Jose Antonio Molina Rueda

Expediente 82/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
82/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Molina Rueda
  • JOSE ANTONIO MOLINA RUEDA y Otros.
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el siete de julio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal es susceptible de depuración y el cuadernillo original de la incidencia de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 82/2022, promovido por José Antonio Molina Rueda por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales V.S.M.R y D.A.M.R; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecinueve de enero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. Después de desahogar la prevención realizada en autos, el tres de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El ocho de febrero de dos mil veintidós. IV. Emplazamiento a la tercera interesada Jazmín Selene Rosas Quiroz. El cinco de mayo de dos mil veintidós. V. Designación de representante especial a los menores. Se tuvo por aceptado y protestado mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós. VI. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, se hace consistir en: a) La resolución interlocutoria dictada dentro de los autos del expediente civil 519/2021-1 el doce de enero de dos mil veintidós, a través de la cual se decreta régimen de convivencias entre los menores quejosos y su progenitora. III. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con copia certificada de las constancias que integran la controversia familiar 519/2021, remitidas en apoyo al informes justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este Juzgado de Distrito tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. La tercera interesada Jazmín Selene Rosas Quiroz, hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce no se agotó el principio de definitividad, ya que manifiesta en materia familiar es necesario agotar el recurso de apelación y señala las jurisprudencias de rubro "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO." Y "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL." Causa de improcedencia y jurisprudencias que deben desestimarse, toda vez que contrario a lo que manifiesta la tercera interesada, el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, no prevé un recurso ordinario o medio de defensa legal, dentro del procedimiento, en contra de la resolución que decrete o fije los alimentos provisionales y/o las convivencias, por lo que el hoy quejoso no tenía la obligación de agotar cualquier recurso previo al amparo indirecto. Asimismo la jurisprudencia que señala la obligación de agotar previamente el recurso de apelación, se refiere a una legislación de una diversa entidad federativa, por lo que no resulta aplicable al caso en concreto. V. Estudio de fondo. Al no existir diversa causal de improcedencia se procede al estudio de fondo. Suplencia de la queja. En principio, debe precisarse que en el presente caso opera la suplencia de la queja en su máxima expresión, al estar de por medio la posible afectación de la esfera jurídica de menores de edad. Lo anterior es así, dado que quien promueve el presente juicio es José Antonio Molina Rueda, por sí y en representación de sus menores hijos; en tales condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso necesario, debe suplirse la deficiencia de la queja respecto de los conceptos de violación, en favor de los menores de edad. Máxime que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual, debe ser total cuando se encuentran en litigio los derechos de menores, es decir, no se limita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los conceptos de violación y agravios, pues el alcance de esta comprende desde el escrito inicial de demanda de amparo, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de que se conceda el amparo. En este sentido se encuentra la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, surgida de la contradicción de tesis 106/2004-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, con número de registro 175053, cuyo rubro y contenido son: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Además, que la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables para arribar al conocimiento de la verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso oficioso, para investigar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero que no llega al grado de poder cambiar la naturaleza del acto reclamado o apreciar pruebas que no conoció la autoridad responsable a través de la jurisdicción ordinaria, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no es posible atender en el juicio de amparo argumentos que no formaron parte de la Litis natural, ya sea por no haberse propuesto en la demanda o contestación del juicio natural, o en los recursos interpuestos, pues de lo contrario se vulnerarían aquellos principios y se perjudicaría a la parte contraria, a quien se le privaría de la oportunidad de alegar y probar. Es decir, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada. Antecedentes del acto reclamado. Ahora, previo abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su demanda de amparo, conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, en términos de las copias certificadas relativas al procedimiento de controversia del orden familiar, modificación de la cosa juzgada, expediente número 519/2021 -antes valoradas- y de las que se desprende lo siguiente: 1. El once de octubre de dos mil veintiuno, José Antonio Molina Rueda (quejoso) por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales V.S.M.R y D.A.M.R, demandó en la vía de Controversia Familiar a Jazmín Selene Rosas Quiroz, (tercera interesada), la modificación de la cosa juzgada de la cláusula quinta adicionada al convenio en la audiencia de divorcio incausado de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete. 2. Mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se formó y registró el expediente con el número 519/2021, asimismo, se admitió a trámite, ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas del veinte de enero de dos mil veintidós, para que se presentaran los menores con la finalidad de ser escuchados en atención al interés superior del menor. 4. En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la demandada dando contestación en tiempo y forma a la incoada en su contra. 5. Mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la demandada solicitó las convivencias entre ella y sus menores hijos, escrito que fue acordado mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señaló fecha y hora para la audiencia de régimen de convivencias provisional. 6. El once de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de régimen de convivencias provisionales sin que se pudiera fijar un acuerdo entre las partes dada la incomparecencia de la parte actora, por lo que se ordenó turnar los autos para resolver interlocutoriamente respecto a las convivencias provisionales y, el doce del mismo mes y año se resolvió entre otras cosas procedentes las convivencias de los menores con su progenitora. Esta última constituye el acto reclamado en el presente asunto. Conceptos de violación y determinación que toma este Juzgado. - La parte quejosa aduce en su único concepto de violación que la resolución reclamada viola en su perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. - Menciona que dicha resolución viola los derechos de los niños y niñas consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso, principalmente su salud mental, ya que la responsable al resolver el procedimiento acerca a sus menores hijos a su propia agresora (progenitora), revictimizandolos al resolver la convivencia, sin haberlos escuchado previamente. - Asimismo, aduce que la responsable invoca de manera inexacta la normativa del interés superior del menor, ya que resuelve el asunto sin atender el derecho humano de la protección hacia los menores, en el caso específico, sobre el evento traumático que menciona vivieron sus menores hijos, con su progenitora, por lo que considera les cause a los menores una mayor afectación mantener una relación con su "agresora" (progenitora), la cual pudiera afectarles su desarrollo pleno, ya que aduce, esto es una exposición a la violencia y al maltrato en su perjuicio. - Del mismo modo, insiste en que la responsable debió haber ordenado el desahogo de medios probatorios idóneos para poder determinar lo conducente en beneficio al desarrollo físico, emocional y estabilidad psicológica de los menores, como escuchar a los menores, darle intervención al ministerio público a efecto de estar en condiciones de conocer de manera objetiva el entorno social, salud, etc. Los argumentos esgrimidos por el quejoso aun y suplidos en deficiencia resultan infundados. Es menester señalar que en este asunto debe atenderse también al interés superior del menor, sobre lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado como definición la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 334, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 159897, la cual dispone: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En diverso criterio se ha establecido que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. Tales consideraciones están contenidas en la tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000989, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores". En otra tesis estableció los criterios que involucra su aplicación en casos concretos: a) se deben satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor, así como las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 270, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006593, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional". Como se precisó anteriormente, es necesario destacar que, como efecto jurídico inmediato derivado de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se recoge en el sistema jurídico mexicano la fraseología "interés superior de la niñez," la cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. En ese orden de ideas, por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De igual forma, se precisó el derecho de vivir en familia, así como reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en caso de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores solo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. A su vez, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el respeto irrestricto al interés superior de la infancia, pues determinó que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, con el señalamiento que, para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, es importante destacar que el derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental del derecho de familia en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores fundamentalmente, siempre que no les cause afectación alguna. Asimismo, se debe afirmar que cuando deban resolverse cuestiones donde se contraponen los derechos de un menor con los derechos reconocidos en favor de sus ascendientes, el juzgador debe preferir ante todo proteger los que corresponden al infante, con el fin de salvaguardar el interés superior de éste, lo cual implica dar prioridad al bienestar de éstos ante cualquier otro interés que lo contradiga. Ahora, uno de los derechos fundamentales de los menores de edad es el derecho de convivir con ambos progenitores, aun cuando no vivan bajo el mismo techo; lo cual tiene por objeto lograr su estabilidad personal y emocional, así, dentro del derecho de visitas está inmersa la protección de la persona del hijo frente a todo tipo de peligro que pueda amenazar su salud física y estabilidad emocional. Para ello debe tenerse presente que en torno al análisis del derecho de convivencias realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a concluir que la convivencia del menor con sus progenitores es un derecho del menor; de tal manera que su establecimiento está focalizado a mantener los lazos afectivos con el progenitor no custodio. Así se advierte de la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 600 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro indica: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD." El régimen de convivencias no debe estar sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres; por tanto, se puede limitar de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Sobre el particular se emitió la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1064, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.". Así, el derecho de convivencia que tienen los padres y los hijos, consiste en mantener un contacto personal de la manera más fecunda que las circunstancias del caso lo permitan, ya que la consolidación de los sentimientos paterno o materno-filiales, el contacto de los hijos con sus progenitores, la cohesión efectiva y eficaz de los vínculos familiares, tienen como finalidad el normal y sólido desarrollo del menor. El fundamento del derecho de convivencia de padres e hijos se encuentra en la necesidad de cultivar el afecto, y de estabilizar los vínculos familiares; de manera que es un derecho del menor que no viva con el progenitor no custodio mantener relaciones personales y de contacto directo de manera regular, salvo que ello sea contrario al interés superior del niño. Cabe agregar, que el derecho de los padres a convivir con sus hijos es una función familiar, un derecho y un deber establecido fundamentalmente en beneficio de los hijos, y éstos tienen derecho también a la convivencia con el progenitor que no viva con ellos, salvo que tal convivencia sea contraria a su interés, correspondiendo al juzgador determinar lo procedente, respecto a las convivencias entre los hijos y el progenitor que no viva con ellos. Además, es de estimarse que la convivencia de los descendientes menores de edad con sus progenitores, es consecuencia natural del ejercicio de la patria potestad, que tiene por objeto lograr la estabilidad personal y emocional del menor; dándole afecto, calor humano, presencia personal y respaldo espiritual, así como respeto a su persona e intimidad. Ahora bien, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, la hoy tercera interesada solicitó la convivencia de sus menores hijos y al no pactar un acuerdo entre el quejoso y esta última, la responsable dictó la interlocutoria en la que determinó procedente las convivencias entre la progenitora y sus menores hijos. De la interlocutoria recurrida se advierte que contrario a lo que menciona el hoy quejoso, la responsable sí tomó en cuenta el interés superior del menor y fue estudiado de manera correcta, pues consideró que sería perjudicial para los infantes referidos negarle la convivencia con su progenitora. Además, señaló que no existían elementos para demostrar algún impedimento para decretar las convivencias familiares reclamadas, destacó no apreciar que las convivencias y visitas familiares fueran perjudiciales y no benéficas al no existir alguna resolución firme de condena a la progenitora por algún delito en contra de sus hijos que impida su acercamiento con los menores, y ninguna causa objetiva de peligro para los menores, por lo cual no había motivo para justificar que los menores corrían peligro al convivir en el domicilio de su progenitora. Asimismo, la responsable tomó en cuenta las edades de los infantes, el tipo de relación que mantenían con la progenitora, la distancia geográfica entre la residencia de los menores y el padre no custodio y la personalidad del padre no custodio. De igual forma, por cuanto a su concepto de violación referente a que la responsable debió tomar en cuenta la opinión de los menores para resolver sobre la convivencias con la progenitora, así como de allegarse de mayores pruebas debe decirse que, se trata de una medida provisional y tiene la característica de ser accesoria y sumaria, es decir, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo y sumaria debido a que se tramita en plazos breves, previendo el peligro en la dilación; sin pasar desapercibido por este juzgador que de autos se advierte la cita a los menores mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de comparecer con la finalidad de escucharlos en atención a su interés superior y así, contar con mayores elementos de prueba al momento de resolver en definitiva. De ahí lo infundado de sus conceptos de violación, ya que resolver en sentido contrario, se seguiría perjuicio al interés social y al orden público, así como se inobservaría el principio de interés superior de los menores, al no permitirles convivir con su madre, pues de los antecedentes reseñados en la demanda de amparo, se advierte que la guarda y custodia provisional la detenta su progenitor, por lo que ya no conviven con aquella. Se cita, por las consideraciones que contiene, la tesis aislada 1a. CCCVII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1064, que se lee: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Finalmente, cabe resaltar que con independencia de no haber cuestionado la forma en la que se decretaron las convivencias, este Juzgador no advierte de oficio violación alguna en la forma propuesta por la responsable ni causa alguna para suplir. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Antonio Molina Rueda por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales V.S.M.R y D.A.M.R, en los términos precisados en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el siete de julio de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA la sentencia de SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 82/2022, promovido por ****por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales **** y ****; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El diecinueve de enero de dos mil veintidós. II Admisión de la demanda. Después de desahogar la prevención realizada en autos, el tres de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El ocho de febrero de dos mil veintidós. IV Emplazamiento a la tercera interesada ****. El cinco de mayo de dos mil veintidós. V Designación de representante especial a los menores. Se tuvo por aceptado y protestado mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós. VI Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, se hace consistir en: a La resolución interlocutoria dictada dentro de los autos del expediente civil **** el doce de enero de dos mil veintidós, a través de la cual se decreta régimen de convivencias entre los menores quejosos y su progenitora. III Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con copia certificada de las constancias que integran la controversia familiar ****, remitidas en apoyo al informes justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" IV Causales de improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este Juzgado de Distrito tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. La tercera interesada *****, hizo valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce no se agotó el principio de definitividad, ya que manifiesta en materia familiar es necesario agotar el recurso de apelación y señala las jurisprudencias de rubro "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO." Y "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL" Causa de improcedencia y jurisprudencias que deben desestimarse, toda vez que contrario a lo que manifiesta la tercera interesada, el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, no prevé un recurso ordinario o medio de defensa legal, dentro del procedimiento, en contra de la resolución que decrete o fije los alimentos provisionales y/o las convivencias, por lo que el hoy quejoso no tenía la obligación de agotar cualquier recurso previo al amparo indirecto. Asimismo la jurisprudencia que señala la obligación de agotar previamente el recurso de apelación, se refiere a una legislación de una diversa entidad federativa, por lo que no resulta aplicable al caso en concreto. V Estudio de fondo. Al no existir diversa causal de improcedencia se procede al estudio de fondo. Suplencia de la queja. En principio, debe precisarse que en el presente caso opera la suplencia de la queja en su máxima expresión, al estar de por medio la posible afectación de la esfera jurídica de menores de edad. Lo anterior es así, dado que quien promueve el presente juicio es *****, por sí y en representación de sus menores hijos; en tales condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso necesario, debe suplirse la deficiencia de la queja respecto de los conceptos de violación, en favor de los menores de edad. Máxime que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual, debe ser total cuando se encuentran en litigio los derechos de menores, es decir, no se limita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los conceptos de violación y agravios, pues el alcance de esta comprende desde el escrito inicial de demanda de amparo, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de que se conceda el amparo. En este sentido se encuentra la jurisprudencia 1a/J. 191/2005, surgida de la contradicción de tesis 106/2004-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, con número de registro 175053, cuyo rubro y contenido son: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz" Además, que la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables para arribar al conocimiento de la verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso oficioso, para investigar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero que no llega al grado de poder cambiar la naturaleza del acto reclamado o apreciar pruebas que no conoció la autoridad responsable a través de la jurisdicción ordinaria, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no es posible atender en el juicio de amparo argumentos que no formaron parte de la Litis natural, ya sea por no haberse propuesto en la demanda o contestación del juicio natural, o en los recursos interpuestos, pues de lo contrario se vulnerarían aquellos principios y se perjudicaría a la parte contraria, a quien se le privaría de la oportunidad de alegar y probar. Es decir, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada Antecedentes del acto reclamado Ahora, previo abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su demanda de amparo, conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, en términos de las copias certificadas relativas al procedimiento de controversia del orden familiar, modificación de la cosa juzgada, expediente número ***antes valoradas y de las que se desprende lo siguiente: 1 El once de octubre de dos mil veintiuno, ****(quejoso) por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ** y ****, demandó en la vía de Controversia Familiar a ****, (tercera interesada), la modificación de la cosa juzgada de la cláusula quinta adicionada al convenio en la audiencia de divorcio incausado de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete 2 Mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se formó y registró el expediente con el número ****, asimismo, se admitió a trámite, ordenó emplazar a la parte demandada. 3 Mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas del veinte de enero de dos mil veintidós, para que se presentaran los menores con la finalidad de ser escuchados en atención al interés superior del menor. 4 En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la demandada dando contestación en tiempo y forma a la incoada en su contra. 5 Mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la demandada solicitó las convivencias entre ella y sus menores hijos, escrito que fue acordado mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señaló fecha y hora para la audiencia de régimen de convivencias provisional. 6 El once de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de régimen de convivencias provisionales sin que se pudiera fijar un acuerdo entre las partes dada la incomparecencia de la parte actora, por lo que se ordenó turnar los autos para resolver interlocutoriamente respecto a las convivencias provisionales y, el doce del mismo mes y año se resolvió entre otras cosas procedentes las convivencias de los menores con su progenitora Esta última constituye el acto reclamado en el presente asunto. Conceptos de violación y determinación que toma este Juzgado. La parte quejosa aduce en su único concepto de violación que la resolución reclamada viola en su perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Menciona que dicha resolución viola los derechos de los niños y niñas consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso, principalmente su salud mental, ya que la responsable al resolver el procedimiento acerca a sus menores hijos a su propia agresora (progenitora), revictimizandolos al resolver la convivencia, sin haberlos escuchado previamente. Asimismo, aduce que la responsable invoca de manera inexacta la normativa del interés superior del menor, ya que resuelve el asunto sin atender el derecho humano de la protección hacia los menores, en el caso específico, sobre el evento traumático que menciona vivieron sus menores hijos, con su progenitora, por lo que considera les cause a los menores una mayor afectación mantener una relación con su "agresora" (progenitora), la cual pudiera afectarles su desarrollo pleno, ya que aduce, esto es una exposición a la violencia y al maltrato en su perjuicio. Del mismo modo, insiste en que la responsable debió haber ordenado el desahogo de medios probatorios idóneos para poder determinar lo conducente en beneficio al desarrollo físico, emocional y estabilidad psicológica de los menores, como escuchar a los menores, darle intervención al ministerio público a efecto de estar en condiciones de conocer de manera objetiva el entorno social, salud, etc. Los argumentos esgrimidos por el quejoso aun y suplidos en deficiencia resultan infundados. Es menester señalar que en este asunto debe atenderse también al interés superior del menor, sobre lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado como definición la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño" Así se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 334, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 159897, la cual dispone: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño" En diverso criterio se ha establecido que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos; además, cumple con dos funciones normativas: a como principio jurídico garantista y, b como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. Tales consideraciones están contenidas en la tesis 1a. CXXI/2012 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000989, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores" En otra tesis estableció los criterios que involucra su aplicación en casos concretos: a se deben satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor, así como las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; c se debe mantener, si es posible, el statu quo material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 270, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006593, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos en la indeterminación del concepto del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4 constitucional" Como se precisó anteriormente, es necesario destacar que, como efecto jurídico inmediato derivado de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se recoge en el sistema jurídico mexicano la fraseología "interés superior de la niñez," la cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. En ese orden de ideas, por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De igual forma, se precisó el derecho de vivir en familia, así como reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en caso de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores solo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. A su vez, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el respeto irrestricto al interés superior de la infancia, pues determinó que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, con el señalamiento que, para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes Por otra parte, es importante destacar que el derecho de visitas y convivencias es una institución fundamental del derecho de familia en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores fundamentalmente, siempre que no les cause afectación alguna. Asimismo, se debe afirmar que cuando deban resolverse cuestiones donde se contraponen los derechos de un menor con los derechos reconocidos en favor de sus ascendientes, el juzgador debe preferir ante todo proteger los que corresponden al infante, con el fin de salvaguardar el interés superior de éste, lo cual implica dar prioridad al bienestar de éstos ante cualquier otro interés que lo contradiga. Ahora, uno de los derechos fundamentales de los menores de edad es el derecho de convivir con ambos progenitores, aun cuando no vivan bajo el mismo techo; lo cual tiene por objeto lograr su estabilidad personal y emocional, así, dentro del derecho de visitas está inmersa la protección de la persona del hijo frente a todo tipo de peligro que pueda amenazar su salud física y estabilidad emocional. Para ello debe tenerse presente que en torno al análisis del derecho de convivencias realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a concluir que la convivencia del menor con sus progenitores es un derecho del menor; de tal manera que su establecimiento está focalizado a mantener los lazos afectivos con el progenitor no custodio. Así se advierte de la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 600 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro indica: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD" El régimen de convivencias no debe estar sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres; por tanto, se puede limitar de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Sobre el particular se emitió la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1064, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro siguiente: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR" Así, el derecho de convivencia que tienen los padres y los hijos, consiste en mantener un contacto personal de la manera más fecunda que las circunstancias del caso lo permitan, ya que la consolidación de los sentimientos paterno o materno-filiales, el contacto de los hijos con sus progenitores, la cohesión efectiva y eficaz de los vínculos familiares, tienen como finalidad el normal y sólido desarrollo del menor. El fundamento del derecho de convivencia de padres e hijos se encuentra en la necesidad de cultivar el afecto, y de estabilizar los vínculos familiares; de manera que es un derecho del menor que no viva con el progenitor no custodio mantener relaciones personales y de contacto directo de manera regular, salvo que ello sea contrario al interés superior del niño. Cabe agregar, que el derecho de los padres a convivir con sus hijos es una función familiar, un derecho y un deber establecido fundamentalmente en beneficio de los hijos, y éstos tienen derecho también a la convivencia con el progenitor que no viva con ellos, salvo que tal convivencia sea contraria a su interés, correspondiendo al juzgador determinar lo procedente, respecto a las convivencias entre los hijos y el progenitor que no viva con ellos. Además, es de estimarse que la convivencia de los descendientes menores de edad con sus progenitores, es consecuencia natural del ejercicio de la patria potestad, que tiene por objeto lograr la estabilidad personal y emocional del menor; dándole afecto, calor humano, presencia personal y respaldo espiritual, así como respeto a su persona e intimidad. Ahora bien, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, la hoy tercera interesada solicitó la convivencia de sus menores hijos y al no pactar un acuerdo entre el quejoso y esta última, la responsable dictó la interlocutoria en la que determinó procedente las convivencias entre la progenitora y sus menores hijos. De la interlocutoria recurrida se advierte que contrario a lo que menciona el hoy quejoso, la responsable sí tomó en cuenta el interés superior del menor y fue estudiado de manera correcta, pues consideró que sería perjudicial para los infantes referidos negarle la convivencia con su progenitora. Además, señaló que no existían elementos para demostrar algún impedimento para decretar las convivencias familiares reclamadas, destacó no apreciar que las convivencias y visitas familiares fueran perjudiciales y no benéficas al no existir alguna resolución firme de condena a la progenitora por algún delito en contra de sus hijos que impida su acercamiento con los menores, y ninguna causa objetiva de peligro para los menores, por lo cual no había motivo para justificar que los menores corrían peligro al convivir en el domicilio de su progenitora. Asimismo, la responsable tomó en cuenta las edades de los infantes, el tipo de relación que mantenían con la progenitora, la distancia geográfica entre la residencia de los menores y el padre no custodio y la personalidad del padre no custodio. De igual forma, por cuanto a su concepto de violación referente a que la responsable debió tomar en cuenta la opinión de los menores para resolver sobre la convivencias con la progenitora, así como de allegarse de mayores pruebas debe decirse que, se trata de una medida provisional y tiene la característica de ser accesoria y sumaria, es decir, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo y sumaria debido a que se tramita en plazos breves, previendo el peligro en la dilación; sin pasar desapercibido por este juzgador que de autos se advierte la cita a los menores mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de comparecer con la finalidad de escucharlos en atención a su interés superior y así, contar con mayores elementos de prueba al momento de resolver en definitiva. De ahí lo infundado de sus conceptos de violación, ya que resolver en sentido contrario, se seguiría perjuicio al interés social y al orden público, así como se inobservaría el principio de interés superior de los menores, al no permitirles convivir con su madre, pues de los antecedentes reseñados en la demanda de amparo, se advierte que la guarda y custodia provisional la detenta su progenitor, por lo que ya no conviven con aquella. Se cita, por las consideraciones que contiene, la tesis aislada 1a. CCCVII/2013 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1064, que se lee: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados" Finalmente, cabe resaltar que con independencia de no haber cuestionado la forma en la que se decretaron las convivencias, este Juzgador no advierte de oficio violación alguna en la forma propuesta por la responsable ni causa alguna para suplir. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1 fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO La Justicia Federal no ampara ni protege a ***por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y ****, en los términos precisados en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintidós. Despacho diligenciado. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número *********, orden ******, del índice de este recinto constitucional, mismo que fue emitido a efecto de emplazar a la tercero interesada ******, a la presente contienda constitucional. Tercero interesado legalmente emplazado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se tiene debidamente emplazada a la parte procesal ya señalada. Anotaciones en relación a la comunicación oficial librada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Tercero interesada se apersona a juicio. Ahora bien, se tiene por recibido el escrito de la tercero interesada *********, mediante el cual se apersona a juicio, designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones y realiza alegatos; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Domicilio procesal. Al respecto, con base en el artículo 26, fracción II, inciso b), se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito que se provee. Autorizado en términos amplios. En atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizado con facultades amplias que establece el precepto normativo antes invocado a **********, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Alegatos. Para concluir, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por vertidas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional y podrán ser tomados en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Causa de improcedencia. Asimismo, este juzgado federal toma conocimiento de la causa de improcedencia hecha valer por la ocursante, la cual será tomada en consideración al momento de dictar la sentencia respectiva en el presente asunto. Notifíquese.

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