Jose Antonio Gutierrez Gomez

Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
294/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Gutierrez Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada y, además, no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documento original. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que existe un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, un acuse original; en tales condiciones requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este recinto judicial a recoger dicha documental; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, esta sede constitucional procederá a su destrucción junto con el expediente principal. En tal virtud, a continuación se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de los documentos. Instrucciones para su obtención. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de documentos. Día de entrega: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregaran en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. b) Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, el auto y/o resolución de VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: "Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada y, además, no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documento original. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que existe un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, un acuse original; en tales condiciones requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este recinto judicial a recoger dicha documental; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, esta sede constitucional procederá a su destrucción junto con el expediente principal. En tal virtud, a continuación se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de los documentos. Instrucciones para su obtención. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de documentos. Día de entrega: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregaran en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. b) Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 294/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veintiocho de febrero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El tres de marzo de la presente anualidad, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El cuatro de marzo del año en curso. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, las omisiones reclamadas se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la omisión reclamada del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se hace consistir en: a) La omisión de acordar el escrito de solicitud de copias presentado el quince de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente laboral de origen 1015/13. III. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe, negó la existencia del acto que se le atribuye; en virtud de que, por acuerdo de veinticinco de febrero de la presente anualidad, acordó el escrito presentado por la parte quejosa en quince de febrero del actual y para acreditar su dicho remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo a las cuales se le otorgar valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que, constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal de examen oficioso, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta de aplicación la jurisprudencia 940 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Materia Común, página 1538, del rubro: "IMPROCEDENCIA". En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo anterior, porque el presente juicio de amparo es promovido por Edgar de Jesús Navarro Miguez, quien compareció ante este juzgado federal, ostentándose como apoderado legal del directo quejoso José Antonio Gutiérrez Gómez, actor en el juicio laboral de origen 1015/13; sin acreditar que cuenta actualmente con la citada representación. En efecto, ---- acudió a esta instancia constitucional, en su carácter de apoderado de José Antonio Gutiérrez Gómez; sin embargo, del análisis que se hace a las constancias que conforman el expediente laboral ---, del que deriva el acto reclamado, se advierte que, mediante escrito registrado con folio ---, la parte actora dentro del sumario primigenio revocó el poder otorgado al promovente de amparo, revocación se tuvo por hecha dentro del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno. Así las cosas, toda vez que en autos no obra constancia que acredite a Edgar de Jesús Navarro Miguez, como actual apoderado de ----, al contrario, de las documentales aportadas, se desprende que dicho carácter le fue revocado con antelación a la presentación de la demanda inicial, se concluye que este carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en su nombre. Por lo que, el promovente del amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, ya que el análisis de la legitimación en el proceso, se puede abordar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el promovente carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación en la causa, consiste en la identidad de la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el que promueve estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam, atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia la sentencia definitiva. En apoyo de las anteriores consideraciones se invoca el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado a fojas 350, Tomo XI, mayo de 1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a nombre de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de oficio por el juzgador, o a instancia de cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de conciliación el Juez debe examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código de Procedimientos Civiles). La legitimación en la causa, en cambio, es una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación activa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa debe examinarse al momento en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes." Luego entonces, al no tener reconocida la representación del directo quejoso en el juicio laboral ----, del que deriva el acto reclamado, es contundente que -------, carece de legitimación para intentar la presente vía constitucional en nombre de José Antonio Gutiérrez Gómez. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, visible en la página 115, que al rubro dice lo siguiente: "APODERADOS QUE NO ESTAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO." Así como la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la foja 393, Registro 218979, Tomo X, Julio de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro, siguiente: "PERSONALIDAD SI NO CONSTA EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR EN EL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE, EL APODERADO CARECE DE." De ahí que, Edgar de Jesús Navarro Miguez, al no haber demostrado en forma alguna estar legitimado para promover el amparo en nombre de José Antonio Gutiérrez Gómez, se actualiza indudablemente la causal de improcedencia contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, del citado ordenamiento legal, y por ende, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta, se decreta el sobreseimiento en la presente controversia constitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando IV. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Aclaración de la fecha de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprende que, por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, este órgano judicial fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se asentó de manera incorrecta que la audiencia de mérito tendría verificativo a las trece once horas con diez minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, siendo lo correcto las once horas con diez minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós. Fecha correcta. En consecuencia, hágase del conocimiento a las partes que la hora y fecha correcta en que tendrá verificativo la audiencia incidental, son las once horas con diez minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Promovente de amparo solicita copias certificadas de todo lo actuado. Por otra parte, glósese a los autos el escrito firmado por quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual solicita se expidan a su costa copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario. Autorización. Al respecto, de conformidad con el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase a su costa, las copias certificadas que solicita, en un solo tanto y por única vez, previa constancia de recibo que obre en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, además por oficio a la autoridad responsable.

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