José Antonio Mendoza Saeb
Expediente 910/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Antonio Mendoza Saeb
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Larissa Martínez Rivera, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por la Directora Jurídica de la Secretaria de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita el cambio de usurario para consulta del expediente por vía electrónica del expediente en el que se actúa, solicitando la baja del usuario IngridGJG, y la alta de la cuenta JMHY23. Ahora bien, el oficio que se provee fue presentado vía electrónica a través del sitio web denominado Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y en observancia al contenido del artículo 3° de la Ley de Amparo. En este contexto, de la visualización del escrito electrónico que fue recepcionado por medio del módulo de promociones electrónicas en la oficialía de partes de éste Juzgado, se desprende que no contiene la evidencia criptográfica, es decir, que no contiene firme electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De lo anterior, se advierte que si bien el oficio de mérito fue presentado a través del medio tecnológico establecido para tal efecto, cierto es también que su presentación se hizo sin una firma electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación produce los mismos efectos que la firma autógrafa, es dable concluir que el oficio de cuenta carece de la firma de Sandra Minerva Ramírez Chaga, quien se ostenta como Directora Jurídica de la Secretaría de Educación, por lo cual se considera que no hay elementos suficientes para determinar que el presente oficio fue presentado de manera voluntaria por la citada persona. Por consiguiente, la omisión de presentar el oficio que se provee a través del uso de la firma electrónica, misma que como ya se expuso produce los efectos jurídicos de la firma autógrafa, equivale a la falta de voluntad para promover la acción que solicita en el contenido del mismo, por lo que no es factible proveer de conformidad su petición. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis aislada I.1o.A.39K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio."
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, se tuvo por recibida la copia certificada del oficio 055, de dieciocho de octubre de la presente anualidad, signado por el Jefe de Sector Número 13 de Escuelas Primarias Federalizadas, con sede en Veracruz, Veracruz, a través del cual remitió a la Directora General de Educación Primaria Federalizada, con sede en esta ciudad, el citatorio de espera, acta que levantó al dejar la cita de espera, instructivo de notificación, dictamen y determinación de veintiuno de agosto de la presente anualidad, mediante el cual resolvió el recurso interpuesto por el aquí quejoso ********************, en contra del cese de los efectos de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación, contenido en el dictamen SEV/OM/1589/2018, de veintisiete de junio del año en curso; en consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual contempla lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso concreto, el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de las responsables, de dar contestación y resolución al recurso de inconformidad, presentado el cuatro de julio del año en curso, ante las responsables; sin embargo, el veinticuatro de octubre de la presente anualidad, ********************, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Directora Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió la resolución de veintiuno de agosto de la presente anualidad, emitida con motivo del recurso interpuesto por el aquí quejoso en contra del cese de los efectos de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación, contenido en el dictamen SEV/OM/1589/2018, de veintisiete de junio del año en curso, así como el citatorio de espera, acta levantada al dejar dicha cita, así como el instructivo de notificación correspondiente. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad responsable se puede advertir con claridad que el acto reclamado consistente en la omisión de emitir la correspondiente respuesta y resolución al recurso presentado por el aquí quejoso el cuatro de julio del año en curso, ante las responsables, por el que combatió el cese de los efectos de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación, contenido en el dictamen SEV/OM/1589/2018, de veintisiete de junio del año en curso, ha cesado. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que ********************, profesora comisionada para realizar la notificación por instructivo personal, del acuerdo y dictaminación recaído al recurso presentado por el aquí quejoso el cuatro de julio del año en curso, por el que combatió el cese de los efectos de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación, contenido en el dictamen SEV/OM/1589/2018, de veintisiete de junio del año en curso, no haya podido realizar la notificación ordenada, ya que por auto de veinticuatro de octubre del año cursante, este órgano jurisdiccional se ordenó notificar al quejoso el referido proveído, dejándosele a vista las constancias relativas a la respuesta que emitió la autoridad responsable, notificándosele por lista de acuerdos el veinticinco de octubre de la presente anualidad. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la Directora Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz, en representación de la Unidad de Acuerdos y Seguimientos de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de la partes agréguese para surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte las documentales que anexó a su informe de mérito. Finalmente, en atención a la solicitud de la autoridad de mérito, en relación a que se autorice que sus notificaciones se le efectúen a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que se le autorice la consulta del presente expediente a través de la vía electrónica, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como IngridGJG; al respecto, dígasele a la autoridad que deberá estarse a lo acordado en auto de quince de octubre de la presente anualidad, donde se proveyó lo conducente respecto a la consulta del presente expediente mediante el usuario descrito.
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