose de la exención mencionada y, por tanto, el artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 2 de octubre de 2007 no viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Además, otorgar una audiencia al gobernado en el supuesto aludido no serviría a propósito alguno, pues si lo que pretende éste es tener la oportunidad de demostrar que su caso escapa de la forma en la que el legislador diseñó el concepto de "abuso" como factor excluyente de la exención, debe valorarse que la audiencia en todo caso hubiere correspondido desahogarla frente al juicio del legislador y la configuración normativa del parámetro, es decir, debe ubicarse en el proceso legislativo, lo cual resulta improcedente. En cambio, si lo que pretende es una audiencia para acreditar que, al actualizar los supuestos de exclusión de la exención, no estaría llevando a cabo prácticas abusivas, ello tampoco resulta procedente, dado que basta la realización del supuesto normativo -sin importar las causas que motiven tal circunstancia- para que se materialicen los efectos jurídicos de manera causal. Inclusive, tales circunstancias permiten apreciar que la audiencia previa resultaría imposible, pues la causalidad jurídica no evitaría la materialización de la consecuencia de derecho una vez realizada la hipótesis normativa." En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Solo como mayor abundamiento, se destaca que la presente determinación no impide al quejoso solicitar, bajo los procedimientos a la autoridad responsable, que se realice el estudio y se emita el dictamen que preveé el artículo 23 de la Ley de Hacienda Municipal de Morelia, a fin de que de darse el caso, se le aplique esa porción normativa y se aplique la cuota mínima anual, puesto que en el caso concreto no se justificó que contara con dicho dictamen y que al emitirse el acto reclamado se hubiera revocado. Se reitera, sin que pase desapercibido para este juzgador que el quejoso sea un adulto mayor, en razón de que esa circunstancia en su caso, no deja por sí a los gobernados en estado de vulnerabilidad, pues si bien genera menos oportunidades e incluso obstáculo para el desarrollo personal, económico, cultural y social, no es factor determinante de vulnerabilidad y menos para acceder a los tribunales en defensa de sus derechos; y es que admitirlo así, implicaría aceptar que la población en esas circunstancias son vulnerables. Sostiene lo anterior las tesis del tenor siguiente: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplía la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja". SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, respecto del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a José Antonio Rubín Parra, contra el acto reclamado a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán; por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCIA ARMAS, hasta el día de hoy dieciséis de julio de dos mil dieciocho, ante la secretaria Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de diecisiete de abril de la presente anualidad. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para tal efecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.
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