José Arturo Valladares Aguilar
Expediente 1333/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- José Arturo Valladares Aguilar
- Luis Jorge Gamboa Olea Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de queja Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 28874 y comunica que se admitió a trámite el diverso recurso de queja interpuesto por la aquí quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo intentada, el cual quedó registrado con el número 242/2023 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V. PRAL. COLEGIADO ADMITE RECURSO DE QUEJA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja Agréguese a los autos el escrito firmado por *********, mediante el cual interpone recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional, en el que se desechó de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Trámite y remisión del medio de impugnación Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito en los términos planteados por el promovente; así, una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja y, además, remítase el escrito de expresión de agravios de que se trata, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Informe materia de la queja En ese tenor, se hace del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este juzgado de distrito determinó el desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Puesta a disposición del expediente electrónico Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "QUEJOSO INTERPONE RECURSO DE QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA el auto y/o resolución de VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción del escrito inicial Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******** Aguilar, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 1333/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Desechamiento de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Presidenta de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Secretaria General de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de Morelos. Magistrado del Poder Judicial del Estado de Morelos, quien actualmente cubre la Ponencia Cuatro, Integrante de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos. Director General de Administración de la Junta de Administración, vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de Morelos. Transcripción de los actos reclamados ".La injustificada, ilegal e inconstitucional conclusión y/o terminación y/o remoción del nombramiento de Secretario de Estudio y Cuenta de Segunda Instancia adscrito a la Ponencia Cuatro de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos, que tengo desde el trece de abril de dos mil veintitrés, la cual fue ordenada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y por el Magistrado Integrante que ACTUALMENTE CUBRE LA PONENCIA CUATRO, INTEGRANTE DE LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS, acto reclamado que fue aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y los Integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dando fe de dicha circunstancia la Secretaria General de Acuerdos del Poder Judicial de la propia Entidad y ejecutada por el Oficial Mayor, quien me notificó la conclusión de cargo y a su vez por el Director General de Administración, quien indebidamente me dio de baja al suscrito quejoso de la nómina." De la improcedencia de la demanda Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, lo procedente es desechar la demanda de amparo intentada, por cuanto al acto señalado, acorde con las consideraciones que a continuación se vierten. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la remoción de su nombramiento de Secretario de Estudio y Cuenta de Segunda Instancia adscrito a la Ponencia Cuatro de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos, que venía desempeñando desde el trece de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, el acto de que se duele el promovente, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, específicamente, su órgano de administración, vigilancia y disciplina y la parte quejosa; relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado. Por lo que, en el presente, las autoridades responsables, no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la parte solicitante de amparo, puesto que, no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que actúan en representación de quien, a su vez, resulta ser el patrón de la quejosa, a saber, el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de ahí que, el reclamo debiera hacerse en una instancia ordinaria. Luego, es evidente que entre la parte trabajadora y dicho ente estatal, subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existente, por ende, nos encontramos ante "una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno- gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues, como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obreropatrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. Esto es así, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Criterio que se afirma como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, página 223, diciembre de 1991, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En ese mismo orden de ideas, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5°, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues, lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales y, por tanto, podrá hacerlos valer en la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 16, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 12, del tenor siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. NO PUEDEN SER OBJETO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, QUE SE HA INSTITUIDO PARA COMBATIR LOS DE LAS AUTORIDADES QUE SE ESTIMEN VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN." Apoya la presente determinación, por identidad de razón, en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), visible en la página 1224, del libro 11, del mes de Octubre de dos mil catorce, tomo dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Sin que lo anterior, implique el desconocimiento el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 929, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 2, materia común, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Toda vez que la propia Segunda Sala, mediante resolución de dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró el rubro de la misma, señalando que lo que se pretendió reflejar de manera concreta y abstracta en la citada tesis, fue que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo. De la referida solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se aclaró la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modificadisposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Por tanto, el caso que nos ocupa, no encuadra en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas Además, debe decirse que sería ocioso dar trámite a una demanda de amparo, de la cual resulta evidente su sobreseimiento, con el único fin de plasmar el mismo razonamiento en la sentencia definitiva, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios, pues es claro que los actos que impugna carecen de las características de un acto de autoridad que haga procedente el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad a través del presente juicio de amparo. Conclusión En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado amplio En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplias que dicho precepto normativo antes invocado al profesionista que designa, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "R - DESECHA RELACIÓN LABORAL", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción del escrito inicial Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******** Aguilar, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 1333/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Desechamiento de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Presidenta de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Secretaria General de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de Morelos. Magistrado del Poder Judicial del Estado de Morelos, quien actualmente cubre la Ponencia Cuatro, Integrante de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos. Director General de Administración de la Junta de Administración, vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado de Morelos. Transcripción de los actos reclamados ".La injustificada, ilegal e inconstitucional conclusión y/o terminación y/o remoción del nombramiento de Secretario de Estudio y Cuenta de Segunda Instancia adscrito a la Ponencia Cuatro de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos, que tengo desde el trece de abril de dos mil veintitrés, la cual fue ordenada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y por el Magistrado Integrante que ACTUALMENTE CUBRE LA PONENCIA CUATRO, INTEGRANTE DE LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS, acto reclamado que fue aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y los Integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dando fe de dicha circunstancia la Secretaria General de Acuerdos del Poder Judicial de la propia Entidad y ejecutada por el Oficial Mayor, quien me notificó la conclusión de cargo y a su vez por el Director General de Administración, quien indebidamente me dio de baja al suscrito quejoso de la nómina." De la improcedencia de la demanda Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, lo procedente es desechar la demanda de amparo intentada, por cuanto al acto señalado, acorde con las consideraciones que a continuación se vierten. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la remoción de su nombramiento de Secretario de Estudio y Cuenta de Segunda Instancia adscrito a la Ponencia Cuatro de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos, que venía desempeñando desde el trece de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, el acto de que se duele el promovente, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, específicamente, su órgano de administración, vigilancia y disciplina y la parte quejosa; relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado. Por lo que, en el presente, las autoridades responsables, no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la parte solicitante de amparo, puesto que, no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que actúan en representación de quien, a su vez, resulta ser el patrón de la quejosa, a saber, el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; de ahí que, el reclamo debiera hacerse en una instancia ordinaria. Luego, es evidente que entre la parte trabajadora y dicho ente estatal, subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existente, por ende, nos encontramos ante "una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno- gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues, como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obreropatrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. Esto es así, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Criterio que se afirma como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VIII, página 223, diciembre de 1991, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En ese mismo orden de ideas, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5°, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues, lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales y, por tanto, podrá hacerlos valer en la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 16, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 12, del tenor siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. NO PUEDEN SER OBJETO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, QUE SE HA INSTITUIDO PARA COMBATIR LOS DE LAS AUTORIDADES QUE SE ESTIMEN VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN." Apoya la presente determinación, por identidad de razón, en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), visible en la página 1224, del libro 11, del mes de Octubre de dos mil catorce, tomo dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Sin que lo anterior, implique el desconocimiento el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 929, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 2, materia común, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Toda vez que la propia Segunda Sala, mediante resolución de dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró el rubro de la misma, señalando que lo que se pretendió reflejar de manera concreta y abstracta en la citada tesis, fue que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de la autoridad para efectos del juicio de amparo. De la referida solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se aclaró la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modificadisposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Por tanto, el caso que nos ocupa, no encuadra en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas Además, debe decirse que sería ocioso dar trámite a una demanda de amparo, de la cual resulta evidente su sobreseimiento, con el único fin de plasmar el mismo razonamiento en la sentencia definitiva, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios, pues es claro que los actos que impugna carecen de las características de un acto de autoridad que haga procedente el análisis de su constitucionalidad o inconstitucionalidad a través del presente juicio de amparo. Conclusión En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado amplio En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplias que dicho precepto normativo antes invocado al profesionista que designa, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "R - DESECHA RELACIÓN LABORAL", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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